por kmcero | Abr 10, 2024 | Reportaje, REVISTA, Tendencias
El caso de Katherine Yoma, la profesora antofagastina que se suicidó en marzo pasado tras ser víctima de hostigamiento y amenazas de un estudiante y su apoderado, puso el tema de la violencia ejercida contra profesores en establecimientos educacionales en la palestra. En un contexto en el que la evidencia nacional muestra que son más mujeres las víctimas, un grupo de profesoras de educación básica en el sistema público repasa lo más duro de ser violentadas por menores de edad en su trabajo y ver que no son protegidas por las instituciones donde se desempeñan.
Por María Paz Martínez
@Pacitamartinez_
Edición: OPR Taller de edición FCOM-UC
Alicia Serrano (48) abre la puerta de la sala de clases donde se desempeña como profesora de enseñanza básica en un colegio ubicado en la comuna de Puente Alto hace dos años. Deja entrar a un alumno con el aliento cortado y con el afán de protegerlo, cierra de una vez. Tras él, por la ventana que da al pasillo, se ve a un compañero que corre furioso en su dirección, con los puños apretados. Este se detiene bruscamente y comienza a golpear el vidrio de la ventana y que ahora es lo único que los separa. El alumno no se calma. Serrano, la profesora de ambos estudiantes de 10 años, no sabe qué hacer. Entonces, el vidrio estalla en pedazos. El menor que provoca el incidente se mira las manos. La sangre corre por sus brazos.
“Fue terrible, fue la experiencia más fea a la que me he enfrentado. Ver un niño tan descolocado”, dice Serrano a un año del episodio. A propósito de este evento y otros similares que se sumaron con el tiempo, obtuvo una licencia médica de casi tres meses, por la angustia que los episodios le generaron.
La violencia escolar ejercida contra profesores en establecimientos educacionales es un problema de largo aliento. Katherine Yoma, profesora de inglés de la Escuela D–68 de Antofagasta, se quitó la vida hace un par de semanas, tras recibir amenazas de muerte por parte de una estudiante y su apoderado. Este episodio puso el tema en la palestra. Además implicó que instituciones como el Ministerio de Educación y organismos como la Superintendencia de Educación emitieran declaraciones sobre un problema que para docentes como Serrano siempre ha estado invisibilizado.
Incluso, hoy el Colegio de Profesores exige con urgencia la implementación del proyecto de ley Katherine Yoma, que propone la mejora de protocolos para el resguardo de docentes y trabajadores de la educación ante hechos de vulneración de derechos, acoso y agresiones a la vez que reclama sanciones para aquellos que incurran en ataques contra profesores.
De acuerdo con el estudio “Docentes ante las violencias en la escuela” publicado por el Colegio de Profesores en 2022 son muchas más las mujeres que han sido víctimas de violencia escolar. En este documento se dice que ese año 2.914 mujeres y 627 hombres fueron víctimas de insultos en sus establecimientos, mientras que 365 mujeres versus 83 hombres experimentaron golpes.
De acuerdo con la Superintendencia de Educación, en 2023 se registraron un total de 12.530 denuncias, lo que representa un aumento del 14,8% en comparación con el mismo período de 2022. De todas las denuncias realizadas en 2023 hasta el 30 de septiembre, el 71,1% (8.911 casos) están asociadas al ámbito de convivencia.
Serrano, con más de 20 años de trayectoria como profesora, nunca se había enfrentado a ese nivel de violencia por parte de menores de edad. Asegura que, desde que los colegios volvieron a exigirle a sus alumnos la presencialidad, todos los días hay incidentes de este tipo en el lugar donde trabaja. En ese sentido cree que la pandemia exacerbó los niveles de violencia. “Se amenazan, se dicen groserías que yo nunca había escuchado, como: ‘en la noche voy a ir a la casa y voy a violar a tu mamá’ (…) “Son cosas que uno escucha y dice: ‘esto no se le ocurrió a un niñito de 11 años’”.
UNA COMUNIDAD DOCENTE DAÑADA
Serrano no es la única profesora que ha identificado esta tendencia en Chile. El 2022, un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile evidenció que un 9,4% del cuerpo académico de aula se encontraba con licencia, habían reducido sus horas de jornada o habían renunciado. “La docencia se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo, con episodios permanentes de violencia, de agobio, de estrés, con altísima cantidad de licencias médicas porque la gente ya no soporta”, afirma Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras.
María José Pérez, profesora de historia, recuerda aquella vez que entró a la sala con los dedos apretados, pero dispuesta a dar su clase. La rodeaban 40 niños de 10 años. Que estuvieran todos callados no era requisito para comenzar. Repentinamente, un grito irrumpió por sobre el ruido de la sala. Pérez, asustada, levantó la vista y sobre los bancos, vio a un menor saltando y botando a patadas los cuadernos de sus compañeros. Pisaba las páginas con fuerza, gruñía mientras lanzaba al suelo los cuatro computadores de la sala. En medio de la conmoción, la educadora no se percató que el niño llevaba algo en la mano. Mientras evacuaba a sus alumnos, Pérez sintió un golpe en su cabeza que la dejó aturdida. El niño le había arrojado un ladrillo de madera. “Me quería morir porque yo no estudié para esto. Se me derrumbó todo”, dice hoy.
Nora Gray, psicóloga laboral, académica de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cree que en estas condiciones cuesta mantener la vocación. “El desgano, el ninguneo, el desprecio, se va acumulando y se va apagando el fuego interno, las ganas de ser profesor”, explica.
Con los ojos llorosos y la voz temblando, Pérez cuenta que incluso había un grupo de estudiantes que se mofaban verbalmente en la hora de clases: “Y yo, estoica, tenía que seguir con mi clase. Y eso es súper violento”. Con decepción, Pérez dice que en la universidad le dieron una perspectiva súper idealista. “Cuando salimos, creemos que vamos a cambiar el mundo”.
El ambiente hostil que rodea las jornadas escolares no se queda en los establecimientos, sino que la violencia persigue a los docentes hasta las redes sociales.
Carolina Palma, profesora de matemáticas, recuerda con los ojos llorosos y las manos cruzadas sobre su pecho la vez que un apoderado la amenazó públicamente por Facebook: “hasta aquí no más llegaste”, le comentó. “No podía salir de mi casa, no podía manejar, llegaba a la casa de mi mamá llorando”. Por este episodio estuvo más de 15 días con licencia médica.
AGRESIÓN QUE TRASPASA EL AULA
Ante la ausencia de una ley que regule la violencia ejercida contra profesores y profesoras en establecimientos educacionales, el gremio es tajante: “La sensación que tienen nuestros colegas es que muchas veces no se hace nada (…) nuestros colegas están abandonados”, afirma Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Sugiere que esto vaya a la par con políticas educativas, apoyo profesional y distintas estrategias. “Legalmente estamos en total desamparo. Mientras la política pública y la normativa educacional vigente no haga un cambio, nosotros no podemos hacer nada”, agrega Pérez.
“Hay que reconstruir la posición relevante de los profesores en la sociedad, son claves. (Deben estar) en un sitio de respeto”, complementa Gray.
Serrano, profesora de enseñanza básica, vuelve a recordar sus días en aquel colegio en Puente Alto, del que luego renunció. Dice que el miedo a ser nuevamente víctima era algo que la acompañaba no solo durante clases, sino que previo a ellas y después. “Es como que te dejen metida en una favela a las dos de la mañana. Es estar en constante alerta”.
En ese sentido, según los expertos, la agresión que experimentan los profesores no empieza ni termina durante el episodio de violencia que sufren en su lugar de trabajo. Quienes frecuentan contextos agresivos entran en un modo de supervivencia. “Entonces, el profesor o profesora va a estar con miedo, con la hormona del estrés alta, con todos los parámetros biológicos alterados”, afirma Magdalena Cruz, psicóloga clínica de la Universidad de Los Andes.
Bajo estrés, el cuerpo comienza a dar señales y surgen “problemas digestivos, trastornos del sueño y del apetito”, explica la psicóloga, Nora Gray.
Peréz por las noches se despierta gritando: “¡Chicos, porfa, silencio! ¡No! ¡No! ¡No le pegues!”. Serrano también sufrió de pesadillas y su doctor le aclaró que padecía de terrores nocturnos. Palma asegura que antes de ser violentada por menores: “Yo estaba sana, yo tenía ganas de trabajar, yo tenía ganas de hacer cosas y me enfermé, me enfermé tanto”, lamenta.
Gray explica que para las profesoras afectadas naturalmente habrá repercusiones de la violencia escolar en otras esferas de su vida. “Lo que me dio más rabia fue traer algo laboral a la casa”, suma Palma, “porque yo ya no era la misma, no pude funcionar como mamá, como esposa, como hija”.
A la hora de pensar en una solución, la psicóloga Gray dice que es un gran desafío, sobre todo si la violencia está normalizada. Además, hay veces que no es responsabilidad de los docentes intermediar, ya que son las condiciones específicas de sus estudiantes las que entran en conflicto, explica Gray. “Somos profes, no somos enfermeros, psicólogos o psiquiatras”, manifiesta Palma. “Los docentes enfrentan situaciones que los sobrepasan profesionalmente”, complementa Aguilar.
La invisibilización se debe, según las mismas profesoras, a que es un enfrentamiento dispar. “Trato de resguardarme también. Si tocas a un niño y lo contienes de alguna manera, también puede jugar en contra tuyo”, afirma Serrano. Palma agrega: “un menor te golpea, te trata mal, (no puedes) hacer nada, porque es un niño… Ellos jamás van a ser responsables de todos sus actos”. “Es una lucha interna”, dice Pérez y plantea que “uno tiene que entender que son niños carentes de sus familias”.
Según Gray, psicóloga, “es muy doloroso aceptar que personas que están en esas tiernas edades sean capaces de tamañas acciones”. Sin embargo, “por protegerlos a ellos, nos pasamos para el otro lado y los profesores muchas veces se ven atados de mano”.
María Paz Martínez (@pacitamartínez_) es alumna de cuarto año de Periodismo en la FCOM – UC (@fcomuc). El 2023 fue nominada al premio «Pobre el Que no Cambia de Mirada», organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza, por su reportaje titulado «Carpas y rucos: la eterna mudanza de las personas en situación de calle». Actualmente se desempeña como editora en Kmcero.
por kmcero | Ene 29, 2024 | Reportaje, REVISTA, Sustentabilidad
Según datos de la Contraloría, en 2021, más de 35 millones de unidades de medicamentos fueron desechados por vencimiento en los recintos de salud pública. Para evitar que terminen en el tacho de la basura, y amortiguar los altos gastos en fármacos que tienen que afrontar los pacientes crónicos, un grupo de ingenieros decidió instalar Farmaloop, una droguería independiente que liquida remedios a punto de caducar.
