Durante el 2024, el Instituto de Salud Pública (ISP) decomisó 17,5 millones de dosis de medicamentos ilegales, cinco veces más que en 2023. Este aumento deja en evidencia una problemática creciente que pone en riesgo la salud pública del país. Aunque hace dos años se presentó un proyecto de ley para enfrentar el desafío, la iniciativa aún no registra avances en el Congreso.
Por Edel Cortés Rubio
Editado por Aline Bergen Espinaza
En Chile existen más de 1200 ferias libres. Aunque predomina la venta de frutas y verduras, también encontramos otros productos: entre ellos, medicamentos. Magaly Araya, una chilena de 71 años, recorre frecuentemente las calles donde se instalan estos puestos en busca de los fármacos que le receta su médico. “Antes yo compraba en la farmacia, pero no me alcanzaba la plata. Quedé muchas veces sin comprarme todos los remedios”, explica.
Araya trabajó toda su vida en distintos rubros, principalmente como personal de aseo. Aunque se jubiló hace más de diez años, la pensión no le alcanzaba, por lo que se vio obligada a seguir trabajando incluso después de cumplir la edad legal de retiro. Hoy, sin embargo, se encuentra desempleada.
A su edad sufre de dolores musculares en distintas partes del cuerpo, especialmente en su brazo derecho donde fue operada del manguito rotador tras años de esfuerzo físico excesivo. Por esto, prefiere quedarse en casa y evitar riesgos como una nueva lesión o resfriado. Su único ingreso estable es la Pensión Garantizada Universal (PGU), una ayuda mensual del Estado —administrada por el Instituto de Previsión Social— para personas mayores de 65 años que no pertenezcan al 10% más rico del país y cuya pensión base sea inferior a $1.048.200. Actualmente, el monto alcanza los 220 mil pesos mensuales, pero está previsto que suba a 250 mil pesos desde septiembre para personas sobre 82 años y en 2027 para todos los mayores de 65 años. Con ese dinero, Araya debe lograr cubrir sus cuentas básicas y mercadería. Por eso, si tiene que costearse sus medicamentos, la decisión es simple: “¿A dónde vamos? Vamos a la feria, porque en la feria nos alcanza”, comenta.
Si bien, Araya acude a farmacias populares para obtener alguno de ellos, no siempre encuentra todo lo que necesita. Esta situación la ha vivido en múltiples ocasiones, la más reciente con las lágrimas artificiales que utiliza diariamente. “El mes pasado no había y como no hubo, yo las compré en la feria”, cuenta.
En el mercado formal —como farmacias o almacenes farmacéuticos—, este producto puede costar desde siete mil pesos hacia arriba, dependiendo del fabricante. En la feria, en cambio, Araya las consigue por solo dos mil pesos.
La venta y la compra irregular de medicamentos se ha transformado en una práctica rutinaria durante los últimos años. “El número de decomisos que recibimos de las policías ha aumentado”, afirma Sergio Muñoz, jefe de la sección de Control de Comercio Nacional del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). “Las policías normalmente hacen estos operativos en ferias libres o la vía pública”, detalla. Solo en 2024, el ISP incautó más de 17 millones de unidades de medicamentos vendidos por canales irregulares, una cifra que supera con creces los 4 millones decomisados en 2023.
Según Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), los medicamentos llegan al comercio informal por múltiples vías, siendo algunas de ellas históricas y otras más recientes. En un inicio, parte del problema surgió por la venta al por mayor desde farmacias a consumidores, una práctica que ofrecía bajos márgenes pero altas utilidades por volumen. Aunque esta práctica ha disminuido, Rojas sostiene que hoy el volumen de medicamentos ilegales sugiere nuevas fuentes, como filtraciones desde droguerías y servicios públicos, especialmente cuando se encuentran en ferias productos de uso hospitalario. “No me cabe la menor duda que la fuente no es solamente la farmacia”, afirmó, y agregó que incluso podría haber “robo hormiga” en hospitales, contribuyendo a esta cadena irregular.
El aumento de la oferta ilegal responde, según Rojas, a varios factores estructurales: el desabastecimiento en farmacias, la escasez de farmacéuticos que impide mantener turnos amplios, la falta de fiscalización efectiva en ferias libres y la existencia de vacíos legales. Además, denuncia que el ISP limita su fiscalización solo a farmacias autorizadas, dejando desprotegido el control en espacios no regulados.
Si bien para Magaly la venta de remedios en lugares no regulados representa una oportunidad para acceder a tratamientos a un precio más asequible, las autoridades y expertos advierten que esta práctica implica un riesgo latente para la salud pública del país. La venta irregular de fármacos “es un problema subestimado, particularmente en los países que tienen marcos regulatorios incompletos o débiles”, señala Gonzalo Valdivia, profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aunque la ley N°20.000 sanciona la venta ilegal de fármacos, solo permite perseguir como delito la comercialización ilícita de aquellos sujetos a control legal —como psicotrópicos y estupefacientes—, por lo que quienes venden otro tipo de fármacos fuera del canal formal no pueden ser sancionados penalmente. Debido a este vacío legal, muchas de las denuncias que realiza el ISP al Ministerio Público para perseguir la venta ilegal de medicamentos, quedan inconclusas.
Hoy, un nuevo antecedente vuelve a poner urgencia en la necesidad de sancionar completamente su venta: según el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los casos de intoxicación por consumo de medicamentos controlados aumentaron un 30% entre 2023 y 2024. Este incremento estaría directamente relacionado con el fácil acceso a medicamentos que requieren receta médica —como el clonazepam o el zolpidem— que se ofrecen libremente en ferias libres y redes sociales, sin ningún control.
