Finalista Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2015
Las promesas agrietadas de Bajos de Mena
Por Cecilia González Espejo/Fotos: Juan Francisco Lizama López
Vivir en Bajos de Mena es vivir esperando. En los últimos 20 años, la población se convirtió en el emblema de las políticas públicas mal hechas, desde que sus “condominios sociales en altura” surgieron como una solución habitacional barata. Después de una sucesión de anuncios contradictorios, comenzó la demolición de los blocs, convirtiendo a este rincón olvidado de Puente Alto en un campo de batalla en que los políticos ofrecen soluciones que no llegan y que tienen divididos a los vecinos que quieren quedarse y los que claman por salir de ahí a como de lugar.
En una sala de clases habilitada como salón de conferencias, un hombre protegido detrás de un escritorio se enfrenta a ocho mujeres que levantan la mano.
Hernán Ortega se encuentra en Bajos de Mena porque hace diez días –el 4 de octubre de 2014– lo nombraron coordinador ministerial del Plan Integral que el Gobierno de Michelle Bachelet quiere implementar en el que se ha llamado el gueto más grande de Chile.
Bajos de Mena: 66 hectáreas olvidadas en el último rincón de Puente Alto, donde viven 130.000 personas y hay un sólo lugar donde cargar la tarjeta Bip! Donde no hay farmacias, ni supermercados, ni comisarías, ni cuartel de bomberos y donde para atenderse con un médico hay que esperar, por lo menos, dos meses. Donde, según información recolectada por los mismos dirigentes vecinales, el 50% de los jóvenes consume pasta base, el 70% de las mujeres ha sido madre antes de los 14 años y, en promedio, cada familia vive con $300.000 al mes. Construido en 1990 para erradicar los campamentos, Bajos de Mena resultó una solución habitacional tan problemática que, en 20 años, el mismo Estado llegó a la conclusión de que había que demoler para volver a construir.
No es la primera vez que Hernán Ortega se encuentra en una situación así. Fue el encargado de los planes integrales de Alto Hospicio entre 2001 y 2003, y de San Pedro de la Costa entre 2003 y 2005; lo nombraron responsable de la reconstrucción de Tocopilla en 2008 e incluso fue candidato a alcalde en las elecciones de 2012 por el Partido Socialista. Ahora Ortega se acaricia las manos en un gesto nervioso mientras escucha atento cómo lo interpelan. — Jaqueline Contreras, soy de la San Miguel 6. Mire, suena súper bonito lo que quieren hacer, pero en mi sector la mayoría de la gente se quiere ir. Porque, antes que el hacinamiento, es la parte social: dicen que quieren combatir la drogadicción, darle oportunidades a los niños y a los jóvenes, pero ¿qué pasa con los narcotraficantes que ya están? ¿Con los delincuentes? Voy a dejar a mi hijo al colegio y tengo que tener cuidado porque en cualquier momento se agarran a balazos y de verdad, yo, Jaqueline Contreras, estoy cansada.
“Están construidos como si fuera un gueto, no como si fuera un lugar donde vive una familia normal. Probablemente, muchos de estos departamentos va a haber que derrumbarlos y construir viviendas de verdad” — sentenció Piñera, cuando era candidato en 2009.
— Muchas gracias, está claro, lo vamos a ver. — Yo soy Etelinda Soto, pertenezco al Volcán 1. Yo lo desafiaría a usted, e incluso a la Bachelet, de que fuera a ver mi villa y viera la mala calidad de las viviendas. Nosotros fuimos reparados dos veces, pero aun así las viviendas se siguen pasando de agua, se sigue bajando la loza, y no es algo que puedan decirme que lo van a reparar, porque ¿para qué, de qué me sirve? Yo recibí con harta ilusión esa vivienda, pensaba tenerla para toda la vida, ¿pero para qué, para qué tanta desilusión? — Está claro, vamos a seguir. — Yo soy Pilar Aravena, dirigente de la Villa Francisco Coloane. Yo creo que lo que hay que destruir, hay que destruirlo. Porque hoy día en todos los condominios sociales el daño estructural es una cosa, pero el daño social, psicológico y emocional de las familias… Reconstruir eso nos va a costar muchos años más. — Sí, ¿Alguien más?
Después de cada intervención los asistentes se desviven en aplausos. A la mitad de las preguntas se escucha un tiroteo cercano: viene de la Villa Marta Brunet, ubicada a pocas cuadras. Todos ríen con complicidad: — Le están dando la bienvenida, coordinador.
Lo que tienen en común las ocho mujeres que interrogan a Hernán Ortega es que todas son presidentas de la junta de vecinos de la villa en la que viven, villas que en los ocho casos se componen de blocs en altura. Y aunque por separado cada una pelea por los suyos, cuando se juntan se transforman en la Asociación Social, Deportiva y Cultural Santiago Poniente Bajos de Mena: Así Queremos Vivir, cuyo único objetivo es que se demuelan los condominios donde viven hace 18 años.
