El trabajo remunerado de los presos dentro de Colina I y el Centro Penitenciario Femenino Metropolitano no cumple con los requisitos dictados por la ley que lo norma. Sueldos más bajos que el mínimo legal, inexistencia de contratos y ausencia de seguros laborales, son algunas de las irregularidades detectadas. Gendarmería es la encargada de velar por que los empleadores respeten los mínimos establecidos, pero en la práctica no ocurre. La institución es juez y parte de este conflicto.
Por Valentina Araya D. y Javiera Yáñez G.
¡Sin novedades, mi capitán!”, dicen automáticamente tres gendarmes desde las torres de seguridad de Colina I, cuando ven pasar a Milton Lermanda, jefe del sector laboral de esa cárcel. Con un cigarrillo en la mano, Lermanda pasea por el largo camino de cemento cercado por dos hileras de galpones. Cada uno tiene una calcomanía con un número y el nombre de una empresa.
Galpón 6: Wintec. Tres reclusos sentados afuera del taller ven a Lermanda venir y entran rápidamente a trabajar. El capitán de Gendarmería apaga el cigarrillo y los sigue.
— Oye tú, flaco, ven pa’ acá — dice Lermanda con voz de mando. Un joven de 27 años con pelo corto y ojos claros, vestido con buzo y polera azul marino, y la palabra “Wintec” estampada en el pecho, se acerca sumiso.
— ¿Dónde están tus zapatos de seguridad? — le pregunta el capitán apuntando a sus zapatillas de lona.
— No me los han traído todavía — responde el joven en voz baja.
— ¿Cómo te llamái? — vuelve a increparlo el gendarme.
— Alonso Sánchez — dice el recluso.
— Consíguete un par o te ganái una amonestación — le ordena el gendarme.
Alonso asiente y vuelve a su puesto de trabajo mientras sus compañeros de taller se ríen mirando la escena con curiosidad.
El capitán de Gendarmería enciende otro cigarrillo y continúa su paseo por el sector en el que, dice, trabajan diariamente 409 internos para tres empresas: Wintec, Valplast y Britec. Son tres también los gendarmes encargados de vigilarlos. El sonido ambiente es una mezcla de cumbia, reguetón, maquinaria y herramientas.
Dentro de los nueve centros penitenciarios de la Región Metropolitana, los internos son divididos en dos secciones separadas físicamente en las cuales viven y desarrollan todas sus actividades diarias, sin poder pasar de una a otra, a menos que Gendarmería los traslade. Dicha división consiste en la separación entre la población penal y el sector laboral, lugar en el que los presos pueden optar a trabajos remunerados de diferentes tipos.
Contratos, sueldos, seguros laborales, horarios y fiscalizaciones periódicas, son los temas centrales que el reglamento norma fijando las condiciones mínimas que debiesen cumplir los empleados y empleadores.
En las torres pertenecientes al sector laboral se establecen los Centros de Estudio y Trabajo (CET), donde los presos son capacitados en distintos oficios y además pueden postular a trabajar en talleres laborales, recibiendo un pago por ello. Una de las modalidades laborales a la que pueden optar es trabajar para empresas privadas que se instalan en galpones dentro de las cárceles, que se utilizan como talleres de producción de cada compañía.
La información entregada por las empresas consultadas que trabajan actualmente en las cárceles de la Región Metropolitana, indica que existen compañías instaladas hace más de diez años en distintos recintos penitenciarios. Entre ellas se encuentran Wintec y Britec, en Colina I, el CET más grande de Chile, y, según Gendarmería, Prodalum en el Centro Penitenciario Femenino Metropolitano.
En 2011 entró en vigencia el Reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, que define y regula de forma detallada las modalidades y condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el trabajo que realizan los internos dentro de la cárcel (ver reglamento).
Contratos, sueldos, seguros laborales, horarios y fiscalizaciones periódicas son los temas centrales que el reglamento norma fijando las condiciones mínimas que debiesen cumplir los empleados y empleadores. Establece además que Gendarmería es la encargada de supervisar que este proceso se realice de acuerdo con la normativa establecida, es decir, que el reglamento se cumpla a cabalidad. Pero la realidad es que, en la práctica, esto no ocurre en todos los penales.
