La deuda de los protocolos ante el acoso sexual universitario
De los 41 establecimientos que componen actualmente el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile (CRUCH), existen 15 que aún no tienen protocolos especializados ante casos que pueden ir desde piropos indeseados hasta violaciones. Aunque en un año el surgimiento del movimiento feminista logró que, al menos, cinco instituciones crearan planes de acción específicos ante el acoso, la comunidad estudiantil sigue acusando su deficiencia.
Por Sara Alfaro Cornejo, con la colaboración de Josefa Castillo y María Paz Larrondo
“El pasado mes de enero viví una experiencia de acoso sexual laboral a manos de un profesor de la Facultad”. Así comenzaba el relato de Belén Araújo, entonces alumna de cuarto año de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), cuando decidió publicar en junio de 2017 vía Facebook su carta de denuncia de acoso sexual contra un docente de la institución.
Bastaron horas para que la indignación de la comunidad estudiantil se manifestara. La mañana siguiente, cerca de 200 alumnos de la entidad marcharon en el patio de la universidad y pidieron a gritos un protocolo especializado en apoyo a Araújo. La alumna, de la mano de su pareja, lideraba una caminata sin precedentes: nunca antes se había hecho una denuncia pública de acoso sexual en el plantel y, en ese entonces, no existía un procedimiento establecido que protegiera a víctimas como ella.
¿Qué es el acoso sexual?
El acoso sexual es una conducta discriminatoria que implica todos aquellas comportamientos de naturaleza sexual no deseados por la persona que las recibe y que, por ello, afectan su dignidad al resultar ofensivas, hostiles o amenazadoras. En el ámbito educacional, se entiende como una conducta de contenido sexual que no es bienvenida por la persona a quién está dirigida, que directa o indirectamente esté vinculada con decisiones que afectan sus oportunidades de educación.
¿Está penado por ley?
De acuerdo con la abogada del estudio Ferrada Nehme, Lucía Álvarez, que proveyó la definición de acoso sexual para este reportaje, lo único penado por ley son los delitos sexuales, es decir, abusos sexuales o violaciones. El acoso sexual no está tipificado como tal y se define solo en materia laboral. Sin embargo, puede ser penado si se entiende como un caso de abuso sexual, siempre que existan tocaciones indeseadas de carácter sexual a la víctima.
Una vez publicada la carta, la estudiante asegura que comenzaron a llegarle una serie de mensajes de apoyo. Eran otros alumnos que como ella, habían sufrido casos similares en la institución. “Encontraron la confianza en mí para compartirme sus experiencias, y muchos de ellos ahora quieren compartir una carta. Por eso todo esto valió la pena. Por ustedes, esto valió la pena”, dijo Araújo en un micrófono abierto a la comunidad estudiantil, después de la marcha.

El mismo día, Andrés Ginestar, presidente de la Federación de Estudiantes UAI en ese momento, aseguró que buscaban tener el protocolo listo para el 30 de septiembre. A fines de 2017, la Universidad Adolfo Ibáñez contaba con un documento especializado de acción ante casos de acoso sexual.
Un estudio de 2016 realizado en conjunto por académicos de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Santo Tomás, reveló que cerca de un 50% de los universitarios del país declararon haber sufrido acoso sexual (51% mujeres y 48% hombres), muchos de los cuales no pertenecen a los planteles que tienen un protocolo y que hoy se encuentran sin ayuda oficial a la que acudir.
Más de veinte universidades a nivel nacional no contaban con un manual de acción ante casos de hostigamiento sexual a mediados de 2017. Las únicas reconocidas por sus protocolos en la materia eran la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Un año después, el panorama ha cambiado: hoy son 15 los planteles que pertenecen al CRUCH (y adscriben al sistema) que no tienen una regulación específica al respecto.
Acoso en cifras
UC: La vocalía de Género y Sexualidades UC (Vogesex UC), declara haber tratado 38 casos oficiales en 2017 y 37 más en lo que va de 2018.
U. de CHILE: Un estudio realizado en 2016 por la misma entidad reveló que un 15% de la comunidad universitaria había sufrido algún tipo de acoso sexual en el establecimiento.
USACH: En el último trimestre de 2016, al menos 20 casos de acoso salieron a la luz.
OTRAS: Hoy no existe un catastro del total de casos de acoso sexual a nivel universitario. Hace un año, Sofía Barahona, presidenta de la FEUC en ese entonces, dijo que buscaban generar uno como Confech. Hoy, Sandra Beltrami, ex vocera de la Confech y Presidenta de la Federación de Estudiantes ARCIS, informa que nunca se realizó.
La Universidad del Desarrollo (UDD) es otra entidad que, como la UAI, logró levantar un protocolo el año pasado. Francisca Ramírez, estudiante de cuarto año de Derecho y miembro de la vocalía de Género y Diversidad de la Federación de Estudiantes UDD en 2017, contaba hace un año que estaban recién iniciando la elaboración. “Hoy no estamos haciendo el protocolo de lleno, sino recaudando protocolos de otras universidades, contextualizando el trabajo”, dijo, y agregó: “quiero que se elabore rápido, porque ya hay casos de abuso sexual que me han llegado a mí y a otras compañeras de la vocalía, y quieren ayuda. A mí me llegó un caso directamente de abuso sexual”.

