Toma feminista en Oriente: un protocolo puesto a prueba
El 27 de marzo de 2019, el Campus Oriente de la UC amaneció tomado. Las estudiantes de Música, Arte y Teatro que ocuparon la universidad apuntaban a problemáticas que se siguen repitiendo a un año de la histórica toma feminista en Casa Central: casos de abuso y acoso sexual. Ahora, los cuestionamientos van más allá: el funcionamiento del Protocolo de Prevención y Ayuda a Víctimas.
Por Camilo Morales Droguett
Esa madrugada, Valentina Bianchi, estudiante de Música de tercer año de la Universidad Católica (UC), se despertó con gritos que se escuchaban desde afuera. Junto a dos compañeras dormían dentro de una sala del Centro de Estudiantes de Artes, ubicada en el segundo piso del Campus Oriente. Eran las 06.00 de la mañana del pasado 28 de marzo y al igual que Bianchi, otras 56 personas ocupaban los patios, pasillos y salas de la universidad. La toma feminista había superado recién su primera noche, pero sería la última.
Rápidamente se levantaron. En sus celulares un mensaje de un grupo secreto de WhatsApp avisaba: “Entraron FF.EE.”. Casi al instante, escucharon pasos por las escaleras. Era un ruido fuerte, como si proviniera de una masa de gente. Seguido de eso, se oyó un vidrio quebrándose en la sala de al lado. Bianchi y sus dos compañeras no se movieron. “Escuché a una señora que venía con los carabineros y que dijo: Entren no más, hay puras piezas, deben estar todas durmiendo”, relata.
Solo tres golpes bastaron para que las bisagras de la puerta cedieran. “¡Tres mujeres por acá!”, gritó un carabinero. Un grupo de nueve mujeres de Fuerzas Especiales las tomaron y las llevaron hasta el frontis del campus, en Av. Jaime Guzmán Errazuriz, mientras por los pasillos, una masa de estudiantes gritaba: “¡Morir luchando, sumisas ni cagando!”.
El saldo: 57 personas detenidas, 42 mujeres y 15 hombres.
La mañana anterior, la universidad había amanecido con sus puertas encadenadas. “Oriente en toma feminista”, se leía en un lienzo colgado en la entrada. Alrededor de 40 personas ingresaron cerca de las 07.00 AM y cerraron los accesos de los patios centrales de la universidad, con sillas y bancas.
La razón de la ocupación: los abusos y acosos sexuales dentro de la Facultad de Artes, por parte de estudiantes y profesores. Específicamente por el caso de un funcionario a cargo del Aula de Arte Nuestros Pueblos Originarios, quien enfrentaba cerca de 30 denuncias. Escenario que hacía recordar la toma de 2018, a seis kilómetros de ahí, en la Casa Central de la UC. La única diferencia es que ahora el cuestionamiento era otro: el funcionamiento del Protocolo de Prevención Contra el Abuso.
En 2015 se formó la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, que tenía como objetivo elaborar un protocolo a seguir para este tipo de casos y formar un equipo que lleve adelante estas denuncias. Este se diferencia de la Secretaría General en que es una instancia de apoyo con los estudiantes que denuncian, mientras que la Secretaría General es la que lleva los procesos y causas que son confidenciales, por lo que todo lo que tenga que ver con el protocolo es derivado por la Secretaría General hacia la Unidad de Prevención.
Ese mismo año 2015, estudiantes de la universidad formaron la Secretaría de Género y Sexualidades, Segex UC.
La Segex nació con el objetivo de servir de ayuda y acompañamiento para las y los estudiantes que quieran llevar denuncias de abuso sexual y discriminación, y está formado íntegramente por estudiantes. “Las compañeras se sentían desprotegidas por ir a Secretaría General solas, entonces las ayudamos a elaborar los documentos y a estar con ellas en todo el proceso”, cuenta María José Órdenes, coordinadora de extensión de la Segex y estudiante de quinto año de Psicología.