Una posible solución estancada
El 18 de abril de 2023, la Comisión de Salud del Senado presentó formalmente una moción para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. El proyecto, según explicó en su momento el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, busca endurecer las sanciones penales y sanitarias a quienes vendan medicamentos en lugares no autorizados, como la vía pública o ferias libres. También contempla sanciones específicas para quienes falsifiquen fármacos o faciliten su venta irregular, incluso desde el ámbito médico.
La moción se presentó tras las cifras reveladas por la PDI que evidenciaban el alza significativa en las incautaciones. Mientras que en el primer semestre de 2021 se decomisaron 531 unidades de medicamentos, en el mismo período de 2022 la cifra superó las 600 mil. Además del crecimiento en cantidad, también se diversificaron los tipos de fármacos incautados, incluyendo varios que requieren receta médica. Entre los más frecuentes destacan la ciclobenzaprina clorhidrato —un relajante muscular usado en enfermedades musculoesqueléticas— y el losartán potásico, indicado para tratar la hipertensión. Ambos son de uso restringido y su venta está sujeta a prescripción médica.
Actualmente, la iniciativa permanece estancada en su primer trámite constitucional. Si bien fue aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el 29 de julio de 2024, ese mismo mes el Ministerio Secretaría General de la Presidencia decidió quitarle la urgencia con la que había ingresado al Senado. Durante una sesión de la Comisión de Salud, la ministra Ximena Aguilera confirmó la decisión sin entregar razones específicas. No obstante, un mes después, el Ejecutivo volvió a otorgarle ese carácter.
El senador Francisco Chahuán, uno de los impulsores iniciales de la moción, afirma que han solicitado al Poder Ejecutivo reimpulsar la iniciativa. Comenta que han sostenido conversaciones con la ministra de Salud para agilizarlo. “Es fundamental sacar adelante el proyecto de ley que sanciona la venta ilegal de medicamentos en nuestro país (…). Consideramos grave el estancamiento que hoy día tiene”, afirma.
Por su parte, Sergio Muñoz del ISP, destaca la relevancia del proyecto como una herramienta clave: “Lo que hace este proyecto de ley es generar un delito específico para este tipo de venta y con penas específicas. Por lo tanto, si este proyecto de ley se aprueba, sería una herramienta bastante útil para combatir este comercio ilegal de medicamentos”, asegura.
De aprobarse la iniciativa, quienes vendan en la vía pública podrían enfrentarse a multas y sanciones que van desde penas de cinco años y un día a 15 años de presidio y multa de 50 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad del caso. Esto implicaría que Magaly perdería el acceso que hoy encuentra en vías informales: “¿Cuánto adulto mayor (va a quedar) sin tomar remedio? Porque no lo podemos comprar en la farmacia.”, comenta.
La inquietud de Magaly refleja una realidad que afecta a un sector vulnerable de la población. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, en 2024 la Pensión Garantizada Universal (PGU) incorporó a 135.076 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 2.115.774 personas, muchas de las cuales viven con ingresos mínimos. En este contexto, el proyecto de ley que busca restringir la venta de medicamentos exclusivamente a establecimientos autorizados podría significar que algunas personas enfrenten mayores dificultades para costear sus tratamientos.
El riesgo de comprar en la calle
Con el aumento de la comercialización de medicamentos en lugares no autorizados, expertos del área de la salud han advertido sobre los riesgos de adquirir fármacos en puestos ambulantes. Según el sitio web oficial del Gobierno (Gob.cl), entre las consecuencias más comunes están el agravamiento de síntomas, intoxicaciones, reacciones adversas graves e incluso el desarrollo de nuevas enfermedades.
Esto se debe a que no existe garantía de que los medicamentos vendidos fuera del canal formal hayan sido almacenados con las condiciones óptimas, lo que compromete su efectividad. Diego Retamales, químico farmacéutico y analista de asuntos regulatorios y de farmacovigilancia en Axon Pharma, una compañía farmacéutica multinacional, explica que cada fármaco requiere cuidados específicos para mantenerse en buen estado. “Por ejemplo, un paracetamol puede durar 24 meses a 30°C. Entonces, estas condiciones obviamente se van a ver comprometidas en la venta informal (…) Por lo general, se tienen a pleno sol, a más de 30 grados, en un entorno como una feria o lugares donde puede haber mucha humedad”, señala.
Mientras se busca retomar la urgencia del proyecto de ley para sancionar penalmente la venta irregular de fármacos, el ISP trabaja junto a la PDI en operativos de decomiso. “Lo más importante es que la población perciba que esto es un riesgo”, subraya Sergio Muñoz del ISP, quien además destaca las campañas de concientización que impulsa su organismo.
Para Gonzalo Valdivia, profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las claves para abordar esta problemática está en educar a la población. “Las personas deben conocer que todos los medicamentos, cualquiera que tomes, cumplen un fin terapéutico, pero que están también expuestos a la probabilidad de presentar efectos adversos o colaterales (…). En Chile sabemos y tenemos evidencia de que las prácticas de la población a veces son muy complejas y peligrosas”, advierte.
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Edel Cortés Rubio (@edelpazz) es estudiante de tercer año de periodismo en la @fcom. Ha sido columnista y actualmente es conductora de K-ON, programa de Radio UC. Además, es ayudante de Narración Radial de No Ficción
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