Cara y sello del TPP-11
La aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) ha generado tensión en nuestro país. Se dice que su aprobación disminuirá los derechos laborales en la legislación chilena, que reducirá nuestra soberanía o que hará más estricto el uso de las semillas por parte de los agricultores. En este artículo evaluamos qué tan reales son estas predicciones.
Por María Arriagada
“No al TPP-11” es una de las consignas que ya se han hecho habituales los lunes a la salida del ex Congreso en Santiago, donde desde hace un tiempo se reúnen manifestantes para frenar la aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Existe también una organización con dedicación exclusiva a rechazar el tratado, Chile Mejor sin TLC. A su vez, circulan múltiples informaciones en Internet. Buscamos con este artículo entregar la información necesaria para formarse una opinión sobre el documento.
El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) es un acuerdo internacional entre 11 países que busca crear una zona de libre comercio en la Cuenca del Pacífico. En América, el pacto uniría a Chile, Perú, México y Canadá; en Asia a Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunei; en Oceanía a Australia y Nueva Zelanda. Además, en un comienzo Estados Unidos integraría el tratado que firmó en febrero de 2016 bajo la administración Obama. Sin embargo, poco menos de un año después, se retiró por iniciativa de Donald Trump.
Los países miembros constituyen en la actualidad un mercado de 498 millones de personas con un Producto Interno Bruto (PIB) de 10,6 billones de dólares, lo que equivale a un 12% del producto a nivel mundial y más de un 15% de las exportaciones globales.
A pesar de que el tratado establece un acuerdo multilateral, Chile ha firmado tratados de libre comercio con cada uno de los 10 países restantes, por lo que este acuerdo no implicaría ampliar lazos fuera de los que mantiene en la actualidad, pero sí los unificaría.
El 14 de marzo de 2017 se reunieron en Chile representantes de los distintos países miembros para afinar detalles de la consagración del tratado. Poco menos de un año después y ad portas del fin de su gobierno, Michelle Bachelet estampó su firma en el TPP-11.
La última protesta en contra del TPP en Santiago, el 24 de abril de 2019, convocó a casi 300 personas, una semana después de que en la Cámara de Diputados se aprobara el tratado, el 17 de abril de este año, con 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.
Entre las pancartas y lienzos que portaban los manifestantes ese día, se podían leer consignas tales como: “El TPP-11 va a bloquear el ingreso de nuevos medicamentos genéricos”, “Elimina los derechos laborales” o “Fuera Monsanto Bayer”. Si antes su foco de protesta eran los parlamentarios de la Cámara Baja, ahora esa tensión la trasladarán al Senado, donde esperan poder frenar el proyecto.
“El TPP-11 va a bloquear el ingreso de nuevos medicamentos genéricos”, denunciaba un lienzo en la manifestación del 24 de abril de 2019.
Este pacto entre los países que compartimos costa en el Pacífico, no solo va afectar a los Estados, las multinacionales o la proyección de la economía local, sino que, de aprobarse, hay quienes argumentan que podría tener un impacto directo en el precio de los medicamentos genéricos.
En la vereda opuesta al Cerro Santa Lucía, donde se ubica el centro artesanal, se puede leer una impresión tamaño carta que reza lo siguiente: “Despídete de los medicamentos genéricos: los medicamentos nuevos en el mercado estarán sujetos a propiedad intelectual y no podrán ser replicados durante 12 años, facilitando así el monopolio farmacéutico”.
Hassan Akram, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Cambridge y crítico del TPP-11, que asistió como expositor a las comisiones de Hacienda y Agricultura de la Cámara Baja con el fin de informar a los parlamentarios para persuadirlos de rechazar el tratado, reconoce que lo expuesto en el panfleto no cuenta con fundamentos. Sí detalla que, de adherir al tratado, el precio de los medicamentos genéricos se elevaría, pero por razones distintas.
