La EANNA 2023 reveló que el 15,5% de los niños, niñas y adolescentes del país se encuentra realizando algún tipo de trabajo infantil. La cifra incluye una realidad que muchas veces permanece puertas adentro: escolares que, además de estudiar, asumen jornadas domésticas y de cuidado para que sus familias puedan funcionar. 

Por: Danitza Sandrock

Edición: Benjamín Astete

Martina tiene cerca de 14 años y estudia en Santiago. Después de las clases en el liceo, debe volver rápidamente a su casa para comenzar una segunda jornada. Una vez de vuelta, prepara el almuerzo y la cena, ayuda a sus dos hermanos menores con sus tareas y los cuida hasta que su madre regresa del trabajo. A veces, esas responsabilidades hacen que sean sus propias tareas, su descanso y el tiempo con sus amigos los que tengan que esperar. 

Así recuerda Natalia Narváez, trabajadora social, la rutina de la adolescente a quien conoció durante su experiencia profesional en un liceo de Santiago. Su nombre fue cambiado y el establecimiento educacional al que asiste fue omitido para proteger su identidad. Lo que más le llamaba la atención era la naturalidad con que Martina hablaba de sus responsabilidades. No las entendía como una carga extraordinaria ni como algo que le estuviera quitando parte de su adolescencia. Era simplemente algo que “tenía que hacer”. 

Pero detrás de esa aparente normalidad, Narváez observaba cansancio y poco tiempo para ella misma. Mientras su madre cumplía extensas jornadas laborales para sostener económicamente el hogar, Martina debía repartir sus días entre el colegio y el cuidado de sus hermanos. 

Martina es  una de las caras menos visibles de una cifra que volvió a poner el trabajo infantil en la discusión pública. La Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2023 estimó que casi 508 mil  niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años están en situación de trabajo infantil en Chile, correspondiente al 15,5% de esa población. 

Pero este número no significa que todos ellos tengan un empleo o reciban dinero. La medición incluye tanto a quienes participan en actividades económicas –como comercio, agricultura o negocios familiares– como a quienes realizan dentro de sus hogares trabajos domésticos o de cuidado peligrosos por su intensidad, duración o consecuencias sobre su educación y bienestar. Es precisamente esta última dimensión la que la EANNA 2023 incorporó a la medición bajo los nuevos estándares internacionales. La encuesta se ha realizado solo dos veces en Chile, primero en 2012 y luego en 2023, y no existen otras mediciones equivalentes que permitan establecer una comparación. Además, debido a los cambios metodológicos introducidos en su última versión, sus resultados no son directamente comparables con los de 2012.

“Muchas veces la ciudadanía cree que la diferencia está en si el niño recibe o no una remuneración”, afirma Camila Baeza, abogada litigante y especialista en Derecho de Familia. Sin embargo, explica que ese no es el criterio. “Una cosa es colaborar en tareas acordes a la edad, como hacer la cama o lavar la loza. Otra muy distinta es asumir responsabilidades propias de un adulto que interfieren con su educación, descanso o desarrollo”. 

La frontera puede ser difícil de reconocer precisamente porque, como ocurre con Martina, dentro de una familia esas tareas suelen llamarse “ayuda”. 

Para el sociólogo Alexis Sossa, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Ámsterdam, la magnitud de la cifra expone una tensión que va más allá de las decisiones particulares de cada hogar. 

“Que aproximadamente uno de cada seis niños haya estado vinculado a alguna forma de trabajo infantil nos habla de una contradicción importante. Chile ha avanzado en crecimiento económico y en institucionalidad, pero aún mantiene profundas desigualdades que afectan la vida cotidiana de muchas familias”, sostiene. 

El trabajo que no se ve 

Martina no representa el perfil que primero suele asociarse al trabajo infantil. No vende productos en la calle ni abandonó el colegio para conseguir un sueldo. Pero los datos muestran que las responsabilidades domésticas y de cuidado son centrales para entender el fenómeno. 

De hecho, el grupo con mayor prevalencia no es el de los niños más pequeños. Entre los 9 y 14 años, uno de cada cinco –el 20,1%– se encuentra en situación de trabajo infantil, frente al 9,2% entre los 5 y 8 años y el 14,3% entre los adolescentes de 15 a 17. La diferencia se explica especialmente por el peso del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso, que alcanza un 15,5% en el tramo de 9 a 14 años. 

