Robo de ganado: SAG contribuye al alza de este delito
Creado en 2012 con el objetivo de aumentar las medidas de seguridad en el transporte de ganado, el Formulario de Movimiento Animal ha hecho todo lo contrario: hoy favorece a los cuatreros para sustraerlo. Además, la falta de fiscalización de Carabineros aumenta la necesidad de buscar soluciones alternativas para combatir el alza en el delito de abigeato.
Por Patricia Cifuentes y Ximena Espinosa
Nueve caballos fueron robados en Teno, Región del Maule, la madrugada del 5 de diciembre de 2017. Allí, frente a sus ojos y sin poder hacer algo para evitarlo, Pablo Quera (31) fue testigo de cómo tres hombres hicieron desaparecer, a través del alambrado de su parcela, los animales que su familia tenía desde hacía ocho años. Días después encontró tres de sus caballos en Santiago, junto a unos 80 más que estaban a la espera de ser faenados en la ribera sur del río Mapocho.
Era un “peladero” camino al aeropuerto, dice Quera, donde los caballos estaban siendo alimentados con desechos de frutas y encerrados en corrales fabricados con materiales reciclables, como cartones y botellas. “Lo peor es que ahí hay gente que vive prácticamente en la calle, en condiciones deplorables y drogados todo el día”, dice, refiriéndose a las personas que en ese momento estaban a cargo de los animales. “Yo le dije a uno: Hueón, te doy un millón de pesos si me decí dónde están los otros caballos que llegaron con estas yeguas. Pero a ellos no les interesa”.
Un millón de pesos para no perder lo que le costó unos 25 millones. Pues luego de ser faenados ilegalmente, el valor de un kilo de su carne apenas bordea los cinco mil pesos en una carnicería del barrio Franklin.
Pablo Quera no es el único que ha vivido esta situación. Muchos dueños de animales han debido soportar lo mismo. Cientos de productores de ganado a lo largo de Chile han pasado los últimos seis años haciendo rondas de guardia, turnándose día y noche para evitar que les roben sus animales. Paradójicamente, esto ha ocurrido gracias al Formulario de Movimiento Animal (FMA) que se puso en marcha en 2012, prometiendo mejorar el control del tránsito de ganado, pero lo único que ha hecho es facilitar el delito de abigeato o robo de animales. Pero, ¿por qué?
Actualmente, un cuatrero –o ladrón de ganado, especialmente caballos o vacuno– puede declarar ser dueño de animales sin que alguien lo confirme. Puede solicitar el FMA del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sin que alguien verifique si tiene autorización para hacerlo. Puede robar un caballo en Curicó, subirlo a un camión y transportarlo sin que alguien lo controle en el trayecto; y finalmente, puede entregarlo en un matadero de Santiago, ya sea legal o clandestino, sin que alguien fiscalice su faena.
Antes de 2012, esto no se podía hacer. Desde ese año, las causas ingresadas por robo de ganado o abigeato han aumentado en un 24%, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta información fue contrastada con documentos solicitados al Ministerio Público a través de la Ley de Transparencia, cifras proporcionadas por asociaciones ganaderas y el relato de los entrevistados, quienes afirman que, en la práctica, ha habido un aumento del delito desde la creación del Formulario de Movimiento Animal.
Así, a partir de entrevistas, visitas en terreno y análisis de documentos del SAG, esta investigación acreditó la negligencia, la deficiente fiscalización y las malas políticas de esta institución y Carabineros para regular la tenencia y transporte de animales.
Cambio de formulario
“El Formulario de Movimiento Animal es el drama. Antes uno tenía que pasar donde Carabineros para que lo timbraran (el documento anterior al 2012), pero ahora te controlan solo si te topas con ellos en la carretera. Ni el SAG ni Carabineros fiscaliza realmente cómo debe hacerlo”, critican en una reunión, mientras se interrumpen, pequeños agricultores y ganaderos de Colina.
“Ellos quieren el formulario para que no les roben los animales. Nosotros no somos policías, no podemos fiscalizar en la carretera”, responde Miguel Csori, encargado de la protección pecuaria del SAG.
