Ilustración: Cristián Garrido

Finalista Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2016 y Categoría Prensa Escrita ETECOM Chile 2016

PDI niega la entrada a extranjeros en los pasos fronterizos del norte sin una política definida

En 2013 hubo 11.093 rechazos de entrada a Chile por el complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI). Luego de una visita del jefe de Extranjería a la zona, los rechazos bajaron un 85% La entidad asegura que una política ambigua ha permitido arbitrariedad en estas fronteras, facilitando que a quienes se le niega el ingreso sean tentados por bandas de tráfico ilegal de personas.

Por Fiorenza Gattavara y Valentina Jofré

“La muchacha de la PDI me dijo: No, no pasas. Le dije: dígame por qué, traigo dinero y tengo dónde llegar”, recuerda Blanca, colombiana de 43 años quién pidió mantener en reserva su apellido. Ella intentó entrar a Chile por primera vez en 2014 por el paso fronterizo de Chacalluta, en Arica con Tacna. La ley de extranjería establece que las personas de cualquier nacionalidad tienen derecho a ingresar con una visa de turista por 90 días, que se otorga en la frontera, mientras tengan un pasaporte válido y recursos para solventar su estadía. La única excepción se hace con personas de República Dominicana y Cuba, quienes necesitan una visa que solicitan en su país de origen.

“La niña de la PDI me dijo bastante malgeniada: ¿De dónde eres? Le respondí: Colombiana, y me dijo: Las colombianas son unas maracas, vienen a quitarnos a nuestros hombres y nuestra pega”, cuenta Blanca, quien venía desde Cali escapando del caos generado por el narcotráfico.

En el decreto de ley Nº 1.094 se establecen ocho criterios por los que se le puede negar la entrada a un extranjero que viene de turista. Entre ellos se especifica la prohibición a quienes fomenten alterar el orden social del país, quienes se dediquen a algún tipo de tráfico ilícito, a personas condenadas o actualmente procesadas por delitos, a quienes “carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile”, entre otros. A Blanca no le mencionaron ninguno.

En 2013 hubo 11.093 rechazos a extranjeros que intentaron entrar a Chile, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI). Alarmado por la cifra, ese año Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, viajó a la zona a conversar con la PDI para ponerle freno a esas negativas, a su juicio, sin un criterio claro. “La forma de entender a quién dejo entrar y a quién no, queda entregada al funcionario que está ahí de turno. No existe ningún reglamento”, explica Sandoval.

“Nosotros nos basamos en una legislación del año 75, que le da facultad, en este caso, al oficial contralor para filtrar un poco las personas de ingreso al territorio, para que no se conviertan posteriormente en una carga para el Estado”, explica el subprefecto Ítalo Rocca, jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional en Iquique.

Luego de la visita de Sandoval a Chacalluta, bajaron los rechazos de entrada a extranjeros en ese punto fronterizo. En 2014 disminuyeron a 7.858 y en 2015 a 1.633, según cifras de la PDI. “Esto a raíz de una amistosa conversación que tuve con los funcionarios de allá, pero nada formal”, explica el jefe del DEM. Aunque esos avances son reconocidos por organismos como el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), aún faltan aspectos que mejorar.

Hace tres años se discute en el Congreso un nuevo proyecto de ley migratoria. “Mi opinión es que lo más recomendable es que deje de ser la PDI (la que se haga cargo del control fronterizo), pero en base a las discusiones actuales se consideró más pertinente ese control en la PDI, pero con condiciones reglamentadas”, afirma Sandoval, jefe del DEM.

Cuando Blanca intentó entrar a Chile, traía consigo su pasaporte y 1.500 dólares. Sabía que debía acreditar que contaba con los recursos necesarios para permanecer en el país por los noventa días que dura la visa de turismo.

En información entregada por la PDI vía transparencia, las principales causas de expulsión que se dan en el paso fronterizo de Chacalluta son: imposibilidad de acreditar que vienen en calidad de turista y faltas al reglamento de extranjería.

El subprefecto Rocca explica que, en los pasos fronterizos, cada contralor de la PDI hace una breve entrevista al extranjero donde le pregunta el motivo de la visita, hacia dónde se dirige y si cuenta con los recursos para permanecer en Chile. Entre otras preguntas que dependen de cada funcionario, ya que no existe una pauta. Tampoco se estipula el monto que un extranjero debe traer para subsistir. “Falta un reglamento que clarifique cuánto dinero debiera portar un extranjero para entrar a Chile. Siempre va a quedar a criterio, según la entrevista”, afirma el subprefecto Rocca.

