Aunque llegó a mover más de 16 millones de dólares sólo entre 2010 y 2011, el pistolero vivía en un departamento arrendado de la calle Ricardo Cumming. Ahí tenía una cama de dos plazas, un clóset con un par de chaquetas y 2.527 cartuchos de bala. Aún nadie sabe dónde guardó el dinero que ganó traficando cobre.

Por Carola Julio

Desde sus calzoncillos blancos, recién muerto en un enfrentamiento a balazos con detectives en el centro de Santiago, a Ítalo Nolli le salía dinero a borbotones. Un fajo de 500 mil pesos, y otro. Y otro más. En total, seis millones en efectivo. Alguno que otro billete de menor valor y un par de monedas de 500 pesos. Los calzoncillos de Ítalo Nolli eran la caja chica donde guardaba la plata que portaba a diario para hacer sus negocios.

El tiroteo

Ítalo Nolli se dedicaba a la compra y venta de cobre robado. Al momento de su muerte, la policía lo investigaba por tráfico ilegal de ese metal y una supuesta asociación ilícita con la empresa Goycolea, que se encargaba de darle las facturas falsas para que pudiera blanquear los dineros de las transacciones.

A las diez de la mañana del miércoles 23 de marzo de 2011, Nolli entregó un cargamento de cobre en Madeco Mills –división de Madeco a cargo de la compra del metal– en el barrio industrial La Divisa de San Bernardo. Para Nolli era un trámite tan cotidiano como desayunar: hacía, al menos, dos entregas cada semana junto a Raúl Campos, quien manejaba el camión Isuzu que transportaba el material.

A eso de las once y media ya habían terminado de descargar el cobre, y Nolli regresó a su camioneta Ford F-150. En la calle, apareció un auto de la PDI con cuatro policías dentro. El detective Marcelo Morales se acercó a Nolli, le pidió que bajara del vehículo y que le entregara sus documentos.

El control de identidad nunca se hizo. Lo reemplazó el silbido de los balazos. El detective Morales fue el primero en recibir un disparo. Cayó al suelo y Nolli lo remató ahí mismo con 16 tiros más. Los compañeros del policía intentaron escapar. Dos alcanzaron a refugiarse en la patrulla. Cuando la detective Karim Gallardo huía hacia la vehículo, Nolli le disparó diez balazos en la espalda.

El estilo Nolli

Según lo que ha llegado a determinar la investigación judicial del Ministerio Público, entre 2010 y 2011 Ítalo Nolli movió 8.101.987.941 pesos, unos 16 millones de dólares. De esa fortuna no se sabe mucho hoy.

A sus 68 años, Ítalo Jorge Nolli Olivan no era un hombre que hiciera declaraciones de impuestos o inicio de actividades. En toda su vida, registró –con Mercedes Vallade, su conviviente– sólo una empresa de compra y venta de chatarra, “Metalchat”. No tenía propiedades, autos, ni manejaba cuentas corrientes. El año 1987 fue la última vez que operó una.

Nolli sí tenía una cuenta vista del BancoEstado, que abrió el 30 de junio de 1999. El último movimiento registrado es un depósito del 22 de marzo de 2011 –un día antes de que Nolli muriera– por 1.200.000 pesos. La cuenta quedó con un saldo de 3.490.682 pesos.

Nolli era, dicen, un hombre austero. De niño vivió en Providencia, y el resto de su vida transcurrió entre La Florida, La Cisterna y Santiago Centro. No tenía ningún lujo en su departamento, sólo una cama de dos plazas, un living comedor, un clóset con chaquetas y corbatas.

La persecución

Después de la balacera en el barrio industrial de La Divisa, Nolli caminó con calma hacia el camión donde estaban el chofer Raúl Campos y su hijo Ulises. Tras limpiar cuidadosamente sus pistolas, las enfundó para luego recoger del suelo una factura. Entonces se acercó a Campos, a quien le entregó el documento y le ordenó que huyera rápido. Él, dijo, tenía unos trámites por hacer.

Con las pistolas todavía calientes en su chaqueta, Nolli partió a La Cisterna a hablar con Luis Rodríguez Maluenda, el dueño y administrador de “Goycolea”, empresa dedicada a la compra y venta de chatarra. El nombre de la firma viene de la calle donde se ubica y su “política empresarial” está definida en su página web: “Somos una empresa conciente [sic] de las dificultades medioambientales en que están insertas las distintas sociedades humanas, por lo cual queremos aportar nuestro grano de arena e incentivar el reciclaje y la reutilización de materiales de construcción y demolición”.

