Tres miradas sobre Punta Peuco

El posible cierre del penal fue anunciado por la presidenta Michelle Bachelet, en una entrevista con CNN Chile, en la que manifestó que cumpliría todas las promesas que estuvieran a su alcance. En este artículo entregan sus argumentos a favor y en contra, la hija de un ex uniformado recluso en dicha cárcel, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y una abogada especialista en Derechos Humanos.

Por Constanza Pérez

Vista aérea del penal Punta Peuco en Tiltil, extraída de Google Maps.

“Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que está en mis manos hacer”, fueron las palabras de la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista con CNN Chile, cuando fue consultada por la periodista Matilde Burgos si cerrará el penal Punta Peuco, aludiendo a un encuentro previo y privado que tuvo la mandataria con Carmen Gloria Quintana, víctima del Caso Quemados.

El penal Punta Peuco fue creado en 1995 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, con el objetivo de ser la prisión de quienes fueron condenados por el asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de la Unidad Popular, Orlando Letelier. Entre ellos, estaba Manuel Contreras el ex jefe de la División de Inteligencia Nacional (DINA), que estuvo recluso en el recinto hasta diez meses antes de su muerte cuando fue trasladado al Hospital Militar.

Entre los condenados que aún residen en la cárcel ubicada en Tiltil, están Miguel Krassnoff, quien tiene 20 condenas por violación a los derechos humanos, y Álvaro Corbalán, quien formó parte de la Central Nacional de Informaciones de la dictadura, y es autor del Himno de Punta Peuco, que reza entre sus versos: “Entre Tiltil y Colina se levantó este penal, cuida y custodia la vida del personal militar” y “hay deferencia y respeto y una actitud varonil”.

El penal ha sido cuestionado por los familiares de los detenidos desaparecidos, debido a que los presos tienen habitaciones individuales, piscina, acceso a computador, televisión satelital y electrodomésticos. Sin embargo, la mayoría de los reclusos tiene más de 60 años, por lo tanto, un cierre y un traslado implica la logística de mover a personas de la tercera edad. Esas visiones y los argumentos a favor y en contra son los que contrastamos en este artículo.

Hija de un militar

“Es una cárcel común y corriente igual que todas, con las mismas normas. Incluso peor te diría yo”. Loreto Iturriaga. Foto: Constanza Pérez.

Loreto Iturriaga (47), hija de del exdirector asistente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, se ha convertido en una de las voces con más coberturas mediática de los familiares de los reclusos en el penal por la defensa a su padre y a los ex militares ingresados en la cárcel. Su argumento es que la dictadura militar era necesaria en dicho período de la historia chilena y que ninguno de ellos es culpable de los crímenes por los que fueron sentenciados.

— ¿Cuál es tu visión sobre el posible cierre del penal Punta Peuco?

— El tema del cierre es algo totalmente absurdo. Para nosotros, los familiares, nuestros padres están por presunciones y no con pruebas. Entonces, de partida, que ellos estén ahí, ya es injusto. El querer cambiarlos de ahí no nos parece razonable, desde el punto de vista legal, ya que Punta Peuco está bajo todas las normas legales y administrativas de gendarmería como cualquier cárcel.

— Hablas de injusticia. ¿Qué es la justicia para ti en este contexto?

Primero, ellos no están condenados por delitos de lesa humanidad ni por derechos humanos. A partir del 2009 comienzan a regir en Chile los delitos de lesa humanidad y los derechos humanos. Ellos son el único grupo chileno al que se les aplica el sistema penal judicial antiguo. A cualquier militar que va detenido se le aplica el sistema penal antiguo, no el nuevo. Ya de partida estamos mal. Segundo, los jueces son prevaricadores, porque no prueban los casos. A la persona le dicen: “Sabe, Ud. se va preso y no le prueban nada”. ¿Y por qué son jueces prevaricadores? Porque muchos son de izquierda.