De las 49 villas que componen Bajos de Mena, 17 son lo que el Estado denominó “condominios sociales en altura”, edificios de tres pisos con 12, 24 o 48 departamentos de 42 metros cuadrados cada uno. Es en este tipo de viviendas donde se concentran los problemas más graves. Los muros resquebrajados y las escaleras desencajadas delatan los daños estructurales de algunas construcciones, mientras que las filtraciones de las cañerías –inmunes a cualquier reparación– mantienen los departamentos húmedos y llenos de hongos. En promedio, alrededor de ocho personas viven en cada unidad y se oye qué hacen los vecinos en la vivienda colindante. No hay patios y los niños no pueden jugar en la calle por temor a los delincuentes, las “balas locas” y los narcotraficantes.
El Plan Integral que propone el gobierno es ambicioso. Entre 2015 y 2018 debería resolver los principales problemas de Bajos de Mena: falta de conectividad, nula seguridad, escasez de servicios y de áreas verdes. En vez de destruir, la apuesta del Gobierno es por darle un nuevo valor al terreno y la población. “Suena bonito”, suspiran todas. Pero son incrédulas. La lista de promesas inconclusas es larga (ver capítulo El programa del plan piloto).
Lo que les preocupa es algo más urgente. En 2009, cuando Sebastián Piñera aún era candidato a la Presidencia, lo invitaron a conocer la población con la condición de que no llamara a la prensa. Las dirigentes se encargaron de grabarlo con sus teléfonos celulares para tener un registro a de la conversación. Pero los medios finalmente llegaron y en el video que el comando del ex Presidente subió a YouTube, se ve a Piñera declarando: — Esto no es vida, esto es una indignidad, es un atentado a los derechos humanos. Y parte del problema es que estos departamentos están mal hechos. — ¡Hay que demoler! — aunque no la muestran las cámaras, se escucha gritar a Viviana Fuentes, presidenta de Así Queremos Vivir. — Están construidos como si fuera un gueto, no como si fuera un lugar donde vive una familia normal. Probablemente, muchos de estos departamentos va a haber que derrumbarlos y construir viviendas de verdad — sentenció Piñera.
Ese fue el puntapié inicial. Piñera salió elegido y en 2011 las dirigentes le cobraron la palabra. Protestaron frente a La Moneda e interrumpieron sesiones del Congreso hasta que en 2012 lograron que dos villas, la Francisco Coloane y la Cerro Morado, fueran escogidas por el Ministerio de Vivienda como uno de los cinco complejos habitacionales con extremo deterioro donde se implementaría el programa piloto Recuperación de Condominios Sociales en Altura: Segunda Oportunidad. Éste consistiría en la demolición de los edificios y la reubicación de sus habitantes gracias a un subsidio con el que podrían escoger dónde comprar una casa de hasta 700 UF. En total, son 64 blocs y 1.424 las familias de Bajos de Mena que partirán a un nuevo hogar a lo largo de las tres etapas del programa.
La esperanza de las dirigentes es que la Segunda Oportunidad se replique en los otros 15 condominios en altura, el gobierno de Michelle Bachelet no está de acuerdo con la demolición. Y aunque el presupuesto 2015 aseguró 18 mil millones de pesos para completar el piloto en las cuatro regiones donde se está llevando a cabo, la forma en que va a continuar la intervención de condominios sociales de extrema vulnerabilidad a nivel nacional aún está en revisión. “Que se burocratice el plan es un desgaste para nosotros los vecinos, porque todos están desesperados por irse”, se lamenta Viviana, la misma que gritaba detrás de Piñera.
Parchar las grietas
Los ciudadanos chilenos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, pueden postular a un subsidio habitacional una sola vez en la vida. Luego de eso, quedan “marcados”: para el Estado ya son propietarios de una vivienda, sin importar las condiciones de la misma. El programa Recuperación de Condominios Sociales: Segunda Oportunidad nació con el espíritu de revertir esta situación.
La dictadura dejó un déficit de 900.000 unidades habitacionales y la prioridad de los gobiernos de la Concertación fue construir rápido y barato. Para solucionar el problema de los “sin techo”, en diez años se entregaron cerca de 765.000 viviendas nuevas –más del doble que en la década anterior–, pero se generó una problemática diferente: se hicieron construcciones diminutas, en zonas muy densificadas en la periferia de las ciudades, donde los terrenos eran más baratos.
A mediados de 2012, cuando surgió la idea de la Segunda Oportunidad, el Serviu estimaba que en todo Chile había un total de 60.000 condominios sociales en condición de irrecuperables, muy distantes de los estándares de vivienda social que se exigen en la actualidad: al menos cuatro habitaciones consolidadas para departamentos de menos de 50 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación.
El objetivo del programa Segunda Oportunidad es que los dueños de viviendas deficientes puedan postular nuevamente al subsidio habitacional, debido a que la ley no permite solicitarlo más de una vez.