Por: Sebastián Cornejo I. | Tiempo estimado de lectura: 7 minutos.
Joaquín Rodríguez tiene 37 años y puede sufrir una trombosis en cualquier momento. A los 15, desarrolló un raro trastorno hemorrágico que hace que su cuerpo presente una deficiencia de protombina, una proteína cuya ausencia hace que su sangre sea más viscosa que la del resto. Vive prisionero de la warfarina, un anticoagulante cuyo valor asciende a los 30 mil pesos por cajetilla en las farmacias de cadena. Esos 30 mil se los “toma” en una semana. Si Rodríguez deja de consumir su pastilla un solo día, sería internado en la clínica casi seguro, como ya lo ha estado seis veces a lo largo de su vida.
Más de la mitad de los chilenos presentan actualmente dos o más enfermedades crónicas. Las cifras del Ministerio de Salud señalan que la obesidad (7 millones de casos), la hipertensión arterial (3 millones), y la diabetes mellitus (1 millón 700 mil) son de las más comunes. Aun así, una encuesta del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello realizada en 2021 indica que el 68% de pacientes crónicos tuvo que suspender alguna vez su tratamiento por el alto costo de los medicamentos.
“En un momento nos tuvimos que poner en la encrucijada de decidir si comprábamos el remedio o pañales y leche”, relata Synthia Barraza, esposa de Rodríguez, quien asegura que durante mucho tiempo estuvo luchando contra los gastos del tratamiento de su marido. Sin embargo, el 2022 encontró que a la vuelta de su casa había una pequeña farmacia que ofrecía la misma warfarina a 3 meses de vencer. ¿Su precio? Solamente 3 mil pesos.
Ubicado en el sector de Príncipe de Gales en la comuna de La Reina, Farmaloop es un centro de salud que abrió en 2022 por la idea de los ingenieros Felipe Díaz y Claudio Cea. Ambos trabajaban en laboratorios farmacéuticos, donde tenían que incinerar con “un dolor gigante” parte de los 40 mil millones de pesos en medicamentos que cada año no se alcanzaban a vender en el mercado. El tercer integrante fundador, Michel Tesmer, aportó con la “otra mirada”: la del paciente, al haber sido funcionario en un hospital clínico virtual como monitor de enfermos crónicos.
La farmacia destaca por ser la única del país cuyo objetivo es vender medicamentos que ya casi nadie quiere. Dicha estrategia es su objetivo para ofrecerlos a precios más accesibles. Felipe Díaz, ingeniero comercial y cofundador de Farmaloop, detalla que su modelo de negocio se basa en el concepto de “economía circular”, el cual “disminuye la destrucción de medicamentos y a su vez aumenta el acceso de los pacientes a tratamientos”.
Díaz asegura que de esta manera logran vender fármacos, tales como insulina, anticonvulsivos y warfarina, hasta con 80% de descuento sobre el precio de lista, dependiendo de qué tan próximos están de vencer. Generalmente es de 9 a 3 meses. Cuando queda menos de uno, los medicamentos son retirados para evitar que caduquen en las casas de los clientes. El 2021 pudieron salvar más de 20 mil remedios cuyos destinos iban ser expirar sin ser consumidos.
Farmaloop tiene convenio con la mayoría de los laboratorios que operan en Chile. Para obtener los medicamentos más baratos que las grandes cadenas, la empresa los compra cuando su vida útil ya es de “corta duración”, y en pocas cantidades. Así la empresa puede controlar el stock que va liquidando, según la cantidad de meses que le quedan al remedio. “Somos súper transparentes con la fecha de vencimiento y por ende con el descuento. En otras farmacias cuando al remedio le queda poco te lo venden al mismo precio”, agrega Díaz.
“En Chile los medicamentos están sujetos a las leyes del mercado. Al igual que la ropa o cualquier otra cosa”, señala Mario Rivera, doctor en farmacología de la Universidad de Chile. Dicho mercado es controlado, según cifras del Ministerio de Salud, en un 95% de sus ventas totales por tres grandes compañías: Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada.
En países de la Unión Europea eso no pasa. El profesor de farmacia clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristián Plaza, viaja regularmente a España por fines académicos: “Allá no existen los azules, los verdes y los rojos”, asegura refiriéndose a las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, respectivamente. En cambio, existe un “sistema de circuito”, donde cada sector urbano está adscrito a cierta farmacia. “Esto impide lo que ocurre en Chile, y que haya esquinas con cuatro farmacias, de cuatro cadenas diferentes mientras hay comunas donde simplemente no hay”, añade el docente.
“Los laboratorios venden los medicamentos al precio que el país pueda pagar”, describe Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de farmacia en el Instituto de Salud Pública. Es así como en Chile, según datos de la Central de Abastecimiento de Medicamentos (CENABAST), se compran remedios hasta 24 veces más caros que en otros países de América Latina.
El profesor Plaza explica que en Europa los precios de algunos medicamentos están regulados por los Estados, al igual que en países latinoamericanos. Dicha situación llevó a Synthia Barraza a conseguir esporádicamente warfarina desde Argentina hasta el 2017, mediante un familiar que solía viajar a ese país. El precio al que conseguía el anticoagulante, en ese entonces, era de 4 mil pesos chilenos por caja.
Con respecto a los posibles riesgos de consumir fármacos a punto de vencer, el doctor Rivera detalla que son casi nulos, pero hay que tomar precauciones con el almacenamiento: “Si las condiciones no son las óptimas, la fecha de vencimiento puede adelantarse”. Los fármacos líquidos, como gotas para los ojos y ampollas de insulina, pueden perder esterilidad y vencer más rápido que los comprimidos porque son más propensos a contaminarse con bacterias debido a su manipulación.
Rivera también explica que hay medicamentos, como los anticoagulantes que consume Joaquín Rodríguez, que con el mínimo cambio en la dosis causado por la degradación del fármaco puede provocar toxicidad o pérdida total del efecto: “Si una persona se toma un anticoagulante vencido puede traer como consecuencia que sufra una trombosis”.
Generalmente las farmacias del país retiran los medicamentos de las góndolas con al menos dos meses de anticipación a su expiración. Esta práctica ocurre no por un tema reglamentario, sino porque estos medicamentos son devueltos a los laboratorios a cambio de reposición de stock o descuentos. Sergio Muñoz, del ISP, detalla que el reglamento legal farmacéutico “únicamente prohíbe que se vendan medicamentos vencidos” y que la decisión de dejar de vender remedios a punto de caducar recae exclusivamente en el químico farmacéutico del local establecido.
Samuel Fernández es esa persona en Farmaloop. La farmacia recibe pacientes crónicos de todo Santiago y él se asegura de que ningún medicamento que venda el local exceda la fecha de vencimiento: “Primero los clientes compraban por internet, pero después venían a la tienda porque querían ver si la farmacia era real”, asegura, mientras imprime con papel reciclado la guía de stock que dictamina todos los remedios que tiene que reponer día por medio.
Fernández, quien atiende la farmacia durante la semana, detalla que Farmaloop no intenta competir contra las grandes cadenas, ya que su foco está puesto exclusivamente en un público marginado por el sistema farmacéutico actual: “No sé si los clientes están al alza, pero nos encuentran”. Por lo mismo, el químico afirma que sus clientes le van pidiendo personalmente que traiga distintos medicamentos para sus respectivos tratamientos. Para la epilepsia. Para la tiroides. Para la sangre. Es así como Synthia Barraza consiguió que trajeran warfarina a la farmacia en septiembre de 2022.
Cuenta que, en ocasiones, los vecinos del sector le solicitan remedios para otras necesidades médicas o que no tengan una caducidad tan corta, como soluciones de lavado nasal o cremas para la piel: “Cuando intento explicarles que si se los compro al laboratorio no los podría vender con descuento, me dicen ‘no importa, pago dos lucas de más para comprarlos aquí’, lo cual es bonito”.
“Esta es una idea que para mí es maravillosa, y si se puede replicar en otros lados sería bien recibida por la comunidad”, expresa Barraza. Mientras tanto, la directiva de Farmaloop está estudiando la viabilidad de instalarse en México dentro de los próximos años. La tienda sigue operando con su única sucursal física, pero con una red de envíos a nivel nacional.
Felipe Díaz asegura que cada vez es más difícil mantener estable el precio de los remedios, debido a que, entre otras cosas, la inflación ha aumentado el valor total en los cargamentos que ofrecen sus proveedores. Los precios de los medicamentos, especialmente los que tratan al sistema nervioso central, han subido un 13,7% en Chile entre los años 2021 y 2022, según un informe del centro de estudios Clapes UC.
El doctor Rivera enfatiza que Farmaloop es “una iniciativa fantástica”. Sin embargo, es enfático al decir que el consumo responsable de los medicamentos significa que el paciente tome solamente remedios dentro de su período de validez: “Eso es lo más importante. No importa que esté cerca o hasta el último mes, pero que se consuman hasta cuando indica el laboratorio. No hay dobles lecturas”.
Sobre el autor: Sebastián Cornejo (@seb.cornejo) es estudiante de cuarto año de Periodismo en la FCOM UC (@fcomuc). Es director del medio estudiantil El PUClítico (@el_puclitico). Se ha dedicado a cubrir política universitaria de la UC y las elecciones FEUC desde 2021. Además, es editor del Kmcero (@revistakmcero).
por kmcero | Ene 16, 2024 | Reportaje, REVISTA
En plena dictadura militar, un grupo de periodistas se organizó con el fin de esquivar la censura de prensa. Ante la necesidad de contar lo que estaba pasando, crearon la Carta a los Periodistas, un medio de comunicación alternativo que circuló entre los años 1984 y 1985, con sede en el Colegio de Periodistas. 50 años después, sus protagonistas reviven aquella época y relatan lo que la iniciativa significó para ellos y para las personas que pudieron leerla.
Por Lisa Parada Larenas (@lisaparadal)
Edición por Sebastián Cornejo (@seb.cornejo)
Estaban sentados alrededor de la mesa central en el quinto piso del Colegio de Periodistas, sede que integraba el Consejo Nacional y el Consejo Metropolitano, en Amunátegui 31. Los entonces once dirigentes, discutían sobre cómo informar a la ciudadanía en el escenario nacional de aquella época. Oriana Zorrilla (74), periodista que participó de la Carta e integrante del Consejo Metropolitano, ahora jubilada, cuenta: “Recuerdo que Gustavo Pueller (colega suyo) dijo: ‘oye, pero hagamos una carta, una carta a los periodistas’”. A principios de noviembre de 1984 se inició un boletín tamaño carta, de dos hojas, cada una impresa por ambas caras, que contenía las noticias más importantes de la jornada del día anterior. Para concretar la iniciativa de manera discreta, reutilizaron un boletín de circulación interna llamado El Periodista, en el que se informaba sobre lo que ocurría dentro del Colegio, las próximas reuniones, las cuotas, entre otros asuntos, recuerda Oriana.
