En plena sequía, en Chile se bota un tercio del agua potable
Hace al menos 20 años que en el país se desperdician anualmente casi 600 millones de litros –el 33,4% del agua potable disponible– debido a manipulaciones, filtraciones y/o roturas en los sistemas de distribución. Esa cantidad equivale al consumo promedio de agua de una familia de cinco personas durante 67 años. Para 2030, esa merma no debe superar el 25%.
Por Amelia Eguiguren y Francisca Merino
La sequía, la desertificación y la degradación del suelo tienen en jaque a 3/4 partes de Chile continental. Según el balance hídrico nacional liderado por expertos de la Universidad de Chile y realizado para la Dirección General de Aguas en 2020, el 76% de la superficie del país está afectada, lo que ha llevado a que unas 7 millones de personas (el 36% de la población total, que fue estimada en 19,5 millones en 2021) y el 47,5% de las comunas del país se encuentra actualmente bajo uno de los 20 decretos de escasez hídrica vigentes.
Pese a la emergencia de falta de agua que experimenta buena parte de Chile, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), que es parte del Ministerio de Obras Públicas, calcula que desde el año 2000, las empresas sanitarias desperdician 597 millones 863 mil litros al año –el 33,4% del agua potable que procesan– debido a manipulaciones, filtraciones y/o roturas en los sistemas de distribución.
El último informe de la SiSS revela que esa cuantiosa pérdida corresponde a la llamada Agua No Facturada (ANF), que es la diferencia entre el agua potable producida y el agua que se factura a los clientes. Entonces, del 100% de agua potable para su consumo humano, uso en los servicios sanitarios y posterior tratamiento antes de devolverlas a su flujo natural que distribuyen en nuestro país las 28 empresasfiscalizadas por la SiSS, un tercio nunca llega a sus usuarios. Lejos de disminuir esa cantidad en el tiempo, ha ido en aumento.
Esa merma se puede atribuir a tres razones distintas. En primer lugar, un consumo no facturado, como el agua que se provee para causas sociales y bomberos. En segundo lugar, están las pérdidas aparentes, que se vinculan con conexiones clandestinas, alteración de medidores y fraudes por parte de los clientes. Y por último, las pérdidas físicas de agua, que corresponde al agua que simplemente se pierde por fallas, roturas y/o filtraciones en cañerías y conductos de distribución.
Christian Lillo, Ingeniero de Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, comentó que alrededor de un 74% del agua no facturada corresponde a estas pérdidas físicas, que se provocan por el mal mantenimiento y cuidado de los canales de distribución que utilizan las empresas privadas dueñas del agua en Chile.
¿Quién es el culpable?
Desde la privatización del agua en Chile, las empresas de agua y servicios sanitarios son las responsables de resolver las filtraciones y los arreglos de las cañerías y su costo económico. Mario Donoso, subgerente de Eficiencia Hidráulica de Aguas Andinas, empresa de servicios sanitarios que provee de agua a prácticamente toda la Región Metropolitana –con la excepción de las comunas de Cerrillos, Estación Central, Maipú y una parte pequeña de San Bernardo–, señaló que la empresa para la cual trabaja lleva varios años “haciéndose cargo” de este tema. Hace tan solo dos años que la Superintendencia de Servicios Sanitarios puso “el tema de pérdida de agua sobre la mesa”.
Además, comentó que para identificar dónde están las filtraciones de agua, se requiere de tiempo, personal y maquinaria costosa. Por otro lado, Donoso afirmó que una vez que se identifica el lugar defectuoso, reparar o cambiar los canales de distribución (las cañerías) es un gran problema, ya que deben solicitar un permiso de trabajo a las municipalidades, quienes les cobran un “precio excesivamente alto”, lo que finalmente es un desincentivo para realizar mejoras. “En obras se gasta entre 2.000 y 2.500 millones al año y solo en permisos municipales se van 500 a 800 millones. Solo por el hecho de usar recursos de uso público”, señaló. Agregado a esto, mencionó que los precios que cobran son muy dispares entre diferentes comunas. “Se ha transformado en un buen negocio para las municipalidades”, comentó.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que está “de manos atadas”, ya que su rol es únicamente fiscalizar según la Ley 18.902 vigente hasta hoy, lo cual no les permite sancionar a las empresas privadas de servicios sanitarios por la pérdida de agua potable que tienen día a día desde hace más de 20 años.
