Construida en un total de 21 meses, tiempo récord para Chile, ha sido la encargada de albergar alrededor de 6000 deportistas durante la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Una vez finalizada esta fiesta deportiva, la edificación cumplirá el sueño de la casa propia de 1355 familias.
Por: Benjamín Rojas (@benja_rojas21)
Edición por: Belén Mackenna (@belenmackenna)
Saliendo de la estación de metro Cerrillos, perteneciente a la Línea 6, a mano izquierda se ven 17 edificios de entre seis y 17 pisos, de distinto tamaño. Son de color negro, celeste y plomo, repartidos en cuatro lotes dentro del Parque Bicentenario de Cerrillos. Un poco más allá, se distingue una escultura más alta que las rejas que delimitan el terreno con un pilar de color celeste. Es una pluma con pelos verdes, amarillos y rojos, tales como las de Fiu, la mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que comenzaron el 20 de octubre y se extenderán hasta el 25 de noviembre. Así se ve el ingreso a la Villa Panamericana, el espacio que tiene la función de recibir a más de 6000 deportistas de los 41 países participantes de Santiago 2023.
Foto tomada por Claudia Gajardo, guardia del recinto
El Mundial de Fútbol de 1962 fue el evento deportivo internacional más importante que Chile organizó en cuanto a relevancia e inversión económica. Después de 61 años, el país volvió a ser el anfitrión de un torneo internacional de grandes magnitudes con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Según el presupuesto propuesto para este año, la inversión total del Estado fue de $333.431 millones de pesos para el desarrollo de los Juegos, de los cuales $121.011 millones de pesos corresponden a lo invertido en infraestructura. Este ítem incluyó a la Villa Panamericana que se entregó el 14 de septiembre, 43 días antes del inicio de los Juegos, en una ceremonia a la que asistió el presidente Gabriel Boric, el director ejecutivo de la Corporación, Harold Mayne Nicholls, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y algunos deportistas del Team Chile. En la inauguración, las autoridades y atletas cortaron la cinta y recorrieron el recinto.
Tras alojar a quienes participen durante los dos meses que duran los juegos, las residencias pasarán a ser viviendas sociales para 1.355 familias que no cuentan con casa propia. “Finalizadas las actividades deportivas, estos departamentos serán refaccionados, según se necesite, y serán entregados a la ciudadanía, a través de nuestros subsidios DS19 y DS49”, afirmó el ministro Montes. Según la Cámara Chilena de la Construcción, en el informe “Déficit habitacional en Chile: Evolución y análisis de la crisis de vivienda” existe una carencia de 1.089.000 de ellas a nivel nacional. “Serán parte de la meta que el presidente Gabriel Boric nos puso, como ministerio, de entregar 260 mil soluciones habitacionales al terminar su Gobierno”, aseguró el ministro.
“El peso de ser el país anfitrión”
Este complejo de 6,4 hectáreas se construyó en un total de 21 meses. Las constructoras responsables de darle vida al proyecto fueron Mena y Ovalle S.A. y DLP S.A. Se distribuyeron la edificación de las torres, donde Mena y Ovalle se encargó de la construcción de nueve y DLP de ocho.
Ulises Tello, gerente del proyecto por parte de DLP S.A., cuenta que la construcción se inició en 2021, en plena pandemia, con la incertidumbre que reinaba en ese momento. “Concretarlo ha sido un logro importante, considerando que al proyecto inicial se agregó la implementación de espacios para los deportistas con discapacidad, sin tener la alternativa de pedir más plazos, dado que el evento ya estaba calendarizado”, afirmó.
La constructora también se enfrentó a la escasez de mano de obra y a la crisis económica que generó alzas en los insumos y materiales de construcción. En el proceso no se podían olvidar de la finalidad que cumpliría la Villa Panamericana al finalizar de los Juegos, mencionó Tello. “Para nosotros entregar este proyecto un 100% en septiembre de 2023 fue un gran desafío”, dijo. Y agregó que no solo se trató de cumplir con las expectativas de los organizadores: “Sino (que también) de los deportistas y de todos los chilenos, ya que somos el país anfitrión. Tener la capacidad de trabajar en espacios para personas con discapacidad fue igualmente relevante”, comentó.
En cuanto a los departamentos, se trata de espacios de entre 30 a 55 m2 aproximadamente, que varían de 1, 2 y 3 dormitorios, y 1 o 2 baños. Todos con living comedor y cocina. Están completamente terminados, con sus revestimientos de pisos, muros, accesorios de baño. Como equipamiento incorporan ventanas de termopanel en dormitorios, muebles de cocina, luminarias, cortinas en dormitorios y calefón.
Fotos extraídas de ciudadpanamericana.cl
Deporte las 24 horas en Cerrillos
La Villa Panamericana traerá un gran impacto en la zona de Cerrillos, de acuerdo con Israel Jiménez, coordinador del Departamento de Deportes de la municipalidad de Cerrillos. “Los juegos son como un punto de inicio para que la cultura deportiva de los vecinos y vecinas y de los chilenos en general tenga un cambio positivo en virtud de los valores y los beneficios que trae el deporte en la vida de las personas”, afirmó. Y dijo que buscaba que, con este hito, creciera la inversión y las instalaciones deportivas, y la posibilidad de tener más adhesión a distintas actividades físicas.
“(No solo me refiero) desde el punto de vista del Estado sino también del rubro privado, y ahí entran todo tipo de iniciativas, multicanchas, canchas de pádel, canchas de tenis (…) Esperamos que Cerrillos se transforme en una comuna donde el deporte se viva las 24 horas”, aseguró.
Amanda Cerna es atleta paralímpica y ha participado en los dos últimos Juegos Parapanamericanos, en Toronto 2015 y Lima 2019. En ambas ocasiones la atleta se quedó en las Villas Panamericanas, y enfatiza en la importancia de estas residencias: “Creo que es fundamental poder tener un buen descanso, recuperarnos de los entrenamientos y obviamente estar bien para la competencia los días previos”.
Cerna está participando en los Parapanamericanos de nuestro país, que se desarrollarán hasta el 26 de noviembre, y las expectativas que tenía sobre la Villa se cumplieron: “Hemos descansado bien, no hemos pasado frío a pesar de que los días igual están helados (…) Yo diría que está casi a la altura de lo que fue Toronto 2015, e incluso un poco más avanzado de lo que fue Lima 2019”, dice. “Tiene harto espacio, harta naturaleza, muchos espacios con ciclovías, como para estar aquí o salir a hacer deporte. Es un espacio súper bonito y creo que sí podría ser una vivienda digna”.
Abrir una clínica veterinaria en Chile es tan fácil como abrir un almacén. Los requisitos son dos: una autorización del Servicio de Impuestos Internos y una patente municipal. Esto y la nula fiscalización ponen en peligro a las mascotas.
Por Colomba Bolognesi Raineri (@colobolognesi).
Edición por Catalina Del Río (@catadelirio) y Belén Mackenna (@belenmackenna).
Jeannette Cáceres (52) llevó a Loba, su pastora alemana, al Centro de Esterilización Mariola, ubicado en Peñalolén. Esta clínica veterinaria trabaja con la municipalidad y a través de la página peñalolen.cl ofrece operar a una mascota solo por cinco mil pesos.
Luego de la esterilización, Loba llegó muy desanimada, pero Cáceres imaginó que era por la anestesia. Pasaron las horas y la perrita no se levantaba del suelo, por lo que decidió llamar al centro: “Me dijeron que no me preocupara, que era normal que estuviera decaída”, cuenta.
A las once de la noche, Loba se paró con su mayor esfuerzo y se volvió a recostar, esta vez al lado de su dueña. A Cáceres se le quiebra la voz al recordar: “La tomé de la cara y ya no respondía”. Subió las escaleras corriendo y les gritó a sus hijos: “¡La Loba, la Loba!”. Salieron a paso rápido. “Salimos desesperados, casi dejé la casa abierta. Mis hijos lloraban, gritaban”. La llevó a la veterinaria de turno más cercana que encontró. Tarda unos segundos en recuperar la voz antes de decir: “Llegamos allá y la Lobita llegó sin respiración. Hicieron todo lo que pudieron, pero la Loba murió”.
Cáceres reclama: “Las personas llevamos a las mascotas a la municipalidad porque no tenemos los recursos, pero sí nos preocupamos. Hay instituciones que deben encargarse de esto y veo que no funcionan. No entienden que los animalitos son importantes, parte de tu familia. A la Loba la voy a llorar y extrañar toda la vida”.
El 86% de los chilenos declara tener al menos una mascota -es decir, ocho de cada diez personas-, de acuerdo con la encuesta Cadem realizada en febrero del año 2022. Esta cifra subió 13 puntos respecto del año 2019. El estudio deja en evidencia que las mascotas son consideradas un miembro más de las familias, especialmente para las generaciones Z y millennials. El 98,7% de estos dueños lleva a su mascota al veterinario, según indica la Encuesta Nacional de Tenencia Responsable, realizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en marzo de 2022.