Portar la Guía de Libre Tránsito fue una obligación hasta 2012. Era un papel chico, de bolsillo, que indicaba la cantidad y tipo de animales que una persona transportaba, además del destino del viaje. Sin embargo, su valor residía en el timbre que el retén de Carabineros, más cercano al predio de origen, debía plasmar sobre ella, antes de iniciar cualquier traslado: esto confirmaba que el transportista llevaba la cantidad de ganado que declaraba en la guía, con los debidos papeles de identificación del animal y que se aprobaba su traslado. En el caso de que existiera nuevamente fiscalización en carretera, bastaba con mostrar el documento timbrado.
En 2012, en el marco de su Programa Nacional de Trazabilidad Animal, el SAG desarrolló un nuevo documento para el transporte de ganado, denominado “Formulario de Movimiento Animal”. Actualmente, este es el documento oficial, dejando a la guía de bolsillo en el pasado. Un formulario tamaño oficio debe acompañar todo transporte de animales dentro del país.
El documento fue creado por la Ley 20.596 para mejorar la fiscalización y así prevenir el abigeato. Pero curiosamente, lo que menos hace es mejorar la prevención de este delito. Si bien el nuevo formulario exige más detalles sobre el traslado, exime a los transportistas de acudir a un retén de Carabineros para que el cargamento de ganado sea inspeccionado y el documento de transporte sea timbrado, dejando la fiscalización en manos de un eventual control carretero.
Quien roba animales tiene la misma probabilidad de ser detenido durante la ruta que cualquier persona. A través de la Ley de Transparencia se solicitó a Carabineros la cantidad de controles carreteros que se realizan al año a vehículos que transportan animales, pero la institución no cuenta con este registro.
“El principal problema que tenemos es por el cambio de la legislación con respecto a la Guía de Libre Tránsito. Lo que pasa ahora es que sale un camión de ovejas y no tiene ningún control. Ya no hay controles camioneros (obligatorios). Eso ha favorecido precisamente el robo”, afirma Gerardo Otzen, director de la Asociación de Ganaderos de Magallanes.
Declaración de existencia de animales y obtención del FMA
“En el SAG están incumpliendo con el Formulario de Movimiento Animal. En nuestro predio hay quince personas autorizadas para tener formulario. Yo capté a una que tiene el de nuestro campo y que no está autorizada”, cuenta Tamara Vilches, miembro del grupo de pequeños agricultores y ganaderos de Colina.
Pocos saben que el Formulario de Movimiento Animal no lo puede obtener cualquiera. Pero el que sí debería saberlo es el mismo SAG.
Según la ley, cada predio debe autorizar a las personas que realicen los traslados de animales. Esto se hace a través de un RUP (Rol Único Pecuario), similar al RUT, que permite identificar al establecimiento y que al ser ingresado en una base de datos, también arroja el nombre de quiénes están inscritos como transportistas autorizados del predio. Solo ellos pueden solicitar un Formulario de Movimiento Animal. Según nuestros entrevistados, el mismo SAG y Carabineros lo entrega sin hacer una mínima diligencia para comprobar que el solicitante realmente puede hacerlo.
“La gente circula en la carretera sin ningún miedo, porque uno se consigue el formulario en cualquier parte. Voy donde mi papá y le digo: ¿Oye, tení algún formulario que me podai prestar? Aquí los animales pueden recorrer Chile y nadie se da cuenta, a no ser que justo se tope con los carabineros, lo paren y le hagan el control. Pero la probabilidad es mínima, porque andan viajando de noche”, agrega Pablo Quera.
Varios son los casos en que el relajo en la entrega del Formulario de Movimiento Animal ha ayudado a encubrir o facilitar el robo de animales, al caer en manos de cuatreros que pueden usarlo para sortear un control carretero. Un ejemplo es el de los imputados S.R. y E.R., quienes en marzo de 2018 fueron detenidos por intentar robar tres bovinos. Un informe de la Fiscalía de Los Lagos consignó que en el bolsillo de uno de los sujetos “había un Formulario de Movimiento Animal que no coincidía con la operación que pretendían realizar”.
