El programa de subsidios del Serviu que mantiene atrapadas a 584 familias en Bajos de Mena

Estas casi 600 familias de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, obtuvieron un subsidio habitacional del Gobierno que no pueden utilizar. La cantidad de beneficiados provocó un alza en los precios de las casas a la venta, impidiéndoles adquirir una propiedad en el sector. Hoy, se ven obligadas a vivir entre escombros, basura y ocupantes de edificios abandonados, mientras que el Servicio de Vivienda y Urbanización(Serviu) los presiona para que abandonen sus hogares, aun cuando no han encontrado adonde ir.

Por Danielle Thiers y Cristopher Ulloa

Fotos: Cristopher Ulloa

Era lunes. La dirigenta social de la villa Francisco Coloane, Viviana Fuentes (48) recorría las calles de la población en Bajos de Mena pegando carteles para dar aviso de la próxima reunión que tendría con los vecinos, cuando se percató de un grupo de niños que iba corriendo a toda prisa hacia el block 1306 de la calle Santa Rosa. “Chicos, ¿por qué van corriendo?”, les preguntó. “Dicen que se ahorcó la Yesenia”, respondieron.

A los pocos minutos llegaron al condominio, donde los escombros, las ventanas rotas y la basura acumulada hacían evidente su estado de abandono. “Ahí estaba ella, colgada con una soga de la ducha”, relata la dirigenta, quien intentó desesperadamente levantar a la joven por las caderas para evitar que se siguiera asfixiando. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. “Falleció hace cinco minutos”, le dijeron los paramédicos cuando llegaron al lugar. Yesenia tenía 23 años y dejó a dos niñas pequeñas que fueron llevadas a un centro del Servicio Nacional de Menores. Según cuentan los vecinos, su dependencia a las drogas la habría llevado a tomar la decisión.

El edificio donde se produjo el suicidio se encontraba deshabitado, con las paredes caídas y expuesto a cualquiera que quisiera entrar. Las familias que vivían ahí se habían marchado luego de comprar una nueva propiedad gracias al programa de subsidios Segunda Oportunidad, implementado en 2012 durante el gobierno de Sebastián Piñera.

El objetivo del programa era movilizar a las familias, dándoles la posibilidad de adquirir una vivienda digna y así reducir los drásticos niveles de hacinamiento en Bajos de Mena. Cada propietario buscaría y compraría la casa que quisiera, a diferencia de los antiguos planes sociales, donde se entregaba una vivienda ya construida. Una vez que las familias se fueran, los edificios serían demolidos por el Serviu para evitar que se los tomaran otras personas. Sin embargo, en tramitar y conseguir los permisos para demoler, podían pasar fácilmente de tres a cuatro meses [ver documento 1]. El block 1306 de calle Santa Rosa llevaba ocho meses esperando.

“Mis hijos también lo vieron. No es primera vez que pasa en Bajos de Mena”, dice Beatriz Hernández, otra de las dirigentas de Francisco Coloane, al recordar a Yesenia. “Uno está expuesto a todo eso aquí: a las muertes, a las peleas, a las balaceras. Mi hija chica me decía vámonos mamita, vámonos, y a una obvio que le gustaría irse, para proteger a sus niños, pero no se puede no más”, agrega.

Yesenia era tomadora en Bajos de Mena –es decir, una ocupante que llegó a vivir a un departamento abandonado–. Falleció un día lunes [ver certificado de defunción] y tres días después el Serviu comenzó con la demolición del edificio que le sirvió de refugio. “Esperaron a que se matara una cabra para demoler el block, después de un año”, dice Fuentes, sin ocultar su molestia.

Los vecinos consultados dicen sentirse atrapados entre los edificios abandonados y los tomadores. Los encargados del programa indican que al poco andar de iniciada la Segunda Oportunidad, estiman que unos dos meses después, se generó un alza en los precios de las viviendas del sector como consecuencia de la gran cantidad de gente con subsidio dispuesta a comprar –mucha demanda y poca oferta–. Las casas duplicaron su valor y el dinero asignado por el programa social no fue suficiente: la gente no podía salir de Bajos de Mena [ver documentos 2 y 3]. En otros sectores, además de los precios, influyen otros factores como cambiar de trabajo o la dinámica familiar.