En Chile, los requisitos para abrir una veterinaria son equivalentes a cualquier otro local de ventas: se necesita una autorización del Servicio de Impuestos Internos y una patente del municipio. No se exige fiscalización sanitaria de ningún tipo de entidad u organismo. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) solo se encarga de regular los medicamentos de uso veterinario que se comercializan.
A diferencia del caso chileno, en Reino Unido desde 2005 existe un programa de cumplimiento de estándares del Real Colegio de Cirujanos Veterinarios que consta de fiscalizaciones periódicas. En España, el ejercicio de la medicina veterinaria en establecimientos particulares debe estar acorde al reglamento de requisitos mínimos para prestar atención sanitaria del Consejo de Colegios Veterinarios de España.
Romy de la Hoz (60) llevó a su perrita Nala a la misma veterinaria que Jeannette Cáceres. Le pareció buena opción por el bajo precio. Dice que, luego de la esterilización, la devolvieron muy rápido y que al otro día Nala tenía la herida abierta. En otro centro le explicaron que a Nala le habían cosido mal los puntos. Agrega que al nuevo veterinario le llamó mucho la atención que no le hubieran recetado antibióticos. De la Hoz cuenta que tuvo que llevarla todos los días a curación y que al final salió mucho más caro.
Para ella, el Centro de Esterilización Mariola es como un matadero. Dice que había por lo menos 15 perros y gatos para operar en el mismo día. Después de su experiencia, comenzó a ver los comentarios de Facebook sobre la clínica y se dio cuenta de que había muchos casos más y que algunos terminaban en muerte.
“Ahora estamos yendo a otra veterinaria, donde nos pidieron exámenes, para esterilizar a nuestra gatita. Ahí uno se da cuenta de que no es llegar y esterilizar a un animalito; en Mariola no exigen nada”, dice De la Hoz.
Mariola González Concha (44) es veterinaria y dueña del Centro de Esterilización Mariola. Actualmente se encuentra en un juicio por una acusación de negligencia por esterilización de una perrita llamada Alicia. González asegura que la acusación es falsa y que muchas veces los dueños “no realizan bien los cuidados posteriores a una esterilización” y por eso responsabilizan a su veterinaria.
Cuenta que en el centro realizan aproximadamente 35 operaciones al día con “un equipo de gente super capacitada”. “Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda frente a cada intervención y paciente. Hoy en día las mascotas pasan a ser un hijo más, por eso son súper cuidadosos nuestros protocolos de trabajo y orden”, remata.
Ignacio Espinoza (33) es veterinario y dueño de la veterinaria Dog Vet, ubicada en Lampa. Estudió en la Universidad de las Américas y tiene un diplomado en cirugía. Antes de tener su propio centro, trabajó en municipalidades. Admite que los municipios hacen “esterilizaciones masivas” y que muchas veces faltan medicamentos y equipos para reanimaciones. Califica las condiciones de salubridad como “precarias”. Agrega que su veterinaria nunca ha sido fiscalizada. En una ocasión, él mismo fue a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) para que inspeccionaran la máquina de rayos X: “Me dijeron: ‘no, si nadie está fiscalizando, téngala nomás’”.
Clara Hernández (24), estudiante de medicina, también vivió una mala experiencia de esterilización con Kiara, una Pomerania de siete meses. Ocurrió en la Veterinaria del Valle, que está ubicada en Los Trapenses.
Clara relata que, después de la operación, Kiara estaba baja de ánimo y que, al tocarla, lloraba. Al cabo de algunos días, se le empezó a caer el pelo y comenzó a secretar un líquido por la piel. La familia Hernández pasó por muchas veterinarias buscando respuestas y en ningún lugar lograban darle una explicación. Hasta que llegaron a una dermatóloga canina: “Y nos dice preocupada: ‘esto es una quemadura’”. Kiara tenía el 70% del cuerpo con quemaduras de tercer grado.
Les explicó que lo más probable era que Kiara se hubiera quemado por mal uso de una manta térmica (a las que se acude para mantener la temperatura del animal por la baja de presión que experimenta durante la cirugía). La conclusión fue que, en el transcurso de la operación, mientras estaba dormida por la anestesia, debió haberle caído agua a la manta caliente.
Kiara internada por sus quemaduras
Hernández recuerda que en la Veterinaria Del Valle les aseguraron que sí utilizaban esas mantas, pero negaron haber sido los culpables de la quemadura de la perrita. “Nos decían que se pudo haber quemado en cualquier otro lado, con una estufa. Que no teníamos cómo corroborar que habían sido ellos”, recuerda molesta. Kiara quedó internada tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Veterinaria Vet’s.
“Estuvimos peleando por su vida. Fue terrible. Muy desgastante emocional y económicamente. Y se murió, la tuvimos que sacrificar”, agrega entre lágrimas. “Como la veterinaria nunca se hizo cargo, aproveché mi cuenta de Instagram y lo subí todo”.
Hernández y su familia querían demandar, pero no tenían suficientes pruebas: “Se necesitaba un peritaje y ya la habíamos cremado. Era un juicio desgastante e imposible de pelear”. Finalmente llegaron al acuerdo. La Veterinaria del Valle se comprometió a pagarles lo que les costó el tratamiento de la veterinaria Vet’s, a cambio de que Hernández y su familia no postearan en su instagram personal más funas respecto al caso.
Alejandra Fuenzalida, dueña de Veterinaria del Valle, recuerda el caso: “Quise evitarme problemas, entonces llegamos a un acuerdo. Les dije: ‘Te pago y no pueden volver a hablar de mí’. Nos acusaban de quemar a un perro y nunca pudieron probar que haya sido acá. Lo deben haber quemado en una peluquería, con un secador”.
Fuenzalida cuenta que cuando recién abrió la veterinaria venían de la municipalidad y del Servicio de Impuestos Internos; fiscalizaban que dieran las boletas y se fijaban más que nada en la parte contable”. Relata que hoy vienen cada vez menos al lugar. “Siempre está todo en orden, por eso yo creo que no han vuelto”, afirma.
Diego Gallegos (35), abogado del Colegio Médico Veterinario (Colmevet), muestra profunda preocupación por los pocos requisitos que existen en Chile para tener una clínica veterinaria. Explica que el Colmevet aspira a que “los establecimientos de salud médico veterinario sean considerados como tal y no sean equivalentes a un boliche de venta de lápices, sillas o herramientas”.
Para él, el problema es que la medicina veterinaria en Chile no está considerada como profesión en el Código Sanitario. Según el artículo 112, los profesionales de la salud son: médico-cirujanos, cirujano-dentistas, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, psicólogos, kinesiólogos, químico farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y técnicos paramédicos auxiliares.
“Los médicos veterinarios deberían ser profesionales de la salud y debiésemos tener un registro público, como existe para la salud humana, en la Superintendencia de Salud. Eso es mover una coma en el reglamento, nada más”, dice Gallegos. Asegura que, si fueran considerados profesionales de la salud, existirían mayores regulaciones a la hora de abrir una veterinaria.
Su pronóstico es “desesperanzador”: “Dudo que con la política de hoy logremos, establecer una política pública animal comprensiva con la problemática médico-veterinaria, y mucho menos establecer control ético”, dice. Luego agrega que a pesar de que la discusión del médico veterinario al Código Sanitario lleva por lo menos 15 años, “al final no pasa nada”.
Faride Almarza (19), estudiante de veterinaria de la Universidad Andrés Bello, esterilizó a su perra Luna en la veterinaria municipal de La Cisterna. Después de tres días, Luna estaba acostada en un rincón de la casa sin moverse. “Como era superactiva, me pareció raro. Le hablaba y no me movía la colita”, recuerda. Al mirarle el estómago, se dio cuenta de que estaba morado. Decidió llevarla a otro veterinario. Ahí les dijeron que la ligadura estaba mal hecha, lo que produjo goteras y le hizo perder mucha sangre. Luna estaba con anemia. “Sus órganos terminaron nadando en sangre”, afirma.
Existía la posibilidad de hacerle transfusión de sangre, pero el veterinario le dijo que era muy baja la probabilidad de que Luna sobreviviera, si es que resistía la anestesia. Almarza cuenta que tuvieron que dormir a Luna: “Fue horrible”, comenta cubriéndose la cara con las manos.
Días después notó a través de redes sociales que la suya no era la primera queja a la veterinaria. Es consciente de que casos como el de ella se repiten: “Por eso decidí estudiar veterinaria”, admite con orgullo.
Para el abogado Diego Gallegos, no queda más que cambiar la mentalidad y ver la salud animal al mismo nivel que la humana. Está convencido de que endurecer los requisitos para abrir una clínica veterinaria es el camino: “No va a pasar nada hasta que esto sea un tema público”.
BIO:
Colomba Bolognesi es estudiante de tercer año de Periodismo UC (@fcomuc) y es la primera vez que publica en un medio. Escribir es uno de sus hobbies y la prensa escrita es lo que más le gusta de la carrera.