Ausencia de contratos
De acuerdo con el reglamento, debe existir siempre un contrato que regule las condiciones del trabajo que realiza cada preso para las empresas instaladas en las cárceles. Además se establece que el pago que perciben los presos debe ser fijo e igual al que recibe un trabajador libre que realiza su misma función, e igual o mayor al salario mínimo legal, es decir, 241 mil pesos desde el 1 de julio de 2015.
Fernando Rex cuenta que el trato de su empresa ha sido siempre directamente con Gendarmería y que en 13 años Wintec no ha firmado un contrato de trabajo con ninguno de los presos que trabajan en sus talleres dentro de las cárceles.
Gabriel tiene 47 años. Fue condenado a 25 años de cárcel en Colina y hoy se encuentra bajo libertad condicional. Le quedan 60 días de firma y será un hombre libre. Su sentencia empezó con cuatro años en Colina II, lugar donde se encuentran los presos más problemáticos y que cumplen condenas más largas, y luego fue trasladado a Colina I por su buena conducta. Después de 18 años pudo acceder a la sección laboral.
La mayor parte del tiempo que pasó en ese lugar trabajó en Wintec, empresa dedicada a la fabricación de ventanas y puertas de baño que, según su dueño y gerente general, Fernando Rex, es la firma más grande de Chile en el rubro. En 2002 Wintec se instaló en Colina con su primer taller y hoy es la compañía con mayor presencia en el sistema carcelario. Rex explica que la empresa tiene seis talleres en Colina, uno en la cárcel de Talagante y otro en la de Puente Alto. Según el jefe del CET de Colina I, Milton Lermanda, Wintec emplea a 235 internos en total. De ellos, 128 trabajan en el sector laboral de Colina, cárcel en la que viven 1.500 reclusos, según datos de Gendarmería.
Fernando Rex cuenta que el trato de su empresa ha sido siempre directamente con Gendarmería y que en 13 años Wintec no ha firmado un contrato de trabajo con ninguno de los presos que trabajan en sus talleres dentro de las cárceles.
Trabajando para Wintec, Gabriel se desempeñó en distintas labores; fue bodeguero, cortaba vidrios y transportaba ventanas en un tractor de una torre a otra. Hoy, sentado en el comedor de la casa en la que vive de allegado al lado de la cárcel de San Miguel, explica cómo fue su experiencia en ese taller. Nunca firmó un contrato y el sueldo que recibía era de acuerdo con lo que alcanzaba a producir en un mes, asegura.
En 2003 Codelco firmó un contrato de colaboración con Gendarmería y a su vez contrató a un grupo de ingenieros que luego formaron la empresa Britec, especializada en energía solar, para que administrara su taller dentro de Colina. Britec nació dentro de esa cárcel en 2007 con la misión de generar procesos productivos intensivos en mano de obra carcelaria, según Javier Ferrada, uno de los socios fundadores.
Se establece que el pago que perciben los presos debe ser fijo e igual al que recibe un trabajador libre que realiza su misma función, e igual o mayor al salario mínimo legal, es decir, 241 mil pesos desde el 1 de julio de 2015.
Víctor Pérez, gerente de desarrollo de mercado y planificación de Codelco, fue uno de los creadores del programa laboral que tiene la empresa en Colina I y explica que Gendarmería está a cargo de los contratos, la ley laboral, el ahorro y los seguros de los presos que trabajan para las empresas instaladas en las cárceles. En el taller de Codelco se fabrican paneles solares y no existen, según Pérez, otros talleres de producción de estos paneles en Chile: hay sólo uno y está en la cárcel.
Debido a que hoy en día la demanda por estos paneles es muy baja, explica Ferrada, la empresa cambió su foco y, aunque aún los fabrican, actualmente se concentran en desarrollar procesos productivos para apoyar emprendimientos que necesiten mano de obra. Es decir, “arriendan” mano de obra carcelaria a otras empresas que cuentan con materias primas, pero necesitan que alguien produzca bienes con ellas, dice Ferrada.