“Mi sueño era irme, pero con la plata que te ofrecen no alcanza no más po”, cuenta Hernández, quien explica que los actuales departamentos donde viven los vecinos no superan los 42 metros cuadrados. Ella vive con su marido y cuatro hijos de 17, 14, 11 y ocho años.

A la fecha, más de la mitad de los propietarios beneficiados (584 familias de un total de 1.167) aún no logra comprar una casa con el subsidio [ver documento 4]. Además, desde marzo de 2016 han tenido que lidiar con amenazas y presiones por parte del Serviu, que necesita que hagan abandono de los blocks para construir nuevas viviendas sociales en el sector y así poder dar término definitivo al que fuera el proyecto social estrella de Sebastián Piñera.

El Serviu requiere que los departamentos sean deshabilitados de los servicios de agua, gas y electricidad para que no se los tomen.

La búsqueda de una propiedad

El piso rojo de la casa de Rudy Ibaceta (54) está reluciente. Los cuadros con fotos familiares abundan en las paredes desteñidas por la humedad y el frío de la tarde parece no molestar a la mujer, quien tiene las ventanas del departamento abiertas de par en par.

Ibaceta es una de los 1.167 propietarios beneficiados por la Segunda Oportunidad en Puente Alto. El 14 de julio cumplió un año desde que firmó el documento que la incluye en el programa, pero aún no ha logrado encontrar una casa por el monto que asigna el subsidio.

Una de las alternativas de salida que tienen los propietarios es la “expropiación más subsidio”, a la cual adhirió Ibaceta. Bajo esta modalidad, el propietario debe entregar su departamento al Serviu para recibir un monto de acuerdo a la tasación del inmueble –en promedio de 14 millones de pesos [ver documento 5]- más un subsidio complementario hasta llegar a las 700 UF. A esto se le suma un monto extra de 46 UF que puede ser utilizado por las familias para gastos de arriendo, saldar deudas de servicios básicos y costos de traslado –en total son cerca de 17 millones de pesos–. El pago es retenido por el Serviu, que da un plazo de 21 meses a los propietarios para encontrar una casa. Ellos nunca reciben plata en sus manos: una vez que encuentran un vendedor, el Serviu transfiere directamente el dinero.

Con la “expropiación más subsidio”, 583 familias lograron adquirir una propiedad desde que comenzó la Segunda Oportunidad [ver documento 4]. El resto (584) ha tenido que enfrentar un problema inesperado: ya no quedan casas a la venta en el sector y las pocas que hay han duplicado su valor ante el aumento de la demanda.

Ibaceta asegura haber buscado propiedades en todo Santiago, pero el dinero con el que cuenta simplemente no le alcanza. Algunos vecinos han decidido mudarse a otras regiones, donde el precio de las viviendas es más bajo. Para ella esto no es opción: “No puedo irme fuera de Santiago, porque mi marido tiene el trabajo aquí. Hemos buscado por todos lados, pero las casas están súper caras”, asegura. “El Serviu no entiende. Te dicen: Es que ustedes no ponen de su parte. Encalíllense. ¿Y los que no podemos encalillarnos? ¿Qué hacemos?”, añade Ana Huinca (42), otra beneficiada y amiga de Ibaceta.

“El departamento estaba sucio, con basura, lleno de caca. Nosotros tuvimos que limpiar todo. Pusimos unos cholguanes, unos nylon, nos colgamos de un poste para la luz, compramos cañerías y las instalamos”, cuenta Magdalena de 16 años.

El exministro de Vivienda de Sebastián Piñera e impulsor de la Segunda Oportunidad, Rodrigo Pérez Mackenna reconoce que el dinero entregado por el programa no alcanzaba para que los beneficiados pudieran comprar libremente: “Los subsidios son austeros, no sobra la plata. Muchas veces se requería apoyo o ahorros previos de la familia”. Al comienzo, para las familias sí era posible acceder a una vivienda, pero el alza de precios producto de la demanda lo hizo imposible. Cuatro años después de iniciado el plan, el monto de dinero que otorgaba el subsidio no ha sido modificado. Pérez Mackenna agrega: “Lo otro complicado era que salieran todos al mismo tiempo para que pudiéramos demoler, porque si no demolíamos, íbamos a correr el riesgo de que llegaran ocupas, y ahí sí que el problema se nos podía haber transformado en algo mucho más grave”.