En Chile, 19.867 personas viven en situación de calle, según cifras de mayo de este año. En 2019, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a implementar un modelo para combatir este problema, que ya se ha puesto en marcha en varios países de América Latina y Europa: antes de cualquier intervención social o médica, a los participantes se les entrega un hogar propio. Llave en mano, pueden comenzar su proceso de reinserción. Estas son algunas historias.
Por María Victoria Agouborde K. (@ita_agouborde)
Edición por Jǒzepa Benčina C. (@joze_benchi)
Pedro Ulises Díaz Cuevas nació en 1963 en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, del vientre de una madre que lo rechazaba, de la sombra de un padre sin nombre y criado por la mano de una abuela dura, muy dura. A los veintitantos quiso abandonar las tierras del sur y, junto a un amigo, partió rumbo 600 kilómetros al norte, a Santiago. Ahí estuvo de paso, su destino final era Melipilla. Recuerda que las micros que salían de la capital pasaban por fuera del Hogar de Cristo. Desde la ventana veía a gente salir de ese lugar.
Pedro es un hombre menudo, de un metro cuarenta y cinco de alto. Moreno, de nariz aguileña y de un pelo oscuro que empieza a entrever sus primeros tintes blancos. Viste una polera de piqué verde claro y un polerón azul chillón. Tiene una voz frágil que se quiebra con facilidad. También se ríe como un niño.
Con 59 años, hoy Pedro es uno de los que entra y sale del Hogar de Cristo. La obra que dejó el santo chileno, Alberto Hurtado Cruchaga, sigue siendo lugar de acogida para los que, como Pedro, por esas volteretas que da la vida, se caen fuerte como para llegar a dormir en el peor lugar para conciliar el sueño: la calle. En Chile son 19.867 las personas que viven en esta situación, según datos de mayo de 2023 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
“Es difícil vivir en la calle, muy difícil. Uno desea bañarse y no tienes agua. Son hartas cosas que cambian, pero no había otra cosa. Estaba mal, totalmente mal, como que no veía ningún paso más adelante, solamente esperar la hora que alguien te pase y te atropelle o que en la noche alguien venga y te mate. Eso es una esperanza”, dice Pedro con la voz entrecortada.
Actualmente es uno de los 547 beneficiarios -484 hombres y 62 mujeres- del programa estatal Vivienda Primero o, para fines administrativos, Vivienda con Apoyo. Esta iniciativa llegó a Chile en 2019 importada desde Estados Unidos. Su fin es apoyar la reinserción de las personas en situación de calle a través de una premisa: un techo y lo demás vendrá después. Este modelo es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y lo implementan vía licitación instituciones privadas: Hogar de Cristo, Nuestra Casa, Moviliza, Cristo Vive, Cidets, Las Viñas, Luxemburgo, Catim, Mission Golden. Además, actualmente lo ejecuta la Municipalidad de Los Ángeles y el Arzobispado de Puerto Montt.
El programa está enfocado a personas mayores de cincuenta años que lleven un periodo de cinco años en la calle. A ellos no se les exige nada más que su voluntad de querer participar. La puerta es ancha: no es necesario ser abstinente al alcohol, ni a ningún tipo de droga, tampoco ser parte del mercado laboral. Sin embargo, al momento de ingresar al programa, firman un compromiso de destinar el 30 por ciento del total de sus ingresos a la vivienda. Para los que no reciben renta, cada 15 días se les da $25.000 pesos para cubrir su alimentación.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, al año 2021 el 94% de las personas que ingresaron al programa permanecieron más de seis meses consecutivos en su vivienda. En 2022 ese valor llegó al 77% con un total de 503 beneficiarios.
Aunque no fue posible evaluar el porcentaje de personas que mejoraron su salud en el 2021, en el 2022 el 96% de los beneficiarios progresó en al menos una de las ocho dimensiones de salud: emocional, espiritual, intelectual, física, ambiental, financiera, ocupacional y social.
De igual manera, un 75% de los participantes mejoraron su integración social en el año 2021, este valor llegó a 79% en 2022.
UNA IDEA
“Esto es un problema”, pensó el estadounidense Sam Tsemberis en los años noventa mientras caminaba de vuelta de su trabajo como psicólogo clínico en el Hospital Bellevue de Nueva York cuando vio que varios pacientes que atendía en su consulta estaban viviendo en la calle. Esa observación lo llevó a dejar su trabajo para dedicarse a ese número de personas que comenzaron a llenar las cuadras de Estados Unidos y crecieron exponencialmente desde los años ochenta durante la administración de Ronald Reagan.
Con el plan de instaurar un gobierno de menor tamaño, una de las medidas que tomó el presidente republicano fue dejar de construir viviendas públicas: “Antes de Reagan, los estadounidenses al año estaban construyendo 350.000 unidades habitacionales a nivel nacional y, después de él, entre 5.000 y 3.000. Nada”, comenta Tsemberis. Eso, sumado a que el mercado inmobiliario comenzó a subir y era cada vez más difícil acceder a una vivienda, especialmente para las personas que sufrían de afecciones psicológicas: “Muchas de las primeras personas en quedarse sin hogar fueron las que tenían enfermedades mentales o adicciones, porque no tenían ni ingresos ni una familia”, agrega.
Al dejar su puesto en el hospital, pasó cuatro años trabajando por las personas en situación de calle en Nueva York sin buenos resultados. Seguía el modelo que estaba instaurado: hacer que las personas fueran a albergues, tratarlos psicológicamente y luego prepararlos para vivir en una casa. Nuevamente vino una observación.
— ¿Qué tal si vamos a recibir un tratamiento en la clínica? le preguntó Sam a un hombre en situación de calle.
— No, no necesito tratamiento, solamente necesito un lugar donde vivir ¿Puedes conseguirme un lugar para vivir?, le respondió tajantemente.
Y tomó acción: “No le vamos a decir a la gente qué hacer, les vamos a preguntar qué quieren (…) Y como ninguna otra empresa de vivienda los aceptaría a menos que estuvieran sin adicciones, sobrios y tomando medicamentos, tuvimos que iniciar nuestra propia empresa de vivienda”.
Así nació Pathways to Housing, la ONG que creó Sam junto a su equipo y que transformó la forma de entender el problema de la situación de calle. Hay que partir por lo esencial: una casa.
¿Un techo y ya está? Tampoco se reduce a eso. Desde Nueva York, Sam enfatiza en el acompañamiento personalizado que se le entrega a los participantes: “No es solo tener una casa. Comienza por tener una casa. No tendrías este éxito si no tuvieras especialistas visitando regularmente a las personas después de tener su casa (…) La vivienda solamente soluciona la situación de calle, no soluciona la soledad, no soluciona las enfermedades mentales, no soluciona las adicciones, no resuelve la pobreza. Pero debido a que se ha resuelto la falta de vivienda, ahora se sabe dónde visitar a la persona y cómo trabajar con ella para empezar a solucionar los otros problemas”.
Y la evidencia se deja ver. El estudio a mayor escala evaluando el modelo Housing First se hizo en Canadá, en las ciudades de Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montreal y Moncton. 2000 personas fueron sujeto de estudio y se concluyó que, después de dos años, el 62% de los participantes se mantuvo en la vivienda todo el tiempo, comparado con el 31% de permanencia que tuvieron aquellos a los que se les solicitó iniciar un tratamiento antes de pasar a una vivienda. De igual manera,a través de un análisis económico se pudo constatar que el modelo Housing First es una buena inversión, ya que se reducían costos en albergues, alimentación y emergencias médicas.
A LA CHILENA
La implementación del modelo ha resultado un ahorro sustantivo para el país. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, según proyecciones de 2019, el costo anual para el Estado de personas con largas trayectorias en la calle es cercano a los 14 millones de pesos per cápita. Aplicar el programa Vivienda Primero, según datos del mismo ministerio, significa un ahorro de costos de hasta los 5.700 millones de pesos.
El 7 de mayo de 2019 Alfredo Moreno Charme, a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, entregó la primera llave, dando inicio al programa piloto de Vivienda Primero en Chile. Lo acompañaba el exministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg y el director nacional social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau, al momento de entregar dos viviendas en Estación Central.
Tres años después, en una sala de reuniones en el piso 17 de un edificio cubierto por vidrios impolutos, Moreno recuerda el problema a resolver en torno a la situación de calle en Chile: “¿Qué se hace con esas personas que ya llevan muchos años, que tienen toda esta situación tan compleja y que los sistemas tradicionales no los logran sacar de ahí?”
En conversaciones con el Hogar de Cristo llegó a su conocimiento el modelo Vivienda Primero. Desde el Ministerio de Desarrollo Social decidieron hacer parte a la sociedad civil en la implementación del programa porque esa experiencia no podía ser desaprovechada: “En Chile tenemos fundaciones y capacidades que colaboran mucho a lo que el Estado puede hacer en cualquiera de estos temas. Cada vez que hay un problema social grande, que el Estado no ha logrado superar, aparece gente de buena voluntad que se ha juntado y que ha dedicado la vida a intentar resolver el problema en forma privada”, dice el ex ministro. Luego de mucho estudio se implementó. Pero a la chilena.
