En 2011 el ministerio de Justicia comenzó con el proyecto piloto Unidades de Justicia Vecinal. El objetivo era dar solución a los conflictos que surgen entre vecinos pero que no tienen la gravedad suficiente para ser acogidos por el sistema judicial. A la fecha, el programa ya ha atendido más de 13.000 casos –la mayoría de ellos con éxito–, pero tiene fecha de término en marzo de 2014. El futuro gobierno deberá decidir si transforma la iniciativa en una política pública.
Verónica Tagle
El día “D” Patricia Benavides decidió buscar una solución más radical. Luego de una tarde tranquila en su casa junto a su marido y un matrimonio amigo, salió a dejarlos a la puerta cuando se encontró de frente con ocho niños, de entre tres y doce años. Una vez más, la pelota con la que jugaban había caído en su patio y ellos la querían de vuelta. A sus 67 años, Patricia hizo como si nada y pasó de largo, algo alterada por la mini-turba. Tras despedirse de sus invitados en la esquina, dio media vuelta y se encontró con su vecina Carolina Díaz, de 31 años, apoyando una escalera contra la reja de dos metros de su casa. Ayudándose con una escoba, Carolina hizo rodar la pelota por la malla de kiwi instalada sobre el patio para dejarla caer hacia la calle. Ese 15 de enero de 2013 los gritos se escucharon por todo el pasaje San Andrés, en la comuna de Maipú.
Las vecinas descargaron veinte años de disputas vividas desde que ambas llegaron a vivir allí. Carolina entonces era solo una niña de 11 años, y cada vez que su pelota iba a parar a la casa de Patricia [en la foto principal], esta se esfumaba o aparecía rota en el basurero. La anciana estaba harta de que los niños rompieran su jardín y alteraran su tranquilidad. Ya adulta, ahora, Carolina no se quedó de brazos cruzados.
Al ver la pelota cayendo desde la malla de kiwi, los niños celebraron a la nueva heroína del pasaje, y la anciana partió –enfurecida y sintiéndose desamparada– a encerrarse a su casa. “Era como un conejo en su cueva y todos los demás eran cazadores”, recuerda hoy poniendo las manos sobre su cabeza, protegiéndose.
Un estudio realizado en 2011 por la empresa de investigación de mercados Collect GfK arrojó que uno de cada cuatro hogares chilenos admite haber tenido conflictos con su vecino en el último año. Estos corresponden principalmente a copropiedad inmobiliaria, arrendamiento, convivencia entre vecinos y servidumbres legales. Como la mayoría no alcanza el grado de delito, difícilmente tienen acogida en carabineros, juzgados de policía local o municipalidades.
En 2011 el ministerio de Justicia creó un proyecto piloto llamado Unidad de Justicia Vecinal (UJV) para entregar soluciones a este tipo de altercados de forma gratuita. A través de un asesor neutral, se orienta a las partes para que en conjunto definan una solución. El programa empezó con cuatro UJV que se repartieron las comunas de Santiago por zonas: Sur, Norte, Oriente y Poniente. El objetivo final era –y aún lo es– reunir información suficiente para generar una política pública definitiva y acorde a las necesidades de la población.
Martín Morales es abogado y jefe de la UJV de la zona Poniente, que incluye a las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. Es la Unidad con más casos ingresados en 2013, y atiende entre 100 y 120 semanales. La clave, según Morales, está en el plan de difusión: se contactó con los dirigentes vecinales, la municipalidad y carabineros para que estos le derivaran a quienes no habían escuchado sobre el proyecto.
Patricia Benavides dio con el número telefónico de la UJV Poniente luego de varios intentos de encontrar una solución por las vías tradicionales. “No me tramitaron, no me hicieron hacer filas. Fue inmediato, preciso, justo, ¡increíble! Es como un milagrito”, recuerda con la voz entrecortada.
Todo vecino debe salir con una respuesta al pasar por una UJV. Es por esto que se utiliza el modelo “multipuertas”, es decir: se trata el caso dentro de la Unidad o se deriva con orientación hacia alguna de las vías tradicionales. Además, siempre participa un tercero, quien puede ser un abogado o un asistente social.
El procedimiento es voluntario y comienza con el ingreso del caso de manera presencial, por internet o con una llamada telefónica. Luego, un “facilitador” se encarga de visitar a la contraparte en su casa y convencerla de participar. Si acepta, se cita a demandante y demandado a la Unidad de Justicia.