Sin embargo, Ramírez especificó que ninguno de los casos recibidos a la fecha involucraban a docentes. En ese momento la UDD no quiso referirse públicamente al tema, argumentando que no les habían llegado denuncias formales. Al mismo tiempo, Valentina Belmar, presidenta de la Federación de Estudiantes UDD de la época, contó que habían tenido reuniones con el rector Federico Valdés y que las autoridades se encontraban dispuestas a colaborar. Hoy la universidad expone en su sitio web un reglamento de procedimiento frente a denuncias de acoso sexual en el establecimiento.
La UDD también trabajó en un catastro de los casos de acoso sexual sufridos en la institución, a través de una encuesta anónima enviada por correo a toda la comunidad estudiantil. Si bien la FEUDD hoy confirma esta información, dice no tener acceso a los registros.
A inicios de 2017 se creó una secretaría de género de la Federación de Estudiantes de la Universidad Finis Terrae, tras el cambio de mando en la entidad. Camila Santamaría era su presidenta en ese entonces y contó que a poco tiempo de su creación, les llegó un caso. Sucedió en 2015, cuando un curso completo decidió denunciar a un profesor por sus malos tratos. Luego, dos alumnas tuvieron enfrentamientos directos con él. Según Santamaría, la única medida tomada por la institución fue alejar al docente de la sección del curso afectada, sin desvincularlo del cuerpo docente. Desde 2017, sin embargo, fue inhabilitado de sus funciones.

Carmen Gloria Hurtado, directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Finis Terrae, indicó hace un año que la institución no tenía un protocolo de acción específico para estos casos, pero sí existían procedimientos a los que los alumnos podían acogerse. Después de un año, la Universidad Finis Terrae no ha creado un documento especializado, siendo parte de los 15 planteles que están atrasados en la materia a nivel nacional y que utilizan la regulación general para casos de este tipo.
De acuerdo con Hurtado, la comunidad es pequeña en comparación a otras universidades y por eso la atención a los alumnos es mucho más personalizada. Incluso, dijo, cuentan con su celular en caso de requerir ayuda, y existen las vías para llegar a un sumario de ser necesario.
“Espero que nunca tengamos que tener un protocolo tan específico, porque eso quiere decir que las heridas son muy profundas y que no hemos prevenido antes. Estamos en una etapa de pensar cómo prevenir que esas cosas sucedan. Sí tenemos los mecanismos de acción”, explica Hurtado.
Desde la Federación, Santamaría dijo que tanto estudiantes como directiva mostraban poco interés en la elaboración del documento, por lo que el trabajo en conjunto se hacía difícil. La confección de un protocolo específico era uno de sus objetivos más importantes el año pasado y, sin embargo, siguen rigiéndose por la regulación general.
Una deuda
La Coordinadora Feminista Universitaria (COFEU), ex comisión de género de la Confech, es una organización que agrupa a distintas vocalías y secretarías de género universitarias en Chile. A través de ella buscan condenar la violencia de género en los espacios universitarios, luchar por una educación feminista, visibilizar la disidencia sexual y exigir derechos sexuales y reproductivos. Además, en la instancia se comparten avances e ideas para su posible aplicación en otras instituciones, siendo una herramienta útil para quienes no tienen un protocolo vigente.
Si bien en 2018 cerca de cinco planteles crearon planes de acción especializados para enfrentar el acoso y abuso sexual universitario, en varios casos (PUC, UDP, UDD, entre otras), la COFEU a través de su encargada de comunicaciones, Amaranta Rovira, acusa que no son eficientes en la práctica: “Los protocolos que están emitiendo las universidades no contemplan las observaciones de sus secretarías y vocalías de género. Ellas son las que tienen la experiencia con las denuncias, las que tienen trabajo previo intelectual que las universidades no tienen”, y agrega: “se presentan protocolos muy apegados a la ley y a la normativa vigente, pero hay situaciones que ellos desconocen que están ocurriendo. Los protocolos son evidentemente deficientes”.
Sobre la autora: Sara Alfaro escribió este reportaje en el curso Taller de Prensa de la Facultad de Comunicaciones UC. Josefa Castillo y María Paz Larrondo reportearon como parte de su práctica interna en Km Cero.
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