Tamara Elgueta, asistente social de profesión y encargada del plan piloto que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social junto al Hogar de Cristo, comenta que en Chile, desde el principio, el programa fue pensado en una vivienda compartida entre dos y tres personas, cosa que no pasa en el país natal del modelo, donde cada participante cuenta con su propio espacio.
Karinna Soto, jefa de la Oficina Nacional de Calle, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, comenta que decidieron hacer un cambio al modelo original de Housing First porque: “Primero, la cultura latina es bien distinta y muchos de los participantes sí querían vivir acompañados. Por otra parte, hay diversos estudios que indican que la convivencia muchas veces habilita a las personas para hacer ciertas cosas, porque vivir solo igual retrae algunas competencias. Además, por el costo-efectividad de la política, decidimos que fueran casas compartidas porque si no, subía bastante el precio”. Este modelo de viviendas compartidas también ha sido replicado en otros países como Costa Rica, Brasil y Uruguay.
Sam Tsemberis comenta que puede ser más complicado este tipo de implementación: “Creo que es más difícil juntar a los participantes en un mismo departamento, porque todos ellos tienen problemas. A veces es difícil llevarse bien incluso si eres familia. Entonces, tres extraños bajo el mismo techo, cada uno con diferentes desafíos, podría funcionar, pero depende si las personas permanecen en la vivienda y les va bien”.
A Pedro, por su parte, le ha funcionado. Comparte con Jorge Zapata el departamento del piso 18 en la comuna de Independencia, al que le costó acostumbrarse porque “nunca había estado tan alto”. Los dos se conocieron en la hospedería de hombres del Hogar de Cristo en la calle Jotabeche 3828. Se llevaron bien y pidieron quedar juntos cuando postularon al programa.
Sentada al lado de Pedro, Camila Muñoz, asistente social y quien lo acompaña en su proceso de reinserción, dice que fue mejor que ellos mismos decidieran su compañero de vivienda porque “de cierta forma no experimentábamos en cuanto a los rasgos de personalidades y hasta hoy en día se mantienen en el programa juntos”.
Pedro hace poco comenzó a trabajar en limpieza en una hospedería del Hogar de Cristo, pero sin un horario fijo. Lo llaman cuando lo necesitan. Para él, volver a trabajar ha sido una terapia: “Me estaba bajoneando en el departamento. Solo, ahí encerrado, todos los días tele, tele, tele”. Con respecto a su futuro, no tiene planes: “Pienso en el día a día, de vivirlo y de disfrutarlo. Si me dan ganas de comer algo, tengo mis lucas, lo compro y me lo como”.
HERMANA TERESA WINTER
En la esquina de la calle Lircay con Las Torres, en la comuna de Recoleta, en una estructura de ladrillo de color rojo, está la residencia Cristo Acoge para personas en situación de calle, perteneciente la fundación Cristo Vive.
La hermana Teresa Winter llegó a Chile desde Alemania en 1989 como religiosa de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, y en 2010 dejó su congregación para formar parte de la Comunidad de Jesús, fundada por la hermana Karoline Meyer. Hoy es la encargada de los planes relacionados a la situación de calle de la Fundación Cristo Vive, entre ellos, tres proyectos pertenecientes al programa Vivienda Primero, con un total de 60 participantes.
Con su alemán que aún se deja ver cuando habla español, sentada junto a sus dos perros quiltros de pelaje rubio -Candy y Odín- dice: “(Esta política pública) a nivel teórico, desde la mirada de los derechos humanos, es un lujo. De verdad es un lujo, es súper buena”. Para cada proyecto que tiene la fundación trabaja un terapeuta ocupacional, una asistente social y un psicólogo. “Esa es la tríada perfecta”, comenta la hermana.
Como fundación la primera licitación que ganaron fue el año 2019 y, hasta el día de hoy, el principal problema es la búsqueda de viviendas:
— ¿Para quién quiere arrendar la casa? ¿Es para usted?
— No.
— ¿Para un familiar suyo?
— No.
— ¿Para quién es entonces?
— Para un programa social (Cierran la puerta).
Tomando en cuenta esta experiencia, para el tercer proyecto decidieron contratar a una persona que los ayudara específicamente en la tarea de buscar los hogares para los participantes. Según la hermana Teresa, fue realmente un acierto.
También ha sido un desafío que las personas vuelvan a cocinar. En ocasiones, en la noche suena el teléfono de algunos de los profesionales del equipo:
— Hola, quiero cocinar una cazuela ¿Qué necesito para hacerla?
O a veces, desde el otro lado de la línea, se escucha una voz que dice:
— Disculpe señorita, ¿Cómo se hace una sémola con leche?
Otra piedra en el camino ha sido la adaptación de las personas a las viviendas: “La gente está sobreexigida con la realidad con la que se encuentran. Al pasar treinta años en la calle, tú pierdes todos los hábitos, pierdes todas las tradiciones, pierdes todo lo que te marcó en tu infancia y en tu juventud”. La hermana Teresa recuerda la experiencia de un participante que le daba temor dormir en una cama por miedo a caerse: “Claro, durmiendo por treinta años en una colchoneta en el suelo y ahora está en una cama a esa altura, entonces por supuesto que tenía miedo”.
LA MANTEQUILLA Y EL CAFÉ
En la comuna de Santiago, en la calle Vergara, en el número 749, en el piso dos, en el departamento 207, la cosa es distinta. Tomando el pote de mantequilla con su mano izquierda y el tarro de café instantáneo con la derecha, Saulo explica:
—Esto —la mantequilla— con esto —el café— nunca estuvieron juntos y de repente los ponen juntos de un día para otro, ¿cachái?
En el primer semestre de 2019, la mantequilla y el café fueron Saulo Urbina Navarro y Manuel Pastenes Cáceres. Ambos son participantes del programa Vivienda Primero y empezaron a compartir, de un momento para otro, ese departamento de 65 metros cuadrados, con dos piezas y dos baños, en el centro de la capital.
Saulo, ad portas de los sesenta años, es moreno, con una argolla plateada en la oreja izquierda y una calvicie avanzada, pero de barba abundante. Baja la voz y agacha la cabeza para explicar que la convivencia no es fácil con Manuel. Respecto a las tareas del hogar dice: “No las dividimos, él no hace nada”. Pero también admite que, dentro de todo, se llevan bien: “No nos tiramos los platos, solamente las tazas”, dice riendo. Él se hace cargo de la limpieza de las áreas comunes porque tampoco se lo puede exigir a su compañero: “El Manuel, por ejemplo, no ocupa esto (apunta al living-comedor). Nada, casi nada. Entonces yo ¿Qué le voy a estar diciendo que limpie si él no lo ocupa? Además, ahora está con el problema de su mano, en el túnel carpiano, que ojalá lo operen lo más pronto posible y ahora tiene otro problema que también es medio complicado en una pierna. Entonces, con mayor razón, menos yo le voy a estar pidiendo que limpie”. Mientras tanto, se escucha un televisor de fondo, es Manuel viendo noticias en su pieza.
“Y cada cual su vida también. De repente, ‘Hola Manuel, ¿Cómo estai? ¿Cómo amaneciste?’ y si lo puedo ayudar en algo, o él a mí, porque él también de repente me apoya en una que otra cosita a mí”.
Mientras su compañero sigue viendo las noticias, Saulo, sentado en una de las cuatro sillas de madera que tiene su comedor, recuerda los primeros días bajo un techo. Estuvo cuarenta días solo antes de que llegara Manuel. Después de cinco años de calle intermitente, de arrendar piezas, de no poder pagarlas, de volver a la calle, de refugiarse en una posta, de vivir en una hospedería del Hogar de Cristo, lo único que esperaba era el llamado de la asistente social diciéndole: “Ya Saulo, vamos”.
Y un día de inicios de 2019, fue a su nuevo hogar. “Llegamos acá y esto no era lo que tú ves ahora. Estaba un sofá que era de dos cuerpos nomás, uno chiquitito, de color verde me acuerdo. No estaban ni las mesas, ni las alfombras, ni las plantas, ni ese televisor, nada, nada. Estaba como vacío. Bueno, de todas maneras, el departamento se veía mucho más grande”.
Después de pasar la noche, Saulo comenzó a tomarle el peso a las llaves de su nueva casa: “Al otro día en la mañana, yo empecé a sentir la responsabilidad de la nueva etapa en la vida. Entonces, me dio un ataque de llanto. Para qué te digo, me las lloré todas porque no me sentí capaz de sacar esto adelante porque no había nada. Había más de lo que yo tenía, y tenía mi privacidad y mi espacio después de una vida prácticamente. Pero yo no me sentía capaz de cómo iba a armar esto, porque aquí faltaba todo, ¿cachái? Solamente había un juego de loza, una batería de cocina y un juego de servicio”. Después del llanto, lo primero que compró fue una escoba y una pala.