— ¿Crees que por ser ex uniformados deben estar separados de los reos civiles?

— Por supuesto, porque ellos no son delincuentes. Ellos fueron generales, coroneles, hay mucho cabo, mucho sargento.

— ¿Cuál es la disposición que tienen los otros familiares de reos dentro del penal?

— Todos la misma. Hay gente que es más miedosa, que le da miedo salir a una manifestación. Nosotros andamos con globitos y carteles. Los de la agrupación de familiares de detenidos hacen cosas más violentas, van y se encadenan. Yo no sé si somos estratos diferentes, no sé, no tengo idea.

— ¿Cómo es el penal por dentro?

— Es una cárcel común y corriente igual que todas, con las mismas normas. Incluso peor te diría yo, porque todas las cárceles tienen tres días de visita. Nosotros tenemos un día y medio, que se reparte por módulos. Aquí no hay internet, aquí no hay celulares, aquí no hay nada. En las cárceles donde están los delincuentes, tienen internet, de hecho, es conocido que hacen estafas desde la cárcel. Acá la gente es respetuosa.

Y si las cárceles son iguales o las otras cárceles tienen más privilegios, ¿cuál sería el problema del traslado de los reos a una cárcel común?

— El problema es que ellos llevan 10, 15, 20 años, entonces ya están acostumbrados. Por un informe que hizo una de las psicólogas que estuvo con ellos, hay mucha gente enferma, tienen patologías diferentes propias de la edad, toman muchos remedios. Tienen una depresión, tú los sacas de ahí y los terminas de matar. Trasladarlos los pone nerviosos. ¿Cómo los vas a sacar? Son 130 y tantos. ¿Qué les van a decir? Hagan su bolso, metan sus pastillas, la sábana, la toalla. ¿Cómo los van a cambiar? De hecho, pueden morir varios en el camino.

— ¿Hay hacinamiento dentro del penal?

— En una pieza de 2x2 tienen dos camas, no tienen clóset para dejar sus cosas, tienen que meterlas debajo de la cama adentro de cajas. ¿De qué lujos me hablan? Un wáter dentro de la pieza tapado por un cholguán.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que se han enfrentado como familia desde que tu padre está interno en el penal?

— De partida las humillaciones. El hecho también de estar en esta posición, a muchos de la familia le ha traído problemas de trabajo. Hoy, yo no encuentro trabajo. De verdad nos están enfermando a todas las familias. Se han muerto esposas, de un día para otro. Hasta yo mañana podría amanecer muerta, porque no sé, o sea yo lo he visto. Me he despedido en la fila: “Chao tía, nos vemos mañana”, y después, muertas.

— ¿Hay veces en que te cuestionas el rol que estás viviendo en este momento?

— Sí, pero nunca voy a denegar de mi sangre, de mi familia, ni del orgullo que yo siento por mi padre. Siempre voy a defenderlo, hasta el último día de mi vida.

— ¿Cuál es la proyección sobre lo que va a pasar con el penal?

— Yo te voy a hablar como Loreto Iturriaga y como persona de fe. Creo que Dios en algún momento se va a manifestar, creo que no los van a cambiar, creo que él va a hacer justicia divina y que muchos ya tendrían que estar incluso por salir. ¿Cómo va a ocurrir? No sé, solo Dios sabe.

— ¿Tu reconoces que se violaron los derechos humanos en la dictadura?

— Siempre me dicen, por ejemplo, esto de la venda sexy, donde violaban con ratones y perros, pero perdón, yo en ningún expediente de ningún militar he visto eso. ¿Qué personas lo inventan? Ahora, yo creo que sí debe haber habido cosas, y esas personas creo que muchas han confesado. Pero como algunas lo han dicho, hay que dar la oportunidad de decir también: “Yo no he hecho nada, no maté a nadie, no torturé”.

— ¿Hay personas dentro del penal que estén juzgadas con pruebas?

— Preferiría no responder a esa pregunta, pero yo sé de una persona que ha confesado.

