En Chile, la ley da 10 días de licencia para padres y madres que perdieron a sus hijos. Luego de eso tienen dos opciones: volver al trabajo o mendigar licencias psiquiátricas que, tras el caso licencias, es cada vez más difícil que se puedan aprobar. ¿Cómo se vive el duelo de una muerte como esta?
Por Renato Quevedo
Edición Bárbara Conejero
Francisca Alarcón, ingeniera en información y control de gestión, estaba frente a la pantalla de su computador cuando comenzó la videollamada. Al otro lado, una representante de su isapre, según recuerda, anotaba las respuestas de la afiliada en un talonario, con la cabeza baja.
Durante varios minutos no alzó la vista. Alarcón recuerda que solo la miró una vez a los ojos: cuando ella le dijo que la razón de su licencia era porque su hijo se había muerto hacía cinco días y por eso creía no poder reincorporarse al trabajo.
Después de eso, la ejecutiva le aseguró que el procedimiento sería rápido. Era el primer peritaje para Alarcón, uno que determinaría si su licencia sería aprobada o no.
Francisca Alarcón tenía 39 años cuando su vida cambió por completo. El 2 de septiembre de 2023, su hijo menor, Manuel, fue diagnosticado con leucemia a los tres años. Desde entonces, hemogramas, cirugías y quimioterapias se volvieron parte de su rutina y la clínica, su segundo hogar.
Durante el tratamiento de su hijo, él y su madre se cambiaron de casa para estar cerca de la clínica. Recuerda que todo el primer mes estuvo sin ver a su hija mayor ni a su esposo, quienes vivían en Pirque y solo podían visitarlos cuando tuvieran la certeza de no portar ningún tipo de virus.
En marzo de 2025, cuando el tratamiento parecía avanzar, Manuel tuvo una recaída. “Después de la recaída, nos fuimos a la Católica. Manuel ingresó el día de su cumpleaños, el 31 de marzo”, recuerda Alarcón. Ahí esperaba que pudieran realizarle una operación. Los médicos indicaron que necesitaba un trasplante de médula. En medio de ese proceso, y por las bajas defensas de la quimioterapia, Manuel contrajo una infección por hongos que comenzó a invadir su organismo.
Ese mismo día, cumplió cinco años. Menos de un mes después, el 29 de abril de 2025, falleció. “Yo me quedé con él esa noche y en la mañana le vino una hemorragia”, dice.
Tras su muerte, Alarcón se enfrentó con otra realidad: el tiempo legal para vivir el duelo. En Chile, la legislación establece que los padres tienen derecho a diez días de permiso pagado tras la muerte de un hijo. Pero para Alarcón, eso no fue suficiente.
Cuando se terminaron los diez días, recurrió a una licencia médica psiquiátrica para continuar su proceso de duelo. La primera fue rechazada por la isapre y derivada a peritaje. Tras ese proceso, decidió apelar ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), donde finalmente fue autorizada.
Desde entonces, la rutina se volvió repetitiva: solicitar nuevas licencias médicas psiquiátricas, enfrentar evaluaciones con profesionales de la isapre y apelar cada vez que eran rechazadas. Así, logró extender su tiempo fuera del trabajo.
Los perjudicados del caso licencias
En el resto del mundo, el tiempo de permiso por duelo varía considerablemente. En Francia, el permiso por la muerte de un hijo es de 12 días y extensible hasta 14, si quien fallece es menor de 25 años. En el Reino Unido se consideran 14 días si es menor de 18 años y en Portugal son 20 días consecutivos e incluye a hijastros. Canadá, por otro lado, tiene una de las políticas más extensas: un plazo extensible de 8 semanas y en algunos sectores del país, hasta 728 días.
En Chile, la historia se repite. Francisca Villaroel (48), psicóloga de recursos humanos en una empresa constructora, tras los diez días de duelo, sentía que no podía volver al trabajo. “No entendía cómo el mundo seguía funcionando”, dice. En ese momento decidió solicitar una licencia psiquiátrica. La primera pasó sin problema, pero acusa que desde la segunda se iniciaron peritajes y rechazos automáticos por parte de la isapre. Cuenta que el apoyo y la comprensión de su jefe fueron vitales en ese momento.