Hoy, a más de dos años viviendo en el departamento del número 207, los ojos de Saulo se llenan de lágrimas, pero esta vez de emoción al comentar cómo se vive después de la calle:“Lo más significativo para mí es tener un lugar donde poder recibir a mis hijos, a mi familia (…) Cuando estaba en la calle no me importaba nada, qué me iba a importar, qué tenía que perder. Yo no tenía nada, no tenía a nadie. Ahora es distinto, te podría decir que tengo una familia, que se preocupan por mí, que casi todas las semanas los veo. Que tus nietos corran a abrazarte es algo que para mí no tiene precio, ¿cachái? Entonces perder eso ahora sería catastrófico, por eso me cuido mucho, porque la familia tampoco está para la chacota”.
Bio: María Victoria Agouborde es alumna de quinto año de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. La primera versión de este trabajo la desarrolló el segundo semestre de 2022 para el Taller de Crónica, dictado por el profesor Gonzalo Saavedra.
Han pasado cinco años desde el desalojo definitivo del excampamento Juan Pablo II en la comuna de Lo Barnechea. Tres torres sociales y seis condominios, proyectados en tres etapas, se convertirían en el nuevo hogar de 380 familias. Inicialmente, el proyecto no demoraría más de 14 meses pero, a la fecha, solo han iniciado las construcciones de la primera etapa. Los vecinos van prerdiendo la esperanza, ante años de falta de respuestas y soluciones concretas.
Por: Carolina Silva Brousset @carolina.silvab
Editado por Paula Witt Retamal
El olor a cigarro marca su presencia. Bernardita Díaz (47), presidenta del Comité de Viviendas del excampamento Juan Pablo II hace diez años, enciende uno y mira la demolición del lugar en el que se crió.
No era una casa cualquiera, era la vivienda de su familia, los Díaz, uno de los clanes más antiguos del excampamento. Todos los vecinos se acercan.
A poca distancia de los escombros, Bernardita ve frente a sus ojos cómo se cierra un ciclo y nace una nueva esperanza: el sueño de la casa propia.
“Papi, acá voy a llegar de nuevo, espérame aquí”, le dice Bernardita al terreno que vio los últimos respiros de su padre.
Ese 2 de marzo del 2018 fue el desalojo definitivo del excampamento Juan Pablo II en Lo Barnechea. Algunos vecinos pelearon y otros se resistieron, pero si no salían, era imposible empezar la construcción del Proyecto Habitacional Juan Pablo II, un compromiso hecho por la Municipalidad de Lo Barnechea para entregar una vivienda digna y definitiva a las familias del excampamento. Y así, evitar la perpetuación de los asentamientos irregulares en la zona y disminuir la brecha de la pobreza en la comuna. Para dar el ejemplo a más de 380 familias, Bernardita fue una de las primeras en salir y dejar el terreno. Los vecinos, algunos confiados y otros asustados, le siguieron el camino.
Bernardita vivió en el excampamento Juan Pablo II, ubicado en la calle José María Escrivá de Balaguer, desde que tenía 11 años, junto a su familia: papá, mamá y siete hermanos. Fueron de los primeros en llegar a asentarse en el sector en los años ochenta, sin agua, luz ni calles pavimentadas. Vivían con lo que tenían. Recién a mediados de los años noventa, la misma municipalidad organizó la situación y se instalaron medidores de luz y agua.
La vocación de dirigente siempre ha estado en Bernardita y también las ganas de ayudar a quien se le cruce en su camino. Parte de su labor, involucra velar por el bienestar de todos los vecinos, mantener una comunidad organizada y, dentro de lo posible, resguardar una convivencia armoniosa entre centenares de personas. Para lidiar con el estrés, se fuma casi dos cajetillas de cigarro diarios y se toma diez tazas de café. En los días más tranquilos, recorta su consumo a la mitad.
Sin embargo, su trabajo más importante fue delegar los términos y condiciones del desalojo del excampamento para asegurarse de que volverían al lugar donde nacieron hijos, nietos y también donde despidieron a familiares queridos. “Con documento en mano empezamos a salir todos tranquilos”, cuenta Díaz.
En este mismo periodo, a Bernardita le correspondía una casa en otro proyecto habitacional, pero no lo aceptó. “Yo rechacé mi vivienda en el Proyecto Bicentenario para ayudar a los vecinos. Sentía que nos iban a sacar y no íbamos a volver. Dije: la peleamos con documentos en mano y salimos, antes no. Por eso me quedé, porque sentí que nos iban a hacer tontos”, dice la dirigente.
El excampamento Juan Pablo II existió durante más de 30 años. Sus inicios datan al desborde del río Mapocho en 1982 por lluvias torrenciales, en donde vecinos asentados en un sector aledaño a los límites del río por la ribera norte quedaron totalmente inundados. El agua se lo había llevado todo. La Municipalidad de Las Condes reubicó a este grupo de aproximadamente 200 personas en el campamento Los Aromos como una solución transitoria. Sin embargo, más personas empezaron a llegar a la misma ubicación y rápidamente Los Aromos se convirtió en el excampamento Juan Pablo II, uno de los más grandes de Santiago.
Bernardita define la esencia del excampamento como una de aceptación, se le daba la bienvenida a quien fuera que lo necesitara. “Si nosotros vivíamos en el campamento era por una necesidad. Si a otros los estaban desalojando también tenían una necesidad, por lo que había que tenderles una mano”, reflexiona Díaz. Ella misma recuerda cómo en su casa de 40 m2 vivieron 19 personas al mismo tiempo, porque siempre recibían a quién lo necesitara.
Cuando a Jaime, un joven del excampamento, lo golpearon hasta dejarlo en estado vegetal por la ridícula razón de no tener fuego, cuenta Bernardita, ella golpeó puertas pidiéndole a los vecinos mil pesos para costear el tratamiento. Estuvo toda la noche tocando puertas y dando a conocer la historia de Jaime. Al final logró recaudar unos 500 mil pesos, pero lamentablemente, Jaime no sobrevivió.
Pasaban los años y cada vez llegaban más personas en busca de refugio. La proximidad con la que empezaron a estar una casa de la otra era insostenible. Gatilló incendios, inundación, infecciones y más. Por esta razón, llegaron al punto de no aceptar nuevos inquilinos. “No podíamos seguir hacinados, estábamos todos corriendo peligro”, recuerda Bernardita.
Todo terminó el 2018. Entre gritos, peleas y la presencia de Carabineros de Chile, las 380 familias catastradas por la Municipalidad de Lo Barnechea tenían que irse. Podían optar por un subsidio de arriendo y Gastos de Traslados Transitorios (GTT), entregado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), si es que querían acceder a una propiedad en la misma comuna.
En un comienzo, el proyecto se sostuvo económicamente con fondos de la Municipalidad de Lo Barnechea, ahorros de los propios vecinos que alcanzaron las 3.800 UF (más de 130 millones de pesos) y, principalmente, subsidios entregados por el SERVIU. La tarea de construir las tres etapas y los 380 departamentos recayó en la Constructora PACAL SA. Sin embargo, a la fecha, los montos y tiempos de construcción no son los que se acordaron en un principio.
De acuerdo con el Documento de Construcción para Operaciones Colectivas con Proyecto Habitacional entre los Comités de Vivienda (1, 3 y 5), la Municipalidad de Lo Barnechea y la Constructora PACAL SA, se especifica que “Todos los pagos, se harán en pesos y equivalente a la Unidad de Fomento, según su valor al día efectivo de pago por parte del SERVIU”. En este mismo, el 17 de junio del 2020, se proyectó un monto parcial para cada etapa. La primera sería de 186.173 UF, la segunda de 205.154 UF y, por último, la tercera de 104.719 UF.
El 17 de junio del año 2020 el valor de la UF era de $28.708,86. Por ende, el monto total de la etapa 1 correspondía a $5.344.828.660. En cambio, según la UF actual, valorizada en $35.708,10, la misma etapa costaría $6.647.901.598. Es decir, un aumento del 24,38% del precio total.
Desde la constructora afirman que el aumento de precios debido a la inflación ha hecho de esta una situación insostenible para PACAL. Para ejemplificar, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, insumos como el hormigón premezclado ha tenido un aumento de precios de un 45% para febrero del 2022. El escenario de seguir construyendo, lo describen como “dramático” para la empresa.
“Por un lado, se cerró un contrato con unos precios muy bajos para la actualidad, probablemente en el momento eran los precios reales. A PACAL cada día que pasa le es más caro terminar. Por otro lado, la municipalidad tiene un contrato que puede hacerlo cumplir con todos los respaldos legales. Ambas situaciones son válidas”, cuentan desde PACAL.
Cada departamento sería de 72 metros cuadrados, incluyendo dormitorios, baño, living-comedor, cocina y logia. Pero las ilusiones de los vecinos se fueron apagando con el correr del tiempo. Los iniciales 14 meses se han transformado en 72 de espera, y las construcciones de la etapa 1 aún no han finalizado.
