Tiempo atrás, la férrea oposición de organizaciones medioambientales a la instalación de un data center en Cerrillos llamó la atención. Sin embargo, en Quilicura, la historia es diferente: los centros de datos de gigantes tecnológicos son una realidad. Google está ahí desde 2015 y próximamente podría llegar Microsoft. Hoy grupos locales luchan por frenar el avance acelerado de esta industria, en un país que ha sido declarado un hub digital clave para el hemisferio sur y que acaba de lanzar un Plan Nacional de Data Centers.
Por Mario Ortiz
Edición: Paz Morales
En la cuenta pública de 2024, el presidente Gabriel Boric confirmó que en Chile existen actualmente 22 data centers de gran envergadura. Estas instalaciones albergan servidores y otros equipos tecnológicos encargados de almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Para operar requieren, entre otros elementos, refrigeración constante, suministro eléctrico estable y sistemas de respaldo. Su funcionamiento, en muchos casos, implica un alto consumo de agua y energía, lo que ha generado preocupación por su impacto ambiental. Aun así, según la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se espera la llegada de al menos 30 nuevos centros en los próximos años, con una inversión proyectada de más de cuatro billones de dólares.
Para Rebecca Emmons, experta en infraestructura de data centers de Colliers, un gigante internacional en gestión de bienes raíces, Chile se ha convertido en un país altamente atractivo para los inversores de esta industria. “Hay certeza jurídica”, dice Emmons. “Tenemos mucha energía renovable y tenemos la rapidez de la fibra óptica”.
Ese creciente interés por parte de inversionistas ha motivado también una respuesta institucional. El pasado 5 de diciembre en Chile, luego de meses de trabajo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentó el Plan Nacional de Data Centers, estrategia que busca “convertir a Chile en un referente en infraestructura digital”. El proyecto funcionará como una hoja de ruta para los inversionistas del rubro, procurando “fomentar el crecimiento de una industria sostenible”, según lo publicado por el gobierno mediante un oficio. Para el subsecretario del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristián Cuevas, el Plan Nacional de Data Centers fue el resultado de “un proceso altamente colaborativo”, donde el ministerio se involucró con expertos nacionales e internacionales, de países como Noruega, Países Bajos, Irlanda y México, además de organizaciones sociales y el sector privado.
“Este plan no responde a una visión unitaria, sino que fue construido con la participación de quienes quisieron aportar desde diversas áreas del conocimiento, para garantizar un desarrollo equilibrado, sostenible y alineado con las necesidades de las personas”, explica Cuevas. Indica que se organizaron sesiones de trabajo con empresas de data centers para explorar oportunidades de inversión y tendencias tecnológicas. Y agrega: “También nos reunimos con quince organizaciones sociales y comunitarias para entender sus reparos y preocupaciones e hicimos diálogos ciudadanos en tres comunas para recoger e impregnarnos de la mirada de las comunidades directamente involucradas”. Además, asegura que todo lo recabado fue posteriormente “puesto a disposición de la ciudadanía a través de un proceso de consulta pública”, asegura.
Una de las organizaciones que participó en este plan es Resistencia Socioambiental Quilicura (RSQ), surgida en 2019 en la comuna de Quilicura, la que actualmente alberga la mayor concentración de centros de datos en América Latina, con cinco en funcionamiento —entre ellos, uno de Google, anunciado en 2012 y en funcionamiento desde 2015 — y con la posible llegada de Microsoft en el futuro.
Mitigar el impacto de un data center
En las faldas del Cerro Cóndor y al frente del Cementerio Municipal, se encuentra Alexandra Arancibia, concejala de la comuna en su segundo período y fundadora de la organización RSQ. Este grupo fue creado para “hacer frente a la destrucción socioambiental que sufre el territorio”, según ella.
Arancibia pasea por un extenso terreno cubierto de pasto seco, árboles que no superan los 140 cm de altura y hoyos donde antes hubo otros plantados. Rodeando los árboles hay mangueras de riego, algunas de ellas rotas. En distintos puntos del recinto se pueden encontrar desechos de todo tipo y limitando con uno de los extremos del parque, se evidencia un emergente vertedero ilegal. Cada cierta distancia se encuentran señaléticas que especifican el tipo de árboles plantados. Son todos nativos, con especies como peumo, romerillo y espino. En la parte inferior de las señaléticas se aprecia el nombre de este lugar, Bosque Urbano Quilicura, y los actores involucrados en la creación de este parque: Ministerio del Medio Ambiente, Municipalidad de Quilicura, Corporación Cultiva y Google.