Su representante legal es Pablo Rodríguez Drake, ingeniero civil de la UC, hijo de Luis Rodríguez Maluenda. Cuando este último habló con los fiscales, les contó que Nolli había llegado pocos minutos después del tiroteo a su oficina, diciendo que unos “sicarios que se hicieron pasar por PDI” habían intentado matarlo. Según Rodríguez, Nolli le explicó que querían sacarle dinero para dejarlo en paz.

El dueño de Goycolea declaró que no le creyó a Nolli, que eso lo desesperó y que el pistolero le empezó a gritar:

— Te dije que los Hernández iban a tender una trampa para perjudicarme, y que a ti te quieren sacar de Madeco y quizás hasta quieran matarte.

Alejandro Hernández, de la empresa Socorex Spa –dedicada a la exportación, comercialización y recuperación de excedentes industriales–, es quien supuestamente aparece citado en la declaración de Rodríguez. Se lo nombra, porque según Nolli, Hernández pretendía tenderles una trampa para poner fin a su vínculo con Madeco.

Después de discutir con Luis Rodríguez, Nolli salió rumbo a su departamento ubicado en el número 442 de Ricardo Cumming. Allí recuperó su arsenal: tres pistolas Glock calibre 40, dos Taurus, una de 9 mm con su respectivo cargador y otra .357 Magnun; una Norinco calibre 9 mm, además de 16 cargadores y 885 cartuchos para los tres calibres. A su pareja –Mercedes Vallade, quien desde el asiento del copiloto vio lo que pasó en La Divisa– le ordenó que preparara un bolso con algunas pertenencias personales: una muda de ropa, agua mineral. Nolli guardó todo y partió en su camioneta, solo.

La huida fue por Santiago Centro a la hora de almuerzo. Toda la ciudad estaba enterada de la muerte de los detectives en San Bernardo. Las radios de carabineros y de la PDI repetían la descripción del pistolero prófugo que conducía una camioneta Ford, modelo F-150, color rojo, patente YV-1108.

La policía interceptó a Nolli en la esquina de Avenida Balmaceda con General Bulnes, pero él –disparando a través de la ventana de la camioneta– se abrió paso hasta Cienfuegos con Agustinas, donde lo esperaba una muralla de policías y armas.

Atrincherado en su vehículo, Nolli nunca dejó de responder el fuego hasta que dos disparos –uno en la cabeza, otro en el tórax– lo liquidaron.

En la chaqueta de la sastrería Cubillos que Nolli llevaba puesta, había una suerte de diario de vida que, luego de ser descifrado por detectives, revelaría los detalles de su negocio. Ahí aparecían las cantidades de metal vendido, su pureza, el peso, el comprador y la fecha en que se había efectuado cada entrega.

El prontuario

En 1987 Nolli trató de matar a su entonces esposa. Pero no literalmente.

Casado en segundas nupcias con María Farías López, dueña de casa, tres hijos pequeños, un día Nolli le pidió a la mujer que se tomara unas vacaciones y se fuera al sur con los niños. Mientras ella y sus hijos descansaban en Villarrica, Nolli tramaba un plan para cobrar un seguro de vida que le había contratado a María Farías López por 2.500 UF, equivalentes a 8.356.175 pesos de la época. Además de ese seguro, había otro, también a nombre de la mujer, firmado con la compañía norteamericana Western Life Insurance Company y que estaba tasado en 100 mil dólares, unos 20 millones de pesos de entonces.

Para no levantar sospechas, Nolli fingió el funeral de su mujer. Compró un espacio en el cementerio y un ataúd que rellenó con piedras. En la funeraria explicó que su mujer había muerto de una enfermedad sumamente contagiosa y, por eso, el féretro debía ser sellado.

Descubierto el engaño, el Sexto juzgado del Crimen de San Miguel lo procesó y condenó a 200 días de presidio menor, pena que fue cumplida.

Ese mismo año Nolli fue acusado como cómplice de hurto de material de guerra y diez años más tarde juzgado por almacenamiento ilegal de armas de fuego.

