Cuando en mayo de 2012 Constanza Gutiérrez desapareció durante 16 horas del hospital, su familia asegura que el personal no colaboró con la búsqueda y que incluso se burlaron de ellos. La madre de la niña que hoy tiene un año, Alejandra Martínez, sufre insomnio y depresión. Esta semana presentarán una demanda contra el Servicio de Salud Metropolitano Central.
Por Javiera Donoso
En menos de diez minutos se acaba el peor año de la familia Gutiérrez Martínez. Dos jueces votaron en contra de Lupe Carbonell. Uno votó a favor de su inocencia. La sentencia: cinco años y un día, pena efectiva y sin ningún beneficio, por el delito de sustracción de menores. Específicamente, por la sustracción de Constanza Gutiérrez Martínez, un día después de nacer. Cuando termina la audiencia, los padres de Constanza, Alejandra Martínez (21 años) y Sebastián Gutiérrez (30), salen a conversar con su abogado. Afuera, las cámaras y micrófonos los rodean. “Estamos conformes. La justicia es la justicia”, declara el padre. “Estoy conforme”, reafirma la madre.
La batalla legal, sin embargo, no ha terminado para ellos.
Lupe Carbonell, que en mayo de 2012 secuestró a la recién nacida del Hospital Clínico San Borja Arriarán, ha sido condenada. La sentencia es lo que la familia estaba esperando para poder querellarse no sólo contra Carbonell, sino que también contra Fernando Benavente Undurraga en representación del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), del que depende el centro asistencial.
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Constanza nació el sábado 12 de mayo de 2012. Sebastián Gutiérrez, su padre, recuerda que ese día había vigilantes circulando por el pasillo, supervisando, porque había mucha gente: “Siempre estuvo el guardia ahí en el horario de visitas. Al otro día, a esa misma hora, no había ningún guardia”, dice Gutiérrez.
Ese domingo, a las seis de la tarde, una enfermera entró a la habitación de Alejandra Martínez y le pidió el bebé para tomarle la temperatura. Cuando pasaron unos quince minutos y su hija no volvía, Martínez se preocupó.
Después de ir al baño, cuando Gutiérrez salió del ascensor se encontró con su pareja caminando por el pasillo, alterada, sola. Cuando le preguntó por “¿la Coni?”, ella le contestó que se la había llevado una funcionaria. No había ninguna en el pasillo.
Fueron a una sala al fondo del piso, donde unas enfermeras estaban tomando té y comiendo torta. Les avisaron que se habían llevado al bebé, pero les dijeron que no era posible porque estaban todas ahí. La madre comenzó a llorar. Ellas le pidieron que se calmara y empezaron a preguntar: “¿A quién se la había entregado?”, “¿Cómo se le ocurría hacerlo?”
“Me decían que cómo no le pedí el nombre. ¿Cómo le voy a pedir eso, si ya se la habían llevado antes a bañarla? Es como con un carabinero. Tú no le vas a estar pidiendo los papeles para saber si es un carabinero o no”, explica Alejandra Martínez.
La mujer que se había llevado a su hija era Lupe Carbonell, y Lupe Carbonell no era una enfermera.
A la madre la llevaron de regreso a su pieza y Sebastián Gutiérrez se puso a registrar el recinto. Llamó a Carabineros. Llamó a su familia. Quince minutos después, su madre Nancy Pardo, su hermana Graciela Gutiérrez y su medio-hermano Sandro Césped, estaban ahí, buscando con él. “Nosotros nos dividimos para empezar a ver camilla por camilla, sala por sala, piso por piso. Mi hermano en los baños, los basureros, porque ni el hospital ni el guardia hicieron nada. Nadie hizo nada”, recuerda Graciela Gutiérrez.
El personal del hospital no los ayudó, aseguran todos. Terminó el turno, pero carabineros no los dejaba irse hasta que el fiscal llegara. “Nunca se movieron. De hecho, estuvieron reclamando hasta el final. A ellos les interesaba más irse a sus casas que ayudarnos”, cuenta Sebastián Gutiérrez, y recuerda que debió “correr” a un guardia para acceder a las cámaras de seguridad, según recuerda. Fue la familia la que llamó a todos los canales de televisión y a la PDI.
Los funcionarios, recuerdan los padres de Constanza, se burlaban mientras rastreaban solos a la recién nacida. Alrededor de la sala de maternidad escuchaban bromas como “¿y dónde está la guagua? ¿Quién la tiene?”. Por eso pidieron hablar con el director del hospital, Claudio Robles. Les dijeron que estaba ocupado. Trataban de tomar los nombres de las personas que se reían, pero no había con quién denunciarlo. “Todo se prestó para una chacota”, dice Nancy Pardo, la madre de Sebastián Gutiérrez.
Después de 16 horas de angustia e incertidumbre, Gutiérrez recibió la noticia de que habían encontrado a Constanza. Fue al cuartel de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI y se encontró con su hija. La llevaron de vuelta al hospital para hacerle exámenes. A esas alturas llegaron el director y la ministra del Sernam de entonces, Carolina Schmidt.
Se les prometió ayuda legal y psicológica. Nunca llegó nadie de parte del centro de salud. Una psicóloga del Sernam visitó a Alejandra Martínez dos veces durante el mes de mayo en su hogar, pero para más sesiones ella debía ir a la consulta. La madre se negó y la comunicación entre las dos se diluyó hasta desaparecer. El Sernam también apoyó a la familia con un abogado que estuvo presente durante todo el proceso contra Carbonell.
El abogado del hospital, al igual que el psicólogo, nunca aparecieron. Sebastián Gutiérrez contrató a su propio abogado, Claudio Lefever.