Nadie imaginaba entonces, dice la periodista, la masificación que la Carta llegaría a tener. “Venían a buscar una copia los estudiantes universitarios, las federaciones, pobladores organizados, vicarías, grupos de derechos humanos, muchos organismos diferentes”, añade.
Como cuentan sus participantes, la Carta surgió como idea del Consejo Nacional y el Metropolitano. “Nosotros (como dirigentes) aprobamos y respaldamos de inmediato”, afirma el periodista Guillermo Torres-Gaona (74), dirigente del Consejo Nacional en dictadura. Así comenzó la redacción: “Buscábamos cómo contribuir a que terminara ese infierno en Chile y pudiéramos tener democracia nuevamente”, cuenta y revela que, pese a estar en su mayoría cesantes, el compromiso de los periodistas con la información era mayor.
Estimado colega:
Oriana Zorrilla en el Colegio de Periodistas (2023)
Cada día, todos llegaban a las 9:30 de la mañana y salían a buscar la información cerca de las 10. “Era un horror (reportear). Uno tenía que conseguirse monedas para llamar al Colegio desde un teléfono público, o más bien conseguirse uno de red fija para despachar lo que estabas reporteando”, cuenta Oriana mientras hojea el libro Carta a los Periodistas: Crónicas Bajo Estado de Sitio, una recopilación de lo que fue la iniciativa. Trabajaban de lunes a viernes hasta las seis de la tarde, tratando de respetar un margen horario para que los periodistas llegaran a sus casas antes del toque de queda, que partía usualmente a las 8 pm. Las personas en puestos de redacción y reporteo variaban, pero había cargos fijos. “Teníamos una reunión a media mañana, en la que Tati Penna e Isabel Torres (colegas) fijaban la pauta de lo que había que cubrir y reportear”, recuerda Guillermo.
La Carta comenzaba a repartirse, de manera gratuita, alrededor del mediodía (o 12 del día). Si bien la situación política prohibía la publicación de cualquier impreso, el boletín “era para los periodistas” comenta Oriana añadiendo con tono irónico que, de igual manera “lo hacían circular afuera” del colegio. Estimado colega: queremos informarte…, eran las cuatro primeras palabras que contenía el boletín, que ayudaban a la discreción que la iniciativa requería al comienzo, pero con el tiempo “no pasaba nada de piola”, según Oriana. Posteriormente, se desplegaban dos hojas con ambas carillas cubiertas de información del día anterior, que combinaba datos sobre interrogatorios, noticias internacionales que otros medios compartían y la descripción de casos de quiénes estaban siendo detenidos, secuestrados o liberados en Chile.
María Olivia Monckeberg (79) periodista que participó de la iniciativa, además de presidir el Consejo Metropolitano, describe la Carta como: “una acción de resistencia ante una situación totalmente anómala, para poder darle información mínima a la gente. No eran grandes reportajes, era información chica”. Pero, aunque fuera acotada o superficial, no por eso dejarían de hacerla, “no podíamos dejar de informar”, relata la periodista.
Contaban con sólo tres máquinas de escribir y una fotocopiadora donada por organizaciones de periodistas internacionales, rememora Oriana: “Hacíamos la Carta en hojas con papel calco, de ahí sacábamos cinco copias, luego fotocopias y con esténcil también”, dice. El fin era replicar los ejemplares para dar abasto a las personas que iban a retirarlas a la sede del Colegio o para repartirlas en la calle o a la salida del metro.
Una larga fila
El alto edificio del Colegio de Periodistas se transformó en la casa matriz de la distribución de estos ejemplares. Antes de comenzar a entregar la carta solía generarse una fila que iniciaba en la puerta de la oficina principal del Consejo Nacional, ubicada en el quinto piso. Esta recorría el edificio, bajando los 20 escalones de cada piso. Según relatan sus participantes, una vez fuera, la hilera de personas continuaba por Amunátegui hasta llegar a la calle Agustinas y posteriormente chocaba con Teatinos. Si bien esta se disipaba durante la tarde, personas seguían apareciendo hasta antes del cierre de la sede.
Escalera del Colegio de Periodistas de Chile
«Nos dimos cuenta de que no teníamos capacidad para hacer tantos boletines y organizamos grupos, agrupaciones que representaran a otros, para que luego las distribuyeran y reprodujeran”, explica Jorge Andrés Richards (75), periodista y dirigente del Consejo Nacional en dictadura. De esta manera comenzó a perderse el rastro de la cantidad de copias repartidas por ejemplar. Se sabe que hubo 144 ediciones de la Carta a los Periodistas, entregadas entre 1984 y 1985, pero no cuántas copias se hicieron en total. “Por fax se empezó a mandar a regiones, a los colegas dirigentes que sobrevivían”, cuenta Oriana. En Concepción e Iquique se les sumaba información regional sobre lo que estaba ocurriendo. Dentro de las noticias podías encontrar titulares como: “Secuestran a la hija de …”, que contenía el detalle de la hora y lugar donde fue vista por última vez, qué se encontraba haciendo o hacia donde se dirigía.
No tenían financiamiento, se apoyaban en aportes de los colegas, la mensualidad del Colegio y las donaciones de otros periodistas. “Alguien trajo un gran tarro de leche nido vacío, cerrado y con un orificio en la tapa. En la parte visible del tarro se había sacado la etiqueta de leche en polvo y se le puso: “Carta a los Periodistas”, recuerda Oriana, ahí la gente que iba a recoger el ejemplar hacía su aporte voluntario. Con eso financiaban los implementos que necesitaban para reproducirla, papel, tinta y cinta para las máquinas de escribir.
Pero la ayuda no sólo se veía en lo económico. Según relata Guillermo, la colaboración de los periodistas de medios formales, que no estaban clausurados, era clave: “Nos entregaban información y antecedentes que tenían por su lado”. Oriana lo reafirma: “Los colegas nos entregaban noticias que ellos no podían publicar por la censura”. Además, por su parte, los dirigentes sociales que retiraban la Carta en la sede aprovechaban de poner al día a los redactores sobre lo que ellos estaban haciendo. Así la información venía de diversas fuentes.
Enfrentando el miedo en conjunto
Con la gran difusión, llegaron las amenazas. Sus participantes cuentan que diariamente eran perseguidos por los militares. Había amedrentamiento de diverso calibre: “Nos decían que nos cuidáramos que nos iban a sacar la mugre, pero no los pescábamos”, cuenta Jorge Andrés. “A los dirigentes nos amenazaban de muerte. A mí me tiraron gatos muertos en el antejardín con el nombre mis hijos (escrito en el cuerpo de los animales)”, relata Oriana, “no nos pasó mucho, pero era muy duro”.
“Siempre como ser humano uno tiene miedo, pero al estar juntos enfrentábamos ese miedo en grupo”, cuenta Guillermo. Como institución no sólo distribuían la Carta, sino que también organizaban manifestaciones callejeras, exigiendo la libertad de prensa. “A más de alguno lo tomaron preso alguna vez”, señala. Producto de una marcha, Guillermo estuvo detenido por cinco días.
Las amenazas al Colegio se concretaron con el primer y único allanamiento que tuvieron durante la distribución de la Carta, el 5 de enero de 1985. Se registraron las dependencias de la oficina del consejo y les incautaron máquinas, entre ellas la fotocopiadora. Tras aquel episodio comenzaron a turnarse para cuidar el edificio, relata Guillermo. “Resguardábamos lo propio para poder continuar con nuestra tarea. Nos quedábamos toda la noche”.
El equipo de la Carta contaba con asesoría legal y de defensores de los derechos humanos. “Teníamos dos abogados, no les pagábamos ni uno, pero defendían a los periodistas que tomaban presos”, explica Oriana. Los cronistas relatan que ocurría algo “insólito” con el trato hacia la prensa por parte de las Fuerzas Armadas. Según Guillermo la tenacidad de sus abogados tenía mucho que ver. “Quizás tomaban cierto resguardo por el hecho de ser nosotros periodistas”. Al menos así se explica él que la Carta perdurara, pese a la situación de censura nacional.
En junio del año 1985, por orden del régimen, se dio por finalizado el Estado de Sitio en Chile, lo que permitió que medios que se habían visto obligados a dejar de funcionar, volvieran a hacerlo, aún bajo censura militar. Esto trajo consigo el final definitivo de la Carta a los Periodistas, María Olivia relata: “tuvimos que seguir con lo nuestro”, refiriéndose a sus trabajos paralelos a lo que hacían por la Carta, sin dejar sus puestos ni actividades dentro del Colegio.
Con fecha exacta el 28 de junio del mismo año, se publica la última edición de la iniciativa. En esta el equipo de redacción se despide de su público: “La Carta llegó a formar parte substancial de nuestras vidas en este difícil periodo, porque no solo permitió conocer y difundir aquello que otros se empeñaron en ocultar, sino que hizo posible que los principios éticos, morales y filosóficos que nos mueven en el ámbito profesional y personal tuviesen cauce para ejercerlos”, según narra este fragmento extraído de ejemplar número 144.
Ejemplar de la última Carta a los periodistas (1985)
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Sobre la autora: Lisa Parada es estudiante de quinto año de la @fcomuc. Su área de interés es el periodismo social y de investigación.
por kmcero | Ene 12, 2024 | Reportaje, REVISTA
Hasta 2018, el dispositivo intrauterino (DIU) era el segundo anticonceptivo más utilizado por las mujeres en Chile. Según la Organización Mundial de la Salud es uno de los métodos más efectivos, con una eficacia del 99%. Sin embargo, en redes sociales aumentan los testimonios de usuarias asegurando que su inserción resultó dolorosa. Expertas afirman que el dolor de ellas es normalizado y que, probablemente por eso, no se advierte ni se ofrecen opciones analgésicas. Esta investigación revela trabas culturales e institucionales para visibilizar el dolor femenino en procedimientos ginecológicos, como la inserción del DIU.
Por Antonia Ossandón Corral @hoodemons y Sofía Torres Meza @sofitmeza
Cuando Fernanda Medina (23) se puso por primera vez el dispositivo intrauterino a los 19 años, nadie le advirtió que la colocación dolería. Mientras estaba acostada en la camilla con los pies sobre los reposeros y las rodillas separadas, el pequeño pinchazo que le había mencionado el doctor se sintió como algo mucho peor. “Sentí como que me hubieran cortado, y me dolió muchísimo. Yo no tengo idea si fue realmente un corte, pero así lo sentí”, describió.