Britec administra los dos galpones de Codelco dentro del CET de Colina y emplea a 23 reclusos. Ferrada explica que la empresa no tiene trabajadores libres; toda su mano de obra está en la cárcel. Al ser cuestionado sobre la inexistencia de contratos de trabajo entre los reos y la empresa, Víctor Pérez asegura que las condiciones básicas de un contrato laboral están, aunque la empresa no tiene registro de la existencia de estos, porque adjudican esa responsabilidad a Gendarmería.
Al referirse a la relación contractual que debe existir entre los internos y las empresas, la subdirectora técnica de Gendarmería y encargada de los programas laborales dentro de las cárceles, Myriam Olate, se contradice. En primera instancia explica que el trabajo que ofrecen las compañías al interior de las cárceles tiene que ser regulado de la misma forma que el de un trabajador libre. Es decir, debe haber un contrato con cada interno, cotizaciones y seguros de salud; pero finalmente reconoce que la realidad no se apega al reglamento.
— En respuesta a una solicitud de información pública (ver respuesta), Gendarmería dijo que no existen contratos y, después de hablar con algunas empresas y ex internos, confirmamos esa información.
— Ya, lo que pasa es que la empresa hace un convenio de instalación con la unidad penal. Pero nosotros tenemos que resguardar la privacidad de los internos. No podemos hacer público un contrato de trabajo que es un trato entre un trabajador y un empresario — dice Olate.
— Pero no dijeron que no podían entregar esa información; dijeron que esos contratos simplemente no existen.
— Mira, en general las empresas hacen contrato, pero hay situaciones en las que por privilegiar que haya gente ocupada, si el interno acepta el trato y se puede hacer, se hace. Y si eso es sin contrato, bueno, será sin contrato. Como la normalidad de todo el país.
El 12 de diciembre de 2012, Leandro (37) cumplió una sentencia de 15 años en Colina. Cuando fue condenado entró a Colina II, donde psicólogos y otros profesionales evaluaron su conducta y, debido a que obtuvo buenos resultados, fue enviado a Colina I. Cuando llevaba cinco años preso fue sometido a una segunda observación y, por buen comportamiento, pudo solicitar un cupo dentro de la sección laboral donde pasó los diez años restantes de su condena.
Si bien no recuerda claramente la cantidad de tiempo que estuvo en cada taller, cuenta que trabajó haciendo aseo en el patio, en el taller de mueblería construyendo estructuras de fierro para las camas que se ocupan en las cárceles y luego pasó cinco años trabajando para la cerrajería de Gendarmería, hasta que se abrió un cupo en el galpón de Codelco. En diez años en el CET, nunca firmó un contrato de trabajo, asegura.
— ¿Los internos sabían que por ley debían firmar un contrato de trabajo?
— Sí, pero si tú alegái erís cabecilla, erís protestante. Y por hacerle ver a la multitud cosas que no tienen idea, te sacan de ahí. Incluso te pueden acusar de intento de motín — afirma Leandro.
Desregulación en los sueldos
Debido a que las compañías, como explica Myriam Olate, subdirectora técnica de Gendarmería, firman contratos laborales únicamente con Gendarmería, son los gendarmes quienes administran los sueldos. Todos los meses se establece aleatoriamente dentro de los recintos penitenciarios un día de pago, en el que Gendarmería reparte entre los internos la plata que recibió de las empresas. No existe un organismo externo a Gendarmería que regule el manejo de ese dinero, ya que por ley, es ella misma la que debe supervisar que se cumplan las condiciones que estipula la norma. Dicho de otro modo, Gendarmería se fiscaliza a sí misma.
De acuerdo con el reglamento, los establecimientos penitenciarios deben llevar control y registro de todos los pagos que hacen los empresarios a cada trabajador, manteniendo esa información en un archivo actualizado (ver reglamento). Tras pedir este documento a Gendarmería, mediante una solicitud de transparencia, la institución respondió que no hay contratos y, en consecuencia, tampoco existen registros de los pagos (ver respuesta).
Olate, explica que las empresas pagan “incentivos” a los reclusos, y no sueldos, ya que no existe una relación contractual entre ambos.
