Desde 2022, el matrimonio igualitario permite que las parejas del mismo sexo adopten como familia. De las 46 adopciones concretadas en 2025, cinco fueron de ellas. Pero quienes lo han vivido lo saben: la ley ya cambió; la sociedad, no siempre.
Por: Bárbara Conejero
Edición: Florencia Aguirre
Eran las 11:30 de la noche del 22 de agosto de 2020. Miguel, Felipe y Yanay llevaban apenas dos días viviendo con Cristián Escalona y Rodrigo González.
Antes de acostarse, Yanay soltó una frase que González todavía recuerda como un golpe en seco: «Tú no eres mi papá. Esta no es mi casa».
González se quedó congelado, sin saber qué decir y, con un nudo en la garganta, cruzó todo Santiago —en plena pandemia y con toque de queda— para devolver a la niña al hogar residencial.
Esa noche la pareja no durmió. «Necesitaba llorar», recuerda González. Más allá de Escalona, sentía que no había nadie que pudiera contenerlo: «No iban a tener idea de lo que es que alguien te diga: ‘Me quiero ir al lugar donde viví durante más de dos años'».
Al día siguiente, a las siete de la mañana, Miguel y Felipe preguntaban angustiados por su hermana. González volvió a buscarla horas después. Afuera de la residencia, con su mochila puesta, apenas lo vio, ella le dijo con insistencia: «Papá, vamos».
Según relata en una llamada Lorena Jiménez, jefa de la Unidad de Adopción de la Región Metropolitana, durante 2025 se concretaron 46 adopciones; cinco fueron realizadas por familias homoparentales: una pareja de mujeres y cuatro parejas de hombres. En lo que va de 2026 se registran 17 adopciones, cuatro de ellas homoparentales, repartidas por igual entre parejas de hombres y mujeres.
Escalona (46) y González (48) llevan 23 años juntos y cinco siendo padres adoptivos. Cristián siempre quiso ser padre; Rodrigo, en cambio, lo veía inviable: «Socialmente, nosotros no podemos tener hijos, yo decía; si ni siquiera podemos casarnos en este país, difícilmente vamos a poder ser padres», confiesa.
En 2019 cambió de idea: quería intentarlo y, para ambos, la adopción era la única alternativa. Así empezó su recorrido por la Unidad de Adopción del entonces Sename.
En abril de ese año, iniciaron la evaluación para ser declarados idóneos como familia adoptiva. En noviembre obtuvieron la aprobación, un proceso que, según la pareja, se vive con soledad. «El resto no lo entiende. Ninguno de nuestros hermanos tuvo que demostrarle a nadie que tenía competencias para ser papá», dice González.
En diciembre llegó la llamada y partió el proceso de enlace: un acercamiento gradual con los niños que inicia en la residencia y termina en la casa de la familia adoptiva. La pandemia retrasó ese camino y la pareja recién pudo iniciar los encuentros presenciales en julio de 2020.
Y apareció otra traba técnica: el Acuerdo de Unión Civil solo permitía que uno de los dos adoptara. Por eso, tuvieron que poner fin a su AUC, para que González no quedara solo como acompañante, sin derechos legales sobre los niños. Si se mantenía este régimen, no podía autorizar tratamientos médicos, no tenía derechos hereditarios y, si algo le ocurría a Escalona, los menores quedaban desprotegidos.
La entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2022 cambió el proceso: desde entonces, los matrimonios entre personas del mismo sexo pasaron a ser reconocidos dentro de la categoría de matrimonios chilenos en el sistema de adopción.
Dos años después de haberle dicho a Rodrigo González que no era su papá, Yanay le explicó lo que había pasado: «Ese día sentí vergüenza y miedo porque te venía recién conociendo». Rodrigo González le da la razón: «¿Cómo me iba a querer a mí? ¿Si, quién era yo? O sea, ¿un adulto le había dicho que yo era su papá y por eso me tenía que querer? Sentía miedo y vergüenza. Listo, simple».