Con el antiguo TPP que incluía a Estados Unidos, se pretendía extender las patentes de los medicamentos a 12 años, pero cuando el país norteamericano abandonó el pacto, disminuyeron las exigencias en esta materia, por lo que no se van a alargar las patentes de propiedad. “Entonces, qué hace el gobierno. Decir que acá hay varios activistas vociferando que se extienden las patentes y eso es falso. Sin embargo, a pesar de que no se extienden las patentes, el TPP-11 sí va a aumentar el precio de los remedios”, comenta Akram.
Mientras el profesor Akram asegura que subirán los precios, Felipe Lopeandía, Jefe negociador del país en el pacto y Director de Asuntos Bilaterales de la DIRECON, afirma que no lo harán.
Para que un genérico — medicamento con la misma composición de otro. pero de marca menos conocida- se empiece a vender en Chile, tiene que pasar por la aprobación sanitaria. Esto significa que el Instituto de Salud Pública (ISP) tiene que estudiar si el medicamento funciona y no es peligroso. En el inicio de este proceso, el ISP siempre ha tenido que informar a la empresa creadora del medicamento que su genérico busca salir al mercado. Si la compañía demanda, el proceso en el ISPno está obligado a detenerse, en cambio, tiene que hacerlo si un tribunal lo ordena. Hasta ahí, ambos están de acuerdo. En Chile la aprobación sanitaria y la causa judicial están conectadas, esto se llama “linkeage judicial”.
Lopeandía explica que el artículo del TPP-11 permite la aplicación de dos estándares para regular la acción del ISP frente a las patentes de los medicamentos, pues: “uno de ellos se adecua al enfoque chileno, donde basta una causa judicial para detener el ingreso de un genérico al mercado”. El otro, funcionaría de manera automática: “cuando el ISP supiese que existe una patente respecto al medicamento, debe detener de forma inmediata su proceso”. Según el negociador del pacto, Chile se ordenaría según la primera opción, que es la forma en la que se actúa actualmente cuando se está frente a la salida de un genérico al mercado.
El profesor Akram, en cambio, interpreta de forma distinta el artículo y asegura que ahora con el TPP-11 habría que darle un tiempo mayor a la empresa del medicamento original para demandar si lo cree necesario. Lo que existe hoy es el linkeage judicial, que se refiere a que si hay una causa judicial y un tribunal lo ordena, se detiene el proceso de aprobación sanitaria. Pero según Akram, con el acuerdo se vincularía la aprobación sanitaria con la comercial: esto se llama linkeage administrativo. “El Instituto de Salud Pública estaría obligado a esperar, mientras que la empresa de la medicina original demande antes de hacer la aprobación sanitaria. Así la aprobación sanitaria esperaría la aprobación comercial”, argumenta. Esta demora generaría costos en la empresa de genéricos y así un alza en sus precios.
Para Sergio Bitar, ex ministro de las carteras de Educación y Obras Públicas durante los gobiernos de la Concertación, el hecho de que los medicamentos sean más caros que en otros países y las diferencias de precio “exorbitantes” entre las farmacias, revela fallas del mercado interno que no tienen que ver con la firma de tratados de libre comercio. Aún así, advierte: “Siempre existe el riesgo, ya que el grueso de las empresas extranjeras pretende obtener el máximo resultado de sus inversiones, especialmente con los medicamentos”. Plantea que el tema de la propiedad intelectual de los medicamentos “es un problema, pero es una batalla que se ha estado dando por larguísimo tiempo”. Explica que con el antiguo TPP se temía que Estados Unidos aprovechara de aumentar su presión con el fin de que se les pagara a sus laboratorios por los medicamentos genéricos, pero con su salida asegura que estas condiciones mejoraron.
“Elimina derechos laborales”, dice un afiche que se hizo viral en redes sociales acerca del TPP-11.