— ¿Los incentivos dependen del trato que haga cada empresa con Gendarmería? ¿No se paga siempre el mínimo legal?
— Ese es el sistema. Digamos que hemos accedido a que se haga así porque finalmente, aunque son periodos cortos de trabajo o para pocas personas, nosotros no tenemos la capacidad de ofrecerles trabajo a todos, porque hay una población penal de 45 mil personas y no tenemos el personal ni la infraestructura para que más internos trabajen. Tratamos de que las condiciones sean lo más dignas posibles y reciban un pago, sea el que sea, siempre que los reos acepten.
No existe un organismo externo a Gendarmería que regule el manejo de ese dinero, ya que por ley, es ella misma la que debe supervisar que se cumplan las condiciones que estipula la norma. Dicho de otro modo, Gendarmería se fiscaliza a sí misma.
Angélica Salim-Hanna, abogada titulada de la Universidad Católica y experta en derecho laboral, explica que lo que determina que un trabajador deba recibir un sueldo base igual o superior al mínimo mensual es que tenga una jornada de trabajo y que esté bajo supervisión superior inmediata. Así, aunque los presos trabajen por producción o a trato, su remuneración debe ser igual al ingreso mínimo mensual, ya que cumplen con jornadas laborales y están subordinados a sus superiores.
— El trabajo en Codelco era a trato, pero era bueno el trato. El sueldo era de alrededor de 300 mil pesos que, para estar dentro del CET, era caleta de plata. A veces ganábamos más y andábamos con más plata que los gendarmes, incluso después del descuento. Nunca nos pagaron imposiciones — cuenta Leandro.
Codelco no tiene un registro de los pagos que Britec hace a sus trabajadores, ya que según afirma Víctor Pérez, gerente de desarrollo de mercado y planificación de la cuprífera, estos son administrados por Gendarmería, que a su vez los reparte entre los presos. “Es tarea de Gendarmería elaborar ese documento”, dice Pérez. Además confirma lo dicho por Leandro y asegura que los reos que trabajan para Britec ganan 300 mil pesos mensuales.
El reglamento determina que del sueldo total que reciben los internos, se les descuenta un 11% como penalización por el delito cometido, un 5% queda para Gendarmería por concepto de mantención del CET y un 15% se deposita en una libreta de ahorro que se les entrega a los reclusos al momento de cumplir su condena, o cuando ellos la soliciten. “Aquí no se piensa en jubilación, sino en que no vuelvan a delinquir. Las cotizaciones serían el 15% que se descuenta por ahorro, por ejemplo”, explica Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I.
“No te preguntai’ por qué no te hacen firmar contrato porque si estai’ trabajando, bacán po. Te ganai’ tus lucas y además te sirve para conducta, para ir postulando a las salidas”, cuenta Leandro.
Al acceder a las planillas de pago de los reclusos que trabajan para empresas en el CET de Colina I en una visita al penal, fue posible constatar que, debido a que trabajan por producción, se les descuenta cada día perdido por accidente laboral. Además, en el caso de los once presos que trabajan para la empresa Valplast, en mayo de 2015 el sueldo más alto fue de $140.225 y el menor, $40.000.
Estos montos consideran los descuentos reglamentarios ya mencionados, pero el jefe de este establecimiento, Milton Lermanda, explica que adoptó una política particular en el sector laboral de esta cárcel: no se descuenta el 11% de penalización por el delito cometido, ya que, como a los reos que no tienen remuneración no se les descuenta por este concepto, le parece injusto castigar a los reos que trabajan. La medida fue tomada sólo de acuerdo con su criterio, cuenta.
Leandro dice que nunca tuvo claridad acerca del monto real que Codelco le entregaba a Gendarmería para que lo repartiera entre los internos del taller: sólo recibía la plata que le entregaba un gendarme, que a su vez le decía que todos los descuentos estaban hechos, asegura. “No te preguntaái por qué no te hacen firmar contrato porque si estái trabajando, bacán poh. Te ganái tus lucas y además te sirve para conducta, para ir postulando a las salidas”, cuenta.
Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que los productos que se fabrican para cada empresa tienen valores determinados y el sueldo se define por producción y no por preso. Todos los meses, dice, personal de Gendarmería cuenta la producción, se valoriza y se factura a las compañías, que depositan a la institución en una cuenta común, un pozo que se reparte entre todos los internos.
En el caso de Wintec, Gabriel señala que los pagos que recibió durante los años 2008, 2009 y 2010, tiempo en el que trabajó para esa empresa dentro del CET de Colina I, siempre fueron por producción: lo máximo que ganó en un mes fueron 800 mil pesos debido a que hacía distintos trabajos, y lo mínimo, 20 mil. Según él, Wintec pagaba 580 pesos por cada ventana producida. Gabriel y sus compañeros fabricaban entre 15 mil y 18 mil ventanas al mes, dice, haciendo un promedio de entre 400 y 350 al día.
En el Centro Penitenciario Femenino Metropolitano hay once empresas instaladas trabajando con 250 internas mensualmente, según Marilyn Martínez, jefa del CET de este recinto. Una de estas compañías es Marisio, para la cual trabajan 35 mujeres. Cada una de ellas debe armar un kilo de partes internas de enchufes al día. De acuerdo con Martínez, las reclusas trabajan a cambio del sueldo mínimo legal. Una de las internas que se desempeña en ese taller cuenta que recibe 86 mil pesos por su trabajo, después de la aplicación de los descuentos reglamentarios. Además agrega que el día de pago es aleatorio y puede ser, incluso, a mitad de mes. “Acá no podemos reclamar nada, nos echan cagando apenas escuchan que alegamos cualquier cosa”, dice.
“Un paquete de longanizas y uno de queso, y se acabó la inspección”
Gendarmería, de acuerdo con el reglamento, debe fiscalizar regularmente el debido desarrollo de la actividad laboral de los internos; que el sueldo sea igual o mayor al mínimo legal; que haya contratos y seguros laborales, y que las jornadas de trabajo no excedan lo máximo permitido por el código laboral. Una vez al mes, el jefe del centro de reclusión debe emitir un informe que dé cuenta de la situación de cada compañía instalada dentro de la cárcel y, además, un informe anual de su desempeño.
Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que las fiscalizaciones están a cargo de la dirección regional de Gendarmería. Agrega que las auditorías pueden durar una semana, y consisten en la supervisión de las planillas de sueldos, contabilidad, ingresos y compras de cada CET. A pesar de que, según el reglamento, las auditorías deberían ser semestrales, puede pasar un año entero sin que se realicen, asegura Ortega.
— ¿Hay alguien que fiscalice las condiciones de trabajo de los presos?
— No nada, y cuando hay, todos se tapan la cara. Una o dos veces al año iba gente a revisar y era de Gendarmería, pero no de Colina, de afuera. Cuando había una inspección, cerraban todas las puertas de los talleres. Ahí a esos huevones les pasái unas ventanas y chao. Yo una vez vi una inspección en el rancho [taller del CET donde los presos cocinan para el resto de los internos] y el huevón nunca entró al taller, le pasaron un paquete de longanizas y uno de queso, y se acabó la inspección — cuenta Gabriel de la época que pasó preso en Colina.
Seguros y accidentes laborales
La jefa del departamento de reinserción del sistema cerrado de Gendarmería, María Nelly Carreño, en respuesta a una solicitud de transparencia, explica que los presos que trabajan para empresas privadas en la Región Metropolitana siempre han contado con seguros de protección laboral, pero que no existe constancia de esos seguros, y tampoco hay reportes estadísticos al respecto (ver documento). Esto, a pesar de que el reglamento establece expresamente que la institución debe llevar un registro actualizado con esta información.
Carreño dice además que desde 2013 existen recursos limitados del presupuesto institucional para implementar seguros contra accidentes en algunos segmentos laborales, por ejemplo, en el dedicado al aseo y mantención de las cárceles que realizan los internos. Según la información que Gendarmería entregó con respecto a esos seguros desde 2013, sólo hay registro de un accidente en 2014: en el CET del Centro Penitenciario Femenino, una mujer que trabajaba para panadería se aplastó la mano y sufrió una fractura (ver documento).