— ¿Y crees que ellos también deben estar en Punta Peuco o deben tener un trato distinto?

— Yo creo que deben seguir ahí.

Si se violaron los derechos humanos, y las personas que están dentro del penal no son responsables, entonces ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo proponen ustedes encontrar a los responsables?

— No sé, eso tendrías que preguntárselo a uno de los que están adentro. No soy yo la persona indicada para responder eso. Claro, yo también me pregunto quiénes fueron. Porque, como te digo, yo sé que mi papá no tiene las manos manchadas con sangre. De hecho, mañana le voy a preguntar quiénes fueros los que estuvieron ahí.

Si efectivamente las personas que están dentro de Punta Peuco son culpables, ¿crees que debe primar su salud y edad por sobre la responsabilidad de los crímenes?

— No puedo partir de esa base. Yo sé que algunas personas cometieron algo y lo han confesado, pero para eso se creó la amnistía en el mundo. Así como fueron amnistiados terroristas que están todos libres y no hay ni un solo detenido, por qué no se puede amnistiar a militares también.

La familia que exige justicia

“Es un avance, no es todo. Nuestra lucha es para que esto no vuelva ocurrir, y para que esto no vuelva a ocurrir es mucho más que el cierre del penal Punta Peuco”. Lorena Pizarro. Foto: Constanza Pérez.

Lorena Pizarro, presidenta hace 14 años de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que busca la verdad y justicia sobre los crímenes en dictadura, hace más de un año que, junto a la agrupación, marcha todos los viernes alrededor de La Moneda como medida de presión para el cierre del penal. Desde su rol como presidenta, argumenta que los ex militares condenados por los crímenes ocurridos en dictadura no deberían tener un trato especial, sin embargo, considera que aún hay mucho más que avanzar en materia de memoria, un gran desafío para la sociedad chilena.

— ¿Cómo recibieron el anuncio de la Presidenta sobre el cierre del penal?

— No ha habido anuncio, lo que ella dijo es que va a cumplir su promesa. Tampoco hay voluntad. Dice que es un tema que está viendo. Eso me parece mucho más complicado.

— ¿Cuáles son las condiciones que hicieron que la presidenta llegara a manifestarse respecto al tema?

— Yo creo que nosotros hemos generado una gran presión social. Creo que además existe un sentimiento y eso lo demuestran algunas encuestas en que un 70% está por el cierre de la cárcel. Además, a mí me parece que éticamente es inaceptable que en Chile se construyan cárceles especiales para los violadores de los derechos humanos.

— ¿Cree que el actual gobierno ha avanzado en materia de derechos humanos?

— Yo creo que el actual gobierno se ha preocupado, y eso no lo puedo negar, de avanzar en la ratificación de algunos tratados internacionales y en la implementación de la legislación nacional para que esté acorde a los tratados internacionales, por lo tanto, para tipificar estos delitos. Pero yo creo que la gran deuda que tiene el gobierno de la Nueva Mayoría es el avance en contra de la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura cívico militar.

¿Qué le dirías a Loreto Iturriaga cuando dice que hay que perdonar de ambos lados para lograr cerrar la herida?

— Nada. Este no es un tema personal, este no es un tema de hijas. Yo hija de un desaparecido y ella hija de un criminal. Esto es un tema delicado, esto es un tema mucho más serio que un show que muchas veces quieren poner los medios de comunicación.

¿Qué respondes a los familiares de los reos del penal, que lo defienden por la salud y edad de los internos?

— Ellos tienen garantizado, pero absolutamente, el respeto a todos sus derechos, incluso más que una inmensa parte de la población del país. El acceso a la salud que tiene el Hospital Militar y el Hospital de Carabineros, ya lo quisiera alguien que está en libertad incluso. Las pensiones que tienen. Este no es un tema de edad, porque hay gente de edad cumpliendo condenas en todo el mundo.