Durante la consulta, el doctor no le explicó el procedimiento. “Estaba todo en silencio. Él hacía las cosas adentro, pero no sabía qué estaba haciendo. Yo pensé que me cortó (…) dentro de mi ignorancia”, cuenta. Con ese mismo silencio, Fernanda dejó la consulta sin preguntar ni hacer ningún tipo de reclamo.
El DIU es uno de los mejores anticonceptivos de larga duración en el mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su porcentaje de efectividad alcanza el 99%, incluso como método anticonceptivo de emergencia hasta cinco días después de la relación sexual. Sin embargo, el uso del DIU ha disminuido drásticamente.
Según la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva de 2018, elaborada por el Ministerio de Salud, “del total de mujeres bajo control por regulación de fertilidad en el sistema público de salud, un 53% usaba DIU de Cobre en 2005, cifra que descendió a 24% en 2015”.
Para Mourielle Luna, matrona de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), los motivos por los que las mujeres no escogen el DIU son variados e influyó mucho la incorporación de nuevas opciones anticonceptivas al mercado. Pero cree que entre las causas que han visto disminuido su uso, podría estar el miedo al dolor del procedimiento. «No creo que sea el factor más importante, pero sí uno. Si esa equis saliera de la ecuación, es probable que la gente estuviese más abierta a decidir por un dispositivo intrauterino”, señala.
Fernanda está cerca de cumplir los cinco años con el dispositivo, el periodo máximo de efectividad del DIU hormonal, y debe renovarlo. Pero volver a pasar por el procedimiento le asusta. “Pienso en ponérmelo y es como ‘no quiero, no quiero volver a sentir ese dolor’”, asegura.
Como ella, muchas mujeres han experimentado dolor durante el procedimiento de inserción del DIU, el que -según la mayoría de los profesionales- debería ser solo una molestia. Expertas en género sostienen que la dolencia femenina ha sido sistemáticamente minimizada en la medicina, lo que se traduce en una normalización que las propias mujeres hacen de sus experiencias de dolor. Esta investigación recolecta y contrasta testimonios de usuarias y funcionarios de salud, revisa datos de artículos académicos e investigación científica, compara la normativa nacional con regulaciones extranjeras, y revela algunos reclamos ingresados a la red pública de salud por mujeres que experimentaron dolor en procedimientos ginecológicos.
El DIU en Chile
El dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo reversible que se coloca dentro del útero. Es un dispositivo hecho de plástico en forma de T, cuyo tamaño llega hasta los 3,5 centímetros de alto por 3 de ancho, aproximadamente.
De acuerdo al Manual para Proveedores de Planificación Familiar de 2022 de la OMS, existen dos tipos de DIU: el no hormonal, que tiene una duración de doce años y el hormonal, de cinco años. En ambos casos, el dispositivo hace del útero un ambiente no apto para la fertilización de ovocitos. El primero, más conocido como T de cobre, funciona por medio de la liberación de iones de cobre. Del segundo, también llamados Sistema Intrauterino Medicado (SIU), existen distintos tipos autorizados por el Instituto de Salud Pública, como el Mirena, Asertia, Levosert y Kylenna. Todos los SIU funcionan igual: liberan una hormona de progestina llamada levonorgestrel.
Según las cifras más actualizadas del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) en 2018, de 1.613.878 mujeres bajo el Programa de Regulación de la Fertilidad y Salud Sexual en establecimientos primarios de atención, 280.481 utilizaban un dispositivo intrauterino. Esto representa un 17,38%, convirtiéndolo en el segundo método más utilizado luego de la pastilla anticonceptiva, que alcanza un porcentaje de 31%.
Para la matrona María Verónica Schiappacasse, profesional del área Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), esto se debe a que la T de cobre lleva más años en el mercado y por su costo, es el método más barato a largo plazo. Actualmente, los precios del SIU van de 120.000 a 200.000 pesos en farmacias (ver precios de referencia en la web de esta farmacia), mientras que la T de Cobre cuesta 12.000 pesos, según la web de APROFA.
Los dispositivos intrauterinos destacan por su alta tasa de efectividad. Según el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), en un artículo sobre anticoncepción de emergencia, de 200 mujeres que utilizan este dispositivo en un año, solo una queda embarazada.
El dolor asociado a la inserción
La inserción del DIU puede durar entre 5 y 15 minutos. La colocación consiste, primero, en la medición del útero, utilizando un delgado instrumento cilíndrico de plástico llamado histerómetro, que le indicará al profesional qué tan adentro debe introducir el dispositivo. Según el procedimiento estándar, es necesario pellizcar el cuello del cérvix con una pinza en forma de tenazas, llamada pinza Pozzi, para inmovilizar la cavidad cervical. Finalmente, el médico carga el DIU en el dispositivo de colocación y lo introduce lentamente, para luego depositarlo dentro del útero.
“En general, cuando uno introduce un elemento extraño en la cavidad uterina, hay tres momentos en que se produce el dolor: cuando pinzas el cuello, cuando se realiza la histerometría y cuando abres el dispositivo”, asegura el ginecólogo de la Clínica Alemana, Manuel Parra. “Este dolor está descrito como un dolor de ovario fuerte y una situación que sería frecuente, pero es realmente tolerable (…) no es una situación del otro mundo”, afirma.
Un documento preparado en 2021 por la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Inglaterra afirma que no es posible predecir con certeza si una mujer experimentará malestar durante la inserción, ya que existen mujeres que solo sienten un dolor leve o moderado. Con esto coincide el médico René Castro, profesor de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Diego Portales y redactor de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad de 2006. Castro asegura que el dolor es un tema variable, donde, en su experiencia, la mayoría solamente sienten una pequeña molestia.
“Yo ya perdí la cuenta de cuántas miles de T habré colocado en mi vida, y no recuerdo nunca grandes escenas de dolor”, asegura Castro.
Sin embargo, nueva evidencia apunta en la dirección contraria. Este año, una investigación publicada en la revista internacional de medicina reproductiva Contraception, especializada en anticoncepción, concluyó que el dolor de este procedimiento puede llegar a 8 en un rango de 1 a 10 en la escala visual de dolor. Para este estudio, investigadores de dos universidades brasileñas les colocaron el DIU a 318 adolescentes. Dentro de este grupo, quienes más dolor experimentaron fueron las 83 participantes que nunca habían tenido un parto vaginal, de las cuales el 18,1% lo describieron como “moderado” y el 61,4% como “severo”. Los resultados fueron atribuidos a la falta de uso de anestesia local antes o durante el procedimiento.
Francisca Cañas (22) se colocó el SIU a finales de 2021, en una clínica privada en Santiago. Reconoce que desde el principio le ofrecieron llevar a cabo la inserción con anestesia, pero frente al alto precio que esto conllevaba, decidió intentarlo por la vía estándar. De acuerdo a la doctora, sentiría solo un pinchazo. Pero no fue así.
“Intentaba apretar la camilla, y respirar. (…) Era como tratar de luchar contra los instintos que uno tiene contra el dolor. La ginecóloga me decía como ‘No, si no duele tanto, es un pinchazo, nada más. Todos están siendo muy exagerados’”, cuenta Francisca. “Como que intentó bajarle el perfil (…) “Fue ‘abre las piernas, mete el objeto, y deja de moverte, porque esto no duele tanto’”.
Un estudio realizado en China y publicado en The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care en 2015 coincide con el testimonio de Francisca. Para este estudio se realizó un cuestionario a 135 mujeres que pasaron por el procedimiento y a 135 médicos que colocaron el DIU. Se concluyó que los doctores tendían a subestimar el grado de dolor experimentado por las usuarias.
La normalización del dolor femenino
Venus Amengual (24) decidió ponerse un SIU en la consulta de un ginecólogo particular para regular sus periodos largos, abundantes y dolorosos. Cuenta que, a pesar de la amabilidad del médico, él nunca le dijo que el procedimiento dolería. Pero sí le dolió y mucho: “Me llegué a desmayar”.
Luego de que Venus despertara del desmayo, el doctor le informó que el dispositivo no había sido soportado por su cuerpo, por lo que fue expulsado automáticamente del útero. “El médico me dijo ‘lo vamos a insertar de nuevo’ (…) lo insertó y yo me fui a mi casa llorando”.
De acuerdo a la ginecóloga Andrea Von Hoveling, directora de Ginecólogas Chile, una asociación que impulsa el enfoque de género en el ejercicio de la ginecología, cuando las pacientes presentan reacciones como vómitos o desmayos, se recomienda detener el procedimiento y retomar en otra sesión si es que la paciente así lo decide. Pero en la experiencia de Venus, esto no ocurrió.
Según la abogada especialista en género y Derechos Humanos, Dayana Méndez, autora de la primera tesis doctoral sobre Derechos Humanos y violencia obstétrica en España, situaciones como estas pueden ser consideradas como violencia ginecológica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no existe la intención de hacer daño. “Cuando se habla de estos conceptos en el entorno médico, no caen muy bien porque asumen que cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una intención deliberada de causar daño y es importante hacer énfasis en que no es así”, dice Méndez. “Hablamos de violencia porque hay una situación de desigualdad estructural”.
La abogada Méndez asegura que la naturalización del dolor de las mujeres en la salud sexual y reproductiva es estructural, tanto así que ni siquiera ellas mismas tendrían conciencia de que han pasado por una situación que podría llegar a ser violencia ginecológica. Para ella, esa sería la razón por la que las mujeres tienden a no manifestarse frente al dolor. “Cómo nos vamos a quejar de lo que nunca nos han dicho que está mal, de algo que siempre nos dijeron que está bien, que es la forma correcta y que es normal”, dice.
Para este reportaje, se presentaron numerosas solicitudes de transparencia a la Superintendencia de Salud y a todos los Centros de Salud Familiar (CESFAM) a cargo de las 52 municipalidades de las comunas de la Región Metropolitana y de las 16 capitales regionales del país, con el objetivo de llegar a denuncias de dolor en procedimientos ginecológicos En la solicitud, se pidieron todos los reclamos realizados por mujeres que incluyeran las palabras «dolor», «anticonceptivos», «dispositivo intrauterino» y/o «DIU» en su descripción. Todas las solicitudes presentadas a la Superintendencia fueron rechazadas, ya que ninguna de las palabras clave figura en su sistema de clasificación de reclamos y, por lo tanto, no podían filtrarlos y seleccionarlos.