“Son bandas organizadas, como las películas de gángsters. Está el capo (jefe), los ayudantes, los sicarios, los soplones, los que van al fundo de algún dueño de caballos a marcar con una cruz o grafiti, para que el resto sepa que ahí se puede robar. Hay todo un proceso”, explica Álvaro González, abogado especialista en abigeato.
A una de estas bandas, que operaba en Osorno, compuesta por los imputados H.K., R.R. y C.C., se le adjudicó el robo de 107 animales. Según la Fiscalía de los Lagos, “tenían una coordinación muy elaborada”. Ésta incluía la generación de documentación, como formularios de movimiento animal. A este caso se suma el de J.S., quien fue sorprendido por Carabineros cerca de Chillán, transportando una yegua con un formulario falso.
El problema no acaba ahí. Dentro del mismo programa de trazabilidad que creó el Formulario de Movimiento Animal, se encuentra el Formulario de Declaración de Existencia de Animales. Una vez al año, el SAG solicita que se detalle la cantidad y tipo de ganado que posee una persona o establecimiento a través de este documento. Sin embargo, esta información no se confirma, es decir, un cuatrero puede declarar que tiene animales que no existen sin que alguien lo verifique. “Funciona como una declaración jurada. Tú declaras y yo te creo. No vamos a ver si es verdad lo que dices”, afirma Csori, argumentando que el SAG no cuenta con empleados suficientes para hacerlo: “Sería imposible ir a confirmar a todos los campos, no tenemos tanta gente”.
Aumento del delito y disminución de la denuncia
“Este tema sobrepasó todos los límites. La violencia que hay en estos robos es muy preocupante, hemos visto campesinos que han sido realmente amedrentados, violentados. Hay una violencia física que no habíamos visto en Chile anteriormente”, recalca para este reportaje el ministro de Agricultura, Antonio Walker.
“Hicimos un diagnóstico de la realidad delictual regional y nos dimos cuenta que en el caso del abigeato, en 2017, en comparación con los años anteriores, las denuncias habían bajado, pero sí habían aumentado el número de cabezas de ganado, de caballares y de vacunos sustraídos”, dice el fiscal de Linares, José Alcaíno.
Las cifras oficiales del Ministerio Público, obtenidas a través de la Ley de Transparencia, indican una progresiva baja en las denuncias sobre robo de animales. Sin embargo, esta caída sería un espejismo, porque según información reunida por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en el Encuentro Nacional del Agro 2017 (ENAGRO), un 45% de los agricultores había sido víctima de un robo en los últimos seis meses y un 75% de las personas afectadas por este delito no recurre a las policías a constatar estos eventos. “Desgraciadamente hay mucha burocracia en el trámite”, plantea el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía y agrega: “Muchas veces no pasa nada con la denuncia, lo que hace que la gente no vuelva. Lo importante es prevenir, pero no medirnos por ellas, porque no están caminando. No va a tener solución esa parte”.
Varios son los antecedentes que refuerzan la idea de que las estadísticas del Ministerio Público no reflejan la realidad y que los índices de la SNA, sobre la alta cifra de omisión de denuncias, son más cercanas a lo que realmente está ocurriendo. El primero de ellos es el testimonio de los propios afectados: “Deben ser unos 10 animales mensuales los que nos están robando, entre 100 y 150 al año”, afirma Orlando Herrera, en representación del grupo de agricultores y ganaderos de Colina. “El fiscal pesca la denuncia y la deja al último, porque hay cosas más importantes que este huasito al que le robaron animales. No hay incentivos para denunciar”, agrega Carlos Tellería, vocero del grupo.
Un segundo antecedente que pone en duda las cifras del Ministerio Público, surge al contrastar los datos de esa institución con los informes anuales de justicia del INE. Estos muestran que el promedio de causas ingresadas por abigeato al sistema judicial para ser investigadas entre 2008 y 2011 es de 601 y entre 2012 y 2015 es de 747. Es decir, desde 2012 las causas ingresadas aumentaron en un 24%. Entonces, ¿Por qué aumentan los procesos en el Poder Judicial, mientras disminuyen las denuncias de robo?