“La solución era tan mala y tan deficiente a los ojos de hoy, que era impresentable que hubiera familias que vivían en 40 metros cuadrados y en esas condiciones”, afirma Sergio Feres, quien estuvo a cargo de la implementación del programa en las villas Francisco Coloane, Cerro Morado y Parinacota de Quilicura.
Tras este diagnóstico se concluyó que quienes residían en esas 60 mil construcciones merecían la oportunidad de recibir, por segunda vez en su vida, un subsidio para cumplir el sueño de la casa propia.
Feres llegó a Bajos de Mena en febrero de 2013. Acababa de dejar su puesto como Director del Serviu en la Región de los Lagos para asumir como Coordinador de Rehabilitación Urbana en la Región Metropolitana, conformar un equipo y lanzarse a liderar el programa piloto. En la marcha se barajaron distintas opciones para recuperar los blocs de departamentos: ampliaciones 2×1 –en las que dos departamentos se fusionan en uno solo–, 3×2, e incluso transformar los edificios en casas de tres pisos. Pero demoler costaba lo mismo y era más rápido.
Desde que comenzó a funcionar el programa Segunda Oportunidad, los residentes de Francisco Coloane y Cerro Morado concentraron su atención en el proceso de salida: trámites, subsidios, reuniones de delegados, el Conservador de Bienes Raíces y la fiscalización de la SGAT (Sección de Gestión de Asistencia Técnica del Serviu).
Aunque Viviana Fuentes ya no vive en Bajos Francisco Coloane –su edificio fue uno de los primeros que demolieron– está de lunes a viernes, desde las 9.00 a las 20.00 h., rondando por la población preocupada de que el plan funcione. Cruza infinitas veces desde la sede a la oficina del Serviu, y de ésta a la sede, o al paradero para tomar una micro que la lleve hasta la Municipalidad de Puente Alto, y de ahí a la oficina del Serviu nuevamente. Cada 15 minutos suena su celular, un aparato rosado tan grande que apenas le cabe en la palma de la mano, y contesta sin dejar de firmar papeles ni llenar formularios.
Hasta la fecha, 887 familias han dejado Bajos de Mena, 240 tienen sus papeles firmados para partir durante los próximos meses a una casa nueva y 426 tendrán que esperar hasta el cierre de programa que comienza, en teoría, a mediados de 2015.
— ¡Vivi, la estaba buscando! — afuera de una tienda, una mujer ha estado esperando a Viviana desde que la vio bajando por la calle — . Ya tengo los documentos para la casa nueva, pero no entiendo a dónde tengo que ir ahora. — Tiene que llevarlos usted misma a la SGAT. Los equipos técnico y legal tienen que comprobar que la casa que quiere comprar es buena y no la están estafando. — A la SGAT, entonces. Gracias mi niña, no sé qué haría sin usted. — Nos vemos, vecina, acuérdese de que hay reunión de todos los bloques a las seis — se despide Viviana sin dejar de caminar. — ¡Vivi! — esta vez la abordan a la salida del jardín infantil — ¿Escuché que vamos a poder hacer convenio con la CGE (Compañía General de Electricidad)? — Sí, la próxima semana, todos los días, los propietarios van a poder venir con diez lucas en la mano a hacer convenio y comprometerse a pagar sus deudas, pero van a cobrar hasta 34 cuotas, no más. Si no, no se van a poder ir. — ¡Ay qué bueno! Gracias, Vivi, muchas gracias. — ¡Vivi…! — las preguntas son interminables.
A Viviana siempre la acompaña Pilar Aravena, co-dirigente de la villa Francisco Coloane y su mejor amiga. Su carrera como líderes vecinales la comenzaron a principios de los 2000, cuando levantaron el movimiento de deudores habitacionales. En esa época también conocieron a Manuel José Ossándon, hoy senador por Renovación Nacional pero en ese entonces alcalde de Puente Alto, con quien tienen una relación cercana. Él las va a visitar a sus casas y hablan constantemente por teléfono. La idea de demoler fue de él, pero ellas engancharon enseguida. Hicieron una consulta en cada una de las villas y cuando se dieron cuenta que había quórum suficiente decidieron organizarse y formar Así queremos vivir.
Detrás de la Segunda Oportunidad existe una verdadera maquinaria de funcionarios públicos que trabajan a tiempo completo para sacarlo adelante. Justo en medio de la calle que separa las villas Francisco Coloane y Cerro Morado se encuentra, enrejada y con candado, la oficina permanente del Serviu. En ella trabajan todos los días abogados, arquitectos y asistentes sociales del Ministerio de Vivienda que ayudan a los pobladores a conseguir los documentos necesarios para obtener el subsidio que les ofrece el Estado, solucionar los trámites legales que tienen pendientes y encontrar una casa que cumpla con los criterios mínimos de seguridad que se les exige a los compradores.