Ante la primera negativa, Blanca volvió a Tacna, donde conoció a Ana -también colombiana- quien había intentado ingresar a Chile tres veces. “Nos quedamos ocho días en Tacna pagando hotel y comida, porque (otros migrantes) nos decían que esperáramos al cambio de guardia para ver si podíamos entrar. Queríamos hacer las cosas legales. Para mí era complicado devolverme a Colombia”, dice Blanca. En su segundo intento por Chacalluta, les tocó la misma funcionaria y les negaron la entrada sin razón, según la extranjera.

Según información entregada por PDI vía transparencia, las principales causas de expulsión que se dan en el paso fronterizo de Chacalluta son dos: acreditar que vienen en calidad de turista y faltas al reglamento de extranjería. En 2013 hubo 7.677 negativas de entrada por el primer motivo señalado, mientras que en 2014 el número descendió a 5.591. En 2016, hasta el 31 de junio, 2.487 migrantes fueron expulsados por no cumplir el reglamento (ver documento).

El abogado Rodolfo Noriega lleva 20 años asesorando a migrantes indocumentados. Para él, la principal falla en las fronteras es la inexistencia de una norma que defina el trabajo y las facultades de Policía Internacional. “Ellos (los funcionarios de la PDI) dicen que acatan órdenes. Eso significa que hay una directiva. ¿Quién ha dado la orden? ¿Dónde está esa directiva? Es un tema que nunca hemos podido descubrir, porque las autoridades lo niegan”, dice.

Ante la desesperación de no poder entrar a Chile ni volver a su país, Blanca y Ana decidieron intentarlo por la frontera con Bolivia. Desde Tacna fueron a Desaguadero, la ciudad que une Bolivia y Perú, donde les robaron el dinero que les quedaba, cuenta Blanca. Recuerda que llegando a la comuna de Colchane se encontraron con un paro de mineros que les cobraba por pasar. Durante esos días ocurrió el terremoto de la zona norte de Chile en 2014, que provocó un cierre de fronteras de ocho días. “Nos tocó aguantar hambre y frío. Un viaje de tres días se volvió de diez, entonces fue más gasto. Dormíamos en la carretera, fue la odisea más terrible”, recuerda Blanca.

“La negación del ingreso por parte de la PDI muchas veces está basada en un criterio de seguridad nacional y la discrecionalidad que la ley otorga a estos funcionarios públicos está provocando el aumento del tráfico ilícito de personas”, dice Nanette Liberona, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.

Una vez abierta la frontera, les negaron nuevamente el ingreso. “Solo dejaban entrar peruanos y bolivianos, colombianos no, no y no. No te dicen nada, no te asesoran ni te informan nada”, dice Blanca. Les preguntaron de dónde eran y al responder “colombianas”, las llevaron a un cuarto donde había policías armados, perros policiales y les prohibieron hablar con otras personas, asegura. “Son muy groseros”, recuerda y agrega: “Ya estás desesperado, no sabes qué hacer. Ahí se te acercan los coyotes”.

En 2015, Nanette Liberona, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat (UAP) de Iquique, publicó un estudio donde por medio de testimonios de migrantes, a quienes se les negó la entrada en la frontera, y entrevistas a funcionarios de la PDI, constató que casos como el de Blanca y Ana son parte de una discriminación sistemática de esta policía (ver documento).

“La negación del ingreso por parte de la PDI muchas veces está basada en un criterio de seguridad nacional y la discrecionalidad que la ley otorga a estos funcionarios públicos está provocando el aumento del tráfico ilícito de personas”, dice Liberona.

El subprefecto Rocca coincide en que el rechazo en fronteras puede ser uno de los motivos que ha facilitado el aumento del tráfico ilícito de migrantes. Este delito, tipificado en 2011, consiste en facilitar o promover la entrada ilegal al país de una persona que no sea residente a cambio de dinero. Según datos de la Fiscalía Nacional, desde que se comenzó a perseguir, el Ministerio Público ha recibido 368 denuncias. El incremento ha sido progresivo: en 2013 hubo 29, en 2014 se recibieron 130 y en 2015 ingresaron 206.

La fiscal regional de Arica, Javiera López, se ha especializado en el tema y explica que, en la frontera con Perú, entran irregularmente, al menos, tres grupos de migrantes a la semana, cada uno con más de siete integrantes que pagaron para ingresar.

Blanca y Ana lo hicieron. “Se nos acercó un caballero y nos dijo que él nos pasaba a Chile, pero que le diéramos 200 dólares, nos dejaban en Iquique o en Arica. Estábamos asustadas, acorraladas, sin plata y sin comida. Sin nada”, dice Blanca.

Estuvieron tres días en una casa en Bolivia en la que sólo tenían acceso a agua, cuenta Blanca. “Vives hacinado, porque son 80 personas, en el piso, sin frazadas. Todo el mundo estresado, esperando su turno”, recuerda ella. Cuenta que una madrugada entraron a Chile en un minibús donde iban cerca de 20 personas, unos encima de otros. “Te sacan a las dos, tres de la mañana, cruzan el desierto, no te puedo decir por dónde íbamos, porque era de noche”, explica.