La espera
S.G. (40) y R.H. (37) son una pareja residente en Arica que pidió resguardar su identidad por encontrarse en un proceso de adopción en curso. Ambos conocen bien la espera. En noviembre de 2025 fueron declarados idóneos para adoptar.
Todos los viernes avanzan entre certificados, formularios y evaluaciones con un equipo psicosocial. Desde 2023, las evaluaciones públicas para adoptar son gratuitas, aunque persisten listas de espera por falta de profesionales, explica Jiménez. Para acelerar el proceso, optaron por evaluaciones externas, con un costo cercano a los $700 mil y así obtuvieron la idoneidad en cinco meses. Ahora solo les queda esperar el llamado, llevan seis meses en eso. «Uno tiene que ir autorregulándose para poder vivir en un presente con la espera, pero no que la espera sea tu presente», dice S.G.
El problema es que la ansiedad no tiene que ver solo con el tiempo. «No es solo que nos llamen, es el llamado correcto», dice S.G. La pareja eligió postular al tramo de tres a cinco años: «Nos gustaría llegar antes de que se acumulen ciertas vulneraciones. Y también por un tema de funcionalidad de nuestra familia», agrega.
Cada año, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez) atiende a más de 120 mil niños, niñas y adolescentes. A marzo de 2026, casi 18 mil estaban en cuidados alternativos: más de 5 mil en residencias, más de 11 mil en familias de acogida y cerca de 200 en condición de adoptabilidad.
Para que un niño pueda ser adoptado, deben agotarse todas las instancias para restablecer el vínculo con su familia de origen, un proceso que puede extenderse por años. «Hay un gran porcentaje de familias que tiene consumo de sustancias: son derivadas a tratamiento, se internan, están seis meses, pero luego recaen, y todo eso va sumando tiempo», explica Lorena Jiménez.
Solo cuando Mejor Niñez concluye que las intervenciones fracasaron, se inicia la causa de susceptibilidad, a la que puede sumarse cerca de un año de tramitación judicial antes de que el Tribunal de Familia defina si un niño puede ser adoptado, además de otros seis a ocho meses para declarar idónea a una familia.
En un sistema en el que las familias prefieren adoptar niños pequeños, Cristián Escalona y Rodrigo González derriban el mito de que adoptar niños mayores es necesariamente más difícil. Para ellos, el verdadero desafío es «ser papás», sin importar si los hijos llegaron por vía biológica o adoptiva.
La pareja reconoce, eso sí, un factor que puede complejizar el proceso: el trauma del abandono. Miguel, Felipe y Yanay pasaron dos años en una residencia antes de llegar a su hogar. Pero, dicen, las consecuencias de esa experiencia no son inevitables. «Depende de la calidad del cuidado que tuvieron en esa residencia y de las características de las cuidadoras», explica González. Si la institucionalización fue adecuada, adoptar niños mayores «no es ni más ni menos difícil; los desafíos son otros».
El prejuicio, sin embargo, los persigue de otras maneras. «A nosotros nos preguntaban si los niños se portaban mal ‘como los papás'», recuerda. Para la pareja, ese tipo de comentarios revela la creencia de que los hijos de personas con consumo problemático de alcohol o drogas heredan conductas conflictivas. «¿Y cómo vendría siendo eso? ¿Cuál es la conducta antisocial de un niño de tres años que fue abandonado y se porta mal como el papá o la mamá? No tengo idea cómo se portaban porque no los conocí», afirma González.
Cuando realmente comienza la adopción
“¿Qué es lo que más valoras de tu mamá?” Esa fue la pregunta que le tocó responder a Yanay en una actividad escolar entre apoderados e hijos. La pareja recuerda la situación con enojo: “No solo me invisibiliza a mí, porque somos dos papás. El problema es que está revictimizando a mi hija. Y eso es inaceptable”, señala Rodrigo González.