Sin embargo, una parte fundamental del trabajo que realiza esta oficina no ocurre dentro de sus cuatro paredes de ladrillo ni es responsabilidad de sus funcionarios. Viviana, Pilar y Julia Valenzuela, dirigenta de Cerro Morado, son fundamentales para el éxito del programa: con los años se han vuelto expertas en compraventa de inmuebles y la burocracia del sistema público. Supervisan que sus vecinos completen correctamente los formularios y los acompañan a buscar casa, como una corredora de propiedades.
Originalmente, la demolición empezaba el 30 de septiembre. Luego, el 15 de octubre, noviembre, diciembre… el primer edificio no cayó hasta enero. A esto se suma el principal obstáculo del programa: los residentes que se rehúsan a dejar sus departamentos.
Aunque la libertad para escoger es el eje del programa, sin que nadie lo previera se transformó en un arma de doble filo. Para que un bloc pueda postular al subsidio, es mandatorio que el 85% de los inquilinos esté dispuesto a adherir a la Segunda Oportunidad. Si se trata de una nave de 24 departamentos, basta que dos propietarios se nieguen para estancar a todo el edificio. Si antes del programa la convivencia entre los vecinos ya era difícil, desde que comenzó el proceso de postulación se transformó en una verdadera guerra.
Según los cálculos de Alfredo Moreno –dirigente de Francisco Coloane y líder de Pobladores Chile Unido–, la agrupación de vecinos que se oponen a la Segunda Oportunidad, en un principio eran 350 las familias propietarias que no quisieron acogerse al plan. Hoy ese número es menos de la mitad. El que se quería quedar tenía que soportar los insultos del resto de sus vecinos, las amenazas, los vidrios rotos. “La presión era demasiado grande para soportarla, incluso entre miembros de la misma familia. A mí me han acusado de mentiroso, hasta de narcotraficante por querer quedarme”, afirma Moreno, valiéndose de los documentos que lleva en un pulcro maletín negro.
No todos los vecinos están de acuerdo con dejar sus viviendas, lo que ha generado una división en la comunidad y ha entorpecido el avance del programa Segunda Oportunidad.
Según los cálculos de Alfredo Moreno –dirigente de Francisco Coloane y líder de Pobladores Chile Unido–, la agrupación de vecinos que se oponen a la Segunda Oportunidad, en un principio eran 350 las familias propietarias que no quisieron acogerse al plan. Hoy ese número es menos de la mitad. El que se quería quedar tenía que soportar los insultos del resto de sus vecinos, las amenazas, los vidrios rotos. “La presión era demasiado grande para soportarla, incluso entre miembros de la misma familia. A mí me han acusado de mentiroso, hasta de narcotraficante por querer quedarme”, afirma Moreno, valiéndose de los documentos que lleva en un pulcro maletín negro.
La principal objeción al programa es el monto de los subsidios. Con 700 UF es muy difícil encontrar una vivienda que cumpla con los criterios de la SGAT, por lo que los propietarios terminan mudándose a las comunas aledañas, La Pinta y San Bernardo, o a regiones, lejos de sus familias y sin certeza de encontrar trabajo. Incluso, con el apuro de cumplir los plazos establecidos por el Serviu, muchos han optado por comprar una casa en Bajos de Mena, cambiándose, por ejemplo, a la villa continua a Francisco Coloane, la Chiloé. Una segunda oportunidad a cuadras de distancia.
“Si nos sacan de aquí, ¿dónde nos van a meter a todos?”, pregunta Alfredo Moreno, uno de los vecinos que no está de acuerdo con dejar su hogar.
Uno de cada ocho propietarios que se fue en la primera etapa todavía no tiene dónde vivir. Encontrar un hogar es cada vez más difícil. Según los datos más recientes del Observatorio del Déficit Habitacional del Serviu, en Chile hay una escasez de 420.000 viviendas y los costos de construcción han aumentado en un 40% desde 1992. Por eso, Alfredo Moreno dice que lo suyo es una llamada al realismo: — Sé que es impopular decirlo, pero en Bajos de Mena demasiadas familias viven en condominios sociales en altura. Si nos sacan de aquí, ¿dónde nos van a meter a todos?
Por último, como el programa era voluntario y no se podía prever ni el nivel de adhesión ni el éxito que tendría, no se planificó con antelación el uso de los espacios que quedarían liberados. Como resultado, Francisco Coloane y Cerro Morado hoy son una mezcla de edificios habitados; edificios deshabilitados que esperan, sin techos, ni puertas ni ventanas, la demolición; y espacios vacíos, cubiertos de basura e inundados por las matrices de las cañerías, para siempre rotas.
Sergio Feres reconoce las falencias del programa, especialmente por lo pequeño de su alcance: — Siendo realista, diez mil viviendas al año es imposible. Cinco mil también. Pero si se lograran dos mil o tres mil en todo Chile, serían dos mil o tres mil familias que tendrían otra mirada.
Solamente en Bajos de Mena, 10.983 familias viven en condiciones suficientes –o tan insuficientes– como para postular a la Segunda Oportunidad.