Bernardita define este tiempo como un sentir de agonía y desesperación, donde ha visto a vecinos morir antes de recibir su casa. Afirma que el continuo retraso en la entrega de las viviendas ha creado unos ánimos “pésimos y horribles” dentro de la comunidad, y que los vecinos están escépticos ante la idea de que realmente se les hará entrega de sus casas.
Michael Comber, arquitecto de profesión, es concejal de Lo Barnechea desde 2021. Reconoce la desesperación de los vecinos y afirma que la construcción del proyecto se ha visto retrasado por problemas de coordinación con ENEL y Aguas Andinas, entre otras entidades. Pero, principalmente, por temas que conciernen a las labores de la constructora PACAL y su situación económica. Dentro de estos están los efectos del estallido social, la pandemia, el aumento del precio de los materiales y dificultades con la mano de obra.
“La estrategia fue reducir el contrato con la constructora PACAL a la primera etapa solamente y se está armando una licitación para las etapas restantes con otra empresa. Por eso, estamos en una gestión crítica con SERVIU, ya que tienen que revisar el informe de la licitación y aprobar montos adicionales de subsidio”, explica Comber.
Dentro del colectivo de vecinos, se repiten reclamos sobre el retraso en la entrega del subsidio GTT por parte del SERVIU. Bernardita dice estar diez días retrasada en el pago de su arriendo por las demoras. Sobre esto, Juana Nazal, directora de este organismo, explica que pueden llegar a retrasarse hasta diez días por problemas propios del sistema. El subsidio se entrega de manera trimestral y cada cuota es de $285.000, es decir, los vecinos reciben $855.000 cada tres meses. Si hay un retraso, éste se ve compensado por la entrega de dos mensualidades más en la misma cuota.“Efectivamente a veces tenemos atrasos, pero también hay que considerar que se pagan cuotas por adelantado. Nadie habla sobre cómo puede que te atrases hasta diez días, pero tú le pagas dos meses más en esa misma cuota”, dice la directora.
El anhelo de respuestas
Al recordar los duros inviernos en el ex campamento, Jordana Pávez (31) visualiza sus zapatos quedándose pegados en el barro al ir corriendo al colegio. Tanto era el barrial que se formaba en los meses de invierno, que varias veces tuvo que devolverse a cambiarlos. Para no repetir la misma historia, salía con bolsas de basura en los zapatos. No sólo eso: recuerda que era común estar constantemente resfriada por la humedad y los hongos que aparecían en las paredes, debido a las ligeras estructuras de su hogar. Jordana llegó a vivir ahí a los 14 años después de ser abruptamente desalojada del departamento de su abuelo en Cerro Norte, de la misma comuna.
Con “hambre de salir de donde estaba”, Jordana sabía que quería vivir una mejor vida. Estudió Ingeniería en Administración de Empresas y realizó varios cursos SENCE. Actualmente, trabaja en el sector de Contabilidad de la Municipalidad de Lo Barnechea. Gracias al subsidio GTT y a su esfuerzo, ha podido costear un arriendo de $580.000 en la comuna.
Un Lupus Eritematoso Sistémico (LES) provocó un giro de 180 grados en su vida. Uñas moradas, caída de pelo y una embolia pulmonar la alertaron de que algo no andaba bien con su salud. A Pávez le correspondía una casa en la etapa 2, pero como su enfermedad es impredecible, se acercó a los vecinos para ver la posibilidad de que se le asignara un cupo en la etapa 1.
Bernardita Díaz renunció a su lugar en la primera etapa para favorecer a quienes lo necesitaban con mayor urgencia. A Jordana se lo cedieron por su condición y, a fines de este año, debería estar viviendo en su casa propia, pero aún no hay certezas con las fechas. Se muestra incrédula y desilusionada.
Para Jordana, la espera y posterior entrega de esta casa tiene un significado mucho más profundo: ser un legado para su hija de 12 años y “un colchón en el que ella pueda sostenerse” para el resto de su vida. Describe que, aunque la espera sea agotadora, valdrá completamente la pena al tener la seguridad de que su hija tendrá un hogar definitivo al cual volver. “Es la tranquilidad para ella de que nadie la va a echar de su casa”, dice.
Suspira ante el pensamiento de que le hagan entrega de su querida casa propia, aunque le cuesta creer después de todos los retrasos en la construcción. Sabe que existen factores externos que afectan la situación, pero anhela respuestas concretas y certezas con las fechas. Si todo hubiese ido acorde al plan, para este año las obras ya deberían estar finalizadas y todos tendrían que estar viviendo en sus casas. “Es un deseo, pero de aquí a que se haga realidad que entreguen la etapa 1 este año, es difícil. Estoy un poco escéptica por lo que nos ha sucedido como comunidad”, dice Jordana.
Rayados en la Obra de Construcción, los vecinos exigen rapidez en la construcción de la segunda y tercera etapa.Bernardita Díaz, presidenta del Comité de Vivienda del Proyecto Habitacional Juan Pablo II.
Carolina Silva Brousset está en tercer año de Periodismo en la Universidad Católica. Anteriormente, hizo su práctica interna en Módulo 2 de Radio UC donde estuvo a cargo de la columna de efemérides musicales.
Carpas y rucos:La eterna mudanza de las personas en situación de calle
En febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que disminuyó en un 92% la presencia de carpas en el eje Alameda–Providencia. Sin embargo, ¿qué pasó con las personas en situación de calle que fueron desplazadas? Pin Pon, René y Andrea son algunos de ellos; aún viven en la calle y dicen que están habituados a los operativos de traslados. La llegada del camión de basura es la señal para empacar lo poco que tienen y ponerse a buscar otra esquina donde dormir.
Por: María Paz Martínez (@pacitamartinez14)
Edición: Catalina Del Río (@catadelirio)
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Sobre la tierra, lo poco que hay está desordenado. Un colchón de dos plazas, un sombrero de mago, una pequeña maleta azul, una frazada negra y un póster de la película “Caracortada”. Pin Pon tiene 28 años, vive hace 19 años en la calle y estas son sus únicas pertenencias. Cada cierto tiempo debe recolectar un par de cosas para poder subsistir. “Los del gobierno te dejan sin nada. Antes se corría la voz y alcanzabai a pescar un par de cosas. Ahora nadie sabe de dónde aparecen”, afirma.
Pin Pon lleva un año instalado a las afueras del Unimarc, ubicado en Avenida Portugal. Por el costado, en la calle Carabineros de Chile, hay un estacionamiento. Bajo una zona techada está su colchón. Cada cierto tiempo, su rincón es desmantelado por las autoridades municipales, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En los últimos cinco meses lo han sacado tres veces. “Te botan tus hueás al camión de basura y se van”, cuenta.
El Plan de Recuperación de Espacios Públicos del eje Alameda-Providencia es un trabajo conjunto entre la Delegación Presidencial, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), la Municipalidad de Santiago, Estación Central y Providencia, Carabineros de Chile y la PDI. Consiste en coordinar acciones y esfuerzos para evitar la ocupación del espacio público. En marzo de 2023, el MDSF contabilizó a un total de 112 derivados, entre ellos, 29 mujeres, 65 extranjeros y Pin Pon formó parte de los 83 hombres que fueron desplazados.
Ricardo Soto, Coronel de Carabineros, encargado de la gestión del procedimiento, sostiene que la limpieza que se hizo en la zona del eje Alameda-Providencia tuvo un resultado positivo. “Sin embargo, no me cabe la menor duda, de que deben haber vuelto. Es un ciclo social. Por necesidad las personas llegan nuevamente al eje Alameda”, explica. “Es difícil erradicar una realidad así”, sostiene el Coronel y agrega: “Es incontrolable saber a dónde se van”.
Según el Informe Estadístico Nacional (marzo 2023), en Chile hay un total de 20.144 personas en situación de calle. Del total, 8.430 se encuentran en la región Metropolitana. Si bien el Plan de Recuperación de Espacios Públicos del eje Alameda-Providencia redujo un porcentaje significativo de carpas y rucos en la zona, su efecto no se mantiene en el tiempo. “Si no se aborda la prevención, siempre van a seguir llegando personas en situación de calle. No basta solamente con sacar a las personas una vez. Debe ser un trabajo sostenido en el tiempo”, explica Carolina Llanos, integrante del Área de Estudios de la Fundación Gente de la Calle (@gentedelacalle.cl).
De acuerdo con el operativo de desplazamiento, las personas en situación de calle son derivadas a albergues o residencias. Entre febrero y marzo de 2023, se ha trasladado a 143 personas a dispositivos especializados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cada albergue tiene capacidad para 30 personas. Sin embargo, esta alternativa no siempre es aceptada. En ese caso se procede al retiro de enseres.
