Finalista Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2017
Tortura en cárceles: los gendarmes condenados siguen a cargo de la población penal
Existen, al menos, 30 casos de gendarmes que han sido condenados por abusos a convictos y que, sin embargo, no han recibido sanciones y continúan con su trabajo, de acuerdo con la información obtenida en esta investigación. Además, un informe solicitado por Transparencia a la entidad reveló que en los últimos tres años las denuncias por apremios ilegítimos provocados por estos funcionarios superaron las 160.
Por Sara Alfaro y Magdalena Arce
En 2004, en el centro penitenciario de Lautaro, en la Región de la Araucanía, el interno Wilson Salazar llevaba días en huelga de hambre y para protestar había cosido sus labios con hilos. Tito Barriga Chacón, entonces director de la cárcel, decidió ponerle fin al alegato. Lo hizo a golpes. El hecho dio origen a un proceso judicial en contra del gendarme (caso rol único 0400385328-K). La sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, finalizó con la condena del director penitenciario por el delito de vejación injusta, es decir, por el acto de humillar o maltratar a una persona, denigrando su condición humana. Sin embargo, según el registro de Transparencia activa de Gendarmería, a la fecha, Barriga todavía figura en la dotación de planta como jefe de una unidad penal en la región de Tarapacá. Además, esta investigación ha podido constatar la existencia de al menos 30 casos como este, en los que funcionarios condenados siguen trabajando en cárceles (ver anexo).
Según la base de datos construida para esta investigación (ver aquí), de un total de 50 gendarmes imputados en los últimos siete años por el delito de apremios ilegítimos, vejaciones injustas o torturas a reos, 33 recibieron penas, pero en la mayoría de los casos se les otorgó el beneficio de remisión condicional, lo que significa que en lugar de ir a la cárcel deben firmar ante Gendarmería durante un periodo de tiempo determinado. Según la dotación de planta, del total señalado, sólo tres no forman parte de la institución en la actualidad. Los demás que ya han cumplido condena por estos delitos, se encuentran hoy en sus labores de forma normal en distintas unidades a lo largo del país.
Para corroborar la falta de una política formal de desvinculación de gendarmes condenados por los delitos descritos anteriormente, solicitamos una entrevista con el director de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, a través de una carta oficial (ver documento aquí). Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no nos respondieron.
Sí lo hicieron dos dirigentes sindicales. Juan Carlos Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (ANSOG), quienes confirmaron que no existe una política formal para desvincular a un funcionario sentenciado por estos delitos. Según ellos, la manera de desligarlos de la institución es a través de un sumario administrativo, un proceso interno de la institución y llevarlo a cabo, depende de cada caso.
Denuncias frecuentes
Las acusaciones por tortura y abusos practicados en las cárceles chilenas son algo más común de lo que parece. De acuerdo a información solicitada a Gendarmería, a través de Transparencia, entre 2015 y hasta septiembre de 2017, las denuncias a gendarmes por apremios ilegítimos -es decir, cuando un funcionario público, abusando de su autoridad causa vejámenes y/o torturas a una persona- alcanzaron las 168 (ver documento aquí). Este dato genera contradicción con uno de los fundamentos esenciales de la entidad: contribuir a la reinserción social de los internos y respetar sus derechos inalienables.
El Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de 2015, analiza una serie de fallos que se relacionan con hechos perpetrados por funcionarios penitenciarios al interior de cárceles y señala que cerca del 50% son conductas constitutivas del delito de torturas ejecutadas por su personal. Además, de acuerdo a cifras pedidas por La Tercera a través de una solicitud de transparencia a Gendarmería, y posteriormente publicadas en la prensa, entre 2003 y 2014 se registraron un total de 450 casos de sumarios administrativos por violencia de uniformados a presos en centros penitenciarios.
Dolores invisibles
El caso de Wilson Salazar ilustra la realidad de las cárceles. El interno se encontraba en huelga de hambre y, según su testimonio, bajo las órdenes del alcaide Barriga, le habrían cortado los hilos que cosían su boca sin ningún tipo de asistencia médica. Además, relató que luego fue desnudado y devuelto ante la presencia de Barriga, quien lo habría golpeado nuevamente. Estos hechos no pudieron ser probados y los que sí se constataron no fueron considerados suficientes para ser calificados como delitos de apremios ilegítimos, al no haber ocasionado dolor o sufrimiento “grave” a la víctima. Barriga Chacón recibió como castigo una suspensión de empleo de 61 días más el pago de la suma de 11 UTM.
Un caso similar es el de María Inés Norambuena Parra, reo del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, quien dormía cuando fue sorpresivamente levantada por nueve funcionarias de Gendarmería y conducida hacia un pasillo. El informe del Duodécimo Juzgado de Garantía relata que allí habría recibido múltiples golpes de patadas y puños en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cabeza y piernas, para luego ser conducida a las duchas del recinto. Allí fue desnudada y duchada con agua fría. Ya de vuelta en la celda, tuvo que pasar la noche en ropa interior. Las nueve gendarmes que la agredieron fueron condenadas a penas entre los 60 y 100 días, pero se les remitió condicionalmente la sentencia. Con posterioridad, fueron destituidas de Gendarmería por sumario administrativo.
De acuerdo a una sentencia entregada por el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica en mayo de 2010, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la misma ciudad, ocho funcionarios de la entidad efectuaron un allanamiento en distintos módulos de la cárcel. Con golpes de pies y palos sacaron a trece internos hacia el patio del establecimiento. Pero no bastó con eso, ya que trasladaron a los reos a una cancha donde los hicieron desnudarse completamente y los obligaron a hacer ejercicios de gimnasia, mientras los golpeaban.