Un tercer dato que permite suponer que la SNA tiene razón al señalar que el delito ha crecido mucho más de lo que reflejan las cifras del Ministerio Público, es que el SAG está promoviendo que las víctimas de abigeato usen el Fono Denuncia Seguro, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este mecanismo permite, a través de un llamado telefónico, dejar constancia sobre todo tipo de crímenes. Con respecto al robo de ganado, el SAG está llamando a usar este sistema para realizar denuncias anónimas. Entonces, ¿por qué el Gobierno está fomentando este sistema si las denuncias han bajado?
Una llamada no constituye una denuncia formal. Ésta es analizada por expertos y debe cumplir con ciertos requisitos para que la subsecretaría la derive al Ministerio Público. Por ejemplo, se le exige al denunciante que declare el nombre de los potenciales implicados en el delito. Esta situación justifica, en parte, la baja tasa de denuncias.
De acuerdo a una evaluación de la ley sobre abigeato realizada por la Cámara de Diputados en 2017, sólo el 2% de las denuncias por robo de animales culmina con una sentencia condenatoria. “Es contraproducente, nadie hace la denuncia porque sabes que no va a pasar nada. Es un círculo vicioso”, opina Csori.
“La gente, desmotivada, piensa: ¿Para qué voy a denunciar si nunca he tenido un resultado? Por eso, hemos hecho reuniones con el fiscal nacional para hacerle ver las estadísticas que tenemos de delincuencia. Porque en este tema siempre se habla del mundo urbano, pero hemos visto un crecimiento de la delincuencia en el mundo rural”, cuenta el ministro Walker.
¿Qué se está haciendo?
“Ha aumentado en forma sistemática el delito de abigeato. Las pérdidas que han tenido algunos vecinos de la comuna han sido enormes, muchos millones de pesos”, comenta para este reportaje Paula Retamal, alcaldesa de Parral, en la Región del Maule.
De acuerdo a la ley sobre abigeato, la concentración geográfica del delito se produce en la zona centro sur del país, específicamente, entre las regiones del Maule y Los Lagos. En ellas, se registra más del 77% del total de denuncias de todo el país.
Parral no se quedó de brazos cruzados ante el delito que se le está viniendo encima. La crisis llegó a tal punto en esta región que las comunidades, junto a la fiscalía, la PDI y los municipios, debieron organizarse y coordinar un trabajo para combatirlo. El resultado ha sido exitoso.
“Esto nació por parte de la comunidad, como una necesidad para abordar el problema”, dice la alcaldesa y agrega que los mismos vecinos crearon un grupo de Whatsapp para coordinarse y dar información. Por este medio avisan, por ejemplo, si ven un camión sospechoso en la zona.
La municipalidad también tomó la iniciativa y solicitó aumentar la fiscalización carretera, establecer puntos de peaje para controlar con sus cámaras de seguridad, mejorar la vigilancia en ferias de animales y consiguió que se asignara a un funcionario de Carabineros para cada una de las juntas de vecinos. Además, permanentemente realiza reuniones con fiscales y policías para plantear problemas y presentar avances.
Varias localidades se han sumado a esta iniciativa, como la Región de Los Ríos, donde también crearon una mesa de trabajo. “Participamos activamente en la mesa regional del abigeato y hemos promovido la incorporación de tecnología, como visores nocturnos e incluso test de ADN como medio de prueba, además de entregar apoyo a los agricultores afectados”, escribió Víctor Valentín, presidente de la Asociación de Agricultores de la Región de Los Ríos (Saval F.G), en una columna publicada por la página web de la organización en enero de 2018.
“Se desbarataron algunos grupos (de cuatreros) o se trasladaron de la comuna. Se hicieron operativos, se encontraron animales y se establecieron algunos trabajos coordinados con otras comunas del país, donde también ha ido aumentando el delito de abigeato”, cuenta la alcaldesa Retamal.
Sin embargo, todas estas medidas son a nivel comunal. ¿Qué pasa con aquellas localidades que aún no se han organizado para combatir este delito?