Desde que secuestraron a su hija, Alejandra Martínez ha pasado por períodos depresivos que la han llevado incluso a intentar suicidarse. Puede dormir por períodos cortos y solo si está la luz prendida. Durante el día se siente más tranquila, pero por las noches tiene miedo, incluso cuando está con gente. Lleva un año en tratamiento psicológico particular.
Constanza usa talla dos, aunque sólo tiene un año. Nadie que no sea de la familia puede cuidarla. Incluso algunos miembros familiares sólo pueden cuidarla por una o media hora. La madre no tiene amigos en el colegio, donde está terminando el cuarto medio: “Ya no tengo esa confianza en nadie. Ahora trato de que estemos nosotros no más acá en la casa”, dice Martínez.
Su pareja también se ha aislado. Después del incidente en el San Borja, la pareja con sus dos hijos –Constanza y Daniel, quien tiene cuatro años– se fue a vivir con Nancy Pardo. La falta de espacio y unos cuantos conflictos los hicieron cambiarse a la casa de la otra abuela. Los mismos problemas los hicieron buscar un espacio propio.
Los gastos comenzaron a convertirse en deudas. “Me endeudé porque pasaban un sinfín de cosas que no se acababa nunca. Primero, la Ale al psicólogo. Después el problema del espacio. Después me mandaron una mercadería que no pude vender porque no pude estar ahí. Perdí como 20 millones”, dice Gutiérrez, quien estuvo 15 días sin trabajar.
El juicio contra Carbonell ha afectado a la familia. Graciela Gutiérrez explica: “Pareciera que el caso salió ahora. Verla en el juicio, declarar, ha removido todas las cosas de nuevo”.
El hospital, a través de un comunicado de prensa fechado el 15 de mayo de 2012, aseguró que habían brindado “todo el apoyo clínico, psicológico y moral a los padres de Constanza, acompañándola desde los inicios del lamentable suceso”. Nancy Pardo, Graciela y Sebastián Gutiérrez y Alejandra Martínez lo niegan. “Si hubiera sido así, nosotros hubiéramos dicho: ‘Se portaron bien. Fue una falta de seguridad y qué vamos a hacer contra eso’. Pero no fue sólo por seguridad. Se portaron pésimo”, asegura Martínez.
La seremi metropolitana de salud metropolitana, Rosa Oyarce, dice que el asunto no le compete y dirige la pregunta al SSMC. El Servicio de Salud dice que el asunto no le compete y dirige la pregunta al hospital San Borja. El hospital San Borja no quiere referirse al tema.
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Sólo tiene que haber la simple sospecha de que un menor ha desaparecido para que todo el personal del hospital estadounidense John Dempsey, del centro de salud de la Universidad de Connecticut, se mueva para encontrarlo.
Los hospitales John Dempsey, Cedars-Sinai en Los Angeles, Hospital General de Massachusetts en Boston, Universidad de Salud y Ciencia de Oregon y el Sistema de Salud de las Carolinas, entre otros, utilizan el llamado Código Rosa como protocolo para el secuestro de niños en centros de salud.
El procedimiento obliga al personal a lanzar la alerta para que todos sepan que deben chequear salidas y estar atentos a actitudes sospechosas. Además, deben informar inmediatamente a la policía, apoyar a los padres, no permitir que nadie salga del área y registrar toda la unidad de manera minuciosa.
El protocolo del Portmouth Hospitals NGS, en el Reino Unido, es muy similar: desde que alguien sospecha se alerta a los funcionarios y se notifica a la policía inmediatamente. Desde qué hacer hasta con quién y en qué orden hablar: todo está tipificado.
El hospital San Borja no contaba con un protocolo para enfrentar una situación como esta. Tampoco lo tienen las clínicas privadas. July Hidalgo, enfermera de la Clínica Indisa, explica que no se formulan hasta que algo sucede: “Acá no hay protocolo. Nunca nos ha pasado algo así”, dice Hidalgo.
Postergar la demanda hasta después de condenada Carbonell fue una movida estratégica, dice el abogado de la familia Gutiérrez Martínez, Claudio Lefever, pues los mismos funcionarios que testificaron en el juicio aportaron información sobre irregularidades en el centro asistencial.
Además de la falta de un protocolo de seguridad, el abogado destaca que el guardia del séptimo piso, donde se encuentra la maternidad, no estaba en ese momento; que las enfermeras estaban todas en una sala tomando once, que en ese momento se permitía retirar niños sin sus madres, y que los funcionarios no tenían credenciales. “Lupe Carbonell entró, se vistió adentro, salió con la niña y todo sin ningún tipo de control o registro. Eso fue lo que facilitó la comisión del delito”, dice Lefever.
En los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado está estipulado que el Estado debe responder por los daños ocasionados por concepto de falta de servicio. “Omisión del deber de cuidado significa que ellos no cumplen con la obligación de garantes de la salud de las personas y una cosa básica de la salud de una persona es precisamente el que te cuiden, en otras palabras, que no sea sustraída del lugar”, explica Lefever.
Durante la mediación con la abogada del hospital, ella preguntó qué quería la familia. Ellos pidieron ayuda psicológica de por vida para Martínez y una indemnización: “No buscamos una cantidad grande de plata. Quiero que se reparen los daños y que quede precedente para que no vuelva a pasar”, dice Sebastián Gutiérrez. Después de hacer un sumario, la abogada del San Borja les respondió que él junto a su esposa eran los culpables por haber entregado el bebé a la secuestradora.
Sobre la autora: Javiera Donoso es alumna de cuarto año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por la profesora Jimena Villegas.