“Está seco. Nadie lo mantiene. Hay un par de árboles. No hay agua, así que no riegan. Además, se está haciendo un vertedero ilegal al lado”, afirma Arancibia.
Inicialmente, el proyecto fue presentado como el “nuevo pulmón verde” del sector y prometía tener aproximadamente 1.500 árboles para “entregarle vida a Quilicura y Chile”, según lo dicho por Juan Carrasco, alcalde de la comuna en 2019, año en que se inauguró el parque.
Con el anuncio se esperaba que el parque fuera un aporte significativo a una de las zonas con mayor presencia industrial en el país y menor cantidad de áreas verdes. Según datos del ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2020, Quilicura cuenta con 2,6 m2 de áreas verdes por habitante, muy por debajo del estándar ideal determinado por la OMS de 10 m2 por habitante.
Pero para Miguel Mora, historiador de Quilicura y activista medioambientalista “es una manera de burlarse de la gente”, comenta. “Las imágenes de la inauguración dieron la vuelta al mundo. Pero en la práctica es un engaño”. Vecinos denuncian que desde que se plantaron los árboles, nadie se ha hecho cargo del terreno periódicamente.
La iniciativa fue parte de un programa de compensación de parte de Google debido al levantamiento de un data center o centro de almacenamiento de datos en la comuna. El proyecto fue realizado por la Municipalidad de Quilicura y la Corporación Cultiva, una organización que busca “crear conciencia socioambiental […] a través de la regeneración de bosques nativos”. Sin embargo, el proyecto hoy se aprecia en un estado de abandono. En la página oficial de Google, Edgardo Frías, director general de la empresa norteamericana en Chile, afirmó que el proyecto compensaría en un 150% las emisiones atmosféricas producidas durante la expansión de Google. Kmcero intentó contactar a representantes de Google para hablar sobre las condiciones del bosque, la responsabilidad sobre su mantenimiento o el avance de esta medida de mitigación. Sin embargo, hasta el cierre de la edición de este reportaje no se obtuvo una respuesta.
El data center de Google está ubicado detrás de la estación de metro Los Libertadores, al costado de la autopista Américo Vespucio. Es el primer y único centro de almacenamiento de Google en Latinoamérica y, según explica la empresa norteamericana en la página de presentación del proyecto, “es una de las instalaciones de data centers más amigables con el medio ambiente”. En 2018 se anunció una inversión de más de 140 millones de dólares para expandir el centro, la cual se concretó en una ampliación tres veces mayor de la infraestructura de la empresa estadounidense en el país.
La discusión sobre las consecuencias de esta industria en el ecosistema alcanzó las portadas de los medios a principios de 2024 cuando Mosacat, una organización socioambiental formada por vecinos de Cerrillos, logró frenar la instalación de un centro de almacenamiento de Google de 200 millones de dólares en dicha comuna, debido a preocupaciones sobre su alto consumo de agua. En Quilicura, esta lucha se está dando desde hace años y contra centros ya construidos.
En la Declaración de Impacto Ambiental hecha para la expansión del data center, desde la compañía Google afirman contar “con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por 50 litros por segundo”. Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esto equivale al consumo promedio de 8.496 hogares chilenos. Según diversos estudios, Chile lleva más de 14 años en sequía con evidencia de que Quilicura es una de las comunas más afectadas por la escasez de agua en el territorio.
Una industria en expansión, una ciudadanía en alerta
Para iniciar un diálogo con la industria, desde inicios de 2024, la comunidad local de en Quilicura organizó un taller de diseño con el objetivo de “abordar la infraestructura de los centros de datos en Quilicura y su interdependencia con las comunidades locales, los recursos hídricos y los territorios”.
El proyecto, dirigido por RSQ y la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, contó con aportes de expertos y estudiantes de distintas universidades. Uno de los temas desarrollados fue el diseño de sistemas que hicieran un uso más efectivo del agua. Como invitada y parte del equipo de trabajo estuvo la doctora Marina Otero, egresada de la Academia de Diseño de Eidhoven, académica de Columbia y Harvard y reconocida voz internacional en la temática.
“Nos contactamos con todas las comunidades de Santiago que habían protestado contra centros de datos para tratar de entender un poco mejor la problemática”, comenta Otero. “Dijeron que querían llegar a acuerdos, tanto con el gobierno como con las empresas”, agrega.