Leandro tiene otros recuerdos de los años en los que trabajó en la sección laboral de Colina: “Una vez un viejito se cortó la mano entera trabajando y lo mandaron, igual que cuando te apuñalan, al hospital penal. El enfermero de turno llamó al alcaide para que pusiera su firma y autorizara que lo llevaran al hospital de la Peni. A este señor lo mandaron de vuelta a Colina I… estaba incapacitado, ya no servía en el sector laboral. No lo indemnizaron ni nada”, cuenta, y asegura que además de no haber contratos, no había seguros contra accidentes, a pesar de que eran muy frecuentes.
Gendarmería no ha asegurado a la totalidad de los internos que trabajan dentro de los sectores laborales, a pesar de que el reglamento lo estipula con claridad.
María Nelly Carreño, jefa del departamento de reinserción del sistema cerrado de Gendarmería, explica en una respuesta a una solicitud de información pública, que el proceso de aseguración de los presos se ha topado con tres problemas. Primero, el alto costo de los seguros y la inexistencia de oferta de parte de empresas aseguradoras para ofrecer este servicio a los presos. Segundo, que el presupuesto es insuficiente para cubrir a todos los reos que trabajan dentro de los CET. Y finalmente, que la experiencia indica que los seguros no cubren la diversidad de tipos de accidentes laborales o es muy difícil hacerlos efectivos, porque obliga a realizar gestiones que no son posibles de realizar dentro de las cárceles (ver documento).
Así, Gendarmería no ha asegurado a la totalidad de los internos que trabajan dentro de los sectores laborales, a pesar de que el reglamento lo estipula con claridad. Myriam Olate, subdirectora técnica de Gendarmería, explica que todos los reclusos que trabajan en los CET debiesen tener seguros en caso de accidente, provistos por Gendarmería.
— Por transparencia Gendarmería dijo que no hay seguros.
— Tendría que ver quién te respondió eso. ¿Tú tienes esa respuesta? ¿Me la pudieras mandar? Para yo revisar eso.
— La respuesta se debió a que no hay documentos que certifiquen lo contrario; no hay respaldo de esa información.
— No, poh, no en todos los casos hay seguros. Como te digo, la gente de los CET que tiene contrato, tiene seguros; los demás, no.
Carreño afirma que debido a que la institución no maneja suficiente información de esta materia, ha considerado necesario implementar un sistema de registro de la misma desde este año. Esto, a pesar de que la ley que reglamenta el trabajo dentro de las cárceles está vigente hace cuatro años y establece en su artículo 84 que los CET deben contratar seguros de accidentes del trabajo para proteger la integridad física de los internos del sector laboral.
Abaratando costos
El proceso mediante el cual las empresas son autorizadas para hacer uso de los galpones que dispone Gendarmería en los CET también está especificado y normado por el reglamento. Se estipula que las empresas deben pasar por un proceso de selección en el cual aquellas que cumplan con todos los requisitos se adjudican una licitación para instalar sus talleres con costo cero, ya que es Gendarmería la que cubre los gastos de infraestructura y mantención de los espacios. Dicho de otra manera, las empresas usan estos galpones de producción de forma gratuita, asegura Myriam Olate, subdirectora técnica de Gendarmería.
Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I, explica que la instalación de empresas dentro de esa cárcel depende únicamente de dos factores: la disponibilidad de galpones y su criterio como jefe del CET.
— Trabajar dentro de la cárcel abarata los costos de la empresa, ya que no tenemos que pagar por arriendo de infraestructura, ni por las cuentas de luz, agua y electricidad. Gendarmería corre con esos gastos — explica Víctor Pérez, gerente de Codelco. Agrega que el contrato que tiene su empresa con Britec por la administración de sus talleres en Colina, no le cuesta más de dos millones y medio de pesos anuales a la cuprífera, que están destinados al pago de los ingenieros por su labor.
Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I, explica que la instalación de empresas dentro de esa cárcel depende únicamente de dos factores: la disponibilidad de galpones y su criterio como jefe del CET.
El gerente general de Wintec, Fernando Rex, cuenta que no participó de ningún proceso de selección ni mucho menos concursó por una licitación. Cuando se instaló, le dijo al director regional de Gendarmería de ese entonces que le interesaba trabajar en el centro penitenciario, le hicieron una visita guiada para que conociera las instalaciones, y posteriormente firmó un contrato con el mismo director regional, explica.