Órdenes cuenta que como Secretaría de Género siempre estuvieron al tanto de lo que ocurría en Campus Oriente, y que hubo una conversación constante con las voceras de la movilización. “Pusimos a disposición nuestro trabajo para que pudieran ir más allá, entendiendo que es un campus que tiene una realidad bien distinta a la de otros, son carreras más pequeñas, hay más contacto físico y pasan mucho tiempo dentro de él”, comenta.
Natalia Stipo, estudiante de cuarto año de Arte, y una de las voceras de la movilización feminista en Campus Oriente, dice que hubo una necesidad urgente de hacer visible la situación de las denuncias de abuso sexual. Para ella los límites que existen en las clases en Música, Arte y Teatro fueron sobrepasados.
“Las clases en Oriente son muy distintas a una cátedra. En Teatro necesariamente hay un contacto físico, en Música varias veces hay clases uno a uno, donde las alumnas tienen clases privadas con un profesor en un lugar donde no hay nadie más. En Arte, las alumnas trabajan a modo de inspiración con sus historias personales, que las dejan mucho más vulnerables ante la figura de autoridad que puede ser un profesor o ayudante”, cuenta.
Cuatro años antes de ese 28 de marzo de 2019, Fernanda (quien decidió proteger su nombre real), hoy egresada de Odontología de la UC, tomaba su celular y abría la aplicación de la cámara. En el encuadre se podía ver a su profesor de Cirugía y de fondo un motel santiaguino, destino al que él la llevó en su auto. Fernanda tomó la foto sin que él lo notara. Sabía que le serviría en algún momento.
Para ella, este profesor tenía mucho poder en el ramo de Cirugía de cuarto año en el que dictaba clases. Cuenta que era muy directo con las compañeras y les coqueteaba. Muchas veces su forma de relacionarse con sus estudiantes llegaba al contacto físico y sin consentimiento. El abuso que sufrió de parte de él, en 2015, la motivó para hacer una denuncia a la Secretaría General. Pero no fue fácil. Recién en 2018 decidió denunciar.
“Fueron varias ocasiones en que fuimos a ese motel. La primera, yo estaba con mucho alcohol, porque me había invitado a tomar al Barrio Bellavista”, cuenta Fernanda. Para ella, su relación con el profesor tenía una dinámica de “juego de poder”, con chantaje y manipulación.
Dos amigas suyas la ayudaron a buscar información en el sitio web de la Secretaría General de la universidad. Ahí está la descripción de los distintos protocolos a seguir ante un caso de violencia sexual entre estudiantes, profesor-estudiante y entre funcionarios. Además, se detallan las distintas etapas de una denuncia.
En su primer paso, Fernanda debía acudir a las oficinas de la Secretaría General, pero ella no sabía, por lo que decidió conversar con el Ombudsman (mediador de conflictos) de la universidad, José Ignacio González, para pedirle consejos. Para ella era la entidad que podía orientarla. Le contó su situación. “Me armé de valor para contarle todo a un señor que yo ni siquiera conocía”, dice. González le dijo que su caso se derivaría a la Secretaría General y que tenía que escribir una carta con todos los detalles de su denuncia para presentarla ahí. “Mínimo hay que decirle la historia a tres personas diferentes, pero yo estaba decidida y asumida a seguir el proceso, así que no tuve problema”, cuenta.
Dos días después, Fernanda subió hasta el tercer piso de Casa Central, donde está la oficina de la Secretaría General. Marisol Peña, directora de la unidad, leyó su carta en voz alta, frente a ella. La conversación duró una hora. Luego de eso, la derivaron hacia una de las seis abogadas que conforman el equipo de la Secretaría. Estaban en marcha tres de los primeros pasos que indica el protocolo, que son la denuncia, el análisis de antecedentes y la asignación de un investigador. Ahora, había que concretar el encuentro con la abogada. Para eso tendría que esperar dos semanas más.
En las tres veces que se juntó con la abogada se recopilaron datos, testigos y pruebas. Antecedentes que Fernanda tenía. Bajo su poder había dos fotos, una del profesor cuando la llevó hasta un motel en Santiago, y otra de un pantallazo sacado de su celular. En él se podía ver el inicio de la cuenta bancaria de Fernanda, en donde aparecía un depósito realizado por el profesor de Cirugía. “Me había depositado dinero para la compra de la pastilla del día después”, cuenta ella.