La visa que fomenta el tráfico

Según datos de la Fiscalía de Arica, el 90% de los extranjeros que entran por tráfico ilícito de migrantes son dominicanos. Como María, cuyo nombre fue modificado para proteger su identidad, quien a sus 44 años viajó a Chile, porque podría triplicar el sueldo de su país por el cambio de moneda.

A diferencia de otros migrantes que tienen derecho a ingresar como turistas sin visa, desde 2012 los dominicanos necesitan una emitida en el consulado de Chile en República Dominicana. A María se la negaron por no tener cuenta de ahorro, contrato de trabajo ni un familiar que la esperara en Chile.

“Las diferencias en materia migratoria que tiene Chile fomenta que las nacionalidades con mayores estándares o requisitos de entrada al país sean las víctimas perfectas para organizaciones transnacionales”, explica Javiera López, fiscal regional de Arica, especializada en el ilícito de tráfico de migrantes.

A través de una amiga, María contactó a una persona que le dijo que la llevaría a Chile legalmente si le pagaba 130 mil pesos dominicanos, que equivalen a cerca de 3.000.000 chilenos. Pero luego de hipotecar su casa y vender la peluquería donde trabajaba, se dio cuenta de que los pasajes que recibió eran para viajar en avión hasta Perú. “Cuando me entregó mi pasaporte vi que no decía que iba para Chile. Yo ya estaba en el hoyo y no podía volver atrás, tenía que seguir pa’ delante”, cuenta María.

“Lo cierto es que a nuestro juicio, la visa para dominicanos es una muy mala política pública, porque no regula la migración, sino que ha favorecido el crecimiento de las redes de tráfico de personas. Desde que se empieza a aplicar la visa consular, el ingreso irregular de dominicanos ha explotado”, señala Miguel Yaksic, del SJM.

María viajó a Perú junto a veinte dominicanos, donde los esperaba una mujer integrante de la red de tráfico, a quien tuvo que pagarle 300 dólares por la comida, el alojamiento y los pasajes de bus que faltaban para llegar a la frontera con Chile. En la entrada de la playa que une Tacna y Arica, la mujer les dijo: “Hasta aquí llego yo. Quédense por la orilla de la playa, mejor mójense los pies”, recuerda María. Explica que le dieron esas indicaciones, porque sabían que ahí había minas. Caminaron cinco horas por la oscuridad de la playa hacia Arica. Durante los diez días que duró el trayecto en total, el frío, al que no estaban acostumbrados, les quemó la piel dejándoles ampollas.

“Las diferencias en materia migratoria que tiene Chile fomenta que las nacionalidades con mayores estándares o requisitos de entrada al país sean las víctimas perfectas para organizaciones transnacionales”, explica Javiera López, fiscal regional de Arica, especializada en el ilícito de tráfico de migrantes.

Sandoval y Noriega dicen haber pedido a Cancillería acceso al documento jurídico en el que se explicitan las razones de la implementación de la visa consular para dominicanos y que, aseguran, ha fomentado el tráfico ilícito de los migrantes de esta nacionalidad. “No he logrado que se me dé el fundamento real de porqué se puso esa visa. Me han dicho que fue para controlar la migración, pero no solamente no disminuyó, sino que aumentó y empezó a crecer la migración clandestina. Un desastre”, afirma el jefe del DEM.

Noriega complementa: “Pedí las conversaciones de Cancillería por Transparencia y lo acordaron por videoconferencia (República Dominicana y Chile). No hay ninguna razón de peso, un tratado entre dos países no lo puedes hacer por videoconferencia. Cancillería hace las cosas a veces a la pinta del funcionario del momento”.

Un delito bajo presión

A medida que aumentan las denuncias por el delito de tráfico ilícito de migrantes, aumenta la presión en los organismos que deben investigarlo y sancionarlo, al no existir suficientes fiscales especializados en la materia. En la Fiscalía de Arica, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de migrantes está a cargo de tres personas, dos fiscales de la Unidad de Alta Complejidad y la fiscal regional de Arica, Javiera López, que lleva algunas causas. En todo 2015 hubo 45 casos en esa región y en 2016, hasta la fecha, hay 44 casos vigentes, es decir, cada fiscal lleva aproximadamente catorce casos simultáneos. “La verdad es que nos faltan manos, este es un delito transnacional que requiere trabajo de fiscales con experiencia en crimen organizado”, dice la fiscal López.