Cristián Escalona y su marido utilizan su cuenta de Instagram, @dospapasenchile, que reúne a más de 60 mil seguidores, para denunciar los descuidos y sesgos cotidianos que enfrentan las familias homoparentales. Les ha pasado más de una vez. En una prueba del colegio de uno de sus hijos, por ejemplo, se pedía escribir el apellido paterno y el apellido materno. «¿Cómo preguntas esa pelotudez?», cuestiona González.
Ignorar que pueden existir hijos con dos papás y dos mamás, esa indiferencia, es la que más perjudica. La pareja cuenta que más de una vez la categoría “mamitas” en actividades o la solicitud de fotos del embarazo para el Día de la Madre sigue obligando a muchas familias adoptivas y homoparentales a explicar sus historias una y otra vez.
Era febrero de 2025 cuando Armando Hernández (40) y Ramón Egaña (38) inscribieron a su hijo de seis años en el Registro Civil de La Serena, tras un proceso que duró cerca de un año y medio. Para la pareja, el verano fue clave para prepararlo para el colegio: el niño había nacido y pasado toda su vida en el sistema residencial, por lo que la adaptación escolar aparecía como uno de los mayores desafíos. “Los colegios no están preparados”, afirma Egaña.
“Pensábamos que los apoderados nos iban a mirar de otra forma, pero nada. Fue el colegio el que cayó en tonteras”, relatan. En ese contexto, recuerdan una situación con una profesora de religión: “Le dijo que, si él no mejoraba su conducta, los papás teníamos que devolverlo. Para nosotros fue terrible”, dice Egaña. A eso se sumaron dificultades en el aula: conversaba, se paraba constantemente y fue derivado al neurólogo por sospecha de TDAH, que luego se descartó. “Terminamos el año con 60 anotaciones”.
Armando y Ramón cuentan que, si bien no hubo conductas al inicio, sí aparecieron señales de somatización, como diuresis. “Empezó de nuevo a retomar rutinas que había olvidado, como levantarse en las noches a verificar si estábamos en el dormitorio. Llegó el punto en que nos preguntó: ¿Ustedes me van a devolver?”, dice Egaña.
Según Carlos Soto, jefe de Unidad de Evaluación Formativa de Familias para la Adopción y el Acogimiento de Mejor Niñez, estas conductas son frecuentes en niños con larga trayectoria institucional, que suele extenderse por dos o tres años. Se trata de niños que “han crecido en contextos altamente estresados”, donde la ausencia de un adulto estable impacta directamente en su desarrollo emocional.
En esa misma línea, Jiménez señala que el temor a ser devueltos es recurrente en procesos de adopción: “La mayoría de los niños que se van en adopción no han tenido un cuidado permanente; por lo tanto, integran que el mundo adulto es un mundo del que hay que desconfiar: no es el que cuida ni entrega amor”, afirma.
Parte de esas tensiones son precisamente las que busca abordar la nueva Ley de Adopción, aprobada, pero a la espera de su entrada en vigencia. Entre sus cambios establece que las personas adoptadas podrían solicitar mantener contacto con su familia de origen, mediante encuentros autorizados por el Tribunal de Familia.
La reforma también fija un plazo máximo de 12 meses para evaluar si los procesos de revinculación familiar funcionan antes de avanzar en una eventual adopción.
Pero uno de los cambios más relevantes para parejas como E.R. y J.U. apunta al sistema de prelación. La nueva normativa elimina la preferencia hacia los matrimonios y plantea evaluar la idoneidad de los postulantes sin importar estado civil ni composición familiar.
Mientras la ley espera su entrada en vigor, E.R. y J.U. se preparan para convertirse en familia. “Hay mucha expectativa entre tíos y primos que desean que tengamos hijos. Quieren tener la oportunidad de criarlos. Ver que tanta gente quiere que eso pase, con mucho amor alrededor de algo que cuando éramos adolescentes habría sido imposible si hubiéramos estado solos en el proceso”.
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