Más tarde, estas mismas víctimas fueron desplazadas caminando en cuclillas y con sus manos en la cabeza hacia las celdas de aislamiento. Allí, ya desnudos, fueron mojados con una manguera del recinto por uno de los imputados, Rodrigo Vega, el subteniente a cargo. Fue solo este último quien resultó condenado por apremios ilegítimos, mientras que los otros siete involucrados terminaron libres. Actualmente, Vega habiendo cumplido su pena por este ilícito, se desempeña como jefe de sector y módulo en la Región Metropolitana, sin haber sido desvinculado del ejercicio penitenciario ni alejado del contacto con reos, de acuerdo a la información publicada por Transparencia Activa. Del total de imputados, solo dos ya no figuran dentro del personal de la institución.
Según nuestra base de datos, los casos de desvinculación del personal por haber incurrido en estos delitos son escasos. Ese fue el caso del ex teniente Néstor Alonso Pinto, quien en diciembre de 2011, junto a otros dos gendarmes, torturó a cinco reos. Entre ellos se encontraba Jorge Ramírez Milla, quien fue obligado a beber alcohol artesanal hasta intoxicarse, fue rociado con gas pimienta, recibió múltiples golpes en la cabeza, tórax y piernas y fue mojado con una manguera para apagar incendios por más de diez minutos. Esto trajo consigo la muerte del interno.
La razón aparente de la agresión habría sido descubrir cuál de los cinco reclusos era el dueño de un celular, sin prestar atención médica en ningún momento a Ramírez. Según lo expuesto por el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se dictó la sentencia en agosto de 2014, y por medio de Transparencia Activa de Gendarmería, pudimos corroborar que durante ese lapso de tiempo, Pinto siguió en sus labores como jefe de servicio nocturno. Dejó temporalmente su cargo en febrero de 2015 y, a la fecha, ya no figura en la dotación de planta (ver anexo).
Gendarmes procesados
Cada denuncia que Gendarmería recibe por parte de reos o sus familiares, es tratada directamente por los Tribunales de Justicia. En conversaciones con la ANSOG y la ANFUP, constatamos que los gendarmes que están siendo investigados no son suspendidos de sus funciones mientras dura el proceso. Todo esto, argumentan, por el derecho de presunción de inocencia que tiene el individuo.
Tanto las declaraciones de las asociaciones, como la revisión de transparencia activa de la institución, nos han permitido confirmar que el individuo sólo es suspendido en caso de una condena, por ejemplo por apremios ilegítimos, torturas o vejación injusta. Sin embargo, esta presunta desvinculación es efectiva únicamente durante el tiempo que dura la pena, ya que una vez cumplida, el funcionario puede volver a trabajar de manera normal, en contacto con reos y ningún tipo de restricción.
La ANSOG y la ANFUP declaran que el proceso judicial al que son sometidos los funcionarios es totalmente independiente de su responsabilidad administrativa. Estar involucrados en un juicio no influye en su labor diaria como gendarmes y pueden seguir a cargo de la población penal. Además, Orellana de la ANFUP dice que en general la violencia ejercida por los uniformados es una respuesta ante agresiones por parte de los convictos y no por iniciativa propia: “Cuando un gendarme es acusado por apremios ilegítimos, no es porque él haya querido ir a una trifulca, es porque los reos lo provocaron”, explica.
Sin control
Según el informe de la UDP mencionado anteriormente, en la actualidad Gendarmería se rige por un reglamento disciplinario que le permite adoptar decisiones sin un debido control legal. El estudio también dice que uno de los principales problemas que tienen los centros es la subjetividad de las sanciones dependiendo de la autoridad a cargo.
Los gremios ANFUP y ANSOG, aseguran que los funcionarios penales sí tienen un manual que establece criterios fijos a los cuales atener su conducta. También sostienen que como institución adhieren a tratados internacionales que establecen límites a sus funciones.
Sin embargo y, a modo de ejemplo, al año 2013 una misma sanción registró porcentajes muy distintos de aplicación a los reos: en la cárcel de Alto Hospicio, el aislamiento en celda solitaria representó el 95% de las sanciones, mientras que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Biobío el porcentaje alcanzó un 43%.
Benjamín Núñez, sociólogo y criminólogo que trabajó 26 años en Gendarmería, corrobora esta información.
— ¿Es común la aplicación de la celda de aislamiento?
— Esta medida, en particular, causa graves daños psicológicos a los reos, y aunque está permitida, los organismos internacionales señalan lo perjudicial que resulta para ellos. La celda de aislamiento se ha practicado en Chile de una forma muy permisiva. Las garantías del interno no están custodiadas, porque no es una instancia judicial, es una instancia reglamentaria, no tienen ningún tipo de representación.
— ¿Existe algún reglamento que prohíba conductas de abuso por parte de los gendarmes?
— Sí, existe un reglamento estricto. El problema es que en la práctica no se cumple. Cualquier cosa que hagan los reos se puede interpretar como una desobediencia. Hay una gran dosis de subjetividad en la aplicación del reglamento interno.
— ¿Qué pasa con los sumarios administrativos? ¿Se cumplen?
—Los sumarios administrativos son tan comunes, que nadie ve al funcionario como un victimario. Es tan normal que los funcionarios sean sumariados por violencia indebida o por exceso de violencia en los allanamientos en las celdas, que nadie ve al funcionario como un victimario. Al contrario, existe mucha justificación.
Finalmente, añade que gran parte de los procesos internos llevados a cabo en la institución por abusos, no llegan a nada. Habiendo sido fiscal administrativo de casos de este tipo en varias ocasiones, certifica que es una realidad: muchos de ellos quedan en el escritorio del director regional o nacional, esperando, en silencio, justicia.
Sobre las autoras: Sara Alfaro y Magdalena Arce son egresadas de Periodismo y escribieron este reportaje en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por el profesor Pedro Ramírez.
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