En Magallanes, a la misma municipalidad le robaron 20 animales. Cuando los vecinos sueltan sus caballos para pastar en las calles, el municipio los retiene porque no pueden estar en la vía pública. En esos casos, los llevan a un recinto para establecer quiénes son los dueños y así sacarles un parte. “Y hace como dos semanas atrás, en el lugar donde los tenían, ¡se robaron los 20 caballos!”, cuenta a carcajadas el dirigente gremial ganadero de esa zona, Gerardo Otzen.
“Existe una experiencia acumulada de trabajo que es importante ampliar a otras zonas, en cuanto constituye un ejemplo de coordinación entre todos los actores clave, que ha generado resultados positivos en cuanto a la reducción del delito”, dice el informe de la evaluación de la Ley de Abigeato, realizado por la Cámara de Diputados.
¿Qué están esperando?
Faltan denuncias. Falta fiscalización de Carabineros. Falta una política pública que funcione. ¿Se debe cambiar el Formulario de Movimiento Animal? ¿Se debe restablecer el control obligatorio de Carabineros para disminuir verdaderamente este delito?
El día 10 de septiembre de 2018, previo a la fecha de mayor consumo de carne en Chile, las fiestas patrias, el noticiario de TVN resumió una de sus noticias así: “Llega septiembre y comienza el robo de animales. Ganaderos dispuestos a todo por su sustento familiar”.
Sin embargo, esta realidad no comienza en septiembre. Es una problemática con la que ganaderos y criadores deben convivir todos los días del año, y una a la que la población debería prestar atención: “La faena legal se realiza en mataderos donde se hace una inspección veterinaria del animal para buscar algún tipo de enfermedad transmisible a la población humana. Finalmente se pone un timbre que dice que fue revisado de forma profesional y que se acepta su consumo”, explica Alejandro González, médico veterinario que ha participado de procesos faeneros. “Habemos muchos que nos gusta la carne de vacuno roja o jugosa y, evidentemente, si viene de un matadero que no sea acreditado, lo más probable es que seamos portadores de una lombriz solitaria. Animal no timbrado, animal sin guía de matadero, no debería ser consumido por la población”.
Junto al alambrado de su parcela, Pablo Quera encontró una boleta de peaje que correspondía a la tarde del 4 de diciembre, horas antes de que sus nueve caballos fueran robados. Gracias a este papel, Quera logró conocer la patente del camión que se había llevado sus animales. No tuvo que hacer mucho para encontrarlos: la PDI le avisó que la patente coincidía con la de un vehículo involucrado en otros delitos que, varias veces, terminaban en aquel peladero de Santiago.
Tal como Pablo Quera, cansados de una justicia burocrática y poco efectiva, muchos deciden “tomar la justicia por sus manos” e iniciar un seguimiento personal de sus animales robados, siendo la mala fiscalización la culpable de la desconfianza que existe en la gestión de las autoridades. Sobre todo, cuando la tasa de condenados es solo de un 2%, según indica la evaluación de la ley sobre abigeato realizada por la Cámara de Diputados.
Quera tuvo la suerte de poder financiar una búsqueda como esta. Pero, qué pasa con aquel que no tiene recursos y sus animales son todo su sustento familiar. “Lamentablemente, el abigeato se centra más en la pequeña agricultura, porque no tiene las herramientas ni los recursos para moverse y hacer las declaraciones”, afirma el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía.
Cuando Quera dio con tres de sus caballos en Santiago, pudo quedarse tranquilo y llevarlos a su casa. Sin embargo, la PDI no hizo nada con los otros 80 que también fueron robados y estaban a la espera de ser faenados de forma ilegal. Según el fiscal Alcaíno, tuvieron que pasar tres meses para que las autoridades se ocuparan de esos caballos. Todo ese tiempo, quedaron abandonados en la ribera del río Mapocho.
Sobre las autoras: Patricia Cifuentes y Ximena Espinosa son egresadas de Periodismo y escribieron este reportaje en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por el profesor Pedro Ramírez. El reportaje fue editado para Km Cero por Sara Alfaro.