Su único hijo, Nicolás, murió en mayo de 2025 a los seis años por una leucemia. Durante su tratamiento, Villaroel pidió una licencia por la Ley Sanna, un seguro obligatorio que otorga un permiso a padres de niños afectados por una condición grave de salud para ausentarse del trabajo. Desde 2018, este seguro contempla dentro de su cobertura los tratamientos contra el cáncer.
Tras la muerte de su hijo, Villaroel estuvo cerca de cinco meses con licencias psiquiátricas de 21 días cada una. “La isapre se portó bastante mal. A mí la licencia Sanna siempre me la pasaron, pero cuando eran mis licencias me llamaban y me preguntaban el porqué y yo tenía que explicarles lo que estaba pasando”, relata.
Su caso no es aislado. Las patologías mentales son las más peritadas, con un 16% y 18%, en los últimos dos años, respectivamente.
Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), durante el año 2024 se emitieron más de 8,9 millones de licencias médicas electrónicas. De ellas, 2,6 millones correspondieron a trastornos mentales —el diagnóstico más frecuente, con un 33% del total— y registraron una tasa de rechazo en primera instancia de un 17,7%. En las isapres, esa tasa llegó al 53,3%, frente al 12,5% de Fonasa. Las isapres, además, registran tasas de rechazo sistemáticamente superiores a las de Fonasa en todos los grupos de diagnóstico. En esta categoría se incluyen las licencias por duelo, que suelen ser más cuestionadas.
Para que una licencia médica psiquiátrica sea aprobada, debe ser emitida por un psiquiatra y luego revisada por la Contraloría Médica, en el caso de las isapres, o la COMPIN, en el sistema público. Si existen dudas sobre la indicación, el afiliado puede ser citado a un peritaje antes de una resolución final. Si la licencia es rechazada, puede apelarse ante la COMPIN y, en última instancia, ante la Superintendencia de Seguridad Social.
En ese proceso no se evalúa solo el diagnóstico. También se considera si existe un tratamiento en curso, si el reposo tiene un objetivo de recuperación y si la condición es efectivamente temporal. Ese proceso también tiene otro objetivo: evitar el uso indebido de licencias médicas.
El caso ya es conocido: en mayo de 2025, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la emisión de licencias. Entre los hallazgos, se identificó el uso indebido de este mecanismo. Había usuarios contratados por el Estado que no las necesitaban y las solicitaban. Algunos incluso viajaban al extranjero mientras estaban con un mandato de reposo absoluto, como el que se tiene en problemas de salud mental.
Ese mismo mes, Villaroel iniciaba su proceso de duelo. Desde entonces, para ella y Francisca Alarcón, cada licencia implicó volver a explicar su situación. “Los papás en duelo no sabemos para dónde va la vida en esos momentos”, dice Alarcón. “Claramente no estoy pidiendo una licencia para irme fuera del país”.
En ese proceso, acceder a una licencia implicaba someterse a evaluaciones médicas y hacerse cargo de los costos económicos que deja la enfermedad y muerte de un hijo.
Durante el tratamiento de Nicolás, Villaroel y su marido recurrieron a sus ahorros para financiar los costos que no alcanzaban a cubrir ni el GES ni los seguros complementarios. Algunos exámenes, necesarios para el trasplante de médula, costaban entre $250 y $400 mil pesos y debían realizarse cada una o dos semanas, mientras que medicamentos como inmunosupresores podían superar los $700 mil pesos. “Lo que hacen muchos papás es que uno se dedica 100% al hijo mientras el otro trabaja; el mundo no se detiene porque tu hijo se enfermó”, dice Villaroel. Porque mientras ella apelaba por licencias, su esposo volvió a trabajar a tiempo completo en agosto de 2025.
Tras la muerte de su hijo, la presión económica de la pareja no desapareció. “Lo más duro fue tener que ir a desafiliarlo porque era mi carga; no entiendo por qué es presencial, te hacen ir a desafiliar a tu hijo mientras tú estás destrozado”, dice Villaroel. “Si no tienes estabilidad económica, tienes que volver a trabajar deprimido y en duelo”, agrega.
El caso de Alarcón fue distinto, pero igual de inestable. Dos semanas antes del diagnóstico de Manuel, había sido desvinculada de su trabajo. El finiquito le permitió financiar parte de los costos del tratamiento que no cubría ni la isapre ni el seguro, pero no fue suficiente. “Quedamos con una deuda millonaria en la clínica. Todavía no nos hemos podido hacer cargo de eso”, cuenta.