No obstante, sí se logró obtener información a través de las solicitudes de transparencia presentadas a las Oficinas de Reclamos y Sugerencias (OIRS) de los CESFAM. A través de estas solicitudes, fue posible acceder a 36 reclamos por dolor y/o malos tratos de parte de los funcionaros en consultas ginecológicas, entre junio y octubre de 2023. De ellos, 33 son de la RM, dos de Puerto Montt y otro de Punta Arenas.
Por ejemplo, una usuaria de Recoleta reclamó haber sufrido dolor durante la extracción de un dispositivo intrauterino, tanto así que el procedimiento tuvo que detenerse para ser derivada a un hospital. Otra usuaria en la comuna de El Bosque manifestó haber sufrido dolor durante un tacto vaginal. Por otro lado, en la comuna de Santiago una mujer reclamó haber sido tratada de forma ofensiva por un ginecólogo, quien fue brusco al introducirle distintos instrumentos y al realizar un tacto vaginal, produciéndole mucho dolor y haciéndola sentir vulnerada.
La abogada Méndez recalca que la normalización del dolor de parte de las mismas mujeres podría ser la causa del bajo número de reclamos. “La naturalización de malos tratos, de ese dolor, de todas estas prácticas dañinas, han llevado también a que, al considerarse esto como algo normal, no exista una vía adecuada para tratar este tipo de reclamos”, afirma.
Frente a esta dificultad de utilizar las vías institucionales para reclamar, se ha vuelto muy común que las mujeres denuncien de manera informal, a través de redes sociales. A principios de diciembre, el hashtag #DIU en TikTok tenía más 1,7 billones de visualizaciones, donde mujeres de países como Colombia, México, Argentina y Estados Unidos cuentan su experiencia dolorosa, algunas aún en la camilla, en medio del procedimiento. Otras también mencionan la incredulidad de los profesionales: “Mi obstetra me dijo que era una drama queen”, asegura un comentario en inglés.
Imagen 1. Comentarios en TikTok
@hellomerrmerr I have been having extreme health issues my doctor thinks the IUD will correct. Im hoping hes right because this experience was not super 🙌🏻 not that the doctor wasnt super. Whole staff was lovely and amazing, but holy wow. Ive had things removed from my jaw with no numbing and THIS hurt worse. I would 100% block out your day if youre having this done. #iudinsertion #iudexperience #myiudexperience #iudpain ♬ Baby Girl – Disco Lines
Descripción del texto en español: “La inserción del DIU es el peor dolor que te puedes imaginar”, “30 minutos después de la inserción del DIU. Un dolor horrible. Simplemente terrible. Horrible”; “Estoy aquí para reportar que hacerse una cirugía columna con básicamente solo Tylenol en la recuperación es menos doloroso que ponerse un DIU».
Estos testimonios en redes sociales están incluso siendo materia de investigación. Un estudio de 2022, cuyo título en español dice “TikTok, #IUD, y la Experiencia de Usuarias con Dispositivos Intrauterinos Reportadas en Redes Sociales”, realizado por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, analizó 100 videos relacionados con la experiencia de usuarias de DIU, de los cuales 37,8% tenían un tono negativo y 19,4% positivo. De los 23 videos que hablaban sobre el proceso de inserción, el 80,6% tenían un tono negativo, 19,4% eran ambiguos y 96,8% destacaban el dolor asociado a la inserción o como efecto secundario. Al mismo tiempo, una cuarta parte de estos enfatizaban el deseo de algún tipo de anestesia en el procedimiento.
Una publicación publicada por el New York Times en diciembre de 2023, titulada “Getting an IUD Hurts. Why Aren’t More Women Offered Relief?” (Ponerse un DIU duele ¿Por qué no sé le ofrece más manejo del dolor a las mujeres?), hizo referencia a este estudio, mencionando que las redes sociales están “inundadas” de mujeres compartiendo sus experiencias de dolor con la inserción del DIU.
El uso de anestesia en Chile
Loreto Zablah, ginecóloga de Red Salud, únicamente lleva a cabo la inserción del DIU bajo anestesia general. “Yo llevo muchos años diciéndole a mis pacientes que no pongo el dispositivo intrauterino sin anestesia”, comenta. “Si quieren ponérselo sin anestesia, les puedo recomendar a alguien, pero yo ya me cansé de verlas sufrir”.
La inserción del DIU bajo anestesia general solo se realiza en el sistema privado. En la Clínica Alemana, el precio parte desde los 460.000 pesos, incluyendo solo la colocación y anestesia. Esto se debe a que la normativa vigente no permite ni recomienda utilizar alguna forma de anestesia en establecimientos públicos.
Los procedimientos de manejo de la fertilidad -incluyendo la inserción del DIU- están descritos en las Normas Nacionales sobre Manejo de la Fertilidad del Ministerio de Salud, documento que ha sido modificado en tres ocasiones. La última modificación es de 2018.
En la sección del dispositivo intrauterino, solo se menciona el dolor como un posible efecto secundario, pero no durante la inserción. Dice que en caso de que la mujer consulte sobre el dolor después del procedimiento, se pueden administrar “analgésicos no esteroidales, como ibuprofeno, paracetamol o naproxeno”. La norma también indica que se debe guiar a la paciente durante todo el procedimiento, instando a nunca ocupar fuerza durante la inserción. Si se presentan dificultades para dejar entrar el dispositivo, el especialista debe detenerse por completo.
La anestesia no solo no está recomendada en las normas del Ministerio de Salud, sino que incluso, está prohibida. La Ley 20.533 de 2011 modificó el Artículo 117 del Código Sanitario, estableciendo que las matronas no pueden usar técnicas quirúrgicas, dejando fuera la aplicación de anestesia inyectable en la inserción de DIU. Las matronas son las que comúnmente realizan este procedimiento en el sistema público de salud.
Respecto a la información que deben tener las pacientes para decidir su salud reproductiva, en 2010 se promulgó la Ley 20.418 sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, estipulando que al paciente se le debe informar de las consecuencias no buscadas de cualquier método de regulación de la fertilidad. Por otro lado, la Ley 20.584 que establece los Derechos y Deberes del Paciente, señala que toda persona tiene derecho a estar informada “de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar”.
Consultada al respecto, Andrea Von Hoveling asegura que informarles a las usuarias del al dolor durante la inserción es fundamental. “Cuando tú firmas un consentimiento informado –que para este procedimiento debería firmarse- tú estás dando fe de un procedimiento verbal, y en el procedimiento verbal, tú explicaste las implicancias, las complicaciones, y el dolor intenso se considera una complicación”, asegura.
Por otro lado, el ginecólogo René Castro, redactor de las primeras Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad en 2006, asegura que el dolor durante el procedimiento de inserción “no es tema, nunca ha sido tema. Puede ser molestosa la inserción, sí, pero solo molestosa”. Al mismo tiempo, menciona que no hay suficiente evidencia científica para regular el manejo del dolor durante la inserción. “Nosotros en medicina tenemos un concepto muy instalado: ‘las buenas prácticas, basadas en evidencia’”, dice. “O sea, haga lo que se ha demostrado que sirve”.
De acuerdo a la ginecóloga Loreto Zablah, la inserción bajo anestesia completa requiere de muchas cosas, siendo las más básicas y costosas, el pabellón y la atención de un anestesista. Para Von Hoveling, esta sería una de las principales barreras. “No se podría ofrecer universalmente la inserción bajo anestesia por un tema de contención de costos y logística”, afirma. Aparte de este método, estudios científicos indican que la anestesia local de lidocaína en forma tópica e inyectable también sirve. Sin embargo, no hay un consenso sobre cuál sería la más efectiva para este procedimiento.
Por su parte, el ginecólogo Guillermo Galán, quien participó en la redacción de las tres versiones de las normas, menciona que “la evidencia no muestra que haya una real diferencia entre los distintos sistemas y no hay una disminución importante de dolor”. Igualmente, se muestra abierto a una solución. “La causa del dolor es por una acción médica, no es por una acción de la naturaleza. Entonces mitigar este dolor, por supuesto que sería un muy buen objetivo de tal manera de evitarle una molestia a mucha gente”.
Actualmente, no existe un procedimiento estandarizado en cuanto al manejo del dolor replicado internacionalmente. Sin embargo, diferentes asociaciones como la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología (ACOG) en Estados Unidos y la Fundación Marie Stopes de México, una organización líder en salud reproductiva, recomiendan aplicar lidocaína inyectable en el cuello del cérvix para manejar el dolor del procedimiento. De la misma manera, en 2021, el gobierno de Reino Unido reconoció el dolor que sufren ciertas usuarias en una declaración oficial del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, y estipuló la obligación de informarles sobre las distintas opciones de anestesia, pudiendo optar entre anestésicos farmacológicos orales, tópicos o inyectables.
Reconocer una necesidad
El reconocimiento del dolor de las mujeres en procedimientos ginecológicos tiene aún un largo camino que recorrer.
“Hay una idea interiorizada y normalizada porque se ha hecho así siempre, de que esto duele y tiene que doler. En realidad, no hay una justificación (…) Hay que romper un montón de barreras ideológicas, sociales, culturales, médicas, científicas, para que empecemos a hablar de esto», afirma Dayana Méndez, abogada especialista en género.
“Aquí no pasa porque los centros de salud no compren lidocaína u otro anestésico, sino porque las personas que hacen el procedimiento reconozcan que vale la pena usar algún analgésico o un anestésico”, señala el médico especialista en políticas públicas de la Universidad Católica, Diego García-Huidobro. “No está dentro de la cultura local. No es algo que esté valorado como algo que se debiera de hacer”. Pensando en esto, considera que, de crearse una regulación del uso de anestésicos locales, sí existirían los recursos para capacitar a los profesionales y abastecer a los servicios de salud primarios.
Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género aseguran, vía correo electrónico, que eventualmente se podría regularizar su uso para mujeres que, por ejemplo, tengan antecedentes de violencia sexual, sean menores de edad u otros casos específicos. Sin embargo, destacan que la regularización a gran escala podría “agregar riesgos innecesarios a un procedimiento ambulatorio, vinculados al uso de anestesia en cualquier procedimiento médico. Además, aumentaría excesivamente los costos del procedimiento, generando una brecha de acceso muy grande”.
El área de Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos de SernamEG concuerda con el ministerio, pero asegura que es importante generar políticas públicas desde una perspectiva de género, que tomen en cuenta la experiencia de las mujeres, así como el dolor en procedimientos ginecológicos como la inserción de DIU, especialmente en leyes que traten la violencia gineco-obstétrica. “Si una mujer va a su control ginecológico para ponerse un DIU y tú no respetas a esa mujer que te está diciendo que le duele y sigues el procedimiento, estás ejerciendo violencia ginecológica”, dice la matrona María Verónica Schiappacasse. “Eso debería estar penado por la ley. Hoy día no lo está, solamente existen estas normas”.
