Más de 120 mil familias viven en campamentos y el Estado desaloja, aproximadamente, uno por semana. Pero las cifras de TECHO Chile muestran que menos del 30% de los campamentos cerrados llega a una solución habitacional real. ¿Adónde van las familias cuando les derriban la casa?
Por Florencia Aguirre
Edición: Renato Quevedo
Es jueves nueve de octubre de 2025 y Carabineros entra a la Toma Dignidad en la comuna de La Florida. Llegan a las 7:50 AM. Van uniformados, en autos blancos blindados y camiones que están para cumplir un objetivo: echar abajo los espacios que ocupaban 194 familias. Romina Espinoza (52) vive ahí. No sabe leer ni escribir, pero sí grabar y gritar, así que eso hace. Saca su celular, y apunta con la cámara como si eso fuese a protegerla de lo que está a punto de ocurrir. Como si lo que captase pudiera devolverle su casa.
Espinoza grabó dos videos ese día. El primero, duraba seis segundos y mostraba vehículos de Carabineros en la entrada de la Toma Dignidad. Se escuchaba una primera voz decir “hay que traer a los cabros chicos pa’acá”, mientras la suya gritaba “¡salgan!”. El segundo, duraba 29 segundos y mostraba los escombros que dejó una grúa amarilla. Escombros que, hace menos de cinco horas, eran el hogar de 600 personas.
Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO Chile, una fundación sin fines de lucro al servicio de familias que viven en precariedad habitacional, entre 2024 y 2025 se identificaron 153 campamentos en la Región Metropolitana (RM). En estos campamentos viven más de 22 mil familias. Un 24% de ellos son menores de 14 años, 14% adultos mayores y un 5% son personas en situación de discapacidad. A nivel nacional son 120.500 las familias que viven en esta situación.
En 67 de estos campamentos en la RM hay órdenes o procesos de desalojo en curso, los cuales los operativos pueden iniciar en cualquier minuto de cualquier día. Para Espinoza fue ese nueve de octubre.
El aumento de campamentos se ha convertido en un problema crónico. Y aunque el mismo catastro establece que, entre 2023 y 2025, se cerraron 346, el problema es que menos de un 30% de esos cierres corresponde a soluciones habitacionales definitivas. La mayoría han sido desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias de las familias para encontrar alternativas.
Por eso, cada tanto el tema vuelve a salir en la prensa a propósito de alguna denuncia. Prueba de ello fue el conocido video viral a comienzos de septiembre de 2025, cuando el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, discutía con una dirigenta vecinal por el uso ilegal de un terreno. “La ley es bastante clara al respecto, uno no puedo ocupar el terreno que no le corresponde, ese es un principio básico de la democracia”, sostuvo Neme ese día.
“Tenemos un desalojo por semana”, dice el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en temas urbanos, Javier Ruiz-Tagle. Algo que resulta dramático, porque, dice él, el gran problema es este: “no hay dónde llevarse a la gente”.
Eso es precisamente lo que le pasa a Espinoza: “¿A dónde voy a quedar yo? En la calle. No tengo apoyo de nadie. Somos mi marido, mi hija y yo”.
El remedio no cura la enfermedad
En Chile, los desalojos de tomas ilegales se ejecutan cuando un tribunal ordena la restitución del terreno. La responsabilidad operativa luego recae en las delegaciones presidenciales y las municipalidades, quienes se coordinan con Carabineros. Los municipios en estos casos, suelen ofrecer dos tipos de soluciones: albergues temporales, que se ofrecen por un periodo de tres a cinco noches, o gestionar subsidios de arriendo de emergencia para un número limitado de familias.
Los que se oponen a los desalojos son los pobladores, pero quienes negocian la salida de las tomas, son los dirigentes sociales. María José Escudero (41) es una de ellas en la Toma Dignidad.
Escudero vivió 15 años en la Toma Nasur de la comuna de Peñalolén. En 2019 la desalojaron y, cuenta, no le quedó otra opción que cambiar de campamento. Eligió la Toma Dignidad por temas prácticos: ambas quedaban cerca y varios vecinos siguieron el mismo destino. Cuando comenzó el desalojo en esa toma, pensó que viviría el mismo destino otra vez: “Voy a esperar que me echen, no sé a dónde me voy a meter ahora”. Después de seis años, volvió a ser desalojada.
Para dar una solución habitacional a quienes viven en campamentos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) creó en el año 2011 el Programa de Asentamientos Precarios. Dentro de las medidas que tiene este programa está el Subsidio de Fondo Solidario de Vivienda (DS49) y la cobertura de los Gastos de Traslado Transitorio (GTT), que contempla la entrega de un monto mensual para un arriendo formal.
A Romina Espinoza le entregaron el GTT por $500 mil. Para hacerlo efectivo, debía ir donde un arrendador que confiara en los pagos del Estado, pero se encontró con un problema: “El papel del subsidio dice Toma Dignidad entonces piensan que somos malos”, comenta.
Según TECHO Chile, el 35% de las personas que viven en campamentos ha esperado durante más de 14 años una solución definitiva.
De acuerdo a Alcanzable, una fundación que promueve el acceso a la vivienda a través del arriendo protegido, solo un 45% de los subsidios otorgados por el MINVU termina en un arriendo efectivo. Roberto Pons, presidente de Alcanzable, explica que las personas beneficiadas enfrentan varios problemas al buscar un hogar.
El Subsidio de Arriendo (DS52) es un apoyo al que también pueden acceder las personas que viven en campamentos, aunque no es exclusivamente para ellos. Este beneficio es de hasta 4,2 Unidades de Fomento (UF), es decir alrededor de $167 mil y está pensado para ser complementado con la renta del beneficiario. “El copago que debe hacer la persona termina siendo demasiado alto en relación con su ingreso familiar” explica Pons.