Myriam Olate dice que las empresas se instalan en las cárceles gracias al trabajo que hace Gendarmería para fomentar el establecimiento de las mismas. Esto, a través del Ministerio de Justicia o su sitio web.
— Creamos un formato para que las empresas llegaran y se inscribieran, pero era todo demasiado engorroso porque había muchas exigencias para que se instalaran. Este mismo decreto 943 [se refiere al reglamento], es muy complicado. O sea le exige demasiadas cosas al empresario, entonces los tipos no se motivan y pocos lo hacen — explica Olate.
— ¿Y cuál es el incentivo para las empresas?
— Es solamente responsabilidad social. Pero hay mucha rotación. La realidad es que las empresas privadas se instalan, salen en la tele pa’ la foto, y trabajan un mes o dos meses y se van — dice Olate.
A diferencia de lo expresado por Myriam Olate y Víctor Pérez, Javier Ferrada, socio de Britec, encargado de la administración del taller de Codelco al interior de Colina, dice que su empresa paga arriendo por ocupar ese galpón todos los meses y además, paga gastos de cuentas básicas. Tras la entrevista, Ferrada dejó de contestar nuestros llamados telefónicos por lo que no fue posible corroborar el monto de este arriendo. Al ser consultada sobre esta situación, Olate respondió que ese pago debe obedecer al trato que posiblemente acordó Britec con la unidad penal de Colina.
— ¿Entonces, el acuerdo no cabe dentro de un estatuto formal, igual para todas las empresas? ¿Cada una ve cómo se instala?
— Exactamente. Puede ser eso.
Más horas, más producción
— ¿Cómo se definen los horarios de trabajo?
— Gendarmería los tira, no más. A las nueve se hace la cuenta, después todos a trabajar. Cuando no había algún problema, allanamiento o cosas, a las nueve partíamos trabajando. Y trabajábamos hasta la una, que hay una hora libre de almuerzo, y después seguís trabajando hasta las cuatro — cuenta Gabriel.
Los trabajadores de los seis talleres de Wintec trabajan fabricando ventanas de aluminio, las más básicas que produce esta empresa. Fernando Rex, gerente general de esta compañía, explica que sus trabajadores libres producen tres o cuatro veces más que los internos diariamente. Esto debido a que las jornadas laborales de los presos son más cortas, irregulares y fácilmente interrumpidas por motines, actividades de Gendarmería y otros, mientras que los trabajadores libres trabajan fijo 45 horas semanales, asegura Rex.
Las jornadas laborales de los presos son más cortas, irregulares y fácilmente interrumpidas por motines y actividades de Gendarmería.
Sin embargo, los horarios de trabajo en algunos casos exceden las jornadas laborales máximas que establece el reglamento. En el CET de Colina I, si los empresarios lo solicitan, los reos trabajan hasta 12 horas diarias con el objetivo de cumplir con el monto total de producción que cada empresa requiere, explica Milton Lermanda, jefe de este CET. En tales casos, Gendarmería es la que autoriza esta situación fuera de norma.
A las cuatro de la tarde se termina la jornada en Colina I. Se produce el cambio de turno de los gendarmes que harán guardia durante la noche, y es la hora de encierro de los presos. El capitán Milton Lermanda firma el registro del último conteo del día. En los galpones que ahora se ven cerrados ya no se escucha música ni hay ruido de herramientas. Todos los talleres están vacíos, menos uno. Afuera del galpón de Valplast hay cuatro reos conversando.
— ¿Qué están haciendo ahí? Pónganse a trabajar mejor o los encierro — dice el capitán Lermanda con su boina bajo el brazo, antes de pasar por la reja de seguridad que separa a los 409 reos del sector laboral, de la población penal de Colina I.
Sobre las autoras: Valentina Araya es alumna de quinto año de Periodismo y Javiera Yáñez es egresada de la misma carrera, ambas realizaron este reportaje de investigación como parte de su trabajo en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por la profesora Paulette Desormeaux.