Más de $137 millones gastaron 25 diputados que desde 2012 y hasta el 11 de marzo de 2014 encargaron un total de 44 encuestas con fines electorales. El dinero provino de la asignación para asesorías externas, aunque el reglamento de la Cámara dice que esos fondos son para financiar labores de apoyo al trabajo legislativo. Los involucrados pertenecen a todos los sectores políticos y entre ellos figura el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, el diputado de la UDI Romilio Gutiérrez.
Por Pedro Pablo Ramírez
Un total de 70 encuestas fueron encargadas por los diputados desde 2012 hasta el 11 de marzo de 2014. Estos sondeos se pagaron con fondos de la Cámara Baja destinados a costear asesorías externas que apoyen la labor legislativa de los parlamentarios. Sin embargo, informes archivados por la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara de Diputados demuestran que 44 de estas encuestas –el 63% del total de los trabajos encargados– no tenían el objetivo de asistir al diputado en su trabajo legislativo, pues en realidad contenían preguntas de índole electoral. Estos sondeos incluían consultas sobre las posibilidades del diputado de ser reelegido, la intención de voto del electorado de su distrito, el posicionamiento de sus contendores y la valoración de la población de las atribuciones de los candidatos. Incluso, hay encuestas sobre los posibles resultados, por aspirante y coalición, de las elecciones municipales de 2012, un evento completamente ajeno a la labor parlamentaria.
La Cámara desembolsó un total de 137 millones 576 mil pesos para financiar estas 44 encuestas electorales (vea en el link la nómina de las encuestas realizadas en 2012, 2013 y 2014, los diputados que las encargaron, los montos que se pagaron y las empresas que las hicieron).
El Reglamento de Asesorías Externas rige desde 2012 y regula el uso que debe darse a las asignaciones de dinero que costean los trabajos que encargan los diputados. Esta norma indica que las asesorías externas deben asistir a la labor parlamentaria, mejorando las capacidades de los diputados en la confección de leyes, tomando en cuenta las sugerencias y estudios de expertos e incluso, a través de encuestas, las preferencias de sus representados respecto a distintos temas en materia legislativa. Pero el reglamento no contempla, en ningún caso, encuestas con fines electorales (vea en el link una copia del reglamento).
“Se pueden hacer estudios de opinión respecto de un determinado proyecto de ley, por ejemplo, o estudios de satisfacción de servicios públicos, si es que se está regulando eso, que son las dos funciones que tienen [los diputados]: legislar y fiscalizar. [Hacer una encuesta] fuera de eso sería absolutamente ilegal”, explica Sebastián Zárate, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, quien se ha especializado en el funcionamiento de las instituciones políticas. “Peor todavía si se trata de [encuestas con] fines electorales sobre otras elecciones que no son propias del Parlamento”, agrega Zárate, al conocer que hubo diputados que incluso encargaron sondeos sobre las municipales de 2012.
El diputado Patricio Vallespín (DC), quien presidió la Comisión de Ética de la Cámara Baja en el periodo en que se realizaron estas encuestas, estima que el uso de las asignaciones debiese ser únicamente para temas que tengan relación con el debate parlamentario: “A mí me parece que las encuestas debieran ser para temas de contenido legislativo, opinión de políticas públicas, pero no respecto del desempeño electoral de los diputados”.
Vallespín afirma que, ante el uso electoral que le han dado los parlamentarios a la asignación para asesorías externas, se hace necesario precisar de mejor forma el reglamento que regula esta materia: “El Comité de Asignaciones Parlamentarias debe tomar una resolución y precisar el punto. Porque, claro, alguien puede decir que es obvio que para poder seguir teniendo posición parlamentaria se requiere ser diputado y si uno está en proceso de elección las encuestas tienen lugar. Pero a mí me parece que no debiesen permitirse ese tipo de preguntas y hay que corregirlo”, comenta.
El diputado Romilio Gutiérrez (UDI), actual presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, es otro de los parlamentarios que encargó encuestas electorales. Gutiérrez recibió dos encuestas realizadas por la consultora Obois, ambas con preguntas referidas a temas electorales. De ellas, la más gráfica es: “Si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted?”. Estos sondeos le costaron a Gutiérrez 10 millones de pesos, pero no los pagó él, ni su partido. El dinero salió de la Cámara de Diputados (vea en el link una copia del informe).