También existe una división por género. Los niños y adolescentes hombres participan más en actividades económicas –6,6%, frente al 4,2% de las niñas–, mientras que ellas presentan una mayor incidencia en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso: 12,3%, frente al 10,1% de los hombres. 

Para Narváez, esa diferencia no aparece de manera espontánea. En los casos que ha conocido observa que determinadas responsabilidades se naturalizan con mayor facilidad cuando recaen sobre una niña. Cuidar hermanos, cocinar u ordenar pueden ser interpretados como una “ayuda natural” o incluso como una señal de madurez. 

La trabajadora social Daniela Bocaz ha visto situaciones similares en la educación pública. “Muchas veces la hermana mayor, aunque siga siendo menor de edad, termina al cuidado de los niños mientras los padres retornan a casa por motivos laborales”.

La geografía agrega otra diferencia. En zonas rurales, el trabajo infantil alcanza un 22,1%, frente al 14,7% de las áreas urbanas. La brecha se concentra especialmente en las actividades económicas: allí su incidencia prácticamente triplica la urbana. La Araucanía registra la prevalencia regional más alta del país, con un 26%, seguida por Los Ríos, con un 19,6%. 

La escuela puede convertirse entonces en uno de los primeros lugares donde las consecuencias comienzan a hacerse visibles. Trabajo infantil no significa necesariamente deserción inmediata. Para muchos estudiantes, el problema comienza antes: cansancio, tareas que quedan pendientes, pérdida de actividades sociales o una asistencia que se vuelve intermitente. 

“Lo que vemos con mayor frecuencia son asistencias irregulares: niños que vienen dos días de la semana, desaparecen una o dos semanas y el adulto responsable no se presenta en el establecimiento. Ahí comenzamos a activar protocolos, realizamos visitas domiciliarias y tratamos de entender qué está ocurriendo detrás de ese ausentismo”, explica Bocaz. 

Karla Henríquez, trabajadora social y mediadora familiar, advierte que mirar únicamente la actividad que realiza el niño puede ocultar aquello que realmente la vuelve problemática. 

“Lo que muchas veces no se ve son las largas jornadas, la exposición al frío o al calor, el cansancio o el impacto emocional que implica asumir responsabilidades propias de los adultos. Eso termina reflejándose cuando los niños llegan al colegio, se quedan dormidos en clases o aumenta el ausentismo escolar”, advierte. 

Y esas responsabilidades no surgen necesariamente de una decisión deliberada de poner a un niño a trabajar. 

A varios kilómetros de la casa de Martina, Michelle Silva, de 26 años, enfrenta su propia ecuación de cuidado. 

Trabaja atendiendo una heladería junto a su hija de tres años, quien padece asma crónica, ha sido hospitalizada dos veces y en una de ellas llegó a permanecer en coma. Michelle podría recurrir a su madre para cuidarla, pero una vive en Pedro Aguirre Cerda y la otra en Huechuraba. La distancia vuelve difícil convertir esa ayuda en una solución cotidiana. 

Su hija asistió al jardín infantil desde los nueve meses y Michelle recuerda positivamente la experiencia. Sin embargo, después de los problemas de salud decidió retirarla. 

“Nunca me quejaría de los jardines porque la cuidaron excelente. Pero quedó con las defensas muy bajas y cualquier virus significaba volver al hospital. No quería volver a pasar por ese proceso”, recuerda. 

Cuando le ofrecen cubrir un turno, entonces, la niña va con ella. 

No realiza las tareas de su madre ni puede clasificarse, con los antecedentes disponibles, como un caso de trabajo infantil. Pero su presencia detrás del mesón muestra el mismo dilema que aparece detrás de otras historias: cuando los adultos necesitan trabajar y las redes de cuidado no alcanzan, ¿quién se hace cargo de los niños? 

El cuidado como política pública 

“Siempre todo es multifactorial. Generalmente observo una combinación de pobreza, empleo informal por parte de los adultos, dificultades para acceder a redes de apoyo, exclusión social e, incluso, la naturalización del trabajo infantil como una estrategia de supervivencia familiar”, explica la trabajadora social Karla Henríquez a la hora de abordar el por qué de esta situación. 