“Libertad de asociación, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y la abolición efectiva del trabajo infantil”, son los derechos que están obligados a respetar los estados miembros según el capítulo de derechos laborales. Camila Montecinos, ingeniera agrónomo e integrante de Chile Mejor sin TLC, agrupación contraria al pacto y que cuenta con el apoyo de parlamentarios como Camila Vallejo (PC), Gabriel Boric (CS), Giorgio Jackson (RD), Alejandro Navarro (PP) y Gaspar Rivas (MSP), cree que esta lista es deficiente. “Para el TPP-11 los derechos laborales son lo mínimo que todo país debe cumplir: no al trabajo forzado, no al trabajo infantil… Entonces cualquiera fuera de esos no es un derecho laboral, por lo tanto, puede ser derogado (eliminado). ¿Cómo se van a derogar? No sabemos, pero existe la posibilidad de que las empresas extranjeras pueden presionar a Chile”, dice.
Según Akram esto es falso y explica que el tratado dice que estos derechos no se pueden pasar a llevar. Denuncia que son casi insignificantes, pero asegura que la ley chilena no debe cambiar de acuerdo a estos “derechos mínimos”, entonces el TPP-11 no cambiaría nuestra legislación laboral.
Se creará este acuerdo “dentro de un marco de protección del medio ambiente y de responsabilidad social corporativa”, aseguró el presidente Sebastián Piñera en una carta enviada a la Cámara de Diputados
Carta de Sebastián Piñera a los diputados buscando explicarles los beneficios del TPP-11.
Para Akram, en cambio, el pacto establece un piso muy bajo para proteger las garantías de los trabajadores, puesto que según él quienes defienden el acuerdo destacan que viene a mejorar los derechos laborales. “Si uno va al capítulo (de garantías laborales), lo que dice es que en el caso de que un país viole ciertos derechos laborales, se puede generar una disputa y castigar a ese país. Pero esos derechos son mínimos”, terminó diciendo.
“Fuera Monsanto Bayer”, se ha leído en los lienzos de algunas manifestaciones contra el TPP-11.
Actualmente en Chile, no se pueden patentar las semillas autóctonas. Las leyes de obtentor vegetal, le dan derechos de autor a estas empresas que mejoran variedades vegetales genéticamente, dentro de esto están las semillas modificadas. Así que las semillas chilenas, sin cambios biológicos, no pueden ser reclamadas por ninguna compañía. Esto se mantendrá con el TPP-11.
Camila Montecinos asegura que la organización Chile Mejor sin TLC, teme que si se aprueba el TPP-11, las trasnacionales puedan demandar al Estado por inacción y que obliguen a Chile a firmar el Convenio UPOV 91, la versión hecha en 1991 del convenio de Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Éste busca proteger a los creadores de las semillas modificadas con biotecnología y tiene normas más estrictas que las chilenas sobre el derecho de autor de las semillas.
Chile ya ha tenido el compromiso de ratificar el UPOV 91 anteriormente y no lo hizo. Con la firma de tratados comerciales con Estados Unidos (2004), Japón (2007) y Australia (2009), el país tenía que suscribir al convenio. Años después, en 2011 el Congreso adhirió, pero no actualizó sus leyes acerca de derechos de vegetales. Antes, en 2009, se propuso un proyecto para renovar la ley que existía acerca de patentar semillas biológicamente modificadas, en base a las normas del UPOV 91. A esta iniciativa se le conoció como Ley Monsanto, empezó su tramitación el 13 de enero de 2009 bajo el mandato de Michelle Bachelet y distintas organizaciones la acusaron de querer privatizar las semillas y de concentrar su propiedad en pocas empresas. Mucho más tarde y con la llegada de nuevo de Michelle Bachelet, el gobierno retiró el proyecto de ley en marzo de 2014, de esta forma Chile no cambió sus leyes en función del convenio.
“Yo en eso no estoy con ese tema que tienen los manifestantes, que dicen que el TPP-11 va a privatizar las semillas”, expresa Akram. Explica que el pacto incluye un compromiso para ratificar el UPOV 91. Sin embargo, explica que por firmar el TPP-11 el país no estaría forzado a intensificar sus leyes acerca del derecho de autor de las semillas, ya que, según el profesor, el acuerdo internacional incluye la misma obligación que está en todos los tratados de libre comercio: “hay que hacer una ley de acuerdo a las exigencias del UPOV 91”. Explica que Chile puede continuar ignorando eso y no actualizar la ley de propiedad de vegetales modificados.