Sus siguientes infracciones serían todas de tipo económico. Giro doloso de cheques y estafa en los años 1995, 1996 y 1998.

Asociación ilícita

Tufit Bufadel, fiscal jefe de Maipú, encabeza la investigación por la presunta asociación ilícita que Nolli habría llevado a cabo en sus negocios. Aunque no es prioridad del fiscal investigar a Nolli –porque está muerto– ni el dinero que éste habría ganado, Bufadel ha establecido que la organización que Nolli encabezaba basaba sus negocios en la obtención de cobre robado. La manera de operar –llegó a establecer la fiscalía– era ordenada y jerarquizada: los líderes eran el mismo Nolli y el dueño de Goycolea, Luis Rodríguez Maluenda.

Raúl Campos y su hijo Ulises, los peonetas, eran los responsables de recolectar el metal que se comerciaba “en negro” y trasladarlos a la bodega de calle Cueto 895, donde seleccionaban el material que iba a ser entregado a Madeco Mills.

Mercedes Vallade, la pareja de Nolli, era la encargada de acompañarlo en las entregas de cobre.

Los Rodríguez proveían las facturas de Goycolea, para que Nolli pudiese entrar a Madeco Mills sin levantar sospechas.

Sólo en el período 2010–2011, las transacciones de Goycolea con Madeco Mills alcanzaron alrededor de 2.259 toneladas de cobre. Otra parte del negocio era la evasión del IVA: 1.430.496.368 pesos por parte de Nolli y sus socios, según cálculos de la fiscalía.

El fiscal está investigando además la responsabilidad del ingeniero comercial Julio Lacámara Zulueta, del contador Jaime Massardo Barroso y del ejecutivo Patricio Torres Oteíza.

Lacámara era el nexo entre Madeco Mills y Goycolea, y el responsable de cobrar los cheques. Pieza fundamental de la organización, conoció a Luis Rodríguez el año 2009 a través del cuñado de éste, Alfredo Hernández. Fue así como Rodríguez y Lacámara se reunieron en una pizzería de Apoquindo, donde el ingeniero comercial propuso el plan: unos amigos en la gerencia de Madeco Mills le facilitarían la entrada de metal traficado, pero necesitaban una persona con experiencia para recolectarlo.

En una declaración de Héctor Añazco, otro imputado, se señala que el contacto de Lacámara dentro de Madeco Mills era el gerente de administración y logística, Erwin Blaschke, quien se habría encargado de acelerar los pagos de las facturas y de no rechazar el material.

Jaime Massardo Barroso, el contador de la sociedad, era quien facilitaba la documentación falsa. Hacía las guías de despacho a nombre de Ana María Bórquez, una de varios palos blancos que en Goycolea manejaban para justificar la compra de cobre robado.

Patricio Torres Oteíza, uno de los encubridores del delito para la fiscalía, era quien proporcionaba, a través de sus empresas “Excedentes Patricio Torres Oteíza E.I.R.L.” y “Excedentes y reciclajes Maipo Ltda.”, facturas y guías de despacho para justificar ventas que existían sólo en el papel.

Los querellantes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula que el perjuicio al Fisco hecho por Goycolea asciende a los a 1.400 millones de pesos, los que estarían repartidos entre los integrantes de la “sociedad Nolli”. Según consta en el documento de la denuncia hecha por el SII, la ruta de limpieza del fraude tributario consistía en respaldar con documentación y datos falsos las supuestas ventas realizadas por Goycolea.

Chilectra, Compañía General de Electricidad, Telefónica y Movistar emprendieron acciones por receptación y asociación ilícita, debido al robo de cables de sus propios tendidos. Las empresas argumentan que debido a la substracción sus servicios no pudieron desarrollarse con normalidad, “pasando a constituir un riesgo que potencialmente afectaría a miles de usuarios del sistema”.

Entre el material rescatado de la bodega de Nolli, la Compañía General de Electricidad logró identificar 340 kilos de cobre que pertenecían a su empresa. Chilectra, en tanto, reconoció otros 300 kilos.

Hoy, la justicia todavía busca establecer las responsabilidades que le competen a cada uno de los involucrados de la asociación ilícita y sigue investigando las responsabilidades que le caben a la empresa que recibía el cobre robado, Madeco Mills.

Sobre la autora: Carola Julio es alumna de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Crónica, dictado por el profesor Javier Fuica.