Al ser consultado acerca de las normas que a su juicio permitirían hacer encuestas de este tipo, el diputado Gutiérrez declara:
— Lo que se establece es que se pueden realizar estudios de opinión, encuestas y otras actividades contempladas en el reglamento que rige los tipos de actividades del uso de asignaciones parlamentarias.
— Usted realizó dos encuestas, en los años 2012 y 2013, a través la consultora Obois, con preguntas electorales. ¿Cree que eso está dentro de lo que permite el reglamento?
— Sí, yo creo que están dentro del reglamento.
— Entonces, cuando se hacen encuestas con fines electorales, ¿cree que están contempladas dentro de las asesorías que asisten a la labor parlamentaria?
— Sí, están contempladas.
— ¿En qué le puede ayudar a usted en su labor parlamentaria saber cómo se posiciona electoralmente respecto de otros candidatos?
— Bueno, es una evaluación de la labor que uno ha realizado en el trabajo con los dirigentes sociales, con la comunidad, para enfrentar los problemas que tiene cada uno.
— Pero cuando son encuestas o preguntas electorales no se evalúan los problemas de las comunidades, sino que se evalúa la intención de voto del elector.
— Ahí hay una evaluación del trabajo parlamentario.
Además de Gutiérrez, otros 24 diputados encargaron encuestas electorales pagadas con dinero público. Según los documentos proporcionados por la Cámara Baja, siete son de RN (Marcela Sabat, Cristián Monckeberg, René García, José Manuel Edwards, Germán Becker, Leopoldo Pérez y Pedro Browne, aunque este último ahora milita en Amplitud); seis de ellos son de la UDI (Jorge Ulloa, Mónica Zalaquet, Andrea Molina, Cristián Letelier, quien renunció a la UDI en agosto de 2013, Romilio Gutiérrez y Giovanni Calderón); tres son de la DC (Pablo Lorenzini, Fuad Chahín y Ricardo Rincón); dos son del PC (Lautaro Carmona y Guillermo Teillier); otros dos del PPD (Cristina Girardi y Ramón Farías); dos más son de la bancada del PRSD (Fernando Meza y Albero Robles), uno integra el PS (Luis Lemus) y uno es de la Izquierda Ciudadana (Sergio Aguiló).
Los partidos que hicieron desembolsar más dinero en encuestas electorales fueron RN ($34.761.872), la UDI ($30.500.000) y el PPD ($20.692.000). El partido que hizo gastar menos a la Cámara en estos estudios de opinión fue la Izquierda Ciudadana (con $5.750.000), seguido por el PS ($5.800.000), el PRSD ($9.372.000), la DC ($14.762.000) y el PC ($15.938.496).
La diputada Andrea Molina (UDI) fue quien encargó la encuesta de opinión electoral más cara: 8 millones de pesos canceló la Cámara a la consultora ANEG por esta asesoría ejecutada entre el 2 de mayo y el 31 de diciembre de 2012 (vea en el link los resultados de la encuesta). El informe sobre este estudio que recibió la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara indica que el sondeo midió la intención de voto hacia la diputada dentro de su distrito, evaluando sus posibilidades de ser reelecta. Andrea Molina repitió este ejercicio durante 2013 con dos encuestas realizadas por la misma empresa, desembolsando el Parlamento 1 millón de pesos por cada estudio.
Un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) en abril pasado informó que desde 2012 la asignación anual que se entrega para pagar asesorías externas aumentó de 2,5 millones a 25 millones de pesos por diputado. El mismo reportaje demostró que la fiscalización del uso de estos recursos es deficiente.
La Oficina de Asesorías Externas es la que recibe los informes de los trabajos que encargan los diputados y luego ordena el pago. Pero esta oficina no examina si el contenido de la asesoría pedida por el diputado se ajusta a las normas. En el caso de las encuestas se autoriza su pago sin saber qué tipo de trabajo se hizo, ya que los diputados acordaron que los informes de sus sondeos de opinión deben quedar bajo reserva hasta que termine el periodo legislativo. Así, por ejemplo, la Cámara pagó por una encuesta hecha en 2012, pero no pudo ver su contenido y, por lo tanto, no pudo determinar si ese trabajo se ajustaba a las normas, hasta el 12 de marzo de 2014, cuando terminó el periodo legislativo 2010–2014.