La abogada de Techo Chile, Nicole Espinoza, advierte que una gran parte de las familias afectadas por los desalojos queda fuera de las soluciones que el Estado ofrece: “Nosotros vemos mucho en procesos de desalojo que las municipalidades sí están dispuestas a dar subsidio, pero son para personas hábiles”, explica para referirse a quienes sí cumplen con los requisitos de residencia en el campamento. Que es estar inscrito en el Registro Social de Hogares, tener cédula de identidad vigente y requisito de ahorro según el caso particular.
En esa categoría no entran migrantes en situación irregular, por ejemplo, madres solteras sin redes de apoyo o chilenos que no cumplen los requisitos administrativos. “Son los que más necesitan ayuda, porque no tienen redes. Entonces, los dejas en la calle, sin nada”, resume la abogada.
El Catastro Nacional de Campamentos de TECHO Chile 2024-2025, revela que de las más de 22 mil familias que viven en campamentos en la Región Metropolitana, el 61,5% son migrantes, principalmente irregulares. Esto significa que ninguna de esas familias pueden acceder al beneficio del subsidio de arriendo.
En la práctica, agrega Nicole Espinoza, los desalojos no solucionan el problema habitacional, solo lo trasladan. “Claramente las personas que estaban en una alta situación de vulnerabilidad y son desalojadas sin acompañamiento, quedan más desprotegidos”, advierte.
Muchas de esas familias terminan viviendo allegadas, en condiciones más precarias, o simplemente moviéndose de una toma a otra. “Lo que pasó en Dignidad ahora es eso: se desalojó solo un paño del campamento. Y esas personas, que hoy no tienen dónde dormir, se van a otro campamento”, concluye.
Según Javier Ruiz-Tagle, el aumento de desalojos en tomas responde a las modificaciones de la Ley de Usurpaciones que endurece las penas y multas por incumplimiento, además de definir la usurpación como un delito permanente. Por otro lado, también permite el desalojo de ocupantes en cualquier minuto del proceso judicial.
Sobreviviendo en una toma
Hace siete años atrás, el canal de YouTube de Canal 13 publicó un video en el que una mujer estaba hospitalizada. “Hombre agrede brutalmente a su ex pareja”, decía el titular. Según contaba la hija de la víctima, ellas vivían solas y sin apoyo.
Esa mujer era Sandra Barrenechea que hoy, al igual que Romina Espinoza y María José Escudero vive en una toma. Solo que al otro extremo de la Región Metropolitana: en el Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea, donde creció. “Apellido cuico para una mujer pobre”, dice riéndose.
Ella no conoce a Espinoza ni a Escudero, pero las tres comparten las mismas constantes: vivir con miedo al desalojo, rodeadas de violencia y en un entorno donde las drogas están a la orden del día.
Felipe Ward, exministro del MINVU en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, explica que el déficit habitacional chileno no solo se mide por la falta de viviendas nuevas, también hay un déficit cualitativo que afecta a cerca de 1,5 millones de hogares que requieren reparaciones. A su juicio, el aumento de campamentos y tomas responde, principalmente, a factores económicos y migratorios.
Esto calza con la historia de Barrenechea, a quien su expareja, el mismo que la agredió, le debe seis millones de pesos por no pago de pensión alimenticia. También calza con la historia de Romina Espinoza y la de María José Escudero, con ingresos insuficientes para costearse la vida.
Para Ward, las ayudas entregadas tras los desalojos, como subsidios de arriendo o albergues temporales, deben ser soluciones transitorias, no permanentes. “Si el Estado ofrece viviendas definitivas a personas desalojadas, se generan incentivos equivocados”, dice. Según él, el foco debe mantenerse en fortalecer el acceso a viviendas propias, en ampliar la cobertura de subsidios y en mejorar la coordinación entre el ministerio de Vivienda y otras carteras para atender a las familias sin hogar, sin desincentivar la vía formal de acceso habitacional.
Otra alternativa, distinta a los subsidios, es que el Estado compre el terreno a quien sea propietario y lo ceda a las familias que ya viven ahí. Pero para Ward el Estado debe actuar con cautela, cuidando privilegiar mecanismos formales de postulación. “Nadie vive en una toma por gusto, pero tampoco se puede normalizar la informalidad”, dice.
Según Carlos Montes, exministro del MINVU del gobierno de Gabriel Boric, también han habido negociaciones viciadas. “En el gobierno de Bachelet creo que fue, el dueño del terreno incitó a los ocupantes a tomárselo y después hizo que presionaran juntos para que el Estado pagara más de lo que debía”, dice.
A las 14:34 del viernes siete de noviembre de 2025 hay dos hombres durmiendo en una banca frente a un albergue en Lo Barnechea. Son algunos de los que desalojaron en la toma La Cancha. “Esos curaos” están esperando a que les abran”, dice Sandra Barrenechea.
A medida que recorre el Cerro 18 ve los lugares donde se produce la droga. Sabe quiénes venden. Dice que en el barrio la odian “por hocicona”.
Al final de su recorrido llega a la toma La Cancha. La droga, dice Barrenechea, tiene tomado el barrio: “Cuando los pasteros se quedan sin plata me cortan la luz y me cobran como 40 lucas para devolverla”, cuenta. Hacen lo mismo con el agua. Cuenta que hace cuatro meses mataron a un niño cerca de su casa. Ella dice que vive con miedo, pero duerme bajo un techo y un techo es mejor que nada.
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