En 1973, transcurridos cinco días desde el golpe de Estado, el cuerpo del cantautor nacional Víctor Jara fue encontrado con 44 impactos de bala. Después de 50 años, Pedro Barrientos, sindicado como el principal responsable de la muerte del artista, fue detenido en Estados Unidos. El abogado Nelson Caucoto cuenta con 47 años de experiencia en la defensa de derechos humanos y era el representante legal de la viuda de Víctor Jara, Joan Jara. En esta entrevista se refiere a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y a la eventual condena del ex teniente del Ejército de Chile.

Por Paula Gómez Correa (@paula.xgomez)

Edición de Raúl Esteban Santos (@raul_stebn)

En agosto de este año, la Corte Suprema ratificó la condena a siete agentes del Estado por el asesinato de Víctor Jara. El ex teniente del Ejército Pedro Barrientos había sido enjuiciado en un tribunal civil en Estados Unidos y condenado en 2018 como el principal responsable de la muerte del artista en 1973. El imputado residía en el Estado de Florida y en julio perdió la ciudadanía estadounidense. El pasado 5 de octubre fue detenido. La justicia chilena estaba a la espera de su arribo al país, el cual se producirá hoy, a 19 días del fallecimiento de Joan Jara, la viuda del cantautor.

Nelson Caucoto, defensor y representante legal de la familia de Víctor Jara desde hace 25 años, estaba expectante por la llegada de Barrientos. Se considera un hombre cristiano y de izquierda. Tiene 72 años, es oriundo de Iquique y lleva 47 años dedicado a la defensa de los derechos humanos. Algunos de los juicios emblemáticos que ha representado sobre crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar son el Caso Degollados y la causa del cantautor nacional.

El abogado recuerda que, durante su paso por la Vicaría de la Solidaridad, se encomendaba a su patrono, San Francisco de Asís. Su figura, ubicada en el segundo piso, era un apoyo constante para él. Lo encontraba al subir las escaleras y con la mirada buscaba la única parte del sermón de las montañas que le interesaba: “Bienaventurados los que luchan por la justicia”.

— ¿Qué lo hace tomar la decisión de encargarse de crímenes de lesa humanidad?

— En mi formación profesional, llegué a un centro universitario marcado por la izquierda. En esa época era imposible omitirse de tener una posición. Y dentro de esta, se encuentra la necesidad de trabajar por el bien común, de aportar al país. Cuando se produce el golpe militar, no tuve ninguna duda del lado que iba a estar para ayudar. Desde ahí no me moví nunca más de los derechos humanos. Comencé a trabajar y me enteré de los crímenes de lesa humanidad. 

— Por su trabajo en la Vicaría.

— Mi único trabajo profesional fue en la Vicaría, donde continúo trabajando, pero en un programa especial. Al desaparecer en 1992, realiza un convenio con el ministerio de Justicia y crea una oficina de derechos humanos que se hace cargo de los casos. Ahí voy yo. Soy un trabajo de continuidad de la Vicaría. Hay un tema que a mí me enorgullece y pocos lo conocen. Nosotros fuimos la oficina de derechos humanos que se abrió al mundo militar. Es un drama el que conocimos. Son seres humanos, maltratados por sus superiores. La labor era universalizar los derechos humanos, y los militares tienen derechos humanos.

— Con relación a este mundo castrense, tras la dictadura, los militares de menor rango se excusaron de cumplir órdenes de sus oficiales. ¿Qué pasa en esos casos?

— Mientras el cumplimiento de las órdenes sea dentro de la ley, no hay problema. Ellos debían cumplir con las órdenes del servicio, las que son propias de la vida militar. Pero no pueden matar y torturar a alguien. Yo siempre he sido un defensor de los conscriptos, porque entiendo que son el último eslabón en la jerarquía de mando. Eran jóvenes de 18 o 19 años en esa época. Pero si a un conscripto lo elige un oficial para salir reiteradamente a patrullar en las noches, sin existir ningún motivo, a matar personas. ¿Esos conscriptos merecen que uno los trate con benevolencia? Se pusieron al lado del mal. Ellos sabían lo que estaban haciendo.

— ¿Por qué en Chile se ha permitido que esos militares, ahora en retiro, sean acusados cuando alcanzan los 70, 80 o más años?

— La justicia no operó en Chile como debía haber operado. Hubo una creciente influencia de la impunidad. Entre los años 1973 y 2003 los tribunales fueron muy funcionales a la dictadura.  A los militares nadie los tocó. Llegan con una avanzada edad al momento de su sentencia. Eso explica que en la causa de Víctor Jara lleguen con 70 u 80 años a asumir su sentencia. 

— ¿Qué ha significado para usted defender el caso de Víctor Jara?

— En 1998, el año de la detención de Pinochet, aparece Joan Jara en mi oficina con sus dos hijas, Amanda y Manuela. Me preguntó si podía tomar el caso. Sabía en lo que me estaba metiendo. Estaba consciente de la importancia de la víctima. Fue una enorme satisfacción y una motivación permanente. Víctor Jara es universal y su crimen tiene una relevancia mayor por lo mismo.

— ¿Se preguntó por qué Joan Jara lo escogió a usted y no a otro abogado?

— No, yo no he hablado con Joan sobre eso. No pregunto las razones detrás de mi elección, pero las agradezco.

— ¿Cuál es su máximo objetivo en el caso del artista?

— Queda pendiente el caso del señor Barrientos. Vamos a esperar ansiosos que traspase el umbral del aeropuerto. Mientras no lo veamos acá, sigue siendo una tarea pendiente. Pedro Barrientos es el último eslabón que nos queda. Tiene que ser condenado.

— Desde un punto de vista aprobatorio, ¿hay alguna complejidad en el caso?

— La prueba está rendida. Las presunciones de culpabilidad de Barrientos están. Es un mero trámite.

— Para cuándo está prevista la extradición de Barrientos a Chile?

— Él va a llegar a Chile no por la extradición, sino porque Estados Unidos lo va a expulsar. Su detención se debió a que violó las leyes de inmigraciones. Podría irse expulsado a cualquier otro lugar, pero hay una orden de captura internacional en su contra.

— ¿Se tomarán medidas para vigilar a Pedro Barrientos y evitar la repetición de un suceso similar al suicidio de Hernán Chacón, otro de los responsables de la muerte de Víctor?

— Debe quedar en prisión preventiva. Él no llega para irse a su casa ni visitar a sus familiares. Estará detenido mientras sale la sentencia. Lo pasarán a Punta Peuco o Colina 1. 

— ¿Qué piensa de Barrientos, Hernán Chacón y tantos otros militares vinculados a crímenes de lesa humanidad que por años han eludido la justicia?

— Es lamentable que se haya suicidado el señor Chacón. La pérdida de una vida es siempre lamentable. No me alegro con su muerte. Entiendo que él en un minuto haya pensado que nadie lo iba a enjuiciar. Es la primera gran lección que les deja a los militares: no confiarse en la impunidad. Creo que todos los militares vivieron con esa idea. Es un verdadero logro haber alcanzado a enjuiciarlo, pero a nadie le sirve que haya muerto. 

— Entonces, ¿una eventual condena a Pedro Barrientos marcaría el fin judicial del caso de Víctor Jara? 

— Es lo único que nos falta. Este es el fin del caso. Los familiares de Víctor están conscientes de eso. Están satisfechos con lo que se ha logrado. 

Paula Gómez es estudiante de 4to año de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica (@fcomuc) y es la primera vez que publica en un medio. Su área de interés es la prensa escrita y de investigación, además del periodismo cultural y de espectáculo.