*Este reportaje fue realizado por las estudiantes Sofía Torres y Antonia Ossandón, en la sección de la profesora Catalina Gaete del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
por kmcero | Dic 28, 2023 | Archivo KMCero, Reportaje, REVISTA
Chile ha sido uno de los países que ha recibido más venezolanos por la crisis política y social que atraviesa el territorio: cerca de 450 mil. En cambio, 50 años atrás, durante la dictadura, Venezuela fue el país latinoamericano de resguardo para un mayor número de chilenos. Cuatro exiliados cuentan su relación con el país que los acogió cuando más lo necesitaban.
Por Ricardo Ramírez @ricardo3r04
Edición de Raúl Esteban Santos @raul_stebn
La distancia entre Santiago y Caracas, capitales de Chile y Venezuela, es de cinco mil kilómetros o nueve horas y media de viaje en avión. Sin embargo, el tiempo y la distancia solo son un número al ser preso político. “En febrero de 1975 me ordenan subir a un avión de Iberia. No sabíamos el destino y tampoco si nos iban a matar. Al llegar, recién supe que estaba en Venezuela”, afirma Juan Ruilova (76), uno de los 80.000 exiliados que recibió este país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Juan Ruilova estudió Ingeniería en Construcción Naval en la extinta Universidad Técnica de Valdivia. En su época de estudiante se afilió al Partido Comunista, para luego ser docente en la Universidad Técnica de Santiago (actual USACH). Formó parte del cuerpo de seguridad de Salvador Allende desde que este se perfilaba como candidato político por la Unidad Popular.
Juan Ruilova en el extremo derecho de la imagen, subiendo al avión de Iberia el día que salió de Chile rumbo a Venezuela. Fuente: Juan Ruilova
En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, según recuerda Ruilova, una unidad de la Infantería de Marina atacó la radio de la Universidad Técnica de Santiago, con el objetivo de evitar que Allende se dirigiera al pueblo para llamar a un plebiscito en el que se sabría si se quería que el mandatario continuara en sus labores. Ruilova acudió a la radio por orden del subsecretario del Interior, Daniel Vergara.
Alrededor de las once de la mañana, tres unidades militares lo rodearon junto a sus compañeros en la entrada de Villa Portales, Quinta Normal. Ahí fue detenido y trasladado al Estadio Chile. “Era una irracionalidad absoluta, un odio increíble. Los militares nos golpeaban sin descanso”, recuerda.
Esa misma noche, le llamó la atención que el único embajador que se acercó para pedir por el bienestar de sus ciudadanos fue el venezolano, José Tovar. “En una ida al baño reconocí a un amigo venezolano, Mariano Rodríguez, un guerrillero de izquierda. Le pasé su nombre al embajador venezolano, un político conservador, y a pesar del distinto color político, cumplió su función y lo rescató”, reconoce Ruilova.
Él fue trasladado a otros cuatro centros de tortura durante el siguiente año y medio, hasta que un día cualquiera lo subieron a un vuelo con destino a Caracas. Allí, se enteró de la política migratoria abierta del Presidente de turno, Carlos Andrés Pérez. Durante los siguientes cuatro años trabajaría como docente en la Universidad Central de Venezuela.
Nunca abandonó su vinculación política, formando parte de la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En 1979, viajó de forma clandestina a Nicaragua para luchar como sandinista ante la dictadura de Anastasio Somoza (hijo), se hizo amigo de Fidel Castro, e incluso ingresó clandestinamente a Chile por Argentina para participar en el área de logística en el atentado del 7 de septiembre de 1986 contra Pinochet. “Yo estaba convencido de matarlo, era un acto de justicia política”, afirma Ruilova.
Luego de aquel intento fallido, volvió a Venezuela, y permaneció haciendo clases, participando de proyectos en la empresa petrolera estatal e incluso vinculándose con el Gobierno de Hugo Chávez en sus primeros años. En junio de este año volvió a Chile -ya de forma legal- con la intención de quedarse.
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Sergio Bitar (82), quien fuera ministro de Minería en 1973 (y más tarde, parte del gabinete de Ricardo Lagos y del primer mandato de Michelle Bachelet), luego del Golpe del 73´ fue llevado preso a Isla Dawson. Tras 14 meses, partió exiliado a Estados Unidos, donde formó parte de un equipo de investigación en Harvard. Por lo que él mismo cuenta, debido al atentado contra el ex embajador chileno, Orlando Letelier, en Washington, en 1976 abandonó el país por su temor a ser el siguiente en la lista de ataques de la dictadura chilena.
Gracias al auge económico de Venezuela, se radicó en aquel país y creó una empresa textil que dirigió junto a su esposa, María Eugenia Hirmas: “Yo no sabía de ese rubro, pero íbamos con buen capital y la economía venezolana nos favorecía. Nos fue muy bien”, afirma Bitar.
En 1975, en la localidad venezolana de “Colonia Tovar”, él asegura que reunió por primera vez a todos los políticos opositores a Pinochet que estaban exiliados en aquel país. En julio de aquel año, varios dirigentes de los partidos democráticos chilenos, desde el centro hasta la izquierda, reflexionaron en conjunto sobre sus responsabilidades en lo acontecido y se orientaron en un futuro común “por la liberación de Chile”, como se afirma en la declaración firmada por todos ellos. Michelle Bachelet llegó a comentar lo siguiente acerca de aquella reunión: “sería el germen de la coalición política más exitosa de la historia política chilena: la Concertación de Partidos por la Democracia”.
Reunión de partidos opositores en Venezuela. Fuente: Sergio Bitar
Ya en 1985, Sergio Bitar volvió a Chile para continuar con su carrera política.
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Yenny Miranda (66), hija de Sergio Miranda (89) -miembro de la Sinfónica de Chile y músico reconocido de izquierda-, vivió los meses posteriores al Golpe del 73´ escondiéndose de la Dirección de Inteligencia Nacional. A sus escasos 15 años, debía viajar en tren todas las semanas a Osorno desde Santiago para constatar la salud de su abuela, detenida en la cárcel de mujeres. Nunca decía su nombre y trataba de no hacerse notar, pues su madre estaba en las listas de búsqueda y captura por considerar que la familia encubrió la salida de un guerrillero de Chile.
“Un día que fui a visitar a mi abuela accedo a su expediente. Veo que buscaban a mi mamá y que la dirección de nuestra casa estaba incorrecta. Decía: ‘San Alfonso 986’ y nuestra casa era San Alfonso 869, por eso, por más que requisaban la cuadra, nunca dieron con nosotros”, asegura Miranda.
Yenny Miranda en el sofá de su casa en Chile durante la entrevista realizada para este reportaje el día 4 de julio de 2023. Imagen propia.
Su padre fue el primero en abandonar Chile a finales de 1973, y luego de una escala en Bolivia, llegó a Venezuela. Año y medio más tarde, arribaron sus hijos (Yenny y sus tres hermanos), mientras la esposa se encontraba detenida. “En Venezuela, el episcopado nos ayudó mucho. Enviaban cartas constantemente pidiendo por la liberación de mi madre y abuela, lográndolo para 1976”, recuerda Miranda.
En Venezuela, su padre inauguró la primera sinfónica juvenil del país y se estableció como músico hasta 1990, año en que retornó a Chile. Mientras tanto, Yenny decidió hacer su vida en Venezuela trabajando en el Ministerio Público de Caracas. A finales de 2022, regresó a Chile para cuidar de sus padres.
¿Por qué Venezuela?
Hasta hace diez años, previo al mandato de Nicolás Maduro, Venezuela se había caracterizado por ser un país con un alto número de inmigrantes. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2020 permanecían 1.324.193 extranjeros en ese país, a pesar de la crisis política que sumergía al territorio. Para esa misma fecha, el número de inmigrantes chilenos en el país caribeño era de 14.390.
Según datos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Venezuela fue el país de América Latina que acogió mayor cantidad de exiliados en la dictadura. Hasta 1984 se establecieron alrededor de 80 mil chilenos, y para la vuelta a la democracia, en 1990, se estima que esa cifra superó los 100 mil, casi la mitad de la cantidad total de exiliados chilenos en el resto del mundo, cerca de 200 mil.
El Presidente venezolano de turno, Carlos Andrés Pérez (1974-1979), tuvo una política migratoria abierta, teniendo en cuenta el convenio de reciprocidad de asilo diplomático entre Chile y Venezuela de 1954.
Cristina Bastidas es venezolana e hija de exiliados chilenos. Volvió al país de sus padres en 2011 para ejercer sus labores como periodista. Relata que en 1973 políticos venezolanos arribaron a territorio austral para sacar a profesionales chilenos de los centros de detención: “Venezuela entregó dinero y estrategias para que Chile saliera de la dictadura, además de que le ofreció trabajo a mucha gente, entre ellos, mi familia, que, aunque no salieron arrancando, igual fueron exiliados”.
Según el diario venezolano, “El Nacional”, esta fue una política de apertura que se remonta a los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Por la crisis económica que supuso tal enfrentamiento bélico, entre 1948 y 1961 ingresaron a Venezuela 920 mil inmigrantes (entre el 14% y 18% de población de la época), principalmente españoles, italianos y portugueses.
Precisamente, la segunda causa del aumento de la migración chilena y global hacia territorio venezolano se entiende por el auge económico que vivía este país. En 1956, gobernó en Venezuela el presidente militar Marcos Pérez Jiménez, época en que la moneda de aquel territorio, el bolívar, tuvo más valor que el dólar americano y en que el Producto Interno Bruto (PIB) se elevó un 60% por encima del de Estados Unidos. Por esto, el 28 de febrero de 1955, la revista estadounidense “Time”, nombró a Pérez Jiménez “Hombre del año”.
Ilustración de Marcos Pérez Jiménez en la portada de la revista Time del 28 de febrero de 1955. Fuente: Archivo Revista Time.
Con una economía boyante, el 1 de enero de 1976, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo. “Antes de la nacionalización del oro negro [el petróleo], el barril costaba tres dólares. Inmediatamente subió a 15 dólares y no paró de elevarse”, señala Manuel Hidalgo, economista de profesión y coordinador en la Comisión Nacional de Inmigrantes en Chile. Además, agrega que, sin contar a Chile, Venezuela fue el primer país de la región en adoptar una reforma neoliberal, modelo que recién llegó en la década de 1990 al resto de Latinoamérica.