En el paso cuatro del protocolo, comienza la investigación de los hechos. Fernanda contaba con dos testigos, pero “podría haber tenido diez si hubiera querido”, y agrega: “Habría sido diferente si no hubiera tenido pruebas bien concretas, porque casi nadie tiene pruebas. Es muy difícil tenerlas”.
Dentro de esta etapa, era necesario contactar al profesor denunciado para citarlo ante la Secretaría General y formular cargos o cerrar la causa. Fernanda cuenta que él en su primera reunión con la Secretaría, negó todos los hechos, pero que luego de unos días él mismo se auto-citó y confesó que había mentido en la primera declaración.
Cuando admitió los hechos comenzó la quinta etapa, que era la elaboración y presentación de un informe final. Era necesario comunicar la situación a las facultades de Odontología y Medicina, donde él hacía clases, para que se tomara una decisión. “Ésa parte duró mucho”, cuenta Fernanda y agrega: “Ellos supieron lo que pasó, pero nunca se contactaron conmigo. Todo quedó en las sombras, para que no hubiera tanto problema”.
Ahora, la estudiante de Odontología debía seguir esperando la siguiente etapa: la resolución de la Secretaría General.
Esperó cinco meses. “Si pasara lo que pasó conmigo pero con 100 personas más no darían abasto, porque se demoraron un montón conmigo. El proceso debería ser más acogedor, porque no lo es”, critica Fernanda.
Finalmente le entregaron un documento donde estaban detalladas todas las etapas del proceso, incluidas las declaraciones de ella y el acusado. También estaba la sanción: al profesor le pidieron su renuncia.
“Me dio lata que le pidieran la renuncia y no lo echaran directamente. Él va a poder trabajar en otro lado y nunca van a saber lo que pasó”, dice Fernanda.
Así como Fernanda, según las cifras de la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, 116 personas han pasado por el proceso de denuncia desde junio de 2018 hasta hoy.
Para la coordinadora de extensión de la Segex, María José Órdenes, el protocolo es insuficiente y cree que la evolución que ha tenido desde su creación en 2015 ha sido escasa. “Hablar solo de violencia sexual queda corto, porque es algo que está anclado en la violencia de género. A eso es a lo que hay que apuntar”, dice, y agrega: “No creemos que un protocolo vaya a solucionar de raíz los problemas”.
La vocera de la toma de Campus Oriente, Natalia Stipo, dice que el protocolo no está construido sobre la base de una perspectiva de género. “No toma el peso de lo que implica para la persona estar denunciando. La universidad no considera que se revictimiza y que las personas están en un estado de estrés. Se considera como que fuera un trámite, como tomar ramos”.
Desde el Consejo y Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual dicen que están dispuestos a ir revisando los procesos y mejorarlos de ser necesario.
En el noveno piso del MBA de la UC, frente a su computador, Cecilia Rosales trabaja como encargada de la Unidad. “Estamos completamente de acuerdo en que hay que revisar (el protocolo) y mejorar. Todo lo que se refiere en general a la violencia sexual es un problema de cambio cultural en la forma de relacionarnos. Este es un trabajo mancomunado. Este año revisaremos el funcionamiento de los protocolos”, dice Rosales.
Para ella, la sensación de demora de los proceso del protocolo, que acusan las estudiantes, se debe a que existe desconocimiento del rol que cumple la Unidad de Prevención. “Lo primero que pregunté después de la situación del Campus Oriente fue si la Unidad había efectuado atenciones en relación a alguna de las personas que habían sido afectadas por hechos de violencia sexual en ese campus y te digo que en general no. A mi juicio yo creo que porque había un desconocimiento del trabajo que hace la Unidad”, dice Rosales.
El Aula de Arte Nuestros Pueblos Originarios quedaba en un rincón del segundo piso de Campus Oriente. Era oscura y fría. Funcionaba a modo de museo. Dentro de ella habitaba una colección de más de 300 piezas, entre ellas cerámicas y textiles, que pertenecían al investigador y académico, Gastón Soublette. El lugar estaba a cargo de un funcionario amigo de Soublette, quien pasaba muchas horas adentro, solo.