A través de transparencia, se solicitó el número de fiscalizaciones realizadas por la SiSS, datos que revelan que desde 2017 a septiembre de 2021 se han realizado 1,241 fiscalizaciones a empresas sanitarias pero en ningún caso se ha multado por pérdidas de agua.
En la misma línea, María Molinos, miembro del Centro de Derecho y Gestión del Agua UC, quien ha estudiado por varios años el tema, confirmó que es cierto lo que informa a SiSS. La ley hoy no permite a los organismos supervisores poner mano dura y sancionar a las grandes empresas por desperdiciar el agua. Agregó que se espera que en la redacción de la nueva Constitución este sea un tema de interés y que se permita multar a aquellos organismos que desperdicien el agua, especialmente la potable.
Sin una sanción por parte de los fiscalizadores, una ley que no incluye las pérdidas de agua potable y cobros excesivos por arreglos de cañerías, las pérdidas físicas parecieran quedar en el olvido.
La otra empresa sanitaria que provee de agua potable a la Región Metropolitana es el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), que pertenece a la Municipalidad de Maipú. Es la empresa de servicios sanitarios que según la información desplegada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene el número más alto de Agua No Facturada, que en 2020 llegó a 53,5%. Esto quiere decir que dicha empresa pierde más de la mitad del agua potable que sale de sus estanques de distribución o plantas de procesamiento. Al ingresar el hashtag #SMAPA en Twitter, decenas de publicaciones por parte de usuarios de la empresa muestran grandes filtraciones por toda la comuna, con inundaciones en las calles y pérdidas constantes de agua.
El alcalde recientemente electo de Maipú, Tomás Vodánovic no quiso referirse al tema para este artículo. En su campaña prometió una refundación de SMAPA, pero todavía no ha habido cambios en ese sentido.
Un poco tarde
Por parte del gobierno, el tema de Agua No Facturada se menciona recién en 2018. El ingeniero de normas de la SiSS, Christian Lillo, detalló que antes de esta fecha, el tema no había sido tocado y que sin duda el gran gatillante fue la dimensión de la escasez hídrica. Recién el 28 de septiembre de 2021, el expresidente Sebastián Piñera dio a conocer el nuevo Plan Contra la Sequía, el cual especifica que las pérdidas de agua en las redes de distribución de empresas sanitarias deben disminuir del actual 33,4% a 25% para 2030.
Al preguntarle a Donoso, de Aguas Andinas, si una presión de parte de la SiSS hubiese podido acelerar el proceso de reparación de cañerías y redes de distribución, la respuesta es “sí”.
La constituyente Manuela Royo, quien integra el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), dijo: “Nos encontramos trabajando en iniciativas de normas para poder asegurar el derecho al agua en la Constitución”. Se refirió además a la necesidad de un mecanismo de redistribución de las aguas y al estatuto al que debe pertenecer. Agregó que es necesario que el agua fuese un bien público, y aseguró: “Creemos que hay una gran dispersión en materia de agua en Chile, de muchas instituciones que están encargadas de fiscalizar, de regular, de dar derecho, entonces esa dispersión impide que existe un tratamiento unificado sistémico respecto a las aguas y evidentemente al constitucionalizar esta función pública del agua va a requerir también que se tomen remediales respecto a este tipo de situación”.
Nota: Vía transparencia se solicitaron documentos sobre el plan de reducción de pérdida de agua, pero no se recibió respuesta. La única información actual es la que se presenta en la página web del plan, que solo muestra los lineamientos generales del proyecto.
Además, se le solicitó a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura la documentación correspondiente, los cuales derivaron la solicitud a la Dirección General de Aguas. La DGA posteriormente reenvió la petición al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y este último explicó que era un decreto presidencial, por lo que no les correspondía entregarla. Luego se le solicitó la información directamente a la presidencia, la cual nuevamente responsabilizó al MOP. Finalmente no se recibió documento alguno.