Parte principal de la iniciativa fue la búsqueda de fórmulas para cuidar el agua y contrarrestar el impacto ambiental de la actividad de la industria, pudiendo así proponer soluciones con sustento a las partes involucradas. Dentro de los actores que financiaron las actividades estaban el Canadian Centre for Architecture y Harvard. “Invitamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a representantes de la industria”, declara la doctora. “No vinieron ninguno de los dos”.
Para la académica de la Universidad de Columbia, lo que ha pasado en Quilicura es un ejemplo del desafío que presenta esta industria a nivel internacional. “Me ha sorprendido que representantes de Google se hayan sentado alguna vez con [la gente] de Quilicura”, comenta Otero. De acuerdo a la experta, en otras partes del mundo “no se sienten con la necesidad de rendir cuentas con nadie”.
“En España hace unos meses el gobierno anunció que Amazon y Microsoft estaban haciendo inversiones millonarias en infraestructura. Ese tipo de inversiones se toman en los más altos niveles”, afirma Otero. “Los gobiernos son tímidos en legislar […] Las compañías son más poderosas que muchos gobiernos. Es difícil enfrentarse a ellas”.
A nivel europeo, existe el Código de Conducta sobre la Eficiencia de Energía en los Data Centers, un proyecto lanzado en 2008 por el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre o JRC por sus siglas en inglés), un servicio de ciencia que aconseja a la Unión Europea en la promulgación de legislaciones.
Fue diseñado como una respuesta al creciente desarrollo de la industria y su respectivo impacto ambiental y energético en el continente europeo. Como parte de la iniciativa, todos los años el JRC lanza una guía de “Mejores Prácticas”, que contiene un listado de conductas sugeridas en base al desarrollo tecnológico más avanzado.
Esta herramienta, sin embargo, no funciona como ley: es más bien un grupo de sugerencias para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la industria. Para la doctora Otero significa un pequeño paso hacia adelante.
Si bien no es un acuerdo judicialmente vinculante, su lista de participantes y promotores es extensa y cuenta con pesos pesados de la industria. Google, Huawei y Microsoft son algunas de las multinacionales que se han adherido a las sugerencias del código. “No es algo que si no lo cumples, vas a ser castigado. Pero es mejor que nada”, ratifica la académica.
Es lo mismo que indica Alexandra Arancibia, una de las fundadoras de RSQ, sobre el Plan Nacional de Data Centers en Chile. “Quedamos súper insatisfechos, pero iban a seguir [con el plan] sí o sí”, dice dice. “Y entre estar o no estar, mejor estar. Con la fe de seguir trabajando, con la fe de que vamos a sacar una ley”.
Mosacat, la organización que detuvo a Google en Cerrillos, también fue invitada a ser parte del proceso de diseño del Plan Nacional de Data Centers. “Se supone que habían hartos ministerios, no apareció nunca ninguno”, afirma Tania Rodríguez, fundadora de Mosacat y una de las 100 personas más influyentes en el mundo de la Inteligencia Artifical según la revista Time. “No nos daban ninguna información. No nos dejaban conversar con las empresas [de los 30 data centers anunciados]”.
Frente a estas condiciones, los miembros de Mosacat decidieron retirarse del proyecto. “Fue una pérdida de tiempo”, opina Rodríguez.
Hoy, los data centers no están obligados a someterse a un estudio por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para desarrollarse, solo deben efectuar una Declaración de Impacto Ambiental, donde la misma empresa informa los posibles riesgos en la materia. En cambio, con un estudio, las empresas estarían obligadas a una evaluación de parte del SEIA y a una consulta ciudadana.
Al respecto, la mayor exigencia de las organizaciones hoy es una ley que los someta a esto. “Estos proyectos tienen que pasar por un estudio de impacto ambiental”, dice Arancibia. “Esperamos que el plan pueda ser el primer grano de arena”, comenta.
Para la doctora Otero, ahora es el momento de actuar legalmente. “Está en manos de Chile que los data centers sean realmente algo que le beneficie o algo que le vaya a crear bastantes problemas en el futuro”.
Mario Ortiz es un estudiante de cuarto año de Periodismo en la @fcomuc. Ha participado en @radio.uc formando parte de Jugo de Pelotas como reportero. Es también ayudante de los ramos Narración Gráfica de No Ficción y Desafíos de la Comunicación.