El augurio de Pérez Mackenna terminó por cumplirse. Hasta hace unas semanas, Ibaceta era la única propietaria legal en su condominio. Luego de 20 años viviendo en el mismo block, dice que no conocía a ninguno de los otros ocupantes. Así recuerda el día en que llegaron los tomadores:

“Fue como a las diez de la mañana. Sentí ruido y me levanté con puro pijama. Ahí empecé a escuchar: ¡Ése es pa mí, ése es pa mí!”, relata. Su marido se había ido a trabajar temprano y ella estaba sola en su departamento. Se acercó a la ventana y divisó a una veintena de personas que se agolpaban en la reja de acceso al block, cuenta. “Se subieron por las ventanas que estaban hechas tira y por las rejas. Eran familias completas, con niños, con guaguas. Cuando los vi, empecé a transpirar y a sentirme mal por mi diabetes. ¿Qué iba a hacer yo? Tuve que bajar y abrirles, porque no me los podía echar a todos encima”, explica Ibaceta.

Los departamentos ocupados por los tomadores no cuentan con servicios básicos de luz, agua o gas. El Serviu exige a los propietarios beneficiados por el subsidio “deshabilitar” el inmueble antes de abandonarlo, lo que consiste en sacar ventanas, cañerías, inodoros e instalaciones eléctricas. Es decir, destruir la vivienda para evitar que sea utilizada una vez que ellos se marchen.

A pesar del largo tiempo en que los blocks quedan abandonados –en ocasiones hasta un año– a la espera de ser demolidos, el Serviu no tapa las ventanas, puertas ni techos de las viviendas, quedando totalmente expuestas. Por esta razón, pobladores de otras comunas, familias con bebés, indigentes y exreos de la cárcel, llegan a tomarse los departamentos destruidos, sin importar las condiciones en las que se encuentran.

“Estaba todo abierto cuando llegamos. No era difícil tomárselo”, cuenta Magdalena Yévez, una tomadora que llegó hace ocho meses a Bajos de Mena. “El departamento estaba sucio, con basura, lleno de caca. Nosotros tuvimos que limpiar todo. Pusimos unos cholguanes, unos nylon, nos colgamos de un poste para la luz, compramos cañerías y las instalamos”, agrega la joven de 16 años, quien vive junto a su pareja de 19 y su hija de un año.

“En la noche hay que ser valiente para vivir aquí”, dice Huinca. “Te cambia el sistema, el ambiente, todo. No puedes salir tranquila, porque no sabes con qué gente estás. Hasta he dejado de ver a mis hijos, porque no me atrevo a dejar sola la casa”, agrega Ibaceta.

El jefe del equipo de rehabilitación urbana del Serviu en la Región Metropolitana y encargado de la Segunda Oportunidad, Jaime Ibar dice que tomar medidas preventivas como tapar las viviendas es innecesario: “Es que se los van a tomar igual. El Estado no puede gastar plata doblemente en algo que va a demoler”.

Las amenazas del Serviu

Los vecinos entrevistados que aún están buscando casa dicen estar de manos atadas. El subsidio que les entrega el Estado no les alcanza para comprar una vivienda y acusan presiones por parte del Serviu para abandonar sus actuales hogares, a pesar de no tener dónde ir.

El 24 de mayo, cerca de 90 familias –entre tomadores y beneficiados por la Segunda Oportunidad que aún no logran encontrar vivienda– recibieron una carta firmada por Jaime Ibar, timbrada por el Serviu y con el título Notificación. En ella se informaba a las familias que ahora pasarían a tener “calidad de ocupantes” y que debían abandonar sus departamentos en el mes de junio, aun cuando no habían pasado los 21 meses de plazo que estipulaba el subsidio para comprar una vivienda. “El incumplimiento a lo señalado anteriormente, facultará a Serviu Metropolitano para continuar con las medidas legales y administrativas correspondientes. Esto es orden judicial con lanzamiento y apoyo de fuerza pública”, terminaba la carta [ver documento 6].

Rudy Ibaceta fue una de las propietarias que recibió la misiva. “Estaba sola cuando vinieron a dejar la notificación. Me dio pena, rabia… Estaba súper mal, no dejaba de llorar. Más encima se me habían caído tantas vendedoras de casa… Me terminé descompensando”, cuenta. Sólo horas después, y luego de reclamar insistentemente en la oficina del Serviu de Bajos de Mena, los funcionarios le dijeron que la carta “había sido un error” y que le respetarían los 21 meses de plazo para encontrar una vivienda, asegura.

