La última esperanza de las 49
En dictadura, a un grupo de familias que eran parte de la Cooperativa Rupanco, les expropiaron 47 mil hectáreas asignadas durante la Reforma Agraria. A través de la organización La última esperanza, se mantienen en una mesa de trabajo con la Gobernación de la Provincia de Osorno y la Municipalidad de Puerto Octay para encontrar un terreno donde vivir.
Por Sandro Olavarría
Miguel Medina (78) vive junto a otros seis familiares en una casa de aproximadamente 40 metros cuadrados ubicada a cinco kilómetros de la carretera que une a Osorno con Puerto Octay. El camino desde la autopista a su casa no está pavimentado y en las entradas para recorrer el campo que se encuentra a ambos lados de la vía, se ven letreros que prohíben la entrada a los pastizales por ser propiedad privada. Con los años, su vivienda se deterioró a tal punto que las tejuelas del techo se pudrieron y rompieron, lo que ha obligado a su familia a tener una parte de la casa cubierta solamente con un pedazo de plástico que sacaron de los silos de paja. A pesar del estado en el que se encuentra su hogar, Medina no quiere hacer nada, porque en la actualidad el terreno donde se ubica su residencia le pertenece a la lechera Manuka y vive con el miedo de que lo desalojen y la inversión que realice sea en vano.
El campesino era socio de la Cooperativa Rupanco que fue beneficiada con 47.337 hectáreas en 1970 durante la Reforma Agraria, la cual se llevó a cabo en Chile entre 1962 y 1973. A partir de ahí, cada uno de los 850 socios ocupó una hectárea para vivir y del resto del predio obtuvieron ganancias a través del trabajo agrícola. Producían entre 45 y 50 mil quintales de trigo al mes, además de otros productos como avena, cebada, remolacha, madera, y productos elaborados a partir de animales.
“Por primera vez tuvimos la dicha de decir que éramos dueños de la tierra, que era el sueño que teníamos. Pero ese sueño duró siete años, no pasó más allá”, cuenta el dirigente de los ex socios de la Cooperativa, Enrique Tejeda (68). En 1977, durante la dictadura militar, la agrupación fue disuelta por la dictadura militar bajo el argumento de mala administración financiera. Quienes tenían el poder en ese entonces, nombraron a tres interventores y los rupanquinos dejaron de ser dueños del campo. A partir de ahí, los derechos fueron entregados a la Conaf para que explotara el predio, que luego en 1979 fue vendido a la corporación Cabildo y que desde 2008 pertenece a la empresa Manuka, que rebautizo el fundo, actualmente conocido como Hacienda Coihueco.
Desde que les quitaron el terreno, la empresa Cabildo demandó a Medina cuatro veces con la finalidad de desalojarlo, pero según él, gracias a que tuvo un buen abogado, las ganó todas y pudo quedarse en el lugar. No todos tuvieron la misma suerte. De las 850 familias que originalmente componían la Cooperativa Rupanco solo 49 siguen luchando. Algunos perdieron estos procesos judiciales y se fueron a vivir lejos, otros aceptaron un millón de pesos que se les ofreció en una negociación para que dejaran la hacienda y otros, debido al paso del tiempo, murieron.
Noraliza Grandón (85) es una de las últimas expulsadas de la hacienda. “En 2011 Manuka nos dijo que teníamos un mes para dejar el sitio. Me asusté, porque antes ya habían despojado a otras personas con Carabineros, así que había que salir antes de que a nosotros nos hicieran lo mismo”, cuenta en una conversación telefónica. Por eso, dejó el terreno y se fue a vivir al sector de El Escudo que se encuentra a orillas de la carretera que une a Osorno con Puerto Octay, donde comparte su vivienda con otras 12 personas. Desde la empresa Manuka informan que, a pesar de poder hacerlo durante estos últimos años, no han iniciado acciones legales en contra de los campesinos. “Esperamos que el Estado pueda cerrar en buenos términos los compromisos que han asumido con ellos”, manifiestan.