En la región de Tarapacá hay solo una persona encargada de investigar este delito, asegura la fiscal Priscila Silva, quien trabaja en la fiscalía de Iquique. En toda la región, explica, ella es la única especializada en el delito de tráfico ilícito de migrantes. “Sería lo ideal contar con más fiscales que pudiéramos encargarnos de la persecución de estos delitos. En general estamos un poco sobrepasados. Con el número de fiscales que contamos es un poco difícil, porque hay otras especialidades que cubrir, además de que es un delito nuevo”, dice la fiscal Silva.

La fiscal Carolina Suazo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, especializada en tráfico ilícito de migrantes, explica la dificultad de investigar este crimen: “Esto tiene relación con la escasa colaboración de las víctimas y denunciantes. Son investigaciones complejas, en el sentido de que es difícil adjuntar toda la prueba para poder formalizar y poder acusar”. Además, explica que se trata de delincuencia organizada transnacional, donde la cooperación internacional es sumamente importante.

La Brigada Investigativa de Trata de Personas (Bitrap), realiza las diligencias de investigación sobre tráfico ilícito de migrantes para el Ministerio Público, como por ejemplo interceptar teléfonos, tomar declaraciones, entre otros. Cuenta con dos unidades, una en Santiago y otra en Iquique, fue creada hace dos años y tiene once oficiales policiales. Sólo en 2015 recibió 102 órdenes de investigar, de las que cerca del 70% son de tráfico ilícito de migrantes, explica Rafael Téllez, jefe de esta unidad. “Los once funcionarios de la Bitrap tienen que hacerse cargo de tres regiones, no dan abasto, entonces eso significa que a veces las diligencias toman más tiempo”, señala la fiscal Priscila Silva de la Fiscalía de Iquique.

Desde 2011 hasta diciembre de 2015, el Ministerio Público ha recibido 368 denuncias por tráfico ilícito de migrantes. 290 ingresos fueron terminados y de ellos solo 16 terminaron en una sentencia condenatoria. Los casos restantes finalizaron con salidas alternativas sin condena, ya sea por sobreseimiento definitivo o decisión de no perseverar, según los datos obtenidos mediante Solicitud de Transparencia (ver documento).

La fiscal Silva asegura que la baja cifra de sentencias condenatorias se debe a que: “A veces la información que tiene el denunciante es súper escueta, porque dicen: Mire la verdad es que a mí me abordó en el aeropuerto una persona que dijo que se llamaba Álvaro, solo sé que tenía el pelo largo, era moreno, pero no tengo más información. A lo mejor esa persona no tiene más antecedentes, pero una segunda sí aporta más datos y en algún minuto se logra dar con la identidad del imputado, pero en otras oportunidades no. Ahí la causa no tiene un destino judicial, no se puede llegar a una formalización y eventualmente a un juicio oral”.

Miguel Yaksic del SJM asegura que esa escasa colaboración se relaciona con posibles amenazas que pueden haber recibido los migrantes por parte de sus tratantes: “Tienen miedo de dar nombres, porque los traficantes los han amenazado, porque tienen redes en Santiago, en la frontera, entonces prefieren no dar mucha información”. Según la Bitrap y la fiscal Silva esta es una de las mayores trabas para investigar el delito y hace que las causas no lleguen a juicio oral y, en su mayoría, tengan otras salidas.

La investigación para el delito de tráfico ilícito de migrantes puede durar entre 30 y 100 días dependiendo del tipo de diligencias que se necesiten. Mientras tanto el migrante firma en la PDI a la espera de una carta de expulsión por haber ingresado clandestinamente a Chile, lo cual está estipulado en el decreto de ley 1.094. En este tiempo el extranjero no puede trabajar, porque no cuenta con papeles regulares en el país.

Aunque hace seis meses recibió una carta de expulsión, la dominicana María tiene un contrato de trabajo estable como trabajadora de casa particular puertas adentro. Luego de un año en Chile, mantiene la esperanza de quedarse y, en un futuro, traer a sus tres hijos que dejó en República Dominicana. Con la ayuda de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, donde estudiantes hacen asesorías jurídicas gratuitas a migrantes que desean regularizar su situación, ha apelado su expulsión al DEM mediante documentos que aseguran su buen comportamiento en el país y certifican su contrato de trabajo. María fue víctima de tráfico ilícito, pero la ley no la concibe como tal y, por eso, sigue irregular en Chile sin una visa de permanencia.

Sobre las autoras: Fiorenza Gattavara y Valentina Jofré escribieron este reportaje en su último año de Periodismo en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por la profesora Paulette Desormeaux.

Este reportaje fue seleccionado como finalista del Premio Periodismo de Excelencia Universitaria 2016 por un jurado conformado por Paula Bravo, conductora del programa Lo que Queda del Día de Radio Cooperativa; Paulina de Allende-Salazar, realizadora de Informe Especial de TVN; Alexis Nilo, editor de Deportes en Las Últimas Noticias, y Juan Pablo Figueroa, investigador de Radio Bío Bío.