Dentro de la UJV las opciones son tres: la conciliación, mediante la cual se ayuda a que las partes encuentren por sí mismas una solución al conflicto; la mediación, en la que el tercero propone acuerdos frente a la pasividad de los participantes; y en tercer lugar el arbitraje, en el cual un juez –que sólo puede ser un abogado– escucha el caso y dictamina una sentencia. Según Alejandra Vergara, árbitro de UJV Poniente, este último es menos utilizado porque en general las personas temen al concepto “juzgado”.
Carolina y Patricia llegaron por separado al programa. Cada una contó su versión del conflicto mientras un equipo evaluador determinaba el tipo de procedimiento idóneo para su caso. Se optó por la mediación. “Fue lo que faltaba para coordinar las dos versiones, porque la mujer que nos atendió jamás nos permitió hablarnos particularmente, sino siempre mirándola a ella”, cuenta Carolina.
Para la árbitro Alejandra Vergara, lo importante es generar respeto, pero no lejanía entre ella y los participantes. Se utiliza una mesa redonda, no un estrado. Con voz firme pero cordial se explican los valores de la voluntad, la confidencialidad y jamás se contradice lo que dicen los usuarios. “El objetivo es que el puzzle calce lo mejor posible antes de llegar a un acuerdo”, explica la abogado.
El jefe de UJV Poniente, Martín Morales, cambió su forma de ver la justicia desde que trabaja en el programa. Acostumbrado a la frialdad de los litigios tradicionales, se dio cuenta de que el lado humano de los casos es tan importante como las demandas en dinero. Explica que a veces las personas no buscan que se les devuelva la plata, sino simplemente que les expliquen por qué no la han devuelto, que se estrechen la mano y recompongan una amistad. “Eso es súper enriquecedor para la vida en sociedad, es impagable”, asegura Morales.
Hasta fines de junio pasado el sistema había atendido 12.879 casos. De estos, el 67% cumplía con los tres requisitos para ser ingresados: no tratarse de materia delictual, que las partes sean mayores de edad y que vivan en una de las comunas hasta ahora cubiertas por el programa. Acorde a las estadísticas del ministerio de Justicia, el 90% de los ingresados encontró una solución satisfactoria. El presupuesto anual destinado a la iniciativa es de 1.156 millones de pesos: un 0,14% del presupuesto total del ministerio.
El programa finaliza en 2014, momento en que se evaluará su impacto y la posibilidad de convertirlo en una política pública estable. Sin embargo, teniendo en cuenta que 2013 es un año de elecciones presidenciales, será el próximo gobierno quien deberá tomar la decisión. Juan Carlos Pinto, coordinador de gestión e implementación del ministerio de Justicia, dice que el éxito que han tenido las UJV le hace pensar que habrá continuidad.
Martín Morales, el jefe de UJV Poniente, dice que lo único que cambiaría es que los compromisos fueran menos voluntarios y funcionaran como paso previo a un juicio, en el caso de no cumplirse los acuerdos.
Patricia tiene sobre la mesa del living un alto de exámenes médicos. El estrés que vivía a diario con los niños del pasaje, recuerda, derivó en un malestar estomacal constante, visitas al psicólogo e incluso un diagnóstico erróneo de cáncer gástrico. Asegura que la situación “la estaba matando” y que todo desapareció tras la mediación.
El compromiso firmado por ambas mujeres dice: “Patricia Benavides se compromete a entregar la pelota, si es que esta llega a caer a su casa, a Carolina cuando esta se la vaya a solicitar a su casa”. A cambio, la anciana no debe acercarse a los niños ni impedir que jueguen. En septiembre, Patricia y Carolina deberán rendir cuentas de su comportamiento en la Unidad. Pese a que todo el procedimiento es voluntario, procurarán cumplir los acuerdos para esa fecha y, así, mantener la armonía que ahora reina en el pasaje.
Sobre los autores: Verónica Tagle es alumna de quinto año de periodismo y este artículo corresponde a su trabajo en el curso Taller de Edición en Prensa Escrita, dictado por el profesor Rodrigo Cea. Las fotos son de los alumnos de Periodismo María Piedad Vergara e Hisashi Tanida, y corresponden a su trabajo en el curso Taller de Fotografía Periodística, dictado por la profesora Consuelo Saavedra.