Un estudio presentado en junio de 2026 por UNICEF y la OIT llegó a una conclusión similar desde los datos: entre los factores asociados al trabajo infantil aparecen la pobreza multidimensional, la ruralidad, el nivel educacional de quien encabeza el hogar y las propias experiencias de trabajo temprano de los cuidadores, además de normas familiares que pueden volver aceptable que los adolescentes trabajen. 

Para la neuropsiquiatra infantojuvenil Amanda Céspedes, el costo está también en aquello que deja de ocurrir mientras un niño asume responsabilidades adultas. 

“El desarrollo temprano depende de la activación de ciertos patrones ancestrales: el juego, el movimiento, la imaginación, la creatividad, el contacto con la música, las artes y la naturaleza. Cuando ocurre algo que impide que estos programas se activen, se afecta gravemente el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño”, afirma. 

La falta de redes que aparece en las historias de Martina o Michelle tiene una posible respuesta, aún en discusión.

El proyecto de Sala Cuna Universal, despachado por el Senado el 8 de septiembre, cursa su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa elimina la exigencia de que las empresas cuenten con 20 o más trabajadoras para garantizar el derecho a sala cuna y lo extiende a trabajadores e independientes. En el Senado quedó sin financiamiento, al rechazarse la cotización de 0,35% compensada con recursos del Seguro de Cesantía. El 20 de octubre, la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad la idea de legislar y fijó hasta el 30 de octubre el plazo para presentar indicaciones. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, comprometió cambios para reponer los recursos, pero siguen abiertos el financiamiento, el copago de las familias y cuán universal será, en la práctica, el beneficio.

El debate conversa directamente con una de las restricciones que enfrentan las familias. Elisa Vergara, economista e investigadora de Acción Educar, lo explica: “En algunos casos, el cuidado en el hogar puede responder a una preferencia familiar legítima. Pero sería apresurado concluir que siempre se trata de una decisión completamente libre, porque muchas familias enfrentan restricciones concretas: disponibilidad de cupos, distancia, horarios, costos indirectos o falta de una oferta que se adapte a sus necesidades laborales y de cuidado”. 

Una sala cuna, sin embargo, atiende solamente una parte del problema. La propia EANNA muestra que la prevalencia más alta de trabajo infantil se encuentra entre los 9 y 14 años, cuando la mayoría ya está dentro del sistema escolar. El desafío entonces no es únicamente conseguir un lugar donde dejar a los más pequeños: también es evitar que, una vez terminadas las clases, el cuidado de ellos sea transferido de manera permanente a sus hermanos mayores. 

Chile cuenta desde 2022 con un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y los establecimientos educacionales pueden activar redes de protección cuando detectan una vulneración. Pero para Alexis Sossa, la distancia entre reconocer un derecho y garantizarlo sigue siendo central. 

“La legislación establece un marco de protección, pero la realidad social está determinada por las condiciones materiales de vida de las familias y por la capacidad del Estado para hacer efectivos esos derechos”, explica. 

En junio, el Gobierno presentó además Crecer Protegidos, la segunda Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente que Trabaja 2026–2036. La hoja de ruta surge precisamente después de los resultados de la EANNA y propone acciones para la próxima década en cinco áreas: pobreza, educación y transición protegida al trabajo, tolerancia social, generación de información y peores formas de trabajo infantil. Durante agosto, los comités regionales comenzaron a definir las prioridades de sus primeros años de implementación. 

Para el diputado Jaime Mulet, integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, la existencia de normas y estrategias no elimina el problema de su aplicación. “Siempre hay cuestiones insuficientes y siempre hay poca fiscalización”, señala. 

La pregunta que queda es qué ocurre semana a semana con estos menores mientras esas respuestas avanzan. 

En la heladería, Michelle todavía debe tomar esa decisión cada vez que aparece un turno. Sabe que detrás del mesón no está el espacio pensado para una niña de tres años. Pero después de dos hospitalizaciones y sin una red de cuidado cercana en la que confíe para enfrentar una emergencia, mantenerla a pocos metros sigue pareciéndole la alternativa más segura. 

“Yo soy la única que la puede cuidar bien”, dice. 

Mientras Michelle continúa sirviendo y cobrando pedidos, su hija espera sentada en un cojín. Al rato, vuelve a escucharse su voz: 

“Mamá, estoy aburrida… mamá, quiero dormir.”