Pin Pon cuenta que lo han sacado cinco veces del Unimarc. Sin dudarlo, en todas las ocasiones, se ha vuelto a instalar a las afueras del mismo supermercado. “Aquí estoy tranquilo. Me respetan. Me pego un grito y se callan todos”, sostiene. En múltiples oportunidades le han ofrecido albergue, pero ya no accede. “A las ocho de la mañana tení que irte y estar todo el día parao esperando que abran. Prefiero quedarme acá”.
La resistencia a la ayuda estatal por parte de Pin Pon no es un caso aislado. “La acción de tomar todas las cosas, por muy pocas y precarias que sean, y botarlas a la basura, transmite un mensaje. Esta práctica -que ha sido sostenida en el tiempo-, genera rechazo en estas personas. “Por eso la gente en situación de calle no accede fácilmente a las ayudas del Gobierno”, explica Carolina Llanos, integrante del Área de Estudios de la Fundación Gente de la Calle.
…
En un estrecho rincón de la calle Villavicencio, en la comuna de Santiago, tras unas sábanas enganchadas en la pared, vive René Zúñiga (44). Es un hombre de baja estatura y contextura delgada. Sobresalen de su rostro unos marcados pómulos y le faltan tres dientes en la corrida superior. Su colorido pelo, teñido de rosado, amarillo y naranjo, aliviana la dureza de su huesuda cara.
René lleva cinco años pernoctando por las calles de la capital. Al igual que muchas personas en esta situación, Zúñiga vive de la generosidad de los vecinos. Se ha ganado el respeto y estima de varios. Muchos dejan sus autos bajo su cuidado y a cambio de este servicio, recibe dinero. “Con 15 lucas tengo para el mes. Para la comida y las drogas, para qué estamos con cosas, sí yo consumo”.
La ubicación de René es estratégica. “Es un eje con alto flujo vehicular y de personas, y aquellos en situación de calle, a veces, viven de la limosna o se dedican a la venta de dulces o chocolates. Tampoco descartamos que algunos cometan delitos con intimidación”, explica el Coronel de Carabineros, Ricardo Soto.
La Municipalidad de Santiago sostiene que, frente a una denuncia, el lugar es visitado de inmediato y ofrecen apoyo social y traslado a los albergues del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En caso de que las personas en situación de calle se opongan, se les informa que no pueden seguir pernoctando en el lugar y que la Dirección de Seguridad Vecinal y Resguardo, en conjunto con la Dirección de Aseo y con apoyo de Carabineros de Chile, procederán al retiro de los enseres y desechos de la vía pública. “La gente que me tiene mala, llama a los de la muni para que me saquen”, cuenta Zuñiga.
Cada dos meses vienen las autoridades municipales y desmantelan a René. De hecho, lo dejaron sin nada hace menos de 30 días. “Gran parte de las cosas son basura, que no sirven para mucho. Los camiones de la municipalidad las retiran y se las llevaban”, sostiene el Coronel Ricardo Soto. René cuenta que lleva más de un año siendo desplazado de Villavicencio. Sin embargo, regresa y se instala en el mismo rincón. No le gustan los albergues. “Prefiero estar en la calle. Hago lo que quiero, como lo que quiero, puedo drogarme. No es inseguro para mí, tengo mi cuchilla acá”.
“La situación de calle es un fenómeno multicausal”, explica Carolina Llanos, integrante del Área de Estudios de la Fundación Gente de la Calle. Por esta razón, es importante diferenciar vulnerabilidades y caracterizar complejidades. “No es lo mismo vivir en la calle para un migrante de 35 años que puede trabajar que para una mujer de 20 años que está embarazada. La diferencia de realidades implica que la situación calle sea abordada con una doble perspectiva; una preventiva y otra reparadora”.
Pin Pon se escapó del Sename, “nadie me buscó”, dice. Desde ese momento, vive en la calle. “Nunca he estudiado, nunca he trabajado, nunca nada. Aparte, cuando pendejo me metía hueas”. Consume drogas desde que tiene 9 años. “Partí con neopren, cicotrópicos, bencina, gas. Todo lo que era alucinógeno. Eso ya no lo consumo, ahora pura falpoa, marihuana y pasta base, lo normal”.
Según el Informe Estadístico Nacional realizado en marzo de este año, del total de personas en situación de calle 11.818 (58,7%) consumen alcohol, 6.250 (31,0%) pasta base, 6.130 (30,4%) marihuana y 2.304 (11,4%) otras sustancias. “Me pongo odioso con el copete, por eso estoy tomando menos”, afirma René. Al igual que Pin Pon, intenta disminuir el consumo de drogas. “Tengo que desintoxicar mi cuerpo. Pero drogado, funciono mejor”, dice Pin Pon.
“Una persona con adicción necesita un tratamiento, no le sirve un subsidio”, explica Carolina Llanos. “Muchas veces las ayudas del gobierno no tienen una perspectiva integral de lo que es la situación de calle. Entonces ofrece una ayuda que es súper homogénea”, afirma la experta.
…
Es de noche. Andrea Riquelme (36) deambula sola y drogada. Sus dos hijos la esperan en casa. No quiere volver. Sin fuerzas, se apoya contra un muro y su cuerpo lentamente empieza a caer. Siente el frío del cemento. A la distancia, divisa unas luces verdes y amarillas. Sentarse frente a una bomba de bencina le parece un lugar seguro para descansar. Le comienza a pesar la cabeza, se le cierran los ojos. Le ganó el sueño. Desde ese día que no vuelve a su hogar.
Andrea lleva un año en la calle. Hace unas semanas, Carabineros y la PDI la sacaron de Avenida Matta. Desmantelaron su ruco y la dejaron sin nada. Actualmente, no tiene dónde quedarse. Hay veces que pasa días sin dormir. “En la noche es muy peligroso, aún más siendo mujer”, afirma Andrea.
Andrea tiene un nieto, Ibrahim. Quiere salir de esta situación, “ser una abuela presente”, dice con la voz entrecortada. Para ella, volver a su hogar no es algo fácil, secándose las lágrimas dice: “Cuesta, pero lo estoy intentando”. El Coronel Soto afirma:“A veces, la familia trata de recuperarlos y ellos no quieren volver a algo normal, a tener una cosa, volver con su familia, porque se acostumbran a vivir en la calle o bien están enfermos producto de la droga y el alcohol”.
“Es una problemática que escapa del control de toda norma, es un tema social y gubernamental”, explica el Coronel Soto. “Debieran generar medidas específicamente dirigidas a la situación de calle, no un plan de recuperación de espacio público que por consecuencia ayude a las personas en situación de calle”, explica Carolina Llanos. “Se debe fortalecer la política pública para que a nivel estatal se cumpla con los derechos que han sido vulnerados”.
María Paz Martínez (@pacitamartinez14) es estudiante de periodismo de tercer año en la FCOM — UC (@fcomuc). Hizo su práctica interna en la Radio UC y ahora está cursando Taller Prensa.
Preocupación, temor y molestia: el diario vivir de los vecinos del Parque del Recuerdo Cordillera
Los funerales de alta peligrosidad han aumentado en Chile. En 2022 se registraron 380 y los cortejos fúnebres son algo cada vez más común. Para llegar al Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, las carrozas deben atravesar por el barrio Altos de Manquecura de Puente Alto, el cual ha visto alterada su tranquilidad a causa de la inseguridad y el ruido de los funerales. Esto ha afectado directamente el diario vivir de los vecinos del entorno.
Por: Vicente Rodríguez (@vicenterodrigueez)
Editado por Paula Witt (@paulawittret)
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Es un día tranquilo en la calle Santa Rosa del Peral en Puente Alto. Paola Valenzuela (49), vecina del sector, espera como de costumbre que su hijo Alonso llegue a la casa luego de su jornada escolar. En medio de la calma y el silencio de la villa Altos de Manquecura, ubicada en la misma comuna, comienza a escuchar cómo se aproximan las bocinas de un nuevo cortejo fúnebre, que pasará por afuera de su casa en dirección al Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera. Muchos pensamientos cruzan por su mente: “¿será un funeral peligroso?”, “¿se topará Alonso con él?”. La preocupación y temor la llevan a advertir a su hijo por teléfono, entrar su vehículo estacionado frente al portón de la casa y resguardarse hasta que pase el alboroto.
Los cortejos fúnebres han impactado directamente el diario vivir de los vecinos de Altos de Manquecura. Inaugurado en 1998 y con 59 hectáreas de terreno, el Parque del Recuerdo Cordillera se sitúa en la calle Santa Rosa del Peral, una de las vías principales de la villa puentealtina. Para llegar al recinto es necesario cruzarla. El cementerio se caracterizó mucho tiempo por sus áreas verdes, silencio y la tranquilidad de las casas que lo rodeaban. Sin embargo, estos últimos años, la frecuente llegada de funerales con ruidos como bocinazos, gritos, fuegos artificiales y balazos ha vulnerado la paz y seguridad que los vecinos ostentaban.