Felipe Lopeandía dice que si el país presenta un proyecto al Congreso para actualizar la ley de obtentores, derechos de las empresas que modifican genéticamente semillas, cosa que cree posible a futuro, tendrán el UPOV 91 como marco y declara que en ese momento se “tendrá que defender a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas”.
Sobre los derechos de autor
Este acuerdo pretende proteger los derechos de autor por 50 años. Mientras Camila Montecinos, la agrónomo de Chile Mejor sin TLC, piensa que 50 años de derechos intelectuales sobre un contenido es una cifra excesiva. Según el profesor Akram, se encuentra en la mayoría de los acuerdos internacionales que norman la propiedad intelectual. En un principio se querían subir los derechos de autor de 50 a 70 años, pero cuando se negoció el acuerdo esa iniciativa se desestimó.
La soberanía
“Rechazo al TPP por mi soberanía”, gritaba un grupo de manifestantes que se plantó frente a Tribunales, el 23 de marzo, después de que el pacto pasara al Senado . Durante el día llegaron a ser casi 100 personas, la mayoría eran jóvenes con lienzos alzados que, además de protestar, entregaron una serie de indicaciones al tribunal, en contra del pacto. Con este convenio las trasnacionales podrían demandar al Estado a través de cortes de arbitraje, esto para no estar obligadas a ordenarse bajo los tribunales nacionales, los contrarios aseguran que esto sería una pérdida de soberanía.
Felipe Lopeandía no teme una pérdida de soberanía frente a los tribunales de árbitros. Asegura que es un sistema recurrente en los convenios de inversión extranjera. Además, destaca que Chile tiene esta forma de solucionar conflictos en un alto número de acuerdos comerciales, por ejemplo, en los Tratados de Libre Comercio con Canadá, México y Japón. Por último, asegura que hay prevenciones para limitar las demandas de las compañías con el fin de “proteger el derecho a regular de los Estados”.
Hassan, en cambio, cree que esto es una amenaza para el país, ya que aumentarían las razones por las que las empresas trasnacionales pueden demandar a Chile. Dice que esto podría provocar congelamiento regulatorio, esto es cuando un Estado no lleva a cabo políticas públicas, porque le teme a los tribunales de arbitraje. Además, según Hassan, los árbitros tienen más incentivos de ser pro empresa, porque “sólo tienen trabajo si las compañías siguen usando el sistema”. Por esto aseguró que hoy existen organismos, como Naciones Unidas, que critican el arbitraje internacional y dicen que se debería crear una corte con jueces independientes que tengan un sueldo fijo.
El ex ministro Sergio Bitar, por el contrario, valora de forma positiva el hecho de que los problemas se puedan solucionar en estos tribunales, ya que “si se quiere respeto por los derechos y que las empresas vengan e inviertan, obviamente tienen que fijarse normas que tengan valor internacional”. Además, proyectó que el campo digital que se viene, va a necesitar de una interacción más intensa con los países del Pacífico. “¿Con aislarnos ganamos? Yo creo que no”, dice. Declara que este sistema de arbitraje no dejaría a Chile indefenso frente a fuertes demandas, ya que, según él, los once países que lo conforman van a defender sus derechos.
Camila Montecinos, de Chile Mejor sin TLC, dice que el TPP11 es un tratado complejo, por eso argumenta que “es irresponsable en este momento legislar, porque nadie lo ha leído adecuadamente”.
Link del tratado: https://www.direcon.gob.cl/cptpp/capitulos-del-acuerdo/
Sobre la autora: María Arriagada es estudiante de periodismo y escribió este artículo como parte de su práctica interna en Km Cero. El reportaje fue editado por Francisco González y Tomás Kohan en el Taller de Edición en Prensa.
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