Según el abogado y experto en derecho inmobiliario, Robert Gillmore, la notificación entregada a los vecinos incurre en una falta “grave” por parte del Gobierno: “Esto verdaderamente podríamos decir que es una amenaza que puede causar daño, es muy delicado. El Estado está al servicio de la persona humana, por lo tanto tiene la obligación de propender a que la persona esté a resguardo de cualquier dificultad física y de su salud mental”; y agrega: “Aquí hay una responsabilidad política. La Contraloría debiera pronunciarse”.

El encargado del programa Segunda Oportunidad, Jaime Ibar asegura que no han amenazado a ninguna persona en Bajos de Mena: “Nosotros no le estamos poniendo la pistola en el pecho a nadie para que se vaya. Queremos consensuar con ellas para que se vayan, y desde la ministra [Saball] hacia abajo, la instrucción es hacer los procesos de la mejor manera en cuanto a no causar traumas a las familias”, afirma en entrevista con Km Cero.

— Cuando dice que harán uso de la fuerza pública, ¿no es poner una pistola al pecho?

— Yo no te estoy diciendo “oye, te vas o te vas”. Te digo: “tienes que irte. Si quieres, te doy un transitorio mientras tanto”. Me encantaría dar una opción mejor, pero nosotros como Estado ya hicimos el proceso –dice Ibar.

Los departamentos transitorios son una solución momentánea ofrecida por el Serviu. Se trata de viviendas ubicadas en otros blocks de Bajos de Mena desocupados previamente, donde las familias pueden instalarse mientras siguen buscando casa. Según los vecinos, las condiciones de estos departamentos son incluso peores que las de sus actuales viviendas: más pequeños, algunos se llueven y otros están rodeados de escombros y basura.

“La falla del Serviu es no haber tenido instalada una oferta alternativa de transición para estas personas. Los edificios transitorios se tienen que mejorar para que la gente viva ahí. No podemos sacarla de un departamento que arregló, que tiene cerámica, que lo amononó y meterla a un edificio que está semi-abandonado por gente que ya se fue”, explica Hernán Ortega, coordinador del plan integral de Bajos de Mena, quien reconoce que fue error del Serviu no haber previsto esta situación.

Al ser consultado por la disponibilidad de departamentos transitorios, el coordinador de la Segunda Oportunidad en las villas Francisco Coloane y Cerro Morado de Bajos de Mena, Francisco Pacheco confirmó que no existen suficientes viviendas para todas las familias a las que les llegó la notificación.

Una señal política

Cuando comenzó la implementación de la Segunda Oportunidad, el dirigente del comité Santa Rosa Sur, Adolfo Moreno, expuso ante las autoridades su preocupación por la forma en que se estaba llevando a cabo el programa. Asegura que advirtió que el proyecto no iba a funcionar, que el mercado no tenía la capacidad de recibir a tanta gente nueva con el subsidio y que se generaría un alza en los precios de las casas de la zona, impidiendo a la gente salir de Bajos de Mena. Así lo consignó en una denuncia ante la Contraloría en enero de 2014, donde señalaba que: “El subsidio otorgado de 700 UF no se ajusta al valor de mercado en la comuna de Puente Alto” [ver documento 7].

El Serviu también sabía de la especulación inmobiliaria que se generaría, pero no tomó ninguna medida especial para enfrentar la situación. Así lo afirma Matías Delpiano, arquitecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), quien integró en 2011 el equipo al que el gobierno de Sebastián Piñera le encomendó la tarea de desarrollar el programa.

“Nosotros ya sabíamos que la cuestión había tendido a subir. Creíamos que era súper posible que ocurriera que, en esos contextos, la gente [los vendedores de propiedades] obviamente quisieran capitalizar más y que en vez de pedirte 100 millones, ahora te pidieran 200, porque ya tenías 180 por el subsidio”, reconoce Delpiano. “La presión por ejecutar esto de manera rápida y tener una foto del Presidente demoliendo un conjunto habitacional de los gobiernos de la Concertación era tan urgente que este tipo de reparos fueron escuchados, pero no sirvieron para tomar una decisión”, agrega.