Claudia Fedora (2019), historiadora y autora en 2019 de la investigación Exiliados políticos chilenos y migración económica en la Venezuela de los setenta, complementa que en dictadura “había que sumarle al ambiente pesado y miedo internalizado normal de una crisis humanitaria, la cantidad de profesionales chilenos preparados que no podían trabajar por las pocas oportunidades que ofrecía Chile. Si estaba la posibilidad de escapar de la represión e irse a la ‘Venezuela Saudita’ [por el dominio petrolero de aquel país en ese momento] con trabajo, había que aprovechar”.
Ese fue el caso de Jorge Rigó (70), músico chileno que se codeó con otros cantantes que hicieron su carrera en Venezuela, como Ricardo Montaner (argentino) u Olga Tañón (puertorriqueña). Rigó llegó en 1979 y encontró en las teleseries venezolanas de los 80´ su vía para consolidarse en aquel territorio. Grabó el tema “Sola”, pieza principal de “Las Amazonas”, así como “No renunciaré”, canción oficial de “El Sol sale para todos”. Con nietos venezolanos, Jorge volvió a Chile en 2017 por la crisis que enfrenta el país caribeño.
“Una lástima ver el daño que hizo la clase política, ver un país tan polarizado. Un territorio rico en petróleo, oro, clima tropical y gente alegre. Era un paraíso”, recuerda con nostalgia Rigó.
Jorge Rigó. Fuente: La Redacción Diario Social
La migración cíclica entre Chile y Venezuela
Hace 180 años, quien es considerado el más grande humanista de Iberoamérica y padre de la patria de Venezuela, Andrés Bello, fue el primer rector de la Universidad de Chile, además de ser el principal redactor del Código Civil, promulgado en 1855.
Un siglo más tarde, a finales de la década de 1950, Venezuela vivía una época complicada en la política. El 23 de enero de 1958, el presidente Marcos Pérez Jiménez fue derrocado por un golpe de Estado. Considerado como un régimen autoritario, su caída provocó la conformación de una Junta de Gobierno que duró un año. De vuelta en democracia, asumió en 1959, Rómulo Betancourt, con un discurso de poca tolerancia hacia el Partido Comunista, obligando durante los siguientes diez años a militantes de izquierda a tomar otros rumbos, entre esos, Chile.
“Entre 1970 y 1971, llegaron estudiantes de izquierda de la Universidad Central de Venezuela a Chile. Algunos, incluso perseguidos, aunque no era el mismo tipo de asedio para matar, como ocurriría años más tarde acá (…) Cuando yo llego exiliada a Venezuela en el 75 ́, son esos mismos venezolanos quienes nos reciben en sus casas, en forma de agradecimiento”, recuerda Yenny Miranda.
Lo que no pudieron prever los venezolanos es que a finales de siglo ellos se convertirían en migrantes en tierras chilenas. El 2 de febrero de 1999, asume como presidente en Venezuela, Hugo Chávez, militar y guerrillero de izquierda, quien el 4 de febrero de 1992 había fracasado en intentar derrocar al mandatario de aquel momento, Carlos Andrés Pérez, en su segundo período.
Chile fue uno de los principales destinos, ya que muchos de los nuevos migrantes tenían algún lazo directo con este territorio: era el reencuentro de familias separadas por la dictadura. No obstante, el grueso de personas que llegaron eran profesionales pertenecientes a la élite venezolana.
“La primera oleada era de un nivel socioeconómico y profesional muy alto. Mayor al común chileno. Eran empresarios que venían a realizar negocios. En muchos de los casos usaron a Chile como un trampolín para luego establecerse en países desarrollados como Estados Unidos”, establece Gonzalo Castillo, abogado migratorio de la Universidad de Chile, especializado en el éxodo venezolano.
Castillo agrega que la segunda oleada se da en la década de 2010 y aumenta con la llegada de Maduro al poder, en 2013. “Son profesionales que representan la clase media venezolana. Médicos, ingenieros, abogados, con un nivel de cultura más alto que el promedio chileno. Venían muy preparados, por eso eran bien valorados”.
La tercera y última oleada, comienza en 2019. “Estos migrantes son personas que no podían mantenerse en su país, por eso llegan por pasos fronterizos en situaciones deplorables. Su nivel de estudios baja, y lamentablemente se condice con una población violenta. Los chilenos no estaban acostumbrados a ese comportamiento del visitante, de ahí el cambio de paradigma hacia el venezolano”, añade Castillo.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos han abandonado su país. De ellos, según las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones de diciembre de 2021, 444.423 estaban en Chile. Para Manuel Hidalgo esa cifra no es precisa. Y considera que solamente llegaría a 400 mil.
Gonzalo Castillo estima que la comunidad llegó a su peak -de 550 mil personas- en 2019. Aunque por la pandemia y el deterioro económico de Chile, ese número ha disminuido, Chile sigue siendo el hogar de miles de migrantes venezolanos que han encontrado en este territorio una nación que los ha acogido.
Castillo asegura que “las cifras nunca serán exactas, hay que considerar a las personas que entran por pasos fronterizos no regulares, o quienes están de paso en Chile para continuar su camino”.
Medio siglo después, la memoria histórica recuerda que ambos países pueden estar más cerca que esos cinco mil kilómetros que separan sus territorios.
por kmcero | Dic 23, 2023 | Reportaje, REVISTA
Diez años después del golpe de Estado, la necesidad de los artistas chilenos de crear y expresarse era urgente. Como resultado, nació el centro cultural El Trolley, que en los años ochenta se convertiría rápidamente en el epicentro de las artes en Santiago. Refugio para artistas y músicos, este espacio desafió la censura y la represión y dejó un legado en la historia que sus testigos hoy recuerdan.
Por: Carolina Silva Brousset @carolina.silvab
Edición por: José Gubbins Correa @josejo.se
Tiñeron su pelo, pintaron sus ojos y se vistieron completamente de negro. Estaban de luto por el país. El dramaturgo Ramón Griffero, la actriz Carmen Pelissier y el actor Eugenio Morales subieron al escenario, cada uno con un televisor en sus hombros, en el cual rodaba una grabación de Augusto Pinochet. Era un registro antiguo de Pinochet dando un discurso a la ciudadanía chilena que utilizaron para efectos de la performance. De repente, sonó la canción Only you can make the world go round, de The Platters y los intérpretes comenzaron a bailar y a besar la figura del dictador a través de la pantalla.
El acto dejó a la audiencia sorprendida y un silencio absoluto inundó el oscuro galpón. Después de unos minutos empezó el evento principal, la fiesta llamada “Esperando 1984” en El Trolley.
En los últimos días de diciembre de 1983, justamente hace 40 años, y en plena dictadura militar, Ramón Griffero, uno de los dramaturgos y directores teatrales más destacados del país, difundió junto a sus compañeros un afiche invitando a la fiesta de Año Nuevo “Esperando 1984” en El Trolley. El gigantesco y lúgubre galpón, situado en la calle San Martín 841 y construido en 1917 con madera de pino oregón, era capaz de recibir a 700 personas.
Ticket de entrada a la mítica fiesta «Esperando 1984» en El Trolley
Abierto en 1983, su programación prometía teatro, rock y performance, ilusiones atractivas para la acotada carta de opciones de la época. El único indicio de que esta fiesta no era como las demás era la imagen del expresidente Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, señal de la diferencia política entre quienes controlaban al país y los integrantes de El Trolley. Este evento marcaría el inicio de una renovación cultural en la clandestinidad.
“No nos iban a arrebatar nuestra juventud. Había dictadura, pero nosotros seguíamos viviendo, festejando, resistiendo y denunciando lo que sucedía”, recuerda Griffero sobre sus convicciones de aquella época.
Ramón Griffero
En 1973, Griffero estudiaba sociología en la Universidad de Chile y pertenecía al Frente de Estudiantes Revolucionario, un grupo creado desde el MIR para ampliar su lucha política al ámbito estudiantil. Luego del golpe, se vio obligado a abandonar el país como refugiado y se trasladó a Londres, donde siguió con sus estudios. Luego pasó por París para estudiar cine y finalmente se estableció en Bélgica donde estudió y se decantó por el teatro. En 1983, volvió a Chile con un objetivo en mente: “hacer arte de resistencia”, dice.
Al mismo tiempo, el cineasta Pablo Lavín, recién llegado de Londres, buscaba un lugar en Santiago que sirviera como escenario para celebraciones y exhibiciones artísticas. Fue entonces cuando encontró un galpón en desuso que antes había sido sede del sindicato de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. En su honor, lo nombraron El Trolley.
Ese mismo año, los actores Carmen Pelissier y Eugenio Morales buscaban un director para su obra teatral. Hablaron con Gustavo Meza y él les dijo: “Hay un cabro que viene llegando de Bélgica, yo creo que él los puede dirigir”. Se refería a Ramón Griffero. Lo llamaron por teléfono, se reunieron y Griffero los terminó persuadiendo de montar su propia obra: Historia de un Galpón Abandonado. “Ramón nos convenció en dos minutos”, recuerda Pelissier.
Afiche de la obra «Historias de un Galpón Abandonado»
Juntos se embarcaron en este proyecto. En pleno centro de Santiago, El Trolley, liderado por Griffero, Pelissier, Lavín, Morales y un contador, cobró vida. Ubicado en un sector marginal, colindaba con una casa de prostitución, una central de la Policía de Investigaciones y la cárcel pública, que funcionaba como centro de detención de presos políticos.
Dentro del galpón, hombres y mujeres se paseaban con atuendos extravagantes; ropa de cuero, suspensores, telas con brillos y jardineras. Algunos iban sin polera, con maquillaje y ojos delineados. El Trolley se convirtió en uno de los primeros lugares donde travestis y punks podían caminar libremente. Se transformó en un hogar seguro para artistas que querían tener la libertad de vestirse de manera excéntrica, decir y reunirse de la forma que quisieran, a través de obras de teatro y música. Además, se celebraban fiestas icónicas, volviéndose uno de los pocos sitios de entretención para sus asistentes.
Al volver, Griffero se encontró con un país gris, dice. Se percató del “apagón cultural” que quería hacer la Junta Militar y quiso contrarrestarlo con el arte. “En el arte enunciamos los anhelos, los construimos. Era hacer realidad cosas que no se pueden en la realidad concreta”, dice.
Sergio Durán, en su libro “Ríe cuando todos están tristes. El entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet”, se refiere a esta “realidad concreta” de la época, a este “apagón cultural” que evidenció Griffero, cuando las autoridades optaron por cautivar a los chilenos a través de la cultura de masas. Según él, se alimentó la sed por entretención de la población con la “cultura huachaca” y programas televisivos vacíos en su contenido o de carácter banal, como El Festival de la Una, el Jappening con Ja y Sábado Gigante.