— ¿Qué es lo que significa para ustedes el paso de cerrar el penal Punta Peuco?

— Es un avance, no es todo. Nuestra lucha es para que esto no vuelva ocurrir, y para que esto no vuelva a ocurrir es mucho más que el cierre del penal Punta Peuco. Pero aquí hay que avanzar de una vez por todas en materia de impunidad.

— ¿Cómo han recibido ustedes como agrupación el fin al secreto de la Comisión Valech?

— Yo creo que es un paso súper importante, pero yo quiero claridad. El tema no es si alguna víctima pide o no que se reserve su identidad, el tema es que eso no puede tener ningún correlato con que se esconda el nombre de los violadores de los derechos humanos. El secreto de 50 años de la Comisión de Prisión Política y Tortura es impunidad.

La perspectiva de los derechos humanos

“No hay ninguna norma que diga que ellos deben estar separados. Cuando se les separa es por razones de protección”. Carmen Hertz. Foto por Lorena Palavecino/Random House, gentileza de Carmen Hertz.

Carmen Hertz, abogada especialista en derechos humanos y viuda del detenido desaparecido Carlos Berger, en los primeros años de la dictadura militar, comenzó a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad.

Los derechos humanos ha sido el área donde ha desarrollado toda su actividad como abogada, participando en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, antes de ser directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el gobierno de Patricio Aylwin. En las elecciones de noviembre de 2017, fue electa como diputada del Partido Comunista por el Distrito 8.

— ¿Se justifica un penal como Punta Peuco en democracia?

— No, no se justifica en absoluto, porque los criminales de lesa humanidad no pueden tener prebendas ni situaciones carcelarias distintas y mejores, al resto del sistema penitenciario en Chile.

— ¿Si ellos son trasladados a Colina 1, estarían en un sector aparte?

— No lo tengo claro, pero sé que se están adaptando instalaciones de Colina 1, muy buenas, en excelentes condiciones carcelarias, pero es una cárcel común.

— ¿Cómo es la situación con ex uniformados en otros países?

— En Argentina, los criminales de lesa humanidad están en cárceles comunes. En el caso de los jerarcas nazi que estuvieron en prisión, estuvieron hasta viejos. Respecto a los criminales de lesa humanidad, la jurisprudencia de organismos internacionales establece algunos requisitos para que estos individuos puedan acceder a beneficios carcelarios.

En primer lugar, que tengan una pena que sea proporcional a la gravedad del delito que cometieron. El segundo requisito, es que los criminales hayan cooperado con las acciones de la justicia desde sus inicios y, en tercer lugar, lo que la jurisprudencia ha denominado el arrepentimiento eficaz. Esto significa que en el proceso ellos entregan antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal terrorista a la cual pertenecieron. En Chile ninguna de esas condiciones se da.

— Raúl Meza, abogado de algunos reclusos del penal, menciona que, según informes médicos, el cierre podría afectar la vida, integridad física y salud de un grupo importante de internos. ¿Son determinantes estas posibles consecuencias para el cierre del penal?

— No, imagínate la cantidad de presos que se han suicidado en la penitenciaria. No tiene la más mínima importancia lo que dice Raúl Meza.

— Loreto Iturriaga menciona que su padre y los demás internos del penal son juzgados mediante un sistema procesal penal antiguo que dejó de ser válido en 2009. ¿Cuál es la diferencia más significativa y por qué siguen siendo juzgados por ese sistema?

— Obviamente que están regidos por el sistema antiguo, como todos los hechos que se cometieron mientras regía ese sistema de enjuiciamiento criminal. El nuevo es un sistema procesal penal distinto, es oral, el juez no es acusador y al mismo tiempo sentenciador, como antes. Pero eso es irrelevante. El tema es por qué no fueron juzgados antes.

Sobre la autora: Constanza Pérez es estudiante de Periodismo y escribió este artículo como parte de su práctica interna en Km Cero.

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