Meses después del diagnóstico, en enero de 2025, le llegó una oferta de trabajo en Banco Estado Microempresas. Decidió tomar la oportunidad convencida de que su hijo estaba mejorando, pero dos meses después Manuel tuvo una recaída. Tras su hospitalización, alcanzó a trabajar un par de semanas antes de acogerse nuevamente a la Ley Sanna. Su contrato era a plazo fijo por seis meses y debía pasar a indefinido, pero en julio nadie le preguntó si quería seguir. “Nadie sabía cómo hablarlo”, dice. Finalmente, el contrato no fue renovado.
¿Cuánto tiempo es suficiente?
“¿Cómo es posible que no existan mayores facilidades desde los sistemas de salud públicos y privados para enfrentar un duelo tan profundo y, así, cuidar la salud mental de quienes atraviesan esta desgarradora experiencia?”. Eso escribió Andrea Tapia, periodista y mamá de Trinidad, en una carta al director publicada en El Mercurio el 25 de septiembre de 2025.
El 10 de septiembre, quince días antes de que Andrea Tapia mandara su carta, cuatro senadores presentaron un proyecto de ley abogando por lo mismo. Sebastián Keitel (Evópoli), Loreto Carvajal (PPD), Gastón Saavedra (PS) y Alejandra Sepúlveda (FRVS) se habían unido para pedir de uno a tres meses fuera del trabajo tras la muerte de un hijo.
“Espero que el proyecto no tenga oposición, sobre todo desde el mundo empresarial”, dice Gastón Saavedra, quien asegura que esta iniciativa tiene efectos en el incremento del costo del trabajo al aumentar la previsión social. “Es necesario que haya personas estables en el trabajo, para que no tengan que estar sufriendo el duelo en esas horas”.
Para quienes han pasado por esa experiencia, la discusión no es solo legislativa. Andrea Tapia lo sabe muy bien: su hija, Trinidad, murió a causa de leucemia. Diez días después, el tiempo legal de permiso se había agotado, pero no el duelo.
En ese proceso, Tapia llegó a Oncomamás, una corporación de madres y padres de niños con cáncer que, además de impulsar cambios como la Ley Sanna, hoy funciona como un espacio de acompañamiento. Fue en un taller de duelo de Oncomamás, donde se cruzó con otras madres, como Francisca Villaroel y Francisca Alarcón.
Algunos integrantes de Oncomamás
“En el taller nosotros conversamos con mucha sinceridad y no hay nadie que alguna vez no haya pensado en seguir a su hijo, en irse con él o ella”, dice Alarcón, en referencia al deseo de morir tras la pérdida. Desde la experiencia clínica, ese pensamiento no es excepcional. “Muchos padres y madres en duelo en algún momento describen el no querer seguir adelante, el deseo de no existir”, explica Isabel Valles, psicóloga de Oncomamás. “Siempre el tener otro hijo o hija es un motor que ayuda y exige tener que seguir adelante a pesar de sentir que esto los ha ‘matado en vida’”.
Volver a la rutina, en ese contexto, no es inmediato. “Yo traté de volver a trabajar y mi cabeza está en otro lado todavía, aún no asumo la idea de que no va a volver”, dice Alarcón, quien tras la muerte de su hijo cuestionó el ritmo de vida que llevaba y hoy hace clases de yoga para niños.
“El duelo no es solo un proceso emocional, también afecta a las funciones cognitivas. Y eso no contribuye a la sensación de seguridad, a la capacidad para hacer un trabajo con las mismas exigencias que se tenían antes; entonces, lo que hoy se ofrece es prácticamente una burla”, agrega Valles.
Paula Assler, reconocida en sus redes sociales por tratar temas de duelo y dedicarse al coaching, perdió a dos de sus hijas que se ahogaron en la costa peruana durante unas vacaciones. “Si yo hubiera estado trabajando, no habría vuelto”, dice. “Esa gente que tiene que ir obligada a trabajar y está en duelo, encuentro que es una tortura”, enfatiza.
Para quienes lo viven, el duelo no se mide en días. Andrea Tapia lo resume así: “Es un proceso de integración, no de superación”.
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