La espera en ruinas
Sandra Uribe se quiere rapar. La noche del martes 21 de octubre de 2014, en un arrebato depresivo, se tijereteó los cabellos teñidos de burdeos, pero su marido, Claudio Hernández, impidió que cumpliera con su propósito. Lamenta que nadie la entienda: lo que busca es que la regeneración de su pelo acompañe la regeneración de su vida.
Los Hernández Uribe fueron una de las 504 familias escogidas para dejar Bajos de Mena durante la segunda etapa del programa de recuperación urbana. Su fecha de salida: 15 de diciembre. Por eso, viven la dualidad del papeleo, los trámites, la búsqueda de una casa nueva, de una vida nueva, versus el drama de que, mientras tanto, eso sólo son sueños. Aún viven en Bajos de Mena, Villa Francisco Coloane, bloc 01306, departamento 13, y sus vidas no han cambiado en lo absoluto.
Afuera, en la esquina de San Pedro con Santa Rosa circulan dos patrullas de Carabineros. No es un control rutinario. Mientras un grupo de oficiales golpea con agresividad las puertas e ingresa gritando al bloc del otro lado de la calle, un joven corre a la puerta del 13. — Señora Sandra, el Carlos. Los pacos andan buscando, se robaron un camión de Avon. — Cabro de mierda, lo mismo de nuevo.
Hace tres semanas, Carlos, el segundo de los seis hijos de Sandra, salió de la cárcel. Adicto desde los veinticuatro años a la pasta base, cayó tras las rejas precisamente por oficiar de conductor en el asalto de un camión hace un año. Aunque sus vecinas se enojan cada vez que lo dice, Sandra lo confiesa sin culpa: estaba más tranquila cuando su hijo estaba adentro. “Por lo menos ahí sabía que no andaba metido en cuestiones raras”, afirma.
Unos minutos más tarde, Carlos entra corriendo por la puerta. Jura que no tuvo nada que ver. Su madre suspira de tal forma que no es posible descartar enojo o alivio. Mientras, él se esconde en su habitación; no vaya a ser que los policías lo vengan a buscar sólo por tener antecedentes. La pieza está separada del resto de la casa por un cholguán tan delgado que se escuchan cada uno de sus movimientos.
Se escucha todo lo que ocurre de una habitación a otra, separadas sólo por un cholguán.
Para los estándares de Francisco Coloane, el departamento de los Hernández Uribe es un verdadero lujo. Hace siete años Claudio compró el departamento colindante, lo que les dio la posibilidad de duplicar el metraje cuadrado de la vivienda. Aunque ahora viven cinco personas, en un momento llegaron a ser 16 entre padres, hijos y nietos. El piso de cerámica amarilla está perfectamente encerado, los utensilios de la cocina se apilan ordenados en los escasos muebles de la casa y la mesa del comedor luce un arreglo de flores bordadas en rosa pálido, el mismo tono de los muros. Pero la temperatura supera los treinta grados y cada vez que se cuela la brisa por las ventanas abiertas el aire huele inconfundiblemente a caca. Un hedor pegajoso, que se impregna en cada objeto que toca, en la ropa, en las manos y en la cara. — Estoy entre tres opciones — explica Sandra — . Quedarme aquí en Puente, irme a Conchalí para estar más cerca de la Evelyn, mi hija, o comprarme una casa en la playa, arrendar una pieza y vivir de eso.
Sandra es oriunda de Valdivia y desde joven sueña con ser casera de su propio negocio. Antes de que nacieran sus hijos trabajó en algunas tiendas y hace siete años intentó poner un bazar dentro de su departamento, pero de tanto fiar terminó perdiéndolo todo. De todas formas, lo quiere volver a intentar en su próxima casa, cualquiera que sea el destino que termine escogiendo. Claudio lleva siete meses desempleado por lo que el único sustento de la familia es lo que Sandra vende en la feria libre que se instala todos los jueves y domingos en la calle San Pedro. Ha vendido desde plásticos hasta ropa usada, y ahora está probando suerte en el rubro de los adornos de cumpleaños y despedidas de soltero.
Mientras Sandra fuma un cigarrillo, Carlos dejó su habitación hace rato. En busca de privacidad, salió a la calle para discutir con Nicole, su pareja desde hace diez años y la madre de sus tres hijos. Aunque se escucha el volumen de los gritos, no es posible comprender las palabras que se entremezclan con el rap latino que sale de los parlantes del departamento de enfrente. Sí se puede ver que en un momento de furia, Carlos vuelve a la casa llorando.
“La casa nueva va a significar una vida nueva, y quiero partir de cero, que mi vida cambie por completo”, dice Sandra Uribe, que espera dejar cuanto antes Bajos de Mena.
— El Amaro, el menor del Carlos, está hospitalizado hace cinco días y él ni se ha aparecido por el hospital. Qué la Nicole lo rete, no más.