El Comité de Auditoría Parlamentaria es la entidad encargada de revisar los gastos que realizan los diputados, pero tampoco examina las asesorías de forma crítica, solo se asegura de que existan documentos que respalden los montos pagados, es decir, que cuadre la factura con el contrato. Por tanto, no fiscaliza que los contenidos de las asesorías se ajusten a lo que está permitido por el reglamento.
El coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria, Eduardo Pérez Contreras, no respondió los mensajes que se dejaron en su oficina ni las consultas realizadas por correo electrónico para este reportaje. Sin embargo, ya se había referido públicamente a esta materia en el mencionado artículo de Ciper: “El trabajo que realizamos tiene que ver principalmente con examinar los papeles y documentos, las rendiciones de cuentas, si se están cumpliendo las normas, pero no avanzamos más allá”.
El diputado Lautaro Carmona (PC), es un claro ejemplo de la baja fiscalización que reciben los estudios de opinión encargados por parlamentarios. En 2013 solicitó a la Oficina de Asesorías Externas que pagara un sondeo llamado “Estudio de opinión de la comuna de Copiapó, en relación a sus principales necesidades y problemáticas, su visión respecto a la elección parlamentaria y recepción que tiene sobre los distintos candidatos”. Pese a que el título del estudio ya indicaba el objetivo electoral del sondeo, los mecanismos de control de la Cámara no lo consideraron irregular y se pagaron los 4.850.000 pesos que costó el trabajo, realizado por la consultora Demoscópica.
El trabajo encargado por Carmona estuvo lejos de ser un factor destinado a mejorar su labor legislativa, pues, según se lee en el mismo estudio, su objetivo era “Obtener información de los habitantes de 18 y más años del distrito 5 (con intención al menos incipiente de voto) en relación a sus principales necesidades y problemáticas, su visión respecto a la elección parlamentaria, la percepción que tienen sobre los distintos candidatos y analizar el escenario electoral para la elección parlamentaria 2013” (vea en el link una copia del informe).
En los informes de encuestas entregados por la Cámara queda en evidencia que los diputados no solo usan estos estudios para preguntar por sus posibilidades electorales. También los utilizan para sondear las posibilidades de los candidatos de su partido en otras elecciones, ya sean municipales o presidenciales.
Sergio Aguiló (IC) solicitó un sondeo de opinión, efectuado por la consultora Demoscópica el 22 de Octubre de 2012, con un costo de 3.750.000 pesos. En ese encargo no solo se midieron las posibilidades electorales del diputado, sino que, además, se incluyó un estudio del panorama electoral de las elecciones municipales de ese año (vea en el link una copia del informe).
La bancada de Renovación Nacional también realizó una encuesta sobre las elecciones municipales. Una de las conclusiones del estudio dice: “Para el 43% de los entrevistados la principal característica que esperan de su próximo alcalde es ‘que se preocupe de su comuna’, seguido de ‘que sea honesto’ (27%) y ‘que sea trabajador’ (16%)”. Este estudio fue realizado por el Instituto Libertad por una suma de 2 millones de pesos (vea en el link una copia del informe).
La posibilidad que tienen los parlamentarios de financiar encuestas electorales con dineros de la Cámara los beneficiaría por sobre sus contendores que están fuera del Congreso. Para el académico Sebastián Zárate esta situación afecta la competitividad del sistema democrático. “El 70% de los parlamentarios va a la reelección y el 80% de ellos son reelegidos. Es muy difícil competirle a un parlamentario, especialmente a los que están por muchos periodos. Financiando estas encuestas creas una forma de financiamiento electoral desigual. Es otra distorsión en el sistema”, explica Zárate.
Sobre el autor: Pedro Pablo Ramírez es alumno de quinto año de Periodismo y este reportaje es parte de su trabajo en el curso Taller de Periodismo Avanzado, dictado por la profesora Paulette Desormeaux. El reportaje ganó el Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2014.