Fiestas, Música y Teatro
Para financiar El Trolley, sus fundadores organizaron lo que se conocieron como “míticas fiestas”. Los asistentes se desbandaban tomando y bailando, pero ellos debían mantener la compostura, protegiendo el espacio y asegurándose de que no se pasaran los límites permitidos.
Las personas bailaban y conversaban, comprando trago y esperando expectantes a que pasaran cosas. En los baños, algunos tenían sexo y otros aspiraban cocaína. En el escenario, los artistas se lanzaban desde un cordel y volaban por los aires, apareciendo repentinamente en medio de la multitud para hacer una performance. Uno de esos días, inesperadamente, Carmen Pelissier bajó de las escaleras vestida como Marilyn Monroe, con peluca amarilla y un vestido baby doll blanco, cantando My Heart Belongs to Daddy. “Toda la noche pasaban cosas. Todo el mundo iba a carretear, a lo que viniera”, cuenta Pelissier.
Algunos actores se ponían en la puerta cortando tickets, trabajaban en la barra sirviendo cerveza y vino a temperatura ambiente y otros hacían de guardaespaldas, para evitar una avalancha de personas intentando entrar al galpón. Los precios de las entradas iban desde los $100 hasta $200 de la época, lo que hoy en día serían entre $1.800 y $3.650.
La encargada de las finanzas, que tenía que ideárselas y obtener el dinero para la siguiente producción teatral, era la actriz y contadora Lina Boitano. La primera producción que tuvo a su cargo fue “99 La Morgue”, una obra que hablaba directamente de los detenidos desaparecidos y mostraba a Chile como una morgue. El financiamiento para esta obra, cuenta Boitano, fue muy difícil de conseguir: “En esos tiempos no existían recursos estatales para hacer algo artístico, siempre eran propios o de algún particular que pudiera aportar”, explica la contadora. Cada vez que hacían una fiesta o función, Boitano restaba del total recaudado un monto para la siguiente obra.
En los ojos de San Martín 841
Chilenos de todos los estratos sociales se veían seducidos por lo que El Trolley tenía para ofrecer. Guillermo Raurich era uno de los que no encajaba en el molde. Alumno del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue e integrante del club de Rugby Cóndores, no conocía realidades más abajo de Avenida Matta. “Me tocó una situación muy privilegiada en los años ochenta. Vivíamos en un mundo Bilz y Pap y por eso para mí fue un estallido, nunca había estado en un lugar así», recuerda.
Como estudiante de diseño, Raurich se interesó en la peculiaridad artística de El Trolley y de Matucana 19, un antiguo garaje mecánico que también se convirtió en un centro de resistencia cultural en dictadura, donde trabajó como parte de los escenógrafos. Los otros integrantes del club de rugby ya lo habían nombrado como “el chico comunista”, pero no era algo que le afectara. Es más, estaba decidido a que sus compañeros conocieran el lado B de su vida, por eso un día los invitó a una noche de fiesta. “Les regalé tickets a los Cóndores, vinieron en auto y esa noche los metieron a todos presos y estuvieron toda la noche en el calabozo. Al otro día teníamos partido”, recuerda entre risas Guillermo.
La música y el teatro eran los órganos palpitantes del Trolley, traían el galpón a la vida. En él tocaban grupos emergentes, como Los Prisioneros, UPA! y Bandhada. También se presentaban fuertes y crudas obras de teatro.
Becado en el Conservatorio de la Facultad de Artes desde temprana edad, Juan Cordech creció con una pasión por la percusión. Después de un intercambio en una prestigiosa escuela de música clásica en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Cordech se encontró con un Chile de mucha “agitación musical”, como dice, producida por la represión. Unirse a ellos era lo único que quería.
Alrededor de 1982 se convirtió en el baterista de Bandhada, una banda musical pionera del género jazz-rock en Chile. El Trolley, en palabras de Juan, era un “desorden ordenado”, en el que sentían una especial conexión con el público. “Era súper cariñoso. Había una retroalimentación potente de la gente, el público, con lo que estábamos viviendo. Era una efervescencia por consumir música chilena”, relata Cordech.
Desde los primeros días del galpón, se consolidó la compañía “Teatro de Fin de Siglo”, liderada por Griffero, que presentó su trilogía de obras: Historia de un Galpón Abandonado (1984), Cinema Utoppia (1985) y 99 La Morgue (1984-1987). En la última, como fue mencionado, se hablaba directamente de los detenidos desaparecidos y mostraba a Chile como una morgue, algo que pocos se atrevían a hacer. Fue entonces cuando se comenzaron a ver más automóviles de la CNI por el sector.
Andrea Lihn, una joven actriz en aquellos años, pololeaba con el cineasta y fundador de El Trolley, Pablo Lavín. Él la introdujo a este mundo y la primera vez que entró al galpón, supo que era lo que estaba buscando. “En ese momento era todo lo que yo quería. Todo lo que me imaginaba que podía hacer como actriz, en este lugar abandonado. La invasión a este galpón me parecía interesante”, cuenta.
Mientras se preparaban para una función de Historia de un Galpón Abandonado, se encontraron con El Trolley completamente inundado, las vestimentas de los actores flotaban en el suelo. Lihn, quien interpretaba a “La Obesa”, usaba un traje lleno de esponjas para similar un sobrepeso. Se pusieron las ropas empapadas y salieron a actuar. “Lo que nos ocurría lo solucionábamos. Éramos increíbles”, cuenta.
Otra actriz dentro del especial repertorio de Griffero fue Verónica García Huidobro. En 1985, debutó en El Trolley como Mariana en el montaje “Cinema-Utoppia”, obra que trata dos realidades en paralelo: la de un grupo de espectadores que asiste a ver una película en el Teatro de Valencia en 1946 y la historia que se desarrolla en la película. Se tocan temas como la drogadicción, el exilio y el sexo.
García Huidobro cuenta que había un lado muy hermoso de El Trolley. Para ella, trabajar como un colectivo y entregarle una pieza especial al público, nunca antes vista, era gratificante. Sin embargo, el espacio no estuvo exento de dificultades. “Estaban todos los problemas de intentar hacer cultura antisistema, a pulso, sin nada de sueldo ni plata para producir o pagar. Es muy impresionante haber logrado algo tan visible, con tan pocos medios y tantas dificultades”, afirma la actriz.
La renovación teatral venía de la mano con los costos. Este teatro experimental era algo que no se había probado antes, con ideas y metáforas complicadas, tanto para el actor como para el público. Herbert Jonkers, escenógrafo belga y mano derecha de Ramón hasta su fallecimiento en 1982, exploró nuevas propuestas escenográficas y de iluminación que revitalizaron el teatro contemporáneo. Así, la trilogía de obras antes mencionada fue escrita especialmente para ser presentada en un espacio como El Trolley, el único lugar que se ajustaba a las exigencias escenográficas de la función.
Los actores se sentían atraídos por este nuevo lenguaje y mecanismos escénicos, pero existía una tensión artística y muchos luchaban por entender lo que estaban haciendo. “Era un ambiente muy paranoico, exigente, bien cuestionador y desafiante”, rememora García Huidobro. “Si tú querías ver algo distinto, diferente, tenías que ir al Trolley o no lo verías en ninguna otra parte”, agrega Griffero. Muchos iban impulsados por la curiosidad, otros por el miedo. Pero todos querían presenciar esa explosión de creatividad.
Riesgos de la Contracultura
La represión impulsó la creatividad y el ingenio de los artistas. “En El Trolley podía manifestarse el alma verdadera que afuera estaba reprimida, censurada. Era otra casa, tenías la misma libertad que tenías en tu pieza”, afirma Griffero.
“Configuró, desde cualquier punto de vista cultural, un espacio de resistencia. Pero no solo política, también de género, de una opción distinta de vestirse, de querer escuchar otra música o de querer conectarse con el planeta”, reflexiona García Huidobro sobre cómo El Trolley se convirtió en un espacio de renovación en todos los sentidos.
Para Carmen Pelissier era una cosa de sobrevivencia. Cada personaje que interpretó lo “vivió deliciosamente”. Para ella, El Trolley se convirtió en un espacio de creación, intensidad y peligro. “El miedo convivía junto con esta pasión orgásmica de la creatividad”, afirma la actriz.
Verónica García Huidobro recuerda que en los últimos años de El Trolley comenzó a sentir que la situación se estaba volviendo más agresiva, pero la idea de vivir sin el teatro era insostenible. “He tenido muchos momentos de la vida en que lo único que me ha levantado ha sido el teatro. Si yo no tuviera conmigo esa vocación, no sé si estaría viva”, confiesa.
Había un enemigo en común que los unía. La adrenalina y el idealismo hacían que algunos no sintieran temor, y Lina Boitano, contadora de El Trolley, era una de ellas. Había muchas ansias de poder expresar y decir lo que no se podía decir públicamente, tanto así que el miedo pasaba desapercibido. Sin embargo, sí sintió terror en el Festival de Teatro de Córdoba en 1986, Argentina, durante una gira de la obra “Cinema Utoppia”. Boitano cuenta que, en plena dictadura, irse de gira fuera del país para montar una obra que trataba sobre la drogadicción y el exilio no era menor. “No sabíamos si íbamos a volver. Nos poníamos de acuerdo para no hablar mucho. Éramos los más oscuros, por así decirlo.
Con la llegada de la democracia en 1989, cada uno de los artistas dejó El Trolley atrás para enfocarse en sus propios objetivos, aunque todos recuerdan la década de los ochenta como uno de los periodos más creativos e intensos de sus vidas. “No es superable. No quiero nada menos de lo que ya hicimos, nada va a alcanzar eso”, cuenta emocionada Carmen Pelissier. “Si no colaboraba artísticamente con lo que estaba ocurriendo, me iba a quedar anudado de por vida”, reflexiona Juan Coderch, baterista de Bandhada, sobre su rol como músico en tiempos de dictadura.
A pesar de que fueron tiempos difíciles, de crímenes impunes, represión y censura, los personajes sienten nostalgia sobre esos años y lo que lograron gracias a El Trolley. “Es lejos lo mejor que he hecho en mi vida. Me dio la oportunidad de ser partícipe de un proceso trascendental”, confiesa la actriz Andrea Lihn.
Rodrigo Pérez, Alfredo Castro y Andrea Lihn
Sobre la autora: Carolina Silva Brousset está en tercer año de periodismo en la Universidad Católica. Una de sus pasiones es la escritura y la investigación y, anteriormente, hizo su práctica interna en Módulo 2 de Radio UC donde estuvo a cargo de la columna de efemérides musicales.