Unos días atrás, un grupo de vecinas que esperaban ser atendidas en la oficina del Serviu coincidían en que lo peor de Bajos de Mena no es que los edificios se caigan a pedazos, sino que, entre el hacinamiento y las drogas, se destruyen las familias. Sandra está de acuerdo. Siente que, a pesar de que hizo todo lo que estaba a su alcance, le falló a sus hijos. Por eso, la demolición tiene un significado realmente profundo.
— Yo quiero nacer de nuevo, por eso me quiero cortar el pelo. La casa nueva va a significar una vida nueva, y quiero partir de cero, que mi vida cambie por completo.
A menos de dos metros, separado por el cholguán milimétrico, Carlos se pasó la hoja de afeitar repetidas veces por cada una de sus muñecas. Cubierto de sangre, llora como si fuera un niño. Nicole le cura las heridas con la tranquilidad de quien ha repetido muchas veces la misma tarea. Luego vuelve al hospital, donde Amaro –su verdadero niño– lucha contra un cuadro de virus sincicial.
El campo de batalla
Siempre parte en el tercer piso. El cableado de la luz eléctrica, en contacto con el techo sin aislación, se sobrecalienta hasta que el fuego devora primero ese departamento y, como es inevitable en un edificio, sigue con sus vecinos. En 2014 hubo seis incendios en las villas Pedro Lira, Francisco Coloane y el Caleuche, cinco de ellos por corto circuito. Han muerto siete personas, todos niños.
Esta vez los bomberos llegaron a tiempo a Pedro Lira, donde arden seis departamentos. Dos quedaron completamente destruidos –tan negros como cuando la última llama de un brasero no deja más que cenizas y hollín– pero al menos no hay muertos que llorar.
Encaramados en los restos de techo, seis jóvenes ayudan a los bomberos a apagar el fuego, mientras una cascada corre desde el tercer piso, inundándolo todo. Un centenar de vecinos –los que viven en el bloc y los curiosos– observan nerviosos desde la plaza. — Estos hueones del gobierno van a esperar que todos nos muramos quemados para hacer algo — reclama una mujer.
La villa Pedro Lira fue construida por García Popelaire Hnos. Ltda., la misma empresa que construyó la Francisco Coloane. Las naves se disponen de la misma manera, los departamentos miden lo mismo. Pero nadie la va a demoler. Los vecinos se preguntan por qué.
Junto con los bomberos también llega Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, militante de Renovación Nacional, escoltado por una decena de funcionarios que conversan con los residentes y tranquilizan a los afectados.
— Oiga, jefe, ahora sí que tenemos que irnos — una vecina interpela al alcalde. — Ustedes tienen que pedir la demolición, chiquillas. Cuando vean a gente del Gobierno, gente de la Intendencia, tienen que pedir la demolición. No pueden seguir viviendo así. Yo como alcalde he hecho todo para continuar con la demolición, pero este gobierno la paró. Por eso ustedes tienen que seguir pidiéndola, es muy importante.
Los argumentos a favor de demoler fueron asociados a la derecha, mientras que la oposición a demoler fue asociada a la izquierda, desviando la discusión de su objetivo esencial: la calidad de vida de los habitantes.
2013, el año en que empezaron las demoliciones, no fue un año cualquiera, hubo elecciones: candidatos de todos los colores se pasearon por las calles-laberinto de Bajos de Mena dando a conocer los planes que tenían para el último rincón de Puente Alto.
Pero en materia electoral, en los condominios en altura existen únicamente dos tipos de votantes: a favor de la demolición o en contra. — Mire, yo no soy de derecha. Pero el Piñera ha sido un siete con nosotros, el Ossandón también y el alcalde, Germán Codina, de verdad está interesado en que salgamos de aquí — afirma Rosa Ortega, dirigenta de San Miguel, una de las 15 villas en altura que no están consideradas para la demolición — En cambio, los que se oponen a la destrucción de los edificios, de seguro son concertacionistas — agrega.
La lucha de panfletos y palomas de ambos bandos se trasladó a las juntas de vecinos e incluso a la misma asociación Así queremos vivir, donde dos de las 17 villas en altura decidieron abandonar la cruzada por la demolición. “En algún momento estuvimos todas organizadas, pero cuando intervienen los macucos de la política dividen a la gente y al pueblo para sus propios intereses. Y eso nos pasó acá. Efectivamente, muchos dirigentes, por la ignorancia o por la inconsecuencia, hoy no están”, asegura Pilar Aravena.
Carlos Montes, senador por el Partido Socialista y presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, no oculta que está en contra de la demolición. Él es partidario de reparar los departamentos que están en buen estado y entregárselos a una nueva familia: — Es imposible demoler todos los condominios sociales de Bajos de Mena, nunca nadie ha pensado en hacer eso. Pero aquí se ha formado un Partido Por la Demolición que no es muy constructivo. Para romper con el concepto de “demoler o no demoler” el Gobierno tiene que dar señales claras, pero se ha demorado mucho.