Paola Valenzuela vive en Santa Rosa del Peral desde 2008, junto a su esposo Javier y sus tres hijos: Cristóbal, Renata y Alonso. “Decidimos mudarnos por la tranquilidad de la zona, al estar alejada de grandes avenidas. Cuando llegamos daba un poco de miedo vivir cerca del cementerio por el silencio y la soledad, pero con el pasar de los años, el alboroto de los funerales peligrosos que empezaron a llegar cambió el estilo de vida que teníamos. Vivimos siempre alerta”, cuenta Paola.
“Afortunadamente nunca nos ha ocurrido algo, pero sí hemos pasado hartos sustos”, dice. Su hijo Alonso está cursando primero medio en el Colegio Manquecura, ubicado a unos pocos minutos de su casa. Desde séptimo básico, vuelve caminando una vez terminadas las clases, y para ella es una preocupación el posible encuentro con algún funeral de alta peligrosidad. La comunicación a través de sus celulares es clave para advertir a Alonso acerca de la llegada de un cortejo fúnebre.
Para Paola es preferible evitar que su hijo se encuentre con el evento por la agresividad de algunos asistentes, de la cual ya ha sido víctima. Una tarde de 2022, mientras preparaba el almuerzo, comenzó a escuchar el sonido de las bocinas que indicaban la llegada de un nuevo cortejo fúnebre al cementerio. Ante la alerta, interrumpió la actividad y fue a comprobar que el portón permaneciera cerrado. En ese momento, se percató de que su camioneta estaba estacionada afuera, pero ya era demasiado tarde para entrarla: las bocinas y los gritos se escuchaban en plena Santa Rosa del Peral. “Mientras pasaba el cortejo escuché sonar la alarma de la camioneta, pero creí que se debía al ruido. Cuando pasaron todos los autos, fui a entrar el mío y me di cuenta de que uno de los vidrios había sido roto. Por eso había sonado la alarma”, cuenta Paola.
La frecuencia de los funerales ruidosos y de alta peligrosidad se ha vuelto común en el Parque del Recuerdo Cordillera, al estar situado cerca de comunas de alta peligrosidad. Francisco Collao, Supervisor de Seguridad del parque, da una estimación acerca de estos eventos. “Casi el 90% de los servicios viene tocando bocinas, ya es algo normal. Estos eventos de alto riesgo, donde viene gente agresiva y con conductas peligrosas, ocurren semanalmente. Y los más peligrosos, donde vienen acompañados de Carabineros, entre dos a cuatro veces al mes”.
A pesar de que el cementerio fue fundado con la intención de otorgar un espacio de descanso para los difuntos de las comunas aledañas, el parque recibe funerales de diferentes sectores de Santiago. Aquellos calificados como de alta peligrosidad, luego de haber sido investigados previamente, suelen tener una convocatoria masiva, por lo que el servicio de Carabineros es fundamental para poder controlar a los asistentes. “En esos casos, Carabineros toma el mando; cierra las calles, restringe el acceso de vehículos y revisa a todas las personas que asisten al funeral. De hecho, ahí es cuando suelen tomar gente detenida por causas pendientes o portar armas”, explica Collao.
Carabineros se prepara ante estos eventos a través de un sistema de datos que permite evaluar la peligrosidad del funeral. “A través de escalas de medición que toman factores de riesgo como el lugar de residencia del fallecido y de los acompañantes, el número de detenciones y la gravedad de los delitos, se determina el contingente de Carabineros que acompañará al servicio y determinará la ruta más segura”, explica el teniente David Guzmán.
Aunque existe una organizada preparación por parte de las fuerza policiales, la inseguridad de los vecinos se hace presente en las visitas inesperadas de asistentes de alto riesgo, y durante los trayectos de funerales calificados como insuficientemente peligrosos para requerir el apoyo de la fuerza pública.
Karla Méndez, vecina de Altos de Manquecura, visita semanalmente la tumba de su abuelo en el Parque del Recuerdo Cordillera. Un día, cerca de las 14:00 horas, Karla se encontraba en silencio mirando la lápida de su ser querido. En medio de la calma que entrega la naturaleza del recinto, se percató de la llegada de un escandaloso grupo que venía a visitar la tumba de alguien. Intentó desviar su atención de quienes ingresaban, por miedo a que le hicieran algo. Mientras pasaban, el silencio se convirtió en gritos y desorden. Karla, molesta por la interrupción, miró al grupo buscando empatía y comprensión, pero la única respuesta que recibió fue un “qué pasa”, intimidante. Para evitar cualquier conflicto, dejó seguir el alboroto. “Cuando me fui, avisé lo que ocurrió al personal del cementerio y me pidieron disculpas, además de decir que no podían hacer nada”, recuerda.
Junto a la inseguridad, el temor y la preocupación, el ruido causado por los cortejos fúnebres es una de las principales molestias en el diario vivir de los habitantes del sector. Eva Muñoz reside en Santa Rosa del Peral hace 22 años y la contaminación acústica es uno de los principales factores por el que se arrepiente de haber comprado su casa. “Cuando llegamos había funerales, pero eran tranquilos. Nunca dimensionamos el ruido que íbamos a tener que soportar y normalizar, indebidamente, al vivir al lado de un cementerio”, cuenta.
Eva vive junto a su hija y sus cuatro mascotas, dos perros y dos gatos. Como responsable de la familia, se ha visto obligada a acostumbrarse a la incomodidad generada por las bocinas y los gritos que pasan por fuera de su hogar. Sin embargo, Rocío, su hija de 13 años, y sus mascotas, han sido los más perjudicados. Eva recuerda que cuando Rocío era más pequeña, no entendía a qué se debían los ruidos. “Pensaba que era una celebración, de hecho, una vez salió al antejardín a mover una bandera de colores mientras pasaba uno de los funerales”. Con el transcurso de los años, entendió que el alboroto que formaba la columna de autos era parte de un funeral. En el presente, Rocío está cansada y se resiste a normalizar los molestos sonidos que la han acompañado desde recién nacida y que le impiden concentrarse para estudiar o para descansar durante el día. En más de una oportunidad le ha hecho saber el enojo a su madre, pero Eva solo puede consolarla.
De sus mascotas, los perros son los más perjudicados. Cada vez que el bullicio aparece, los animales buscan un lugar donde esconderse por el estrés que les genera el ruido. “Trato de reunirlos para tranquilizar a los dos. Se ponen muy nerviosos y tengo que hacerles cariño para que se sientan seguros”, cuenta. La mayor preocupación de Eva es cuando tiene que dejar solas a sus mascotas para ir a trabajar. “Si acompañados se ponen nerviosos, me da pena imaginar lo que sienten cuando pasa un funeral y no hay nadie en la casa”, expresa.
El cementerio ha implementado dos acciones para atenuar el problema de la comunidad: instalar carteles en la entrada del lugar, en los que se pide silencio; y notificar a través de un grupo de WhatsApp, entre los vecinos y el Coordinador de Comunidades, la próxima llegada de los funerales peligrosos para que cada hogar tome sus propias medidas.
Así y todo, vecinos como Paola no están contentos con las medidas que ha tomado el recinto.
Al ser consultada, el área de Comunicaciones del Parque del Recuerdo Cordillera no quiso referirse a la problemática. Paola ha denunciado su preocupación y molestia en más de una ocasión, pero las respuestas no la han dejado conforme. “Me dicen que hacen todo lo que está a su alcance y me mandan a reclamar a la municipalidad”, cuenta.
La Municipalidad de Puente Alto está informada sobre el problema gracias a las quejas que han hecho vecinos como Paola. Desde 2022, la única acción que implementó para combatir la inseguridad fue la instalación de una caseta de seguridad en la calle principal del barrio, Diego Portales.
Miguel Padilla es uno de los inspectores municipales que trabaja, en turnos de ocho y diez horas, en la caseta que tiene acceso a todas las cámaras de la municipalidad de la comuna. Su trabajo consiste en revisar los dispositivos y notificar a la central si ve que ocurre algo que atente contra de la seguridad de las personas, para que ellos notifiquen a Carabineros. “Mi labor se limita a eso. No puedo meterme si pasa algo afuera de (la caseta), porque no tengo nada para defenderme y mi vida estaría en juego”, dice Padilla.
Si bien la caseta ha hecho sentir más seguros a los vecinos de los robos, no se han aplicado medidas efectivas para finalizar con la inseguridad y molestia de la comunidad. Desde la seguridad del municipio y del cementerio, Miguel Padilla y Francisco Collao, coinciden en la incapacidad de poder ayudar más ante los funerales de alta peligrosidad. Para ambos, Carabineros son los únicos habilitados para presentarse como una autoridad ante la agresividad de algunas personas. “No hay mucho más que hacer”, dice Collao. “Si Carabineros tiene poco respaldo, ¿qué nos queda a nosotros?”.
Vicente Rodríguez tiene 20 años y es estudiante de tercer año de Periodismo en la FCOM-UC (@fcomuc). Anteriormente, ha publicado en el medio digital “La Arenga del Abuelo”.