Los pocos habitantes que quedaron, se mantuvieron siempre en contacto a través del sindicato El Libertador de Rupanco. El 4 de junio de 2014, las 49 familias se volvieron a asociar en la agrupación La última esperanza, que preside Enrique Tejeda y donde Miguel Medina participa como vicepresidente. La finalidad de la asociación es conseguir una personalidad jurídica para comenzar con los trámites y obtener un subsidio que les entregue un lugar para vivir. En la actualidad, la organización está en una mesa de trabajo con la Gobernación de la Provincia de Osorno y la Municipalidad de Puerto Octay.
La asociación quiere que este proyecto se lleve a cabo, pues después de ver pasar 18 abogados por su caso, esperan disfrutar juntos sus últimos años de vida, tal como lo soñaban el 1 de julio de 1970 cuando se volvieron dueños de todo ese campo.
La alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda(UDI), dice que para ella es impactante ver como personas de la tercera edad se han mantenido luchando tanto tiempo. La gobernadora de la provincia de Osorno, Tabita Gutiérrez (PS), dice: “Hay una deuda con un grupo de personas que era propietario de un terreno, que lo trabajaban, que sus familias hicieron raíces ahí, pero que fue expropiado de la forma más brutal y hoy pertenece a otra persona”.
El proyecto contempla un terreno campesino, idealmente en el radio de la comuna, y una casa para cada uno dentro de este. Los fondos procederán desde el Ministerio de Vivienda a través de su Programa de Habitabilidad Rural. Éste les permitirá a las familias construir equipamiento comunitario o productivo para facilitar sus labores cotidianas.La asociación lo único que quiere es que este proyecto se lleve a cabo, pues después de ver pasar 18 abogados por su caso, esperan disfrutar juntos sus últimos años de vida, tal como lo soñaban el 1 de julio de 1970 cuando se volvieron dueños de todo ese campo.
Para comenzar con el proyecto hay cuatro requisitos: un comité, un terreno, familias que puedan optar a un subsidio y el subsidio mismo. Debido a que ellos ya están asociados en La última esperanza, el primer requisito está cubierto, por lo tanto, la Gobernación y la Municipalidad han comenzado a trabajar para comprar el terreno.
A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se levantó una Ficha de Acciones Concurrentes, que sirve para financiar los procedimientos previos a la factibilidad de un proyecto. Gracias a eso, en diciembre de 2016 se aprobaron nueve millones de pesos para que la Municipalidad de Puerto Octay realice la contratación de un abogado y un topógrafo. Ellos deben asesorar a las familias con la búsqueda de un predio que sea factible de comprar y que tenga las características necesarias para que los hacendados construyan ahí su hogar. La Municipalidad se comprometió con aportar un asistente social, para que trabaje de manera directa con las familias.
“La idea es que los expertos formen una relación cercana con los hacendados y que puedan trabajar en conjunto en la búsqueda del terreno”, dice la gobernadora de la Provincia de Osorno. Por eso, desde la Gobernación han trazado un perfil en común que deberían tener estos profesionales. Que sean de la zona y que conozcan la historia de la Cooperativa, son las características principales. “Estamos hablando de gente que perdió la confianza en todo y no tienen por qué confiar. Finalmente también se les pasó a llevar sus derechos y fueron vulnerados”, agrega Gutiérrez.
Han pasado seis meses desde la aprobación de los nueve millones de pesos para la contratación de los expertos, y esta aún no se efectúa. La alcaldesa de Puerto Octay, asegura que trataron de licitarlo una vez, pero no llegó ningún currículum, nadie se mostró interesado.
Grandón aún no se quiere ilusionar con esta solución hasta ver los resultados concretos: “Yo todavía no puedo decir nada sobre eso, porque son 40 años que estamos esperando”, dice. Tejeda se muestra resignado al no poder cumplir su sueño de continuar para siempre dentro de la hacienda: “Hemos luchado por defender esto y quedarnos aquí, pero ha sido muy difícil”, confiesa mientras está sentado en el living de su casa. A pesar de que han pasado 40 años desde que les quitaron su terreno, ellos siguen deseando tener su Cooperativa, por lo que esperan tener una propiedad dentro de la provincia de Osorno, donde puedan compartir su día a día y estar todos juntos como en los viejos tiempos.
Sobre el autor: Sandro Olavaría es estudiante de Periodismo y escribió este artículo en el curso Taller de Prensa. El reportaje fue editado por Vanessa Dahuabe en el Taller de Edición en Prensa.
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