A fines de 2018, lo sacaron del lugar y suspendieron sus funciones debido a una acusación de abuso sexual. Sin embargo, cuando comenzó el período de clases 2019, el funcionario seguía ahí. Eso generó la indignación de las estudiantes de Campus Oriente y dio pie a asambleas y un paro que duró un mes, en Teatro y Arte.
El funcionario tenía cerca de 30 denuncias por abuso y acoso sexual, cuatro de ellas presentadas ante la Secretaría General.
En su momento, el día del desalojo de la toma el rector Ignacio Sánchez, en sus declaraciones a los medios dijo que “no había ninguna razón para una medida de fuerza de este tipo” y que al funcionario acusado “se le hizo una investigación sumaria, sin encontrar elementos para su despido”. Unos días después la universidad le pidió la renuncia.
“Básicamente lo jubilaron antes, a todas nos quedó la sensación de que tuvieron que pagarle para que se fuera”, cuenta Carla Jiménez, estudiante de Teatro y Estética.
Para Jiménez, ese funcionario les causaba desconfianza a las estudiantes que visitaban la sala museo, la cual que estaba a disposición de todas las carreras. “Siempre quedamos con la sensación de que era medio raro”, cuenta Jiménez. La estudiante agrega que varias veces lo veían en el patio sacándole fotos a parejas o diciendo piropos.
Macarena Vargas, estudiante de tercer año de Música, cuenta que el ambiente de esa sala era extraño. “Él se acercaba mucho cuando íbamos para allá. A algunas niñas las siguió, a una chica se le tiró encima para besarla”, dice.
“Ese tema nos incumbía a todos, porque todos podíamos acceder a ese museo”, dice Pilar Aguayo, compañera de Macarena Vargas, en Música.
Tras la toma, el investigador Soublette realizó una asamblea pidiéndole disculpas a todas las estudiantes que tuvieron que vivir estas situaciones. Hoy no está ni la colección del museo, ni el funcionario.
Junto con este caso, hay dos acusaciones de abuso sexual a dos profesores de Música y dos estudiantes de Teatro.
Todas estas acusaciones sirvieron de columna vertebral para dar pie a la movilización que se tomó el Campus Oriente.
“El proceso de los protocolos contra abuso en Música fueron muy lentos. Desde mayo del año pasado estuvimos esperando la resolución de algunos casos”, cuenta Pilar Aguayo. Una de las denuncias más graves de Música fue la de un profesor de violín, que fue acusado de abuso sexual y quién ya fue desvinculado de la universidad.
“Eso fue la gota que rebalsó el vaso, porque siempre la facultad nos decía que, a veces, los profesores podían ser así y tener esas actitudes. Cuando apareció ese caso se encendieron las alarmas”, cuenta Macarena Vargas.
¿Cómo denunciar un caso de abuso?
-Contactar al Ombuds de la universidad o llamar al Fono Ayuda UC, +56 9 5814 5618
-La denuncia deberá hacerse por escrito a la Secretaría General, entregando todos los antecedentes que se dispongan.
-La Secretaría General someterá a evaluación el caso informado y eventualmente abrirá un proceso de responsabilidad.
Después del desalojo de Campus Oriente, la carrera de Arte estuvo un mes en paro. Retomando las clases, en un proceso que Natalia Stipo caracteriza como de “transición”, aún se negocian los puntos de su petitorio con las autoridades de Música, Arte y Teatro.
“Todavía no hay ninguna llamada a la acción, porque estamos viendo cómo vamos a proseguir. Ahora se han desarticulado las asambleas. Después de la efervescencia hay un punto en que todo se derrumba un poco, pero para reordenarse”, dice Stipo.
Sobre el autor: Camilo Morales es estudiante de periodismo y escribió este artículo como parte de su práctica interna en Km Cero. El reportaje fue editado por Patricia Cifuentes en el Taller de Edición en Prensa y Paula Santibáñez como editora en Km Cero.
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