Manuel José Ossadón, en cambio, culpa al expresidente por el fracaso del plan: — Piñera pudo haber creado perfectamente una política habitacional a largo plazo, sabiendo que iba a perder el gobierno. Pero no entienden el problema. Lo que le interesa a la mayoría es decir en el discurso del 21 de mayo cuántas viviendas se construyeron, y esto es plata que no va a esa estadística.
Mientras los políticos discuten, quienes se llevan la peor parte son las dirigentes. Ellas son la cara visible de cualquier promesa y las que tienen que darles explicaciones a los vecinos cuando las cosas parecen atrasarse para siempre. Esto es especialmente delicado en las villas que no son parte del piloto.
Jaqueline Contreras, dirigente de la San Miguel 6, cuenta que la han llamado desde mentirosa hasta estar coludida con los políticos. Trata de no tomárselo como algo personal, porque, dice, muchas veces las acusaciones vienen de la desesperación: — Nosotras, como estamos en reuniones, sabemos y tenemos claro. Uno trata de darle la mayor información a la gente, pero de repente no tenís qué cosa nueva informarle. ¿Me entendís? Todos dicen pero cuándo, pero cuándo, y uno les explica que tienen que terminar con el programa, con el plan piloto en Francisco Coloane y Cerro Morado, y ahí recién vamos a ir a la pelea firme para que nos toque a nosotros.
Sin embargo, mantiene la esperanza. La experiencia de Francisco Coloane y Cerro Morado le ha servido para observar de cerca y aprender de los errores del piloto. Si algún día a San Miguel le toca la Segunda Oportunidad, ya tiene lista las carpetas de todos sus vecinos para llegar y salir lo antes posible. Pero eso, sólo si algún día le toca.
El éxodo
La fecha de salida de Santa Rosa 01306, el bloc de Sandra Uribe, es el 15 de diciembre. Los 24 propietarios acordaron que ese día a más tardar, todos dejarán la casa donde han vivido los últimos 18 años. Sólo una familia se va a quedar viviendo entre los departamentos que sus vecinos van a dejar deshabilitados, listos para la demolición. Como no van a recibir su casa hasta mediados de enero, prefieren quedarse en el edificio vacío a gastar el cheque con 46 UF que la Municipalidad les entrega para traslado y arriendo, conviviendo con la amenaza de que “tomadores” se apropien de los espacios desocupados para hacerlos su nuevo hogar.
De los 23 restantes, no todos han encontrado donde irse. El plazo para que venza el subsidio es de 21 meses, por lo que las opciones en el intertanto son arrendar o vivir como allegados con algún familiar hasta encontrar algo que cumpla con los requisitos del Serviu.
En las últimas semanas, el pelo de Sandra ha crecido. Nunca llegó a raparse. Finalmente optó por irse a la playa, no sabe si a San Sebastián o al Quisco. Aunque todavía no encuentra casa –ni siquiera la ha empezado a buscar– está relajada:
— Voy a ver si junto unas monedas para viajar la próxima semana y ver si encuentro una casa que arrendar. Pero el 15 de diciembre yo me voy sí o sí, es un compromiso.
Se va con su marido, sus dos hijos menores, Carlos, Nicole y sus tres nietos.
Mientras tanto, encerrado en su oficina de Bandera 46, Hernán Ortega, el coordinador ministerial, afina los últimos detalles del Plan Integral. Dos papelográfos cubren la pared detrás de su escritorio, cada uno con un mapa de Bajos de Mena dividido por villas. Dos checks con destacador rosados indican villa recorrida, población conocida.
Si se va o no se va seguir demoliendo, todavía no hay nada definido:
— Reconocemos que hay errores de planificación urbana que hay que corregir, pero si demolemos sólo se va a hacer cuando incida en a lo menos tres cosas: la calidad de vida de las personas, en la rama urbana o en la implementación de seguridad. Si no, no tiene sentido botar por botar.
La fecha para lanzar el Plan Integral se fijó para el 19 diciembre en el Liceo Chiloé de Bajos de Mena. Las dirigentes esperan con la última gota que les queda de paciencia el anuncio y tienen claro el tipo de respuesta que están esperando. Si es más de lo mismo, van a volver a la calle.
La situación habitacional de Bajos de Mena en cinco vidas
Epílogo
El 19 de diciembre de 2014 fue el lanzamiento oficial del Plan Integral de Bajos de Mena. Hernán Ortega –quien en ese momento dejó de ser el Coordinador Ministerial para convertirse en Director Ejecutivo– llegó al Parque Juan Pablo II acompañado del Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y del Intendente de Santiago, Claudio Orrego. Frente a las cámaras firmaron dos convenios: uno con Carabineros de Chile para construir una comisaría, y otro con Bomberos para construir un cuartel. Ambas instituciones deberían estar funcionando antes de que termine el 2015.
Sobre el futuro de la Segunda Oportunidad en Bajos de Mena ya se tomó una decisión: la demolición no va a continuar. A cambio, se va a iniciar un proyecto de recuperación en el resto de los condominios a través de ampliaciones 2×1. Esto quiere decir que sólo la mitad de los habitantes va a poder dejar la población, mientras los demás se van a quedar viviendo en departamentos del doble de tamaño. En abril se realizará un censo para determinar quién se queda y quién se va. Los adultos mayores y las familias numerosas van a ser la prioridad.
Aunque hay comunidades que están de acuerdo con la solución, las dirigentes de Así Queremos Vivir no la comparten: “Esto sólo va a crear un conflicto social, no pueden darle la oportunidad de salir sólo a la mitad de las personas”, acusa Viviana Fuentes. Planea dar la pelea. Desde fines de marzo el enfoque de las asambleas vecinales va a ser levantar a la gente para pedir que se siga con las demoliciones.
Entre diciembre y marzo, los habitantes de once de los 22 edificios de la etapa dos del programa Segunda Oportunidad dejaron Francisco Coloane y Cerro Morado. A pesar de que se lo había prometido a sus vecinos y a sí misma, Sandra no salió el 15 de diciembre junto con su block. No tenía la documentación al día ni la plata suficiente. Tampoco había encontrado una casa. Junto con ella, otras tres familias del 01306 se vieron obligadas a permanecer en el edificio vacío. “Fue difícil, yo lo único que quería era irme y otra vez más las cosas no resultaron. Fue una angustia no saber hasta cuándo nos íbamos a tener que quedar”, recuerda.
Su suerte no cambió hasta principios de marzo, cuando apareció la posibilidad de irse a vivir a Puerto Montt. Aunque no era parte del plan original, tomó la oportunidad sin darle más vueltas. Hoy vive en una parcela, su marido encontró un trabajo en una imprenta y ella, eterna comerciante, cambió de rubro: ahora vende artículos de aseo y detergente. Su hijo mayor, Carlos, no se fue con ella, pero todavía no pierde la esperanza de convencerlo. En esta nueva etapa, quiere que su familia vuelva a estar unida.
El programa del plan piloto
1) Plan de Regeneración Urbana Integral entre el Minvu y el Municipio de Puente Alto (Ministra Patricia Poblete, 2006).
El objetivo era generar nuevos espacios de equipamiento en salud, seguridad y áreas verdes.
2) Plan Integral de Rehabilitación Urbana Bajos de Mena 2012–2014 (Ministro Rodrigo Pérez, 2012)
Se invirtieron $44 mil millones de pesos destinados a: obras de viabilidad y conectividad ($21 mil millones), nuevos proyectos habitacionales para las familias ($13 mil millones), generación de espacios públicos y áreas verdes ($7 mil 170 millones), mejoramiento del alumbrado ($500 millones) y la instalación de una comisaría de bomberos ($1000 millones). El cumplimiento de estos puntos ha sido parcial. De las cuatro obras viales que se prometían, sólo se construyó el acceso por Santa Rosa, pero quedaron pendientes las calles planificadas para conectar Bajos de Mena con Puente Alto. No se construyó un subcentro que privilegiara la instalación de servicios ni una comisaría. Sí se inauguró el Parque Juan Pablo II construido sobre el ex vertedero La Cañamera.
3) Programa Piloto de Recuperación de Condominios en Altura: Segunda Oportunidad (Ministro Rodrigo Pérez, 2012)
Este programa contempla la demolición de condominios sociales en condiciones irrecuperables y la reubicación de sus propietarios, quienes pueden postular por segunda vez, a un subsidio habitacional de elección de vivienda. Se invirtió un total de $23 mil millones para la demolición de un total de 1.000 viviendas en seis villas: Francisco Coloane y Cerro Morado en Puente Alto, Parinacota en Quilicura, Nuevo Horizonte y Brisas del Mar II en Viña del Mar y Vicuña Mackenna en Rancagua. Originalmente, el plan piloto debía estar finalizado en 2014, pero hasta la fecha sólo se ha completado la primera de tres etapas. En octubre de 2014, se aprobaron 18 mil millones de dólares para terminar con el piloto en las regiones donde se está llevando a cabo, pero la forma en que se va a continuar interviniendo a futuro en los condominios sociales con extremo deterioro está en revisión.
4) Plan Integral (Hernán Ortega, Director Ejecutivo del Plan Integral, 2014)
Fue lanzado el 19 de diciembre mediante la firma de dos convenios con Carabineros de Chile y Bomberos para la construcción de una comisaría y un cuartel, respectivamente. Su enfoque es la recuperación urbana de Bajos de Mena y contempla el trabajo de un conjunto de Ministerios para resolver, entre 2015 y 2018, los cuatro principales problemas de Bajos de Mena: conectividad, seguridad, escasez de servicios y falta de áreas verdes.
Sobre la autora: Cecilia González Espejo es alumna de quinto año de Periodismo y esta crónica es parte de su trabajo en el curso Taller de Crónica, dictado por el profesor Gonzalo Saavedra. El artículo es uno de los cuatro finalistas del Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2015.
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