Esas dudas y reparos fueron planteadas por el equipo de Delpiano al subsecretario de Vivienda de ese entonces, Juan Carlos Jobet, en un borrador del proyecto de la Segunda Oportunidad. Sin embargo, luego de algunas reuniones y discusiones con los arquitectos, Jobet decidió sacarlos del caso. “Empezó a darse cuenta de que esto no andaba en los tiempos que requería el Presidente para tener una respuesta y una acción concreta. Jobet tenía que cortar el queque, entonces no le servía alguien que le estuviera debatiendo las cosas que él quería. Le servía alguien que le hiciera caso”, explica Delpiano.

Al ser consultado sobre la situación, el otrora subsecretario de Vivienda y exministro del Trabajo de Piñera, Juan Carlos Jobet dijo no tener tiempo para responder preguntas.

En diciembre de 2012, Francisco Pacheco llegó al Serviu para hacerse cargo de la coordinación de la Segunda Oportunidad en las villas Francisco Coloane y Cerro Morado. Asegura que su equipo en terreno comenzó a observar el alza de los precios de las viviendas al poco tiempo. “Si tú tienes una gran demanda, obviamente van a ocurrir estos fenómenos de aumentos de precios, pero dentro del equipo de origen que mandaba instrucciones eso no se consideró”, afirma y responde a Km Cero.

Ustedes vieron esa realidad al corto tiempo de iniciado el programa.

— Sí, se empezó a observar, y también la competencia de que un beneficiario quería comprar una casa y después eran dos beneficiarios los que querían comprar la misma casa.

¿Ustedes desde el Serviu le hicieron esta advertencia al Ministerio?

— Sí, se conversó. Era evidente que iba a ocurrir.

El exministro de Vivienda y actual presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna admite que sabía de la especulación inmobiliaria que se generaría en el sector por estudios previos que realizó el ministerio. Así respondió en una entrevista realizada en su oficina ubicada en la comuna de Providencia.

— ¿Se sabía que al implementar tantos subsidios los valores de las casas podían subir?

— Exactamente, por lo que esto tenía que ser progresivo en el tiempo –afirma Pérez Mackenna.

¿Tenían registros de casas disponibles que la gente podía comprar con este subsidio?

— No, pero más menos… No, porque no sabíamos dónde iba a haber oferta disponible.

¿Recuerda si hubo urgencia por implementar el programa?

— Eh…Sí…obviamente que estas cosas nunca es bueno que queden en el aire y no se ejecuten. No sé si la palabra correcta es urgencia, pero sí había una prioridad. Teníamos que empezar este nuevo programa.

Los vecinos reubicados en departamentos transitorios de otros edificios del sector viven rodeados de basura y escombros.

La urgencia del plan de cierre

Pilar Aravena (51) no deja de fumar. Está sentada en una banca afuera de la sede de la población Cerro Morado, discutiendo con otras vecinas. “Este cierre ha sido catastrófico. Nos dijeron que iban a modificar la salida para que sea más limpia, para que la gente tuviera la opción de irse más rápido. Pero de eso, nada”, dice la mujer, mientras dibuja esquemas con una rama sobre la tierra para explicar en qué consiste el Plan de Cierre, impulsado por el actual gobierno de Michelle Bachelet.

“Nunca hemos estado en desacuerdo con que la gente quiera irse. Somos adultos y cada quien sabe cómo maneja su familia y en dónde vive. Pero tampoco creíamos correcto que el resto tenga que acatar lo que dijeran los demás. ¿Por qué nos vamos a salir de aquí? Nosotros queremos que se hagan obras acá”, explica el dirigente Adolfo Moreno.

“Estos huevones han sido unos desgraciados. Han sido canallas con la gente. Yo me agarré con el director del Serviu. Le dije: a la gente la mandái a la calle, porque con 12 o 13 millones, ¿qué vai a encontrar?”, dice Aravena. “Fue bien clarito: si quieren la plata en mano, váyanse por expropiación y se acaba el problema. Yo estaba ahí, lo dijo en la reunión, y claro, uno dice millones, pero por esa plata no comprái en ninguna parte”, añade Ana Inostroza, otra de las vecinas.

Con el fin de enmendar las excesivas demoras y tramitaciones de los subsidios, el 30 de noviembre de 2015 se aprobó la implementación de una nueva etapa del programa (Plan de Cierre). El documento que da cuenta de la aprobación dice que el objetivo es la: “Adquisición y demolición de 432 viviendas […] de la población Francisco Coloane y Cerro Morado, que no fueron seleccionadas en los llamados regulares del programa Segunda Oportunidad” [ver documento 8]. La iniciativa busca habilitar a futuro los terrenos que queden desocupados para construir nuevos conjuntos habitacionales, de modo que puedan ser adquiridos por los vecinos ante la actual falta de casas a la venta en el sector.

El dirigente Adolfo Moreno siempre se opuso a abandonar su departamento. “Nunca hemos estado en desacuerdo con que la gente quiera irse. Somos adultos y cada quien sabe cómo maneja su familia y en dónde vive. Pero tampoco creíamos correcto que el resto tenga que acatar lo que dijeran los demás. ¿Por qué nos vamos a salir de aquí? Nosotros queremos que se hagan obras acá”, explica.

Con el Plan de Cierre, Moreno espera tener posibilidad de concretar aquello por lo que abogó desde que se presentó la Segunda Oportunidad: construir nuevas viviendas en los espacios desocupados luego de la demolición de los blocks. El anuncio lo dieron a conocer funcionarios del Serviu el 21 de abril en una reunión con los dirigentes de Francisco Coloane y Cerro Morado, donde se informó que se construirán 104 casas y 309 departamentos no ampliables para aquellas familias que manifestaron la intención de quedarse desde un principio.

El Serviu citó a esos vecinos a la sede social de Cerro Morado, la semana del 9 de mayo, donde se les pidió llevar copias de la escritura de su propiedad y del carnet de identidad. Ahí les presentaron un documento donde se les preguntó si deseaban optar al subsidio de la Segunda Oportunidad o “permanecer” en Bajos de Mena. El papel estipula que, de elegir la última opción, el Serviu “adquirirá” el departamento del propietario, quien será trasladado a un block transitorio hasta que los nuevos edificios estén construidos. En el último párrafo –y destacado en negrita–, el documento dice que: “La alternativa elegida anteriormente será irrenunciable una vez firmado el presente documento” [ver documento 9].

El abogado de la Universidad Católica y socio de MOMAG Abogados, Robert Gillmore cuestiona la validez de este acuerdo, del cual las familias no recibieron copia por parte del Serviu. “Aquí hay declaraciones de intención más que asumir obligaciones que pueden ser exigibles, como podrían ser las que uno tiene al pagar una cuenta de una casa comercial. En ese contexto, no podría ser irrenunciable”, explica.

El abogado de CubillosEvans, especialista en derecho inmobiliario, Otman Soza, concuerda y asegura que el documento puede ser renunciable en cualquier momento. “Si tú quieres implementar la solución, naturalmente vas a querer darle la mayor estabilidad posible a las declaraciones. Que la gente se quede ahí es problemático, porque tienes que cumplir metas, promesas y una programación como entidad pública, pero no veo alguna razón que implique darle el carácter de irrenunciable a este tipo de declaración”, afirma Soza, quien durante 2013 se desempeñó como jefe de la unidad de asesoría jurídica del Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.

El coordinador de la Segunda Oportunidad en las villas Francisco Coloane y Cerro Morado, Francisco Pacheco, en una entrevista para este reportaje, asegura que el escrito “no es definitivo” y que, luego de la evaluación de cada caso, sí se podría renunciar.

— ¿Por qué se les dice a los habitantes de Bajos de Mena que este documento es irrenunciable?

— Para que lo piensen… eh, digamos que es una medida para que digan que… el firmar esto, que es la primera voluntad, esté muy bien consensuada y pensada en la familia… porque esto no es que nosotros lo pasemos y lo firmen–dice Pacheco.

— Pero los estarían engañando al decirles que es irrenunciable cuando no es así…

— Si esa es tu lectura…

— ¿Cuál es la lectura que le da usted?

— Es para que la gente tome seriedad respecto a la decisión que van a tomar.

— ¿Cree que la gente tiene los conocimientos para saber que este papel no tiene ninguna validez legal?

— Yo creo que sí.

Los vecinos agrupados bajo la dirigencia de Beatriz Hernández decidieron no firmar la declaración, porque consideraron que no era claro. En este no se da respuesta a ninguna de sus principales preocupaciones: no se especifica cuántos metros cuadrados tendrán las nuevas propiedades, la cantidad de dormitorios ni de cuántos pisos serán los edificios. Además, el Serviu no les ha presentado el proyecto oficial de construcción de estas viviendas, donde se detallen las etapas y procesos propios de la obra. “Lo que hay es un proyecto como borrador que cumple con las medidas estándar. El diseño de la vivienda todavía no está”, dice Pacheco.

El encargado del programa, Jaime Ibar, responde en esta entrevista que cree que no existe mayor problema con el enunciado de “irrenunciabilidad” del documento.

— ¿Usted firmaría un documento por una vivienda donde no sabe ninguna de las características que va a tener esa casa?

— Yo sí, por supuesto que sí. Me voy a ir para ver el proceso que se va a construir mientras espero en un transitorio o en la casa de mi abuela o donde sea. Y si no me gustan, compro con el subsidio que me otorgaron. — dice Ibar.

— Pero en el documento les están diciendo que no hay vuelta atrás, que es irrenunciable, que después no pueden optar por el subsidio y decir “me quiero ir”.

— Yo la verdad no veo el detalle de este documento, no lo vi tampoco cuando se hizo.

— ¿No conocía el documento?

— Sí… el detalle de acá no lo sé. Pero esta es una firma inicial. Los procesos no se concretan hasta que se terminan.

El Plan de Cierre, que beneficiaría a 1.470 personas y cuya inversión bordea los 8.500 millones de pesos, debe finalizar en junio de 2018, según un reporte presupuestario de los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social [ver documento 10]. Para esa fecha, los 19 blocks considerados en el proyecto deberían estar demolidos y los nuevos condominios ya construidos. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos edificios ha sido derrumbado, a diferencia de lo que estipula la carta Gantt del programa –con fecha noviembre de 2015–: las obras de construcción debieron haber comenzado en abril de este año [ver documento 11].

–¿Hay urgencia por sacar a la gente de los edificios?

–Por supuesto — responde el coordinador del programa, Francisco Pacheco.

Las condiciones de los departamentos son inhóspitas tanto para quiénes insisten en quedarse como para quiénes los toman de forma ilegal.

El dinero en tribunales

Hace pocos minutos Rudy Ibaceta recibió un llamado telefónico. Era una vendedora con quien estaba a punto de cerrar la compra de una casa. Las noticias no eran buenas: “Me dijo que no, que ya no la iba a vender porque el marido quería la plata al tiro”, dice Ibaceta, quien lleva un año buscando una vivienda luego de ser beneficiada por el subsidio.

Para evitar esta demora, algunos vecinos optaron por otra alternativa que ofrecía la Segunda Oportunidad para salir de Bajos de Mena: “sólo expropiación”, donde los propietarios reciben únicamente el valor de la tasación de sus viviendas –monto cercano a los 14 millones de pesos–. A diferencia del subsidio, el Serviu entrega el dinero directamente a los propietarios a través de un cheque, el cual pueden gastar como estimen conveniente. Cuando hay casos especiales que impiden el pago directo –el propietario está fallecido, problemas hereditarios o desacuerdo de la familia con el monto de la tasación–, el Serviu realiza una demanda en Tribunales, organismo al que le transfiere la plata asignada de la expropiación. De esta forma, son los Tribunales quienes finalmente giran el cheque a nombre del propietario una vez que finaliza todo el proceso. A esta acción se le conoce como “consignar un cheque” en Tribunales.

Según la dirigenta de Francisco Coloane, Viviana Fuentes, funcionarios del Serviu prometieron a las familias que si se iban por expropiación durante el Plan de Cierre recibirían su dinero de forma mucho más expedita –no más allá de tres meses–. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Fuentes asegura que al menos 80 personas firmaron el acuerdo en esta etapa y no recibieron el dinero en los plazos estipulados, siendo que sus procesos comenzaron a tramitarse en diciembre de 2015 [ver documento 12]. La dirigenta explica que esto se debió a que el Serviu consignó estos cheques cuando nunca debieron haberlos enviado a Tribunales, puesto que no eran “casos especiales”. El resultado fue que la tramitación de estos pagos se atrasó innecesariamente, asegura Fuentes.

“Nosotros nos enteramos en una reunión que tuvimos con el director del Serviu, Luis Alberto Pizarro. La gente había accedido a irse por el monto que le dieron en la tasación, no tenían por qué haberles consignado los cheques”, cuenta Fuentes.

Ante la confusión, algunos vecinos acusan a Tribunales de ser los responsables de la demora de los pagos, pero en el Primer Juzgado Civil de Puente Alto descartan un problema de organización interno y afirman que fue irresponsabilidad del Serviu prometerle a la gente algo que era imposible, puesto que el Juzgado no tiene la capacidad técnica para emitir tantos cheques en tan poco tiempo.

“No es que el tribunal trabaje mal. La gente dice es que ustedes no me giran la plata, me la tienen retenida, y no es eso”, afirma la analista contable y encargada de tramitar los cheques en el Juzgado, Carla Ancao. “La gente esperaba que la primera semana de marzo ya iban a tener sus lucas, porque eso fue lo que el director del Serviu les señaló. Yo les dije (al Serviu): ni aunque me vuelva pulpo voy a girarles las 100 causas al tiro. Sueñen. Porque es hacer resoluciones, revisarlas, buscar los depósitos y girarlos. Es imposible”, agrega.

Al darse cuenta del error, los dirigentes y vecinos de Bajos de Mena reclamaron inmediatamente al Serviu, que pidió al magistrado del Primer Juzgado Civil de Puente Alto la devolución de todo el dinero depositado para pagar las expropiaciones –cifra que bordeaba los mil millones de pesos–. “Alcanzaron a avisarnos antes. Tuvimos que anular todos los cheques. ¿Y después querían que se los devolviéramos todos juntos? No. No era culpa nuestra. Fue todo un tema del Serviu y fue por promesas que ellos hicieron”, señala Ancao.

Esta situación generó un retraso en la tramitación no sólo de las expropiaciones del Plan de Cierre, sino también de los cheques pendientes de etapas anteriores de la Segunda Oportunidad. A la fecha, explica Ancao, el Serviu no ha enviado un listado “definitivo” con la cantidad de depósitos que el Juzgado debe devolver y como en este organismo no cuentan con la información sistematizada, no logran distinguir qué cheques devolver al Serviu y cuáles deben continuar con su tramitación normal en Tribunales. “Actualmente todavía no puedo hacerles el depósito a plazo [a las personas expropiadas en etapas anteriores] por la sencilla razón de que yo no sé si el Serviu va a retirar esa plata o no, no me han entregado el detalle. Me lo han ido dando por gotera”, reclama Ancao. “No tenía idea”, afirma al respecto, el encargado de la Segunda Oportunidad, Jaime Ibar.


Rudy Ibaceta está cansada. Luego de recibir la notificación que le pedía salir de su departamento, fue reubicada en un block transitorio. Ya no sabe si logrará encontrar una propiedad o si deberá resignarse a permanecer en Bajos de Mena.

Al igual que ella, más de 580 personas creyeron en la Segunda Oportunidad, pero a cuatro años de su implementación y con el paso de dos gobiernos, siguen esperando una solución. En tanto, de las personas que sí lograron salir de la población, el 59% se compró una vivienda en el mismo sector [ver documento 13 obtenido por Transparencia]. Para el exministro de Vivienda y Urbanismo de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, lo que faltó en la implementación del programa fue “probablemente ser más proactivos y destinar más recursos a las familias a encontrar una solución. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo que se hicieron bastante bien”. Y agrega: “Yo creo que [el programa] estaba bien diseñado. Todavía creo que está bien diseñado”.

En la actual administración, el Serviu busca dar un término definitivo a la Segunda Oportunidad con el Plan de Cierre, por lo que necesita que las familias hagan abandono de los condominios para poder demoler y construir de nuevo. Sin embargo, de las 182 familias que han firmado el subsidio en esta etapa, sólo 34 han logrado concretar la compra de una vivienda, según lo constata un documento obtenido a través de Ley de Transparencia [ver documento 4].

“No tenemos derecho a nada. No tenemos plata… la basura, los ratones, los guarenes, la gente colgada… Parece un basural ya, un botadero. Estamos totalmente botados”, concluye Ibaceta, mientras se sienta en la banca de una plaza donde sólo hay tierra.

Sobre los autores: Cristopher Ulloa y Danielle Thiers escribieron este reportaje en su último año de Periodismo en